Aclaraciones Históricas Sobre la Guerra  del Pacífico

Roberto Querejazu Calvo

PRESENTACIÓN

LIBRERÍA Y EDITORIAL "JUVENTUD" considera que el señor Roberto Querejazu Calvo es el historiador boliviano que más tiempo y esfuerzo ha dedicado al estudio de la Guerra del Pacífico, tanto en archivos y bibliotecas nacionales como de otros países y que, como resultado de esa investigación de varios años, es quien con más autoridad, ecuanimidad y veracidad ha relatado la historia de ese trágico episodio de la vida de nuestra Patria en su libro "GUANO, SALITRE, SANGRE" y en numerosos artículos de prensa.

LIBRERÍA Y EDITORIAL "JUVENTUD", que es responsable de la segunda edición de esa obra, presenta en este volumen la colección completa de artículos que el señor Querejazu Calvo publicó en diarios de La Paz (Presencia Literaria), Cochabamba (Los Tiempos), Santa Cruz (El Mundo) y Sucre (Correo del Sur) el año en que se cumplía el centenario de esa contienda bélica.

Si el valor de "GUANO, SALITRE, SANGRE" radica en su amplia documentación, exactitud histórica y estricta objetividad, el interés de los artículos contenidos en este volumen está en el hecho de que su autor, con el profundo conocimiento que tiene del tema, presenta su juicio personal sobre cada uno de los aspectos de la Guerra del Pacífico.

LOS EDITORES

PRIMERA PARTE

I

EL GUANO, MANZANA DE LA DISCORDIA

Tres aves marinas han sido las principales responsables de la inmensa acumulación de guano en la parte central de las costas de Sudamérica: el guanay, en un 85 por ciento, el piquero, en un 10 por ciento, y el pelicano, en un 5 por ciento. Dos factores contribuyeron a su multiplicación: la soledad de la región, que les permitió convertirla en un santuario en el que podían vivir sin peligro alguno, y el inagotable festín de anchoveta que la corriente Humboldt hacía flotar en miles y miles de toneladas delante de su hábitat.

Casi todos los promontorios de los desiertos de Tarapacá y Atacama y los islotes próximos se cubrieron con el excremento expelido por los hartados guanayes, que no tenían escrúpulos en defecar en sus propios nidos y sus alrededores. El guano fue formando capas sobrepuestas, blanqueadas al sol, libres de erosión pluvial por la ausencia de lluvias en la zona, ganando en espesor constantemente, hasta alcanzar en algunos lugares, como las islas Chincha del Perú, una altura hasta de 30 metros. Cada día, mediante un ciclo biológico muy complejo, a la vez que muy simple, toneladas y más toneladas de anchovetas flotantes en la corriente Humboldt, eran engullidas por las grandes bandadas de los voraces guanay y sus dos competidores, y en gran proporción, depositadas como estiércol en los bordes del océano. Se calcula que el proceso tuvo una duración de más de un millón de años, logrando una acumulación de guano realmente fabulosa.

Durante siglos sólo los indígenas que vivían cerca aprovecharon de las virtudes fertilizantes del producto, utilizándolo para mejorar los cultivos de papa y maíz en sus parcelas de los contrafuertes occidentales de los Andes. Los españoles, durante la época colonial, no le dieron ninguna importancia. La revolución industrial ocurrida en Inglaterra y otros países del Viejo Mundo, que provocó la despoblación de los campos y la concentración de grandes masas humanas en las ciudades, haciendo urgente el incremento de la producción de alimentos con una agricultura más científica e intensiva, dio actualidad a los estudios que décadas antes habían hecho varios hombres de ciencia sobre las muestras de guano que el sabio alemán, Alejandro Humboldt, llevó de Suramérica a Europa en 1804.

El guano de aves marinas se convirtió en el remedio regenerador de las cansadas tierras británicas, francesas, alemanas y holandesas. Barcos de carga lo buscaron en las orillas de África y Australia, encontrándolo en limitadas proporciones. Su precio alcanzó la cotización de 25 libras esterlinas la tonelada. Los negociantes volcaron los ojos hacia los desérticos litorales de Bolivia y el Perú.

El establecimiento de un servicio de buques a vapor, hecho por el norteamericano William Wheelwright (que comenzó su fortuna negociando con legumbres y aves en el puerto boliviano de Cobija), con la organización de la "Pacific Steam Navegation Company", en 1840, que acortó distancia, facilitando la travesía del estrecho de Magallanes, pese a los peligrosos vientos que obligaban a las embarcaciones a vela a dar la vuelta por el cabo de Hornos, facilitó en gran manera la extracción del guano en las costas sudamericanas del Pacífico.

Los primeros explotadores del guano boliviano actuaron clandestinamente, robando el fertilizante al amparo del aislamiento de las covaderas y la escasa vigilancia que podían ejercitar las autoridades establecidas en Cobija o con su complicidad. Un informe del Cónsul de Francia en ese puerto, a su gobierno, dijo en noviembre de 1841: "Desde el año pasado el guano de este litoral ha adquirido mucha importancia, al igual que el del Perú. El Prefecto, señor Gregorio Beeche, ha hecho muy provechosas concesiones". Entre los favorecidos con las especulaciones de Beeche figuraron el francés Latrille, el inglés Lamb, el peruano Ulloa y el chileno Garday.

En el Perú el negocio tuvo carácter más formal desde un principio y las arcas fiscales se llenaron con el oro aportado por los concesionarios nacionales y extranjeros. Según el señor Belisario Liosa, profesor de Literatura de la Universidad de Arequipa: "El Perú, libre y joven, dueño del polvo maravilloso que los pájaros de la costa depositaban sin cesar en sus islas del Pacífico, se dio a vivir como un príncipe. Creó empleados para todo y para todos, llegando hasta a aceptar plazas supuestas a fin de darse el placer de pagar honorarios falsos. Convidó a los forasteros para que recogieran primero las migajas y después los más suculentos platos del opíparo banquete. Fue el Alcibíades de América, el Montecristo del mundo".

Si el desierto de Atacama no hubiera contenido nada más que arena su destino habría sido el de constituir una amplia zona de separación entre Bolivia y Chile, evitando todo roce fronterizo. Posiblemente el contraste entre el boliviano ingenuo, apático e introvertido y el chileno pícaro, vivaz y volcado al mundo exterior, habría cuajado una amistad inalterable. Por culpa del guano se inició la malquerencia. Al gobierno de Santiago se le antojó extender la soberanía chilena sobre parte del desierto de Atacama, a fin de tener acceso a la riqueza que su legítimo dueño no estaba atinando a controlar debidamente. Envió una comisión a estudiar la riqueza de las covaderas bolivianas. El 31 de octubre de 1842, el Congreso dictó una ley "declarando propiedad nacional las guaneras de Coquimbo, del desierto de Atacama y de las islas adyacentes". (Su política expansionista actuó también en el extremo opuesto. Se fundó el fuerte Bulnes sobre una de las márgenes del estrecho de Magallanes, iniciándose las desinteligencias con la República Argentina).

De nada le sirvieron a Bolivia los reclamos que formuló en Santiago contra la citada ley, por medio de su plenipotenciario don Casimiro Olañeta. El canciller Ramón Luis Larrazábal respondió a las argumentaciones y presentación de pruebas sobre el derecho territorial boliviano hasta el río Paposo, con el sofisma de que el Ejecutivo no podía alterar las decisiones del Poder Legislativo.

En su informe al Congreso de ese año (1843) el señor Larrazábal expresó: "Sin perjuicio de títulos positivos y una antigua posesión, que pudieran dar a Chile señorío sobre todo el desierto, podría dividirse en dos partes iguales, por analogía con lo que sucede cuando un río caudaloso separa dos estados y ninguno puede alegar convenciones expresas o actos posesorios que le confieran dominio de toda su anchura".

Esto puso muy claras las intenciones chilenas: adueñarse de una mitad del desierto de Atacama, dejando la otra mitad a Bolivia. El informe de la comisión exploradora de 1842 había establecido que la mayor abundancia de guano se encontraba en el área de Mejillones, ubicada en la parte que pertenecería a Chile.

La idea de una partición salomónica era la prueba más fehaciente de que Chile nunca consideró que la expresión "hasta el despoblado de Atacama", con la que se describía el extremo norte de su territorio en sus constituciones políticas de 1822 y 1828, incluía el desierto de ese nombre, como lo iban a afirmar sus publicistas, tan enfáticamente, en años posteriores. De haberse considerado así, jamás sus gobernantes habrían propuesto que una parte quedase en poder de Bolivia.

II

AUTORIZACIÓN DE GUERRA A CHILE

Chile inició su política expansionista a costa de Bolivia con la ley que su Congreso dictó el 31 de octubre de 1842 declarando "propiedad nacional las guaneras de Coquimbo" (que estaban en territorio chileno), y también las "del desierto de Atacama e islas adyacentes" (ubicadas en territorio boliviano).

El desafío legislativo fue seguido por abusos de fuerza ejecutados en el curso de los siguientes 15 años. La goleta "Janequeo" se apoderó del islote Angamos y luego de cargar guano de él, lo abandonó. La fragata de guerra "Chile" ocupó la bahía de Mejillones y su tripulación construyó un fortín en la playa, que fue destruido por las autoridades bolivianas. En 1857, la corbeta "Esmeralda" volvió a la misma bahía y estableció dominio chileno hasta el grado 23.

Las reclamaciones diplomáticas de Bolivia, a cargo de los agentes Joaquín Aguirre, Macedonio Salinas y José María Santiváñez, tuvieron el mismo resultado nugatorio que las de su predecesor Casimiro Olañeta.

La codicia chilena se centraba principalmente en la península de Mejillones, la más rica en guano de toda la costa boliviana. Dijo una carta de Valparaíso que se encuentra en los Archivos del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Gran Bretaña: "El asunto Mejillones está a la orden del día en Chile. Su riqueza tiene deslumbrado a todo el país. La prensa no se ocupa de otra cosa".

El gobierno de Santiago otorgó un permiso de explotación del fertilizante de la península a su súbdito Matías Torres. La misma covadera había sido alquilada del gobierno boliviano por el brasileño Pedro López Gama. Estaban en conflicto las dos jurisdicciones. López Gama entabló juicio contra su rival en Cobija, obteniendo que se embargara la casa que el chileno tenía en ese puerto. El gobierno de La Moneda despachó dos barcos de guerra para consolidar su dominio en Mejillones y proteger los intereses de Torres.

Era canciller de Bolivia don Rafael Bustillo. Durante el gobierno de Isidoro Belzu, una década antes, ocupó varias veces el cargo de Ministro de Relaciones Exteriores y también el de Hacienda, demostrando gran capacidad y energía. Consideró que la presencia de buques de guerra chilenos en una bahía boliviana era un ultraje a la soberanía y dignidad del país y debía responderse con altivez y coraje. En nota enviada a su contraparte de Santiago, en fecha 26 de marzo de 1863, protestó por la "flagrante violación del indisputable derecho de Bolivia sobre Mejillones", contra "la más injustificable expoliación del territorio de una república vecina y hermana, consumada a la vista de todo el continente".

El ministro chileno le respondió que "Chile, íntimamente penetrado de su incuestionable derecho, continuaría poseyendo el desierto y litoral de Atacama hasta el grado 23 y dispondría como dueño de los depósitos de guano que en él se encontraban, rechazando todo acto jurisdiccional de las autoridades bolivianas en esos parajes como injustificable agresión a su territorio".

Esto era demasiado para Bustillo. Instó al Presidente de la República, General José María de Achá, a convocar un congreso extraordinario en Oruro para que se adoptasen las medidas urgentes que exigía la situación.

La asamblea escuchó una amplia exposición del canciller sobre la historia de las relaciones con Chile, con el resultado negativo de las cuatro misiones que habían estado en Santiago y las ocurrencias en Mejillones. Bustillo declaró: "Chile quiere dominar todo el desierto y no acepta transacción de linaje alguno. Bolivia, con la moderación que ha marcado su conducta en estas negociaciones, desatendiéndose de sus primitivos derechos posesorios y de dominio, ha aceptado de buen grado y buena fe la idea de zanjar esta querella por medio de un tratado de límites que importa una verdadera transacción". Explicó que el gobierno había propuesto por medio del Encargado de Negocios Santiváñez que la frontera fuese el grado 24 y medio, es decir, un grado y medio más al sur de lo que Chile pretendía que fuese suyo y tenía bajo el control de su marina.

Los asambleístas escucharon la lectura de un mensaje del Presidente Achá en el que dijo que si el Gobierno de Chile "desoía las justas demandas que se le hacían y persistía en su acción, fijando por sí solo el límite de su territorio en el grado 23, el suelo boliviano quedaría violado, vulnerada la integridad nacional y comprometido el glorioso nombre de la república, perdiéndose una cuantiosa riqueza que a todas luces pertenecía a Bolivia". También rezaba el mensaje: "No puede darse razones más evidentes, ni motivos más justificados para declarar la guerra a nuestro gratuito agresor: Pido a la Asamblea declarar la guerra a Chile si los medios diplomáticos no son suficientes para cortar desavenencias".

Los representantes de pueblo dictaron las dos leyes que les pidió el gobierno. Por la primera, de fecha 3 de junio de 1863, de carácter secreto, se autorizó al Poder Ejecutivo a buscar la alianza con el Perú, a obtener un empréstito en Europa y a aumentar el ejército al pie que lo requiriesen las circunstancias. La segunda, de dos días después, dijo: "Se autoriza al Poder Ejecutivo para declarar la guerra al Gobierno de la República de Chile, siempre que agotados los medios conciliatorios de la diplomacia no obtuviese la reivindicación del territorio usurpado o una solución pacífica compatible con la dignidad nacional".

Para buscar una vez más la solución pacífica al problema de los límites, el gobierno del General Achá envió a Santiago al ilustre potosino don Tomás Frías. En previsión de que fracasase en sus gestiones, se destacó a Lima, al señor Juan de la Cruz Benavente, con la misión de gestionar la alianza peruana. Don José Avelino Aramayo viajó a Londres en busca de recursos económicos.

La posibilidad de expulsar a los barcos de guerra chilenos de las aguas bolivianas dependía de la ayuda naval que se pudiese obtener del Perú. A cambio de ella don Juan de la Cruz Benavente recibió instrucciones de ofrecer una participación en los guanos de Mejillones y cualesquiera otras concesiones que exigiese el gobierno de Lima.

En su informe al Congreso de 1864, don Rafael Bustillo dio cuenta del resultado: "Las adjuntas comunicaciones reservadas del señor Benavente hacen ver que las sucesivas conferencias solicitadas por él abrieron y prosiguieron la grave negociación, pero que todos sus pasos han sido infructuosos, no habiendo obtenido nada más que la contestación del ministro peruano de que el asunto es grave, que es objeto de estudio y será considerado con seriedad... Lo más que el Perú se compromete a ofrecer es su mediación generosa y perseverante en nuestras diferencias con Chile. Vése, pues, por esto que el Perú está muy distante de prestarse a las miras contenidas en la ley secreta de la Asamblea y que si bien podemos contar siempre con sus nobles simpatías de amistad, éstas no lo arrastrarán jamás a declararse enemigo de Chile y a tomar francamente la defensa de los intereses bolivianos comprometidos en Mejillones".

Respecto a la búsqueda de recursos económicos el señor Bustillo relató: "El señor Aramayo pactó el 15 de mayo con la compañía "London and Coventry", un empréstito de siete millones y medio de pesos, pero cuando fue propuesto al público apenas se logró, la suscripción de doscientas mil libras".

Bolivia quedaba, pues, inerme, sin posibilidades de rechazar por la fuerza lo que Chile imponía con los cañones de su marina en Mejillones. Todo quedaba librado a lo que don Tomás Frías pudiese conseguir en Santiago, por la razón y la elocuencia.

III

LA GUERRA IMPOSIBLE

La autorización del Congreso boliviano al gobierno del General José María de Achá, de 5 de junio de 1863, para declarar la guerra a Chile, sólo podía ponerse en práctica "siempre que, agotados los medios conciliatorios de la diplomacia", no se obtuviese la reivindicación de la parte del litoral sobre la que Chile, abusivamente, había establecido dominio hasta el grado 23, ocupando con naves de su marina la bahía de Mejillones.

La búsqueda de tales "medios conciliatorios" (como se ha dicho en el artículo anterior), se encomendó a don Tomás Frías. Nada podía ser mejor prueba de las buenas intenciones bolivianas al respecto que la personalidad del ilustre potosino, maneras suaves y distinguidas, jovialidad, espíritu conciliador, razonamientos serenos y respetuosos. Era una de las personalidades de mayor prestigio en la república, merecedor de generales consideraciones. Con él, el General Achá y su canciller, don Rafael Bustillo, enviaban a Santiago un genuino hombre de paz, un honesto portador de ramas de olivo.

Encontró en la capital del Mapocho un ambiento muy desfavorable para su misión. En la Cámara de Diputados, donde los opositores liberales tenían mayoría contra el gobierno conservador, se aprobó una recomendación para que el Poder Ejecutivo no abriese negociaciones con el enviado boliviano hasta que no se derogase la ley de 5 de junio. En Chile se tenía verdadero temor a una guerra con Bolivia y se consideraba que el objetivo de don Tomás no era otro que ganar tiempo hasta que se consiguiese en Europa tres corbetas, que se decía estaban siendo adquiridas en Francia por medio del Mariscal Andrés de Santa Cruz. Se suponía que una de ellas defendería Mejillones, la otra bloquearía Valparaíso y la tercera cazaría vapores chilenos ocupados en el comercio costero.

Con estos antecedentes, el Ministro de Relaciones Exteriores, señor Manuel A. Tocornal, se mostró terminante en sus planteamientos ante el señor Frías. En el cambio de notas que se produjo entre ambos, dijo: "Antes de cualquier discusión sobre límites, Bolivia debe derogar la ley que autoriza la declaratoria de guerra a Chile y reparar todos los daños causados al súbdito chileno Matías Torres al apresárselo y embargarle los bienes que tiene en Cobija".

Con relación a la ocupación de parte del litoral boliviano, el canciller Tocornal expresó: "Chile no puede abandonar por un instante los derechos de que disfruta desde hace siglos en el territorio del desierto de Atacama. Poseedor de ese territorio y poseedor legítimo, apoyado en títulos antiguos, auténticos e incontestables, tiene el derecho de ejercer en él los actos propios de la soberanía y del imperio".

Don Tomás Frías le contestó: "Dígnese decirme si Chile acepta o no suspender la explotación del guano de Mejillones como una mutua y recíproca reparación, bastante para el ejercicio desembarazado de la diplomacia entre las dos repúblicas".

Tocornal sostuvo en otra comunicación: "Mientras se halle pendiente la cuestión de límites nada puede enervar el ejercicio da los actos propios de la soberanía y del imperio, ni se halla Chile, por consiguiente, en el caso de abstenerse de ejercer, en el territorio que posee, ninguno de tales actos".

El negociador boliviano se dio cuenta de que sus buenos propósitos no eran reconocidos, no obstante que ofreció que recomendaría al Presidente Achá la derogatoria de la ley de 5 de junio y la atención a los reclamos de Matías Torres. Comprendió que el gobierno de Santiago se mantenía en la más absoluta intransigencia, tanto para hacer desaparecer toda amenaza bélica de parte de Bolivia como para consolidar la ocupación del territorio boliviano hasta el grado 23.

Su viaje había sido inútil. Escribió al canciller Tocornal: "Me veo reducido a declarar, como declaro, agotadas las gestiones diplomáticas por parte de Bolivia, reproduciendo las protestas contra el apoderamiento de Mejillones y la explotación de sus depósitos de guano y pido al señor Ministro se sirva expedirme un pasaporte para el retorno a mi patria".

Tocornal: "El infrascrito tiene el honor de remitir al Ministro Plenipotenciario de Bolivia el pasaporte que Su Señoría se ha servido pedirle, reiterándole, por su parte, el contenido de sus despachos".

¿El fracaso de la misión Frías significaba que no le quedaba a Bolivia otra alternativa que intentar recuperar por las armas lo que se le negaba por la vía diplomática? ¿Pero cómo hacerlo contra una nación marítima sin poseer un solo barco de guerra, cuando las tres corbetas que se decía estaban siendo compradas en Europa no eran ninguna realidad y cuando el Perú se mostraba completamente reacio a una alianza?

La guerra era un imposible. Don Rafael Bustillo explicó a la Asamblea Ordinaria de 1864: "El ministerio de mi cargo no se propone declarar la guerra a Chile, tampoco os propone retroceder da manera alguna de la actitud que ha asumido Bolivia en este asunto. Lo primero es consecuencia indeclinable de nuestra impotencia marítima y de la dificultad de encontrar un campo de batalla terrestre en el que podamos batir a nuestro adversario; lo segundo es también exigencia indeclinable de nuestro honor y dignidad y sobre todo de la conciencia íntima de nuestro derecho. No importa que no podamos reivindicarlo acudiendo al último recurso de las naciones. Situación es ésta en que a menudo se encuentran los pueblos débiles, sin que por eso comprometan en un ápice la santidad e incolumidad de sus derechos".

Refiriéndose a la autorización de guerra a Chile del Congreso del año anterior, el canciller boliviano añadió: "Ese grito de Guerra lanzado con tanto entusiasmo por acuella augusta corporación ha sido el desahogo más noble en que Bolivia ha prorrumpido después de tantos y tan ultrajantes agravios inferidos por Chile... A ese grito de guerra se debe la actitud enérgica y digna que por primera vez hemos asumido con respecto al usurpador y la importancia que ha tenido la cuestión y el interés que por todas partes ha despertado... No condenemos, pues ese arito de guerra y sintamos solamente que circunstancias de actualidad no nos hayan permitido llevarlo a cabo cual cumplía a nuestro derecho y valentía".

Empero, si la guerra en las costas del Pacífico Sur, en 1864, fue un imposible por acción de Bolivia, debido a su impotencia naval, la guerra llegó a esas costas ese año por voluntad de otra nación, de la nación que fuera expulsada de Sudamérica 40 años antes: España.

IV

CHILE EN MUY GRAVE PELIGRO

El 10 de agosto de 1862 zarpó de Cádiz, con rumbo a Sudamérica, una división naval española compuesta de dos fragatas y una goleta.

En el río de La Plata debía incorporarse a ella otra nave estacionada allí. Llevaba a bordo un grupo de profesores de Geología, Zoología, Botánica, Antropología y Etnografía. La encabezaba el Almirante Luis Hernández Pinzón, directo descendiente de uno de los hermanos Pinzón que acompañó a Cristóbal Colón en el descubrimiento del Nuevo Mundo.

La escuadra no sólo llevaba una misión científica. El almirante tenía instrucciones de proteger los intereses de los súbditos españoles residentes en Sudamérica, "de manera enérgica, para que no quedase duda de que debían llegar a su término los abusos que contra ellos se cometían, sobre todo en el Perú, el país que se mostraba más hostil con España". En los puertos, los navíos debían hacer "ostentación de su fuerza para impresionar por la firmeza y la energía de su política". La Madre Patria buscaba, pues, con el pretexto de hacer estudios al servicio de la Ciencia, restablecer su prestigio y autoridad moral en un continente en el que durante tres siglos fuera absoluta dueña y señora, y del que fuera expulsada ignominiosamente 38 años antes.

Hernández Pinzón, sus oficiales y los profesores, en un recorrido de más de 20 meses, fueron recibidos con grandes demostraciones de aprecio en Río de Janeiro, Montevideo, Buenos Aires, Valparaíso, Santiago, Callao, Lima y puertos del Ecuador, Colombia, Centro América y California.

Mientras estaban en aguas de este último lugar ocurrió en el Perú el incidente de la Hacienda Talambo. Inmigrantes vascos, contratados como agricultores, entraron en conflicto al querer sembrar hortalizas en tierras que el dueño tenía destinadas al cultivo de la caña de azúcar. Su alzamiento fue reprimido por la fuerza con el resultado de varios muertos y heridos.

El Gobierno de España, que no había reconocido aún la independencia del Perú, encomendó a don Eusebio de Salazar y Mazarredo, que viajaba como Ministro Plenipotenciario a Bolivia, que antes de subir al altiplano entrase a Lima y demandase explicaciones e indemnizaciones por los daños inferidos a los trabajadores de Talambo. La cancillería de Torre Tagle no quiso aceptar las credenciales que don Eusebio presentó como "Comisionado Extraordinario Especial en el Perú". Adujo que enviar un agente con semejante título era denigrante para la dignidad de una nación independiente y soberana.

El señor Salazar y Mazarredo mandó aviso al Hernández Pinzón del desaire que se le hacía. El almirante bajó con sus naves de aguas del Pacífico Norte y plantó la bandera hispana en una de las islas Chincha al tronar de 21 cañonazos, declarando que ocupaba las tres a título de "reivindicación" de suelo español.

Al mismo tiempo, exigió que el gobierno de Lima le entregase tres millones de pesos oro como indemnización a los vascos y pago de los gastos ocurridos por su escuadra. Amenazó con que si no se satisfacían sus exigencias bombardearía el Callao.

Adueñarse de las islas Chincha, que contenían los más ricos depósitos de guano del mundo, era quitar al fisco peruano la fuente de sus más saneados e importantes recursos.

La amenaza de bombardeo del Callao hizo claudicar al gobierno del General José Antonio Pezet, que aceptó las exigencias españolas en enero de 1865.

La "reivindicación" ibera de territorios americanos (que poco después fue desautorizada por el gobierno de Madrid aunque manteniendo la exigencia económica de Hernández Pinzón), causó gran alarma en todo el continente. La reacción más altiva provino de Chile. Hubo manifestaciones anti españolas en varias ciudades y se quemó la enseña punzó y oro. Una circular diplomática de la cancillería a cargo de don Manuel A. Tocornal expresó: "El gobierno de Chile se halla en el imprescindible deber de rechazar de la manera más pública y solemne los principios que sirven de base a la declaración (de reivindicación de las tres islas Chincha)... Protesta contra su ocupación por las fuerzas navales de su Majestad Católica y no reconoce, ni reconocerá como legítimo dueño de ellas a otra potencia que a la República del Perú".

Luis Hernández Pinzón fue reemplazado por el Almirante José Manuel Pareja, que venía desempeñando las funciones de Ministro de Marina. Ocupó su puesto con instrucciones de castigar la insolencia chilena exigiendo satisfacciones por los insultos inferidos a España en las manifestaciones públicas y un homenaje de 21 cañonazos a su bandera en señal de desagravio. Chile respondió rotundamente que no debía satisfacción alguna. España le declaró la guerra.

La marina chilena no contaba entonces sino con una corbeta armada con 18 cañones y otro barco con 4. Las corbetas pedidas a Europa, a raíz de la amenaza de guerra de Bolivia, seguían en construcción.

La escuadra española en el Pacífico, que había sido reforzada con más buques, disponía de 207 bocas de fuego.

La amenaza española se sumaba a la que existía del lado de Bolivia desde dos años antes, cuando el Congreso autorizó al Poder Ejecutivo a recuperar por las armas lo que no se pudiese obtener por la vía diplomática. Era lógico suponer que se uniese a España para expulsar a los chilenos de la parte de su litoral que tenían ocupado indebidamente hasta el grado 23 y para hacer efectiva su soberanía hasta el río Paposo, de acuerdo con los derechos reclamados infructuosamente por los agentes plenipotenciarios que llegaron sucesivamente a Santiago desde 1842. Por lo demás, a la sazón Bolivia se hallaba gobernada por un militar atrabiliario, Mariano Melgarejo, del que podía esperarse todo lo peor.

Chile se encontró enfrentado con la más peligrosa situación de toda su historia republicana.

V

GENEROSIDAD BOLIVIANA A FAVOR DE CHILE

Chile al verse comprometido con un ultimátum de España, que tenía una poderosa escuadra en las proximidades de sus costas comandadas por un almirante, Juan Manuel Pareja, que odiaba al país en el que su padre había muerto en 1813, al hacer campaña contra los criollos insurgentes en su rol de gobernador de la colonia; con Bolivia que mantenía vigente la autorización de guerra a Chile dictada por el Congreso de 1863, las relaciones diplomáticas suspendidas desde el fracaso de la misión de don Tomás Frías y gobernada por un soldadote brutal, Mariano Melgarejo; pidió auxilio a otros países de la América del Sur. Dos de sus más eminentes hombres públicos, don Domingo Santa María y don Victorino Lastarria, fueron enviados a buscar la alianza de Perú, Ecuador, Argentina y Uruguay.

El señor Santa María nada pudo obtener en Lima del gobierno del General Juan Antonio Pezet y, al ser derrocado éste, por rendirse a las exigencias españolas, tampoco del vicepresidente, General Pedro Díaz Canseco. Tomó contacto con los opositores al régimen y tuvo la suerte de verlos triunfar en un golpe de Estado que puso en el mando de la nación al Coronel Mariano Ignacio Prado, gran amigo de Chile, que no titubeó en firmar un tratado de alianza y puso los 4 barcos de la marina peruana a las órdenes del comandante de la marina chilena.

El historiador chileno Benjamín Vicuña Mackenna se preguntó: ¿Cuál habría sido la posición de nuestra patria si el resultado de la batalla que se iba a dar en las puertas de Lima (por los partidarios de Prado) hubiera sido adverso? ¿Qué habríamos hecho ante la presencia de la escuadra de Pareja cerrando nuestros puertos con sus cañones, con el Perú, no ya independiente, sino armado contra nosotros, haciendo causa común con los enemigos de América, y teniendo a la vez sobre nuestra cabeza la espada de Melgarejo, autorizado en esta época a hacernos la guerra, y a más de esto llevando todavía sobre nuestro único flanco no amagado la amenaza del desdén o de la complicidad de las naciones del Plata?".

El Ecuador se mostró temeroso de alinearse contra la Madre Patria, pero acabó cediendo ante la fuerte presión y promesas que le llegaron desde Santiago y Lima. Entró en la liga anti española.

El señor Lastarria nada pudo conseguir en Buenos Aires y Montevideo. La Argentina y el Uruguay, junto con el Brasil, estaban atareados preparando el cuadrillazo que ese año iban a iniciar contra el minúsculo Paraguay para castigar los desplantes del dictador Francisco Solano López. No quisieron embrollarse en otro conflicto internacional.

Con los puertos de Chile, Perú y Ecuador cerrados a sus naves, el Almirante Pareja contaba todavía con el boliviano de Cobija para avituallarse en víveres, agua y combustible. Tenía en él a súbditos españoles que le ayudaban como los señores José María Artola y Manuel Barrau, importantes comerciantes de la zona. Con Cobija a disposición de la escuadra enemiga, Valparaíso y los otros puertos chilenos seguían en grave peligro.

Ocurrió entonces lo que Chile menos esperaba. El General Mariano Melgarejo, después de haber batallado año y medio contra los enemigos que se alzaban en contra de su régimen en diferentes ciudades y de haber vencido a los del sur en el combate de la Cantería y a los del norte en el de las Letanías, se sintió, por fin, dueño absoluto de la república y pudo prestar atención a lo que sucedía en los países vecinos.

Los adulones que le hacían la corte lo comparaban con Napoleón y Bolívar. Se sintió el campeón de la solidaridad americana. Vio a Chile inerme, amenazado por una poderosa nación europea y decidió que Bolivia fuese en su auxilio, entrando en la alianza.

Como no existiese Legación boliviana en Santiago, ni chilena en La Paz, hizo que su Secretario General, Mariano Donato Muñoz, enviase las instrucciones del caso a su ministro en Lima. La nota de30 de enero de 1866 dijo entre otra cosas: "Por lo que hace al pueblo chileno y a su gobierno, Bolivia comprende que en ocasión tan grave y solemne mengua sería para ella y para el nombre americano si no olvidara las motivos que desgraciadamente la han puesto en interdicción diplomática y que por fortuna son demasiado secundarios para que debieran recordarse siquiera al frente de una cuestión continental que debe absorber, como en efecto absorbe, toda la atención de América y de sus gobiernos. Es por ello que Bolivia se hace un deber de anticiparse al de Chile ofreciéndole ponerse a su lado y concurrir con todos sus recursos a salvar sus instituciones y asegurar su independencia. Animado el Gobierno de Bolivia de tan amistosos y fraternales sentimientos de verdadero americanismo, ha acordado dirigirse a los excelentísimos gobiernos del Perú y Chile, por el digno órgano de Vuestra Señoría, a falta de Legación de Bolivia en Chile, ofreciéndoles su más eficaz colaboración y en la escala que le sea posible".

Lo que don Mariano Donato Muñoz consideraba "motivos demasiado secundarios", eran nada menos que la ocupación chilena por la fuerza del litoral boliviano hasta el grado 23 y la explotación abusiva de la riqueza guanera de la península de Mejillones.

Melgarejo dictó dos decretos el 10 de enero de 1866. Por el primero dispuso: "No debiendo diferirse la manifestación de sentimientos hacia el gobierno y pueblo de Chile, constitúyese en esta misma fecha una Legación Extraordinaria en Santiago, encomendada al caballero don Juan Muñoz Cabrera".

Por el otro declaró abrogada la ley de 5 de junio de 1863 por la que el Poder Ejecutivo fue autorizado a declarar la guerra al Gobierno de Chile.

Al conocerse estos hechos se echaron a vuelo las campanas de las iglesias de Lima y Santiago en señal de gran regocijo. Con Bolivia alineada al lado de Chile, Perú y Ecuador, la escuadra española no tenía un sólo puerto amigo en toda la costa del Pacífico Sur y no tenía más remedio que abandonar sus aguas.

El Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, señor Álvaro Covarrubias, en su informe al Congreso de 1866, dijo: "El Gobierno de Bolivia, apenas desembarazado de las complicaciones internas, nos prestó la misma adhesión que el Perú y el Ecuador, espontáneamente. Esta iniciativa fue de tanto mayor precio cuanto que, como sabe el Congreso, nuestras relaciones con aquella república estaban interrumpidas por consecuencia de la cuestión de límites".

VI

PARTICIÓN SALOMÓNICA DEL GUANO

¿Cómo retribuyó el gobierno de Santiago la cándida generosidad con la que el Presidente Mariano Melgarejo, olvidando la flagrante iniquidad de que Chile estuviese ocupando territorio boliviano hasta el grado 23 y explotando sin derecho la riqueza guanera de Mejillones, puso a Bolivia codo a codo con Chile frente a la grave contingencia que significaba para este segundo país la actitud bélica asumida por una poderosa escuadra naval de España?

Envió a La Paz al político Aniceto Vergara Albano con el rango de Ministro Plenipotenciario y al intelectual Carlos Walker Martínez como su secretario, con la misión de agradecer al Gobierno de Bolivia, formalizar su ingreso a la alianza chileno-perú-ecuatoriana y expresar el deseo de liquidar amigablemente el problema limítrofe del desierto de Atacama para que las relaciones entre los dos países fuesen en adelante sólo armonía, comprensión y fraternidad.

El General Melgarejo recibió a los dos diplomáticos con muestras de especial complacencia. Ambos se dieron mañas para granjearse la íntima amistad del tirano borracho, compartiendo de sus francachelas, adulándolo como a un personaje superior, rindiendo pleitesía a su amante Juana Sánchez Campos.

A los pocos días de su llegada, el 22 de enero de 1866, el señor Vergara Albano suscribió un acta con el Secretario General de Gobierno, señor Mariano Donato Muñoz, por medio de la cual Bolivia se adhirió a la alianza contra España. De acuerdo con sus instrucciones, antes de concertar dicho acto, propuso que, si así lo quería Bolivia, se podía arreglar primero el problema de los límites. Muñoz tuvo entonces la providencial oportunidad de liquidar la vieja cuestión reivindicando el derecho territorial boliviano hasta el río Papo-so. Pero no era más que un abogadillo mediocre, que se encaramó en el poder prendido a la espada del soldadote presidente y se mantenía en él a fuerza de genuflexiones. No supo darse cuenta de que la oportunidad que se le brindaba era única y fugaz. No quiso desentonar con las zalamerías de esos días e ilusionado con que la intimidad de chilenos y bolivianos perduraría por siempre declaró que eso "podía quedar para después".

Al ver que también Cobija se cerraba a sus naves, el almirante español, Juan Manuel Pareja, no tenía otra alternativa que ir a buscar combustible, agua y víveres en puertos del Atlántico. Mas ¿cómo abandonar el Pacífico sin desmedro de la honra ibérica? ¿No se tomaría su viaje como una huida frente a la insolencia chilena?

En un encuentro fortuito entre la goleta española "Covadonga" y la goleta chilena "Esmeralda", esta segunda se alzó con la victoria tomando presa a su rival. A la noticia de esta tragedia y creyendo que había ocurrido cosa igual con otra de sus naves, la "Vencedora", el Almirante Pareja no pudo suportar la vergüenza. Se encerró en su camarote de la nave capitana "Villa de Madrid" y se dio un pistoletazo en la sien derecha. Dejó un mensaje a su sobrino y secretario rogándole que no se arrojase su cadáver al mar en aguas chilenas. Era bastante que su padre estuviese enterrado en suelo del odiado país.

Pareja fue reemplazado por el Almirante Casto Méndez Núñez. Buscó a la escuadra chileno-peruana en su escondite de la isla de Chiloé (donde esperaba reforzarse con los blindados "Huáscar" e "Independencia", mandados construir por el gobierno de Lima en Inglaterra y que estaban próximos a salir del astillero). La bombardeó desde 1.500 metros de distancia, temeroso de acercarse más por los arrecifes de una zona que no conocía. Durante dos horas hubo un furioso diálogo de cañones con daños insignificantes en uno y otro campo. Uno y otro combatiente se consideraron ganadores del combate de Abtao.

Como esto no fuera suficiente para desfogar la belicosidad de los marinos españoles, se trasladaron frente a Valparaíso y anunciaron otro bombardeo. Un almirante americano que se encontraba en la bahía con su nave quiso interponerse. Méndez Núñez le previno: "Si os interponéis os echo a pique". El Sábado de Gloria (31 de marzo de 1866), en nombre de Su Majestad Católica, dio la orden de abrir fuego. Los valparaísinos, refugiados en los montes aledaños, vieron cómo, desde las 9 de la mañana hasta el medio día, 2.600 bombas y granadas caían sobre su bello puerto destrozando la Estación del Ferrocarril, la Bolsa, la Aduana, otros edificios públicos y muchos particulares.

Todavía quedaba furia en el corazón de los súbditos de la Madre Patria. Subieron con sus naves hasta el Callao. Llegó orden de Madrid de abandonar el Pacífico, pues las tripulaciones sufrían de escorbuto y el estado general de la escuadra era lamentable. Méndez Núñez simuló no haber recibido tal directiva. En acciones sucesivas acercó sus navíos a la poderosa fortaleza del puerto peruano y cambió cañonazos con ella, causando y sufriendo numerosas bajas y averías. Entre las bajas peruanas hubo un Ministro de Estado, que murió, y entre las españolas el propio almirante, que cayó herido. La historia del Perú considera el combate del 2 de mayo (1866) una de sus grandes victorias. La historia de España lo califica como la mayor hazaña de su marina en el siglo 19.

Méndez Núñez había dicho que su patria "prefería honra sin barcos, que barcos sin honra". Obedeció recién la orden de Madrid. Abandonó las costas del Pacífico con sus navíos cargados de honra y se fue a buscar alivio para heridas y averías en Río de Janeiro. Desde allí mantuvo el estado de guerra todo el año 1866, mas no pudo evitar que los blindados "Huáscar" e "Independencia" cruzasen el Atlántico y se incorporasen a la flota aliada. Finalmente, retornó a su país.

Mientras ocurrían los sucesos de Chiloé, Valparaíso y Callao, Vergara Albano y Walker Martínez estrecharon sus intimidades con Melgarejo y campearon su simpatía chilena por los salones de La Paz. Con el alejamiento de aguas del Pacífico de los cañones españoles se desintegró tácitamente la alianza de Chile, Perú, Ecuador y Bolivia. Renacieron los intereses antagónicos de los cuatro países. Renació la codicia chilena por el guano de Mejillones. La buena voluntad con la que llegó a la república altiplánica don Aniceto Vergara Albano para liquidar el conflicto de soberanía en Atacama de acuerdo a los planteamientos bolivianos, se trocó en actitud d3 regateo a favor de las ambiciones de sus compatriotas.

Se complicó el asunto con la aparición en La Paz del Barón Arnous de la Rivière, que como representante del capitalista francés Lucian Armand (miembro de la Cámara de Diputados y dueño de un astillero en Burdeos), hizo proposiciones de compra de la riqueza guanera boliviana. Vergara Albano vio con desasosiego las actividades de un individuo que estaba abriendo los ojos sobre el valor de las covaderas. Trató de desacreditarlo. Sembró dudas sobre su título nobiliario y respecto a la existencia del capital que decía representar. El aristócrata galo, en vez de resentirse, buscó la amistad de su gratuito detractor. Le hizo comprender que unidos conseguirían más del gobierno boliviano que haciéndose competencia. El ministro chileno reconoció las ventajas de tal proposición y aceptó el compadraje.

Vergara Albano y De la Rivière propusieron entonces a las autoridades bolivianas que se les encomendara buscar juntos una fórmula por medio de la cual la riqueza guanera de Mejillones, en vez de ser motivo de discordia entre dos repúblicas vecinas y hermanas, hiciese la felicidad y fortuna de las dos. Melgarejo y Muñoz aceptaron, entusiasmados con el anuncio de que su paupérrima administración iba a ser pronto tonificada con importantes ingresos provenientes de un territorio que Chile tenía ocupado y de que, además, Monsieur Lucian Armand podrían hacerles importantes préstamos.

Los compadres se pusieron rápidamente de acuerdo. Todo el guano sería comprado por Armand y el resultado pecuniario de las operaciones se lo dividiría entre los gobiernos de Bolivia y Chile. Aprobada la idea por Melgarejo, el barón viajó a Santiago con el fin de conseguir la anuencia chilena. Llevó una carta del señor Vergara Albano al canciller Álvaro Covarrubias que decía: "La Paz, 16 de mayo de 1866. Por lo que toca a la formalidad del contrato, Melgarejo encarga a su ministro Muñoz Cabrera que se someta en todo a lo que se acuerde allí, que se vea con usted y que firme el documento. Sobre las cantidades que Bolivia debe recibir recomiendo a usted que sea Chile tan generoso como pueda, porque debemos gratitud a este gobierno, que se encuentra muy apurado de fondos. Esa generosidad nos será bien compensada en la cuestión de límites".

El Gobierno de Chile siguió el consejo de su agente diplomático en La Paz. Se mostró "generoso". Consintió en recibir sólo una mitad de la riqueza de la que había tomado posesión sin derecho alguno y en que la otra mitad fuese a manos de quien era legítimo dueño de su totalidad.

VII

PARTICIÓN SALOMÓNICA DEL TERRITORIO

La partición salomónica del guano del litoral boliviano, a la que se llegó como resultado del contubernio del ministro chileno, Aniceto Vergara Albano, y el negociante francés, Barón Arnous de la Rivière (como representante de su compatriota Lucien Armand), aceptada con beneplácito por los gobiernos de Bolivia y Chile por considerar la solución más adecuada a la controversia que sustentaban desde 24 años antes sobre la propiedad de las covaderas, marcó la pauta para encontrar la fórmula de una amistosa liquidación de su problema territorial.

La iniciativa al respecto partió del negociador boliviano, el abogado Mariano Donato Muñoz, Secretario General del gobierno de Mariano Melgarejo y, como tal, encargado del manejo de las relaciones exteriores. El 3 de junio de 1866, le propuso al diplomático chileno el deslinde de soberanías en el desierto de Atacama de la misma manera que se había deslindado la cuestión de los guanos: dividiendo lo disputado por mitad. El paralelo del grado 24 de latitud sur sería la línea de separación entre las dos repúblicas. La dificultad radicaba en que en la parte chilena, al sur del paralelo 24, no había nada más que arena inservible. En' cambio, al norte, en la parte boliviana, entre los paralelos 24 y 23, los cateadores chilenos y de otras nacionalidades venían descubriendo salitre, plata y otros minerales. ¿Cómo hacer equitativo el deslinde? Don Donato tuvo una idea feliz. El Gobierno de Bolivia cedería al de Chile la mitad de todo lo que recibiera como renta fiscal por impuestos cobrados a los explotadores de esos productos, como lo había hecho con la riqueza del guano. El Gobierno de Chile, por su parte, se comprometía a ceder al de Bolivia el 50 por ciento de lo que eventualmente pudiera percibir por la explotación de los recursos que llegaran a descubrirse en el área que pasaba a su soberanía. Chile podría nombrar interventores en el puerto de Mejillones (que Bolivia se comprometía a habilitar) para controlar el monto de su participación. Bolivia podría hacer lo mismo en puertos chilenos si algún día se exportaba algo del territorio comprendido entre los grados 24 y 25.

En otras palabras, el señor Muñoz propuso que entre los grados 23 y 25, el guano y todo ingreso fiscal por explotación de otros recursos, se dividiría por igual entre los gobiernos de las dos repúblicas. Pero, como toda riqueza en covaderas, salitre y minerales quedaba en la parte boliviana (grado 23 y 24) y nada se había descubierto, ni se descubrió después, en la parte chilena (grado 24 y 25), lo que en realidad ofreció fue partir solamente bienes bolivianos.

La largueza del señor Muñoz al hacer semejante proposición estaba en consonancia con los principios enunciados por el gobierno de Melgarejo en sentido de que las fronteras de Bolivia eran "meras líneas matemáticas" y todo americano, con sólo pisar suelo boliviano, adquiría los mismos derechos que los nacidos en él, con la sola excepción de los de elegibilidad para los tres cargos públicos más altos: Presidente de la República, Presidente de la Corte Suprema y Presidente del Congreso.

Era de suponerse que el gobierno de Santiago quedaría más que satisfecho con las "bases" presentadas por el inefable don Mariano Donato Muñoz. Pero no fue así. Dándose cuenta de cuán inexperta y romántica era la administración del caudillo tarateño, trató de sacar aún mayores ventajas. El canciller Álvaro Covarrubias instruyó a su ministro Vergara Albano que procurase el traslado de la negociación de La Paz a Santiago y que Melgarejo remitiese a su agente diplomático en la capital chilena, señor Juan Ramón Muñoz Cabrera, "facultades tan latas y liberales como fuese posible, tanto para modificar las bases en su parte esencial, como para los diversos pormenores". Le avisó que se tenía interés en incluir en el acuerdo una cláusula que eximiese de todo derecho a los productos que Chile introdujese por el puerto de Mejillones. Otro interés era conseguir la liberación del pago de impuestos a favor de los chilenos que explotaban riquezas en el litoral boliviano.

Melgarejo que se sentía honradísimo por haber sido obsequiado con el título de "General de División del Ejército Chileno" (como también lo fueron los mandatarios del Perú y Ecuador, en señal de reconocimiento por haberse puesto al lado de Chile en la guerra contra España), no negaba nada a Vergara Albano. Envió plenos poderes a don Juan Ramón Muñoz y éste, el 10 de agosto de 1866, firmó con el Ministro Covarrubias el tratado de límites.

El pacto estableció: 1) que el paralelo 24 de latitud meridional constituía la línea divisoria de las soberanías de Bolivia y Chile; 2) que los guanos de Mejillones y los que se descubriesen en el futuro entre los grados 23 y 25 se dividiría por partes iguales entre las dos repúblicas; 3) que se dividirían en igual proporción, los derechos de exportación que se cobrase por los minerales extraídos de la misma zona; 4) que Chile controlaría con interventores los ingresos recaudados en la aduana boliviana de Mejillones para cobrar su parte; 5) que Bolivia haría lo mismo si se establecía alguna aduana en la costa chilena del grado 24 al 25; 6) que quedaban libres de pagar derechos de exportación los productos del territorio comprendido entre los grados 23 y 25, que se sacasen por Mejillones; 7) que se liberaba del pago de todo derecho de importación a los productos naturales de Chile que se introdujesen por el mismo puerto.

Los dos señores Muñoz, cuya escasa habilidad negociadora es visible en el tratado, pero cuyo patriotismo no puede ponerse en duda, actuaron con la principal mira de que Chile se retirase de Mejillones. Para conseguirlo, estuvieron dispuestos a pagar cualquier precio.

Historiadores bolivianos han afirmado que el tratado de límites de 1866 provocó una inmediata y general protesta en todo el país. Eso no es evidente. La impresión general fue de alivio, al saberse que se había recuperado una importante porción del litoral que muchos daban por definitivamente perdida. Por eso es que don Donato y don Juan Ramón disputaron entre sí su paternidad. Melgarejo cortó la competencia declarando en una carta al señor Muñoz Cabrera: "Todo o su mayor parte es obra del señor Vergara Albano". El muy bruto añadió en un discurso: "Cuando el arreglo de límites, le dije al señor Vergara Albano que si quería para Chile todo el territorio cuestionado así lo pactase y él ha sido más generoso que nosotros".

En la Asamblea Nacional de 1868 el tratado recibió aprobación unánime. Don Mariano Baptista Caserta dijo de él en 1874: "La justicia no ha de negarse a nadie. El tratado del 66 en cuanto a límites no se presta a los extremos de una reprobación iracunda. Teniendo en cuenta los antecedentes, partió, en transacción bastante equitativa, nuestra cuestión territorial. Chile se mantenía pertinaz en el grado 23, detentando nuestras riquezas actuales y arrebatándonos las expectativas de otras mayores. Por el tratado nos restituyó esos territorios. Nos devolvió Mejillones, sobre cuya reivindicación se volvían principalmente los deseos y los esfuerzos del patriotismo".

VIII

COMPLICACIONES DEL TRATADO DE 1866

El tratado de límites de 10 de agosto de 1866 decía en su preámbulo que estaba destinado a "consolidar la buena inteligencia y vínculos de alianza íntima" entre Bolivia y Chile. El Presidente Mariano Melgarejo creía haber encontrado en Chile al mejor amigo de Bolivia y él, personalmente, sentía por el vecino del sudoeste, su pueblo y sus gobernantes el mismo afecto cordial y sincero que le inspiraban sus representantes en La Paz, don Aniceto Vergara Albano y don Carlos Walker Martínez. Estaba profundamente agradecido al gobierno de Santiago y a sus dos agentes diplomáticos por permitirle aprovechar de una mitad de los rendimientos pecuniarios del guano de Mejillones. Expresó que al compartir ambos países del estiércol de aves de esa península estaban "a partirse de un mismo pan", como dos buenos hermanos.

Las larguezas de Melgarejo con los bienes de Bolivia (al Brasil le cedió 100.000 kilómetros cuadrados de territorio por el tratado de límites de 1867), atrajeron a otros capitalistas, además de Lucian Armand y su representante el Barón Arnous de la Rivière. Don José Avelino Aramayo llegó de Londres a la sede del gobierno al mismo tiempo que el francés, representando a firmas británicas qua también querían el guano boliviano y ofrecían un peso más por tonelada.

Melgarejo prefirió a los que venían de la patria de su ídolo Napoleón y no a los súbditos de la Reina Victoria, que orgullosa y altiva, tenía a Bolivia "borrada" de toda consideración desde 1852, sin enviar a ella ningún representante diplomático o consular.

Muy pronto surgieron las desilusiones. El Barón de la Rivière no cumplía su oferta de hacer importantes adelantos sobre la explotación del guano y préstamos a la administración. Don Mariano Donato Muñoz, en su condición de Secretario General de la misma, fue a buscarlo hasta Cobija. El galo no quiso recibirlo. Durante dos días pretextó estar muy enfermo. Al tercero no pudo evitar la entrevista. Hizo nuevas promesas de dinero y de construcción de un ferrocarril de Cobija a Calama.

De la Rivière era hábil como parlanchín, pero no como empresario. Conducía a tropezones la extracción de fertilizantes de Mejillones. Los peones que tenían que hacer la penosísima tarea de cavar la dura y pestilente materia y cargarla en los buques que la conducían a Europa no recibían sus emolumentos con puntualidad Trescientos de ellos marcharon hasta Cobija en son de protesta. No todo era culpa del barón. La raíz del mal estaba en que su mandan-te, Lucian Armand, había perdido casi todo su dinero en otros negocios y no podía hacerle giros.

Arnous de la Rivière, que tenía tan convencido al Gobierno de Chile como al de Bolivia de la solvencia de Armand, se prestó dinero del primero para hacer algunas entregas al segundo y pagar a los trabajadores. Empero, no le fue posible seguir engañando indefinidamente tanto en Santiago como en La Paz. Cuando la quiebra de Armand se hizo noticia internacional, los dos gobiernos rescindieron su contrato. El entabló juicio demandando daños y perjuicios, pero la Corte Suprema de Justicia de Chile falló en su contra con carácter inapelable.

De inmediato hizo aparición un substituto de más amplio vuelo y habilidades. Un norteamericano que tenía una gran capacidad para hacer fortuna y luego derrocharla, para pasar de la miseria a la opulencia y viceversa con asombrosa sangre fría. Era el futuro constructor de la mayoría de los ferrocarriles peruanos, el futuro gran potentado de las costas del Pacífico. Se llamaba Enrique Meiggs. En el momento en que lo encontramos pasaba de los 50 años y después de haber sido millonario en su patria y haber escapado de ella por deudas se estaba ganando modestamente la vida como contratista del carguío del guano de Mejillones dentro del contrato de Armand.

Al fracasar el negocio de los franceses, Meiggs vio que se le presentaba una oportunidad providencial de enriquecerse nuevamente. Movilizó a La Paz a un senador chileno, distinguido, inteligente, con tanto o más don de gentes que Vergara Albano y Walker

Martínez, don Lorenzo Claro. Transcurría el año 1868 y el gobierno de Melgarejo se encontraba en más apuros de dinero que nunca a raíz de los problemas que se suscitó a sí mismo por haber puesto en circulación moneda feble que nadie quería aceptar. Era urgente reemplazarla por circulante de buena ley, a fin de salvar el crédito del país, dentro como en las repúblicas vecinas en las que la moneda boliviana había tenido siempre gran acogida por el valor intrínseco de su contenido de plata.

Meiggs, por medio de Claro, ofreció un préstamo de cuatro millones de pesos que se garantizarían con la parte boliviana del guano de Mejillones y todos los minerales que existían en el litoral. Como Meiggs quería exportar también la parte chilena de los guanos, el gobierno de Melgarejo no tuvo el menor inconveniente en nombrarlo su Agente Financiero en Santiago, a fin de facilitarle sus gestiones al respecto. Triunfó en toda la línea. Contrató la explotación del guano boliviano a seis pesos la tonelada y del chileno a diez. La diferencia fue resultado de la incapacidad negociadora de uno de los gobiernos y de la habilidad del otro.

Para contentar por de pronto a Melgarejo, Meiggs le hizo entrega de un millón de pesos a cuenta de los cuatro prometidos. No llegó a darle más. Fue deuda que con el correr del tiempo, debido a los intereses acumulados del ocho por ciento anual, llegó a 1.800.000. Bolivia no pudo liquidarla sino en 1887, y esto gracias a fondos facilitados de su peculio personal por el millonario Presidente de la República de ese entonces, señor Gregorio Pacheco.

Con Meiggs, la explotación de las covaderas no tuvo tropiezos financieros y la "partición del pan" pudo seguir haciéndose de conformidad con las estipulaciones del tratado de 1866.

Las dificultades en las relaciones boliviano-chilenas renacieron como efecto de lo establecido en dicho pacto respecto a los minerales. El tratado del 66 fue en verdad un pacto muy sui génesis. Deslindó territorios y soberanías, separándolos con el paralelo del grado 24, pero creó áreas de posible conflicto al determinar que cada país tenía derecho a una mitad de la riqueza existente en la parte aledaña del otro, en una extensión de un grado geográfico.

Y el conflicto surgió casi de inmediato. Cuando el gobierno de Melgarejo comenzó a habilitar la hermosa bahía de Mejillones como puerto dictando la resolución respectiva y ordenando la construcción de un muelle, aduana, capitanía y otros edificios públicos, sucedió que lo primero en aparecer edificado fue la casa y oficina destinada a los funcionarios chilenos que iban a controlar la parte de su nación en los derechos de explotación de minerales.

El control de los empleados chilenos se hizo incómodo y opresivo. Bolivia, inclusive por boca de don Mariano Donato Muñoz, se quejó de que "Chile quería imponer su voluntad a Bolivia y no la de jaba disponer de lo suyo". Por su parte, Chile reclamó porque Bolivia no le pagaba puntualmente su porción en los derechos cobrado: a los minerales que se exportaban. Exigió que se le permitiese establecer otra oficina de control en Antofagasta, por donde los mineros estaban sacando su producto de contrabando.

El tratado del 66, que todos creyeron que había instaurado el reinado de la armonía y la solidaridad entre las dos repúblicas, apartando lo del guano, resultó más bien fuente de malos entendidos susceptibilidades y mutuos reproches.

La idea de su modificación o substitución por otro más conveniente fue ganando terreno en Bolivia. Esto se hizo más urgente con el descubrimiento de la fabulosa riqueza argentífera de Caracoles que Chile afirmaba que estaba en la zona de su coparticipación y Bolivia sostenía que estaba fuera, es decir, al norte del grado 23, el territorio de su exclusiva propiedad en suelo y bienes.

IX

CARACOLES, NUEVO POTOSÍ

Grande desgracia fue para Bolivia la existencia de riquezas en el desierto de Atacama, que atrajeron la codicia de su vecino del sudoeste. Si no hubiera contenido nada más que arena inservible habría separado con su enorme soledad las soberanías de Bolivia y Chile, evitando todo roce fronterizo entre ellas.

El guano despertó la codicia chilena, pero no fue, como algunos creen, uno de los factores inmediatos que provocaron el enfrentamiento bélico de las dos repúblicas. Fue, sí, el iniciador de los problemas de vecindad, mas el Tratado de 10 de agosto de 1866 los solucionó al dividir por mitad el estiércol de las aves marinas existente en la península de Mejillones y sus alrededores. Así se explotó hasta su agotamiento por medio de contratistas sin que se suscitase ningún problema mayor que la quiebra de Lucien Armand, que fue substituido con ventaja por Enrique Meiggs. Se cumplió el deseo del dadivoso General Mariano Melgarejo, de que fuese un pan que se partían fraternalmente las dos naciones.

Empero, al lado de la codicia del gobierno de Santiago, que se podría llamar codicia oficial, existía la codicia personal de muchos ciudadanos chilenos por otras riquezas que los bolivianos tenían descuidadas en su litoral y que para ellos podían representar un trampolín para saltar de la pobreza a la fortuna. Era comentario general entre ellos que en un punto de la gran vastedad de Atacama existía una montaña de plata, un nuevo Potosí. Alguien había pasado una vez por el lugar y vio vetas argentíferas a flor de tierra. Dio la noticia, pero no había sabido orientarse bien y no pudo explicar ni su ubicación aproximada.

Fue con vistas a esa nueva riqueza que, al concertarse el tratado del 66, cuyos principales objetivos eran separar las soberanías de Bolivia y Chile por medio del paralelo del grado 24 y partir salomónicamente el guano de Mejillones, el gobierno de La Moneda, como algo incidental, logró introducir la estipulación de que también debían partirse por igual los derechos de exportación de los minerales que se explotasen entre los grados 23 y 25. Los negociadores bolivianos, don Mariano Donato Muñoz y don Juan Ramón Muñoz Cabrera, la aceptaron sin darle mayor importancia. Ignoraban que la montaña de plata, según todos los indicios, podría estar ubicada en la parte boliviana de la zona de la mancomunidad y que muchos cateadores, en su mayor parte chilenos, la estaban buscando afanosamente.

Entre los que organizaron las exploraciones figuraron los franceses Latrille, el español Artola, el argentino Elizalde y otros. Quien con más empeño tomó el asunto fue el Barón Arnous de la Rivière (antes del fracaso de su empresa guanera), pues tenía opción a explotar todas las riquezas del litoral boliviano. Se asoció para el efecto con el chileno José Díaz Gana. Uno de los grupos enviados por éste, encabezado por el cateador Simón Saavedra, encontró, al fin, el ansiado lugar, en 1867, a 63 leguas al sudeste de Cobija y a unas 18 leguas al sur de Calama. ¡Consistía en una serie de colinas que mostraban afloraciones argentíferas! Se le dio el nombre de Caracoles por la gran cantidad de conchas del molusco marino del mismo nombre que se veían esparcidas por doquier.

La noticia del hallazgo causó sensación, particularmente en Valparaíso y Santiago. Coincidió con la quiebra de Armand, la rescisión de su contrato y la desaparición del Barón de la Rivière del escenario atacameño. La plata de Caracoles quedaba a merced de quienes pudieran obtener concesión de estacas de las autoridades bolivianas de Cobija, sirvientes de la generosa administración de Melgarejo.

La fiebre de la plata sacudió a los chilenos como décadas los había sacudido la fiebre del oro, cuando se descubrió la existencia de este metal en California y cientos de ellos, impulsados por un espíritu de empresa o el simple amor a la aventura, se fueron en su busca hasta los Estados Unidos de Norte América. Ahora el otro metal quedaba muy cerca, en el territorio aledaño al de su patria. En embarcaciones de todo tipo hicieron el viaje de pocos días de los puertos chilenos al boliviano de Cobija y de aquí se internaron en el desierto en mulas, asnos, carretas o a pie, rumbo a El Dorado caracol i no.

Los caminantes fueron jalonando el trayecto con los cadáveres de aquellos de entre ellos que sucumbían de hambre o de sed. Carretones con víveres o agua eran asaltados muriendo otros en las refriegas.

En los primeros cuatro años se hicieron alrededor de 14.000 peticiones. Caracoles se convirtió en un alborotado campamento minero en el que más de 10.000 seres humanos de los dos sexos, en su gran mayoría chilenos, vivían en casas rápidamente levantadas o en casuchas, tiendas de campaña o cuevas, compitiendo entre sí como empresarios, cateadores, peones, artesanos, arrieros, comerciantes, aguateros, prostitutas, especuladores, etc., etc., etc. Imperaban las leyes del fusil, el revólver y el puñal. El gobierno boliviano designó un subprefecto y un juez, dándoles unos 20 gendarmes para que procurasen mantener el imperio del orden y la legalidad.

El agua se la traía de Calama, Chiuchiu o Limón Verde. Los víveres, herramientas, pólvora y forraje llegaban desde Chile.

La producción de plata, que tenía un promedio de 50 marcos por cajón, llegó a 80.000 marcos de metal por mes, o sea, superior en un 50 por ciento al total de la producción en los demás centros mineros de Bolivia, incluyendo la famosa mina de Huanchaca.

La terminación del régimen de Melgarejo significó un cambio fundamental en la vida de Bolivia. El derrocamiento del tirano, beodo y generoso, romántico y brutal, fue posible al fin, después de seis años, por una combinación de varios factores. Su decaimiento físico desde que meses antes sufriera una caída de su caballo y quedase parcialmente impedido en sus movimientos y desmoralizado. La tozudez de su principal enemigo, el Coronel Agustín Morales, que pudo complotar desde el Perú con la anuencia del gobierno de Lima, colaborado por el astuto político Casimiro Corral. La traición del Coronel Hilarión Daza, que vendió su lealtad por 10.000 pesos y se puso en su contra con el aguerrido batallón Colorados.

Melgarejo, vencido en las barricadas de La Paz en el cruento enfrentamiento del 15 de enero de 1871, no tuvo más alternativa que huir al Perú, acompañado por Quintín Quevedo y otros cuatro amigos.

Al Coronel Agustín Morales, ascendido poco después a General y nombrado Jefe Supremo de la Nación, y a su factótum, el abogado Casimiro Corral, les tocó atender la nueva situación creada en las relaciones con Chile a raíz del auge de Caracoles y la demanda del gobierno de Santiago de participar en una mitad de su rendimiento fiscal de acuerdo con las estipulaciones del tratado de 1866 sobre impuestos a los minerales.

SEGUNDA PARTE

X

MORALES Y BUSTILLO

¿La ubicación de Caracoles era al sur del grado 23, es decir, dentro de la zona en la cual Bolivia y Chile habían acordado dividirse los rendimientos fiscales de los minerales explotados en ella? ¿O estaba al norte y por lo tanto ningún derecho tenía Chile a participar en los impuestos de exportación de la plata?

Cuando se firmó el tratado de 10 de agosto de 1866, una comisión de dos ingenieros, el señor Pissis como representante de Chile, y el señor Mujía, como delegado de Bolivia, hicieron la demarcación de los paralelos de los grados 23, 24 y 25.

Los yacimientos argentíferos de Caracoles no se encontraban en una sola colina, en una sola montaña como se creyó en un principio. Además de la principal, a cuya vera se formó la población de ese nombre y donde se trabajaban las minas más importantes, entre ellas la del chileno José Díaz Gana, que se bautizó con el nombre de "La Descubridora" y resultó la más rica, se fueron hallando otras colinas con afloraciones de metal en una faja angosta que se prolongaba varios kilómetros hacia el sur. En ellas se fueron instalando campamentos que se denominaron Caracoles Segundo, Caracoles Tercero y Caracoles Cuarto.

El gobierno de Santiago, confiando en que toda la plata estaba dentro de la zona de mancomunidad de derechos, exigió el estricto cumplimiento del tratado del 66. El gobierno de La Paz sostuvo que la mensura de los citados paralelos había sido defectuosa por falta de idoneidad del ingeniero Mujía y que debía verificarse una nueva.

Chile destacó a La Paz al señor Floridor Rojas con el rango de Encargado de Negocios y la misión de insistir en la reclamación de su país. (El señor Aniceto Vergara Albano perdió su puesto años antes por haber sido introductor en Chile del mal aventurado Barón Arnous de La Rivière. Fue reemplazado por el distinguido intelectual Ramón Sotomayor Valdez, que también volvió a Santiago después de un período de funciones de poco más de tres años y que relató sus impresiones sobre lo que fue la administración del General Melgarejo en un libro que tituló "La Legación de Chile en Bolivia desde septiembre de 1867 hasta principios de 1871 ").

El señor Rojas era hombre altanero, "mediocre, con humos de poeta y sin antecedente alguno". En su primera entrevista con el Ministro Casimiro Corral le espetó la amenaza de que "en caso de que Bolivia no aceptase de buen grado la mensura de los grados 23, 24 y 25 hecho por Pissis y Mujía, sobrevendría un conflicto de serias consecuencias y que lo notificaba para que escogiese un medio para que Chile no asuma una actitud que Bolivia tendría que lamentar".

Don Casimiro le contestó: "Amigo Rojas, usted toma muy a pecho la cuestión. Me parece que si el circunspecto gobierno de su país escuchara sus palabras las desaprobaría. Por tan poco no podemos agriarnos ni comprometer los intereses de dos naciones hermanas y amigas".

¿Quiénes eran los dos hombres que tenían en sus manos el destino de Bolivia y debían encarar las nuevas exigencias del vecino del sudoeste?

Agustín Morales tenía a la sazón 63 años. Nació en La Paz. Ingresó a la carrera militar a los 16 años para escapar de una pobreza extrema y de una condición social muy humilde en la que tuvo que hacer hasta de sirviente y de vendedor de velas en las puertas de los templos. Llamó la atención por su valor en la batalla de Yungay. Fue sumamente veleidoso en sus lealtades políticas, pasando de obsecuente servidor a enemigo acérrimo de los presidentes Belzu, Linares, Achá y Melgarejo. Mientras estuvo fuera de la profesión castrense se dedicó al comercio con mucha suerte y habilidad, alcanzando una posición económica holgada. De entre los caudillos bolivianos ha sido, probablemente, el de cultura más rudimentaria, aunque balanceada con la experiencia en los negocios humanos que adquirió a través de una vida de muy variada circunstancia.

Casimiro Corral, brazo derecho de Morales durante todo su gobierno, nació a su vez en La Paz, en 1830, en un hogar mestizo, también muy humilde. Más tarde, por razones de conveniencia política, afirmaba ser de 'origen indígena. Inteligente y astuto, pasó por la escuela, el colegio y la universidad con rara habilidad, graduándose de abogado. Se inició en política como partidario de Linares. Fue opositor de Achá y Melgarejo, sufriendo los consiguientes apresamientos y destierros.

Morales, aclamado como un héroe nacional por su victoria sobre Melgarejo, olvidó antiguos rencores y decidió gobernar con la colaboración de los mejores hombres de la república. Para atender la nueva cuestión con Chile pensó en quien era considerado el más experto e ilustrado en la problemática de las relaciones con ese país: don Rafael Bustillo.

Era urgente llevar las discusiones a Santiago, a fin de evitar que los exabruptos del señor Floridor Rojas en La Paz empeorasen la situación.

Morales y Bustillo podían considerarse enemigos desde los agitados tiempos de Isidoro Belzu, cuando el segundo era el principal colaborador del caudillo populachero, tomando a su cargo simultánea, sucesiva o alternativamente, los ministerios de Gobierno, Hacienda y Relaciones Exteriores y el primero quiso ultimar a Belzu mientras yacía muy mal herido en el Prado de Sucre (debido a un intento de asesinato de dos estudiantes), disparándole otro tiro a quemarropa y tratando de hacerlo pisotear con los cascos de su caballo.

El ilustre potosino se encontraba radicado en Sucre. Había vivido apartado de la vida pública durante los seis años del régimen melgarejista, dedicado al estudio y el descanso, cambiando de residencia, según las estaciones, entre su casa de la capital y una chacra que poseía a orillas del río Cachimayo, a 20 kilómetros de distancia, llamada "Ñucchu". El Prefecto del Departamento le transmitió la invitación del Jefe del Estado. El gobierno deseaba que fuese a Santiago de Chile como Ministro Plenipotenciario con la misión de procurar que las relaciones con esa nación se mantuviesen en un clima de entendimiento y cordialidad, evitando que Caracoles se convirtiese en lo que había sido Mejillones antes del tratado de 1866.

Para don Rafael Bustillo, entonces de 58 años de edad, nada era tan satisfactorio a su moral, intelecto y sentimientos que servir a su patria. Lo había hecho con dedicación total como Ensayador de la Casa de la Moneda de Potosí, como ministro múltiple del Presidente Belzu y como canciller del Presidente Achá. La inactividad era para él un remordimiento de conciencia. Escribió de inmediato al Presidente Morales: "Acepto agradecido la misión con que Vuestra Excelencia me honra y la acepto con enorme gratitud por la espontaneidad con la que Vuestra Excelencia me ha señalado su estimación".

Ambos personajes se encontraron en Potosí, en circunstancias en que el flamante jefe de la nación viajaba a Sucre desde La Paz recibiendo en ciudades y pueblos del trayecto las aclamaciones y el agradecimiento de los ciudadanos por haberlos libertado de una tiranía y el aún más flamante plenipotenciario se dirigía a la sede de sus funciones.

Morales, tomando en cuenta la fama que tenía Bustillo de hombre de mucha energía y de reacciones violentas, le recomendó que en sus tratos con los gobernantes del país vecino se mantuviese en calma "porque Chile sólo esperaba una coyuntura para suscitar enojos y querellas e iniciar un conflicto que le diese pretexto para apoderarse de todo el litoral boliviano". Bustillo contestó que no convenía a Bolivia que su rol fuese demasiado pasivo, pues "así se eternizarían las cuestiones y la riqueza de Caracoles serviría, como hasta ese momento, únicamente para enriquecer a especuladores chilenos".

XI

DON RAFAEL BUSTILLO EN CHILE

En el viaje de Arica a Valparaíso, don Rafael Bustillo bajó a tierra en Cobija con la esperanza de encontrar las instrucciones que, de acuerdo con el ofrecimiento del Presidente Agustín Morales, debía enviarle allí el Ministro Casimiro Corral. No las encontró. Las reclamó por carta diciendo que por los estudios que había hecho lo que convenía en las circunstancias del momento era obtener de Chile la modificación del tratado de 1866, de manera que esta república no tenga derecho a participar en el producto fiscal de los minerales bolivianos y el paralelo 24 quede como línea de separación de soberanía, territorios e intereses económicos, esto último con excepción del guano, que tendría que seguir dividiéndose. Como compensación a Chile por su renuncia a los minerales se le podría ofrecer una mayor participación en el fertilizante.

El señor Bustillo llegó a Santiago en agosto de 1871. No era precisamente la persona que muchos chilenos gustaron de ver en su capital como representante diplomático. Se recordaba muy bien que 8 años antes, en su condición de Ministro de Relaciones Exteriores del Presidente José María de Achá, obtuvo del Congreso autorización para que el Ejecutivo declarase la guerra a Chile si no se obtenía la desocupación de Mejillones por la vía pacífica. Don Aniceto Vergara Albano y don Nicomedes Ossa hicieron propaganda en su contra.

Otro factor, si no de dificultades, pero sí de vergüenzas, fue para él la presencia en Santiago del General Mariano Melgarejo, empobrecido y más beodo que antes, sirviendo de hazmerreír hasta a los mozos de hoteles y cantinas. Estaba tan rebajado en su dignidad que pretendía cobrar sueldos como General de División del ejército chileno. Quien fuera tan adulado y ensalzado por Vergara Albano y Walker Martínez en nombre de su gobierno mientras tuvo a su arbitrio la suerte de Bolivia, resultó objeto de escarnio y desprecio ahora que no era más que un infeliz proscrito de su patria. Volvió a Lima para reclamar a los miembros de la familia de su amante, Juana Sánchez, parte del dinero que habían acumulado usufructuando del poder a su lado. Fue muerto a balazos por quien era a la vez su yerno y su cuñado, Juan Aurelio Sánchez.

Don Rafael presentó sus credenciales de plenipotenciario al Presidente José Joaquín Pérez, que se encontraba en las postrimerías de su mandato. En su discurso le dijo que tenía la intención de "traducir fielmente los sentimientos de paz, unión y fraternidad que el pueblo y el gobierno de Bolivia abrigaban por el hermoso Chile".

No pudo oficiar gestiones oficiales hasta que el nuevo mandatario, señor Federico Errázuriz, tomase posesión de su cargo. En su primera entrevista con él, el 11 de octubre (1871), le planteó el objetivo de su misión. El tratado de 1866 había creado una mutua e incómoda servidumbre entre Bolivia y Chile. ¿No sería posible suprimir los derechos recíprocos de un país sobre los minerales del otro en el territorio aledaño? Bolivia estaba dispuesta a indemnizar a Chile por los perjuicios que le ocasionase la modificación del pacto.

Don Federico escuchó cortésmente la larga exposición del diplomático y al final sólo expresó: "¿Nada más?" ¿Significaba esto alarma por lo excesivo de las pretensiones bolivianas o sorpresa por su exigüidad? Don Rafael prefirió creer en lo segundo y salió del Palacio de La Moneda muy optimista sobre el buen éxito que tendrían sus gestiones.

Durante los dos meses siguientes no pudo adelantar un sola paso. Se discutía en el Congreso el pedido del Poder Ejecutivo de que el Ministerio de Relaciones Exteriores fuese independiente del de Gobierno y Justicia. Sólo cuando así quedó resuelto pudo tener su primera conversación con el recién nombrado canciller, señor Adolfo Ibáñez. Reiteró ante él lo que había dicho al Presidente Errázuriz.

El señor Ibáñez declaró que debía discutirse la manera en que el tratado del 66 se cumpliese más estrictamente. El señor Bustillo arguyó que previamente tenía que definirse la exacta ubicación de Caracoles. El gobierno boliviano creía de buena fe que se encontraba, si no en su extensión total, por lo menos en su parte principal, al norte del paralelo 23, en territorio exclusivamente boliviano.

Don Rafael, en cumplimiento de las instrucciones que había recibido, sostuvo que para determinar la posición geográfica del distrito argentífero no sólo debía tomarse en cuenta la latitud, sino también la longitud, es decir, no únicamente los paralelos sino también los meridianos. Don Casimiro Corral le había dicho que sostuviera que el límite oriental de Chile en Atacama no podía pasar del meridiano 72. De esta manera, Caracoles quedaría al este del suelo chileno, aunque estuviera al sur del paralelo 23.

Don Adolfo Ibáñez, reaccionó airadamente: ¡Qué meridianos ni qué meridianos! No hay necesidad de meridianos. Los límites orientales de Chile en todo tiempo, ahora y siempre, han sido las cumbres más altas de los Andes. Esta es la verdadera y única inteligencia del tratado".

La discusión se tornó agria. El canciller chileno era un resentido social que disimulaba su complejo de inferioridad con actitudes bruscas y altaneras. Era un digno jefe de su agente en La Paz, el señor Floridor Rojas.

Desde su informe al Congreso de 1863, don Rafael Bustillo ha sido considerado por muchos como la personificación de la intransigencia que conviene a Bolivia en sus relaciones con Chile. Quienes lo clasifican de ese modo no hacen justicia a la ecuanimidad de su carácter y a la irreprochable honestidad que siempre tuvo su proceder tanto en cuestiones públicas como privadas. Llamará la atención saber me en cuanto a la re-mensura de los arados 23, 24 y 25 y al paralelo 72, aunque los planteó por obediencia a un mandato de su superior jerárquico, no volvió a insistir, y más bien se puso de parte del país vecino en su correspondencia a La Paz.

Dijo en unas de sus notas: "¿Son valederas las demarcaciones de los paralelos 23, 24 y 25 efectuadas por Pissis y Mujía? Juzgo que sí. Al poner en duda su legitimidad y exactitud Bolivia no procede con mucha lealtad. No tienen consistencia alguna nuestros argumentos para imponer como límite oriental de Chile el meridiano 72. En las bases que el señor Mariano Donato Muñoz presentó al señor Albano para el tratado del 66, se dice al respecto: "La longitud fijada al territorio de Chile comprende desde el Litoral hasta la cordillera de los Andes". Tal declaración en un documento oficial, que figura en la memoria de ese ministro a la Asamblea de 1868, expresa claramente cuál es la inteligencia que el Gobierno de Bolivia dio, en el momento de celebrarse el pacto, al artículo primero, y hace que nuestra pretensión, a todas luces, sea insostenible. Debemos tener la magnanimidad de dar a Chile razón cuando la tenga, así como defenderla con firmeza cuando esté de nuestra parte, haciendo de este modo que la justicia impere en las relaciones entre los dos pueblos, sin más diplomacia que la de la veracidad y la honradez".

XII

¿VENDERÍA BOLIVIA SU LITORAL?

En la etapa inicial de las conversaciones sostenidas entre el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, señor Adolfo Ibáñez, y el Ministro Plenipotenciario de Bolivia, don Rafael Bustillo, el primero llegó a aceptar la modificación del tratado de 1866, pero a condición de que Bolivia cediese a Chile el total del guano de Mejillones.

Declaró que su país renunciaría al rendimiento fiscal de los minerales existentes entre los grados 23 y 24 a condición de que se le diese el goce total del fertilizante. "Cesión por cesión —dijo—. Es la única manera en la que podemos zanjar nuestras querellas". Aseguró que tanto el Presidente Errázuriz como todos sus colegas en el gabinete estaban de acuerdo con esa proposición.

Don Rafael Bustillo supuso que el Gobierno de Santiago había hecho cubicar la riqueza de las covaderas de la península y que si proponía tal cambio era porque le iba a resultar un negocio de gran conveniencia. Contestó: "Bolivia podría comprar a tan caro precio la paz con Chile si hubiera mediado una guerra y la suerte de las armas le hubiera sido adversa. No hay entre, nosotros ni vencedor ni vencido, sólo dos naciones amigas y hermanas que tratan de arreglar de común acuerdo sus dificultades e intereses, de un modo equitativo y fraternal. Cesión absoluta de las guaneras de valores tan ingentes y saneados, ¡imposible! ".

Al retirarse a su domicilio, don Rafael recapacitó. Las guaneras eran un bien extinguible. A cambio de una mitad de ellas, que era la parte que le correspondía a Bolivia, se podría asegurar para siempre la tranquila y exclusiva posesión del litoral a partir del grado 24, donde estaban Caracoles y los puertos de Antofagasta, Mejillones, Cobija y Tocopilla. No habría en los dos primeros, la odiosa presencia de interventores extranjeros fiscalizando los ingresos d las aduanas por exportación de minerales. Los chilenos que habían obtenido concesiones tendrían que seguir explotando las minas d Caracoles, pero el gobierno boliviano podría cobrarles los impuestos que considerase necesario y recibir todo su rendimiento.

Escribió al Presidente Morales pidiendo autorización para acertar la proposición de Ibáñez: "Esto de tener nuestro territorio libre, saneado, sin más soberanía ni dominio que el de nuestro país, sin más dueños que los bolivianos; esto de ver conjurado todo peligro que hasta ahora nos ha estado amargando y causando pesadillas, temiendo que estos malditos aventureros, transformados en filibusteros, se antojen el día menos pensado suscitarnos una camorra y adueñarse de ese territorio. Yo no vacilo en subordinar todos lo guanos del mundo a tener el territorio libre de gabelas y tributos para un poder extraño... Chile codicia la propiedad boliviana qu1 le es fronteriza, ya sea en guanos o en territorio, o más bien ambos Con este conocimiento, muy imprudentes seríamos si no aprovechásemos de la actual coyuntura para llegar a un arreglo solemne que ponga coto a esa codicia y ya que no podemos salvar las dos cosas, sacrifiquemos la una a fin de lograr la completa seguridad de la otra. Con la cesión de la parte que nos corresponde en las guaneras, o sea, la mitad... alejamos todo evento de guerra con Chi le... Se podrá decir que en caso de conflicto armado el Perú no: salvará, haciendo causa común con nosotros contra Chile. Temo que nuestras esperanzas sean vanas a este respecto. El Perú no se ocupa de equilibrios continentales, ni de predominio en estos mares porque no tiene ni sistema, ni miras ciertas en su política exterior como las tiene Chile... Debemos contar con sólo nuestros esfuerzos y no veo que sea prudente provocar una lucha con Chile, que Guy probablemente no se resolvería a nuestro favor".

Eran reflexiones que emanaban de un cerebro que tenía una apreciación zahorí de la realidad. Eran palabras que tenían el valor de una profecía... Pero eran reflexiones y palabras dirigidas por un estadista a quien estaba muy lejos de la misma condición. El Presidente Agustín Morales, que se mostraba tan decidido y autoritario en cuestiones de política interna, desconfiaba de la astucia chilena y demostraba timidez respecto a este país. Recomendó a su plenipotenciario "calma y más calma". "Mesura —le dijo en una de su comunicaciones—, nada más que con eso los hemos de vencer. Que nos juzguen de tontos y no de precipitados... ". En otra le explicó: "Yo he tomado el asunto tan seriamente que estoy mudo y con una reserva que toca a miedo y que lo tengo es verdad. Ya veremos la opinión de los ministros y según eso resolveremos... Ahora están embebidos en las ovaciones que de día en día reciben".

Al gobierno de Santiago le llegaron los informes del capitán del buque Esmeralda que había ido a calcular la cantidad de guano existente en la península de Mejillones. No era tan grande como se había supuesto. En vista de eso y aprovechando de la indecisión del gobierno de La Paz su planteamiento de "cesión por cesión", cambió. El canciller Ibáñez, "con estudiada ligereza", le dijo al señor Bustillo: "Yo me había olvidado manifestarle a Su Señoría que también podríamos hacer la recíproca, es decir, comprarles el territorio. Con eso tendrían ustedes con qué pagar sus deudas".

El representante boliviano respondió con una rotunda negativa. Manifestó que "semejante cosa jamás sería de la aceptación del gobierno, ni de la nación".

Estaba equivocado. Al saber del nuevo planteamiento chileno, el Ministro Casimiro Corral, explicando que lo hacía en nombre del Presidente de la República, le escribió autorizándole para que, "en caso de que el Gobierno de Chile reitere su oferta, reciba las bases de las proposiciones y todo lo demás relacionado con tan grave asunto". Por su parte, el mismo general Morales le dijo en una carta: "Conviene que usted exija por escrito o mejor dicho en protocolo la nueva proposición... Después el gobierno, haciendo un maduro estudio de ambas proposiciones, verá la que más conviene a los intereses del país".

No era la primera vez que Chile pretendía comprar la parte del litoral boliviano que contenía riquezas. Lo hizo inicialmente por medio de don Aniceto Vergara Albano, a quien el Presidente Mariano Melgarejo respondió que "no estaba en venta ni un sólo palmo".

En 1863, cuando don Tomás Frías llevó su misión contemporizadora a Santiago, mientras esperaba que le recibiesen sus cartas credenciales de plenipotenciario, tuvo charlas informales con el canciller Manuel A. Tocornal y en ellas ambos tantearon las mutuas intenciones de uno y otro gobierno. Tocornal propuso la compra de lo que Chile decía que era legítimamente suyo y estaba ocupando hasta el grado 23. Don Tomás, pensando seguramente que Bolivia no podría recuperar nunca la posesión de la península de Mejillones, inquirió por vía informativa, si Chile pagaría tres millones de pesos.

Don Manuel A. Tocornal respondió que su país no daría más de cien mil. Nada resultó de este intercambio personal de ideas. Don Ti más Frías, una vez iniciada su misión oficialmente, como se ha dicho en un artículo precedente, no llegó a discutir ninguna clase d arreglo porque el gobierno de La Moneda se negó a ello hasta que el gobierno boliviano anulase la autorización que recibió del Congreso para declarar la guerra a Chile si fallaban los medios diplomáticos para conseguir la desocupación de Mejillones.

Ahora que Mejillones estaba confirmado como territorio legítimamente boliviano por el tratado de límites de 1866, don Rafael Bustillo se horrorizó al leer la correspondencia de General Morales y s Ministro Corral que se ha mencionado. Contestó diciendo que E sólo intentar la venta sería "injurioso para la república, deshonra para el gobierno y no de pequeñas responsabilidades para el negociador". Expresó en carta al primero: "El territorio, señor presidente, es la primera y la más sagrada de las propiedades nacionales porque encierra en sí todas las demás. Cuanto más débiles son las naciones, más lo estiman... Bolivia, señor, es una nación pobre, pero muy pundonorosa y créame Vuestra Excelencia que ella nos concerniría en masa si siquiera supiese que habíamos iniciado una negociación encaminada a mutilar su territorio, a arrebatarle su litoral, a empequeñecerla hasta el extremo, a disminuir su población, a menguar su importancia política, a degradarla poniéndola a los pies d Chile".

XIII

BUSTILLO VERSUS IBÁÑEZ

No obstante las cartas del Presidente Agustín Morales y de su Ministro Casimiro Corral a don Rafael Bustillo encargándole que recibiera oficialmente las dos proposiciones chilenas —la primera de cambio del guano boliviano de Mejillones por la renuncia de Chile a su participación en los minerales y la segunda de compra por parte de Chile del litoral boliviano— y que las reciba por escrito y si posible consignadas en un protocolo, para que el gobierno haga "un maduro estudio de ambas y vea la que más conviene a los intereses del país", los dos personajes, en su correspondencia subsiguiente, muy cándidos a la vez que muy desfachatados, negaron rotundamente que hubieran alimentado la idea de negociar parte del suelo patrio.

El General Morales le dijo a don Rafael, en misiva de 30 de abril de 1872, que le extrañaba profundamente que pudiera "haber creído o siquiera pensado que el gobierno quería enajenar una sola pulgada del territorio". Le explicó que lo que él había instruido, y lo repetía, era que exigiese toda proposición por escrito, a fin de que así quedase constancia, dada por el mismo Chile, de que no era dueño de Atacama, pues nadie quiere comprar lo que legítimamente le pertenece.

Por su parte, don Casimiro Corral le dijo que él nunca fue partidario de la venta, sino de una simulación de venta, con objeto de ganar tiempo, pues el gobierno estaba tratando de conseguir en Europa elementos marítimos y terrestres para fortalecer su posición frente a Chile".

Respondió el señor Bustillo: "He leído con satisfacción que el Gobierno de Bolivia no cometerá la infamia de vender un solo palmo de nuestro territorio. Perfectamente, ¿pero si fuese infame ven der el territorio, sería honroso aparentar una venta?... ¿Para qué fomentar ilusiones y esperanzas de Chile cuando no se tiene el ánimo de satisfacerlas? No es bueno jugar con fuego... ¿Con qué objeto queremos fortificarnos con elementos marítimos y terrestres? Esto quiere decir que debemos prepararnos para una guerra. ¿Pero con quién la tendríamos? He expresado repetidas veces que Chile quiere y ha querido arreglar sinceramente sus cuestiones con Bolivia. Para ello se ha prestado a lo que parecía imposible: a la revisión del tratado de 1866. Lo ha hecho, es verdad, mostrándose exigente y altanero, pero de esto a declararnos la guerra hay un abismo. Después se ha prestado a diversos arbitrios, siempre con el mismo fin... Debemos arribar cuanto antes a una solución necesaria, dando cumplimiento al tratado con abnegación y lealtad y continuando bajo la benéfica sombra de la paz y las buenas relaciones con Chile... Este gobierno urge por la adopción pronta de algún ajuste y a mí me parece que de nuestra parte deberíamos también apresurarnos y concluirlo. Creo que hoy nos hallamos en la mejor coyuntura y si esperamos, poniendo en juego moratorias, no consultamos bien lo que nos conviene... Mientras tanto, la prosperidad y audacia creciente de este pueblo nos ha de ahogar y abrumar si hoy no le ponemos atajo oportuno con un pacto que sirva para salvaguardar nuestros derechos. Lejos de ganar tiempo debemos anticiparnos a acontecimientos cuya corriente puede sernos fatal en lo sucesivo".

Don Rafael presentía con admirable lucidez que si no se frenaba a Chile donde estaba en ese momento, ya sea con el tratado del 66, fielmente cumplido, o con otro substitutivo, las relaciones entre ambas repúblicas iban hacia una colisión que tendría resultados muy graves para Bolivia.

Con ese temor, y descartadas las ofertas de Chile de "cesión por cesión" (guano boliviano por renuncia chilena a los minerales) y de compra chilena de la costa boliviana, el señor Bustillo apresuró las negociaciones con el canciller Ibáñez para llegar a un acuerdo que diese forma más expeditiva al cumplimiento del tratado de 1866. Se convino entre ellos que mientras se definiese la exacta ubicación de Caracoles mediante una re-mensura de los paralelos 23 y 25 (que Chile acabó aceptando), los derechos cobrados por la exportación de los minerales se depositarían en un banco. Bustillo insistió en que esto se hiciese en la agencia que el Banco Nacional de Bolivia había abierto recientemente en Valparaíso. Ibáñez reclamó que fuese en un banco chileno.

El canciller Adolfo Ibáñez estaba muy contento de poder llegar a un entendimiento. Tenía en prensa la memoria que iba a presentar al Congreso dando cuenta de su manejo de la política exterior de Chile y quería presentar la definición de los problemas con Bolivia como su mejor triunfo, a fin de hacer méritos para seguir en sus puestos.

La mañana en la que debían reunirse los dos negociadores para ultimar detalles, le llegaron a don Rafael Bustillo instrucciones del Ministro Corral en sentido de que dejase en suspenso todas sus gestiones porque el gobierno estaba tratando los mismos asuntos en La Paz con el nuevo representante de Chile acreditado en esa ciudad, señor Santiago Lindsay.

Don Rafael se apresuró en ir al despacho del señor Ibáñez para darle aviso de la nueva situación planteada. Antes de que pudiese hablar, el ministro chileno le leyó el proyecto de protocolo que había redactado para su firma. El diplomático boliviano se dio cuenta de que el documento incluía puntos a los que él todavía no dio su consentimiento (como el de que el depósito de las rentas fiscales de los minerales se haga en un banco chileno), y otras que ni siquiera habían sido discutidas (derecho de Chile de cobrar esos réditos con carácter retroactivo). Expresó su sorpresa al respecto y dijo además que toda nueva discusión entre ellos sobre tales problemas era inconducente en virtud de las órdenes que le habían llegado de La Paz una hora antes. Leyó la parte pertinente de las notas del señor Corral.

El Ministro Adolfo Ibáñez montó en cólera. Trató a don Rafael Bustillo con altanería y torpeza. Le dijo que no volvería a hablar con él de esos asuntos ni ningún otro.

Don Rafael dominó la reacción natural que le produjo el ex abrupto de su interlocutor y prefirió alejarse de él saliendo precipitadamente de su oficina. Después de reflexionar una hora y no queriendo que su rompimiento personal con Ibáñez pudiese llevar las relaciones de Bolivia con Chile a un peligroso empeoramiento, pidió audiencia con el Presidente Federico Errázuriz y le narró con detalle todo lo ocurrido. Le explicó que no era la primera vez que su ministro incurría con él en desmanes y groserías, que él soportó con resignación y silencio porque sabía el alto precio que tenían las buenas y cordiales relaciones entre las dos naciones. Pero que ahora la ofensa había sido tan grave cuanto injusta y hasta ridícula al querer el señor Ibáñez despojarlo por su sola voluntad del carácter de representante plenipotenciario de Bolivia en Chile.

El Jefe del Estado chileno lamentó vivamente lo sucedido. Reconoció que era una completa sinrazón pretender que un agente diplomático se apartase de las instrucciones de su gobierno, que tenían que ser la suprema regla de su conducta. Prometió reprender al señor Ibáñez y pidió al señor Bustillo que en deferencia a su persona disimulase lo ocurrido en la confianza de que él lo remediaría todo.

XIV

AYUDA CHILENA PARA UN RETORNO DEL MELGAREJISMO

Don Rafael Bustillo, en su condición de Ministro Plenipotenciario de Bolivia en Santiago, resolvió no volver a tratar con el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, señor Adolfo Ibáñez, hasta que éste le diese las explicaciones y satisfacciones que le debía por la torpeza con que lo trató en su entrevista del 3 de junio (1872).

El representante diplomático de la República Argentina quiso mediar entre ambos, pero el señor Bustillo le pidió que no lo hielera. Esperaba que Ibáñez actuase de motu proprio u obedeciendo a la intervención que le ofreció el Presidente Errázuriz. Mientras tanto, él esperaría silencioso y tranquilo, "cual correspondía a su dignidad". Salió con su gusto. El señor Ibáñez le dirigió una carta personal de tono muy amable, que él respondió en términos similares.

Quintín Quevedo, Mariano Donato Muñoz, Juan L. Muñoz, Severo Melgarejo (hijo de Mariano Melgarejo) y otros connotados usufructuarios de las granjerías del poder en el régimen derrotado en las barricadas de La Paz en enero de 1871, no se resignaron a perderlo todo y vivir en el ostracismo.

Complotaron su retorno al mando de la república bajo la égida de un nuevo líder, el General Quintín Quevedo. Como el gobierno de Lima, a instancias del de La Paz, se dispusiese a internarlos en regiones alejadas del Perú, se trasladaron a Valparaíso y allí instalaron el cuartel general de sus actividades subversivas. Personajes chilenos como don Nicomedes Ossa, les brindaron ayuda financiera a cambio de la promesa de que cuando el melgarejismo volviese a dominar en Bolivia ellos obtendrían ventajosos contratos para explotar sus riquezas. El gobierno de Santiago se hizo el de la vista gorda al respecto, especulando con la perspectiva de que si se encendía una guerra civil en el altiplano, los chilenos asentados por miles en el litoral atacameño, podrían levantar bandera de secesión de ese territorio de la soberanía boliviana y la de su incorporación a la chilena.

El gobierno del General Agustín Morales recibía frecuentes avisos sobre los trajines de Quevedo y sus secuaces y recomendaba a don Rafael Bustillo que los hiciese vigilar constantemente. Ayudaba en esta labor la misión diplomática del Perú en Santiago, a cargo de don Ignacio Novoa, y su cónsul en Valparaíso, señor Adolfo Salmón. Al gobierno de Lima le hacía muy poca gracia la idea de que el melgarejismo volviese a ser su vecino del este y menos aún la de que Chile pudiese llegar a ser su colindante por el sur.

Don Rafael Bustillo logró frustrar una expedición de los quevedistas cuando estaban listos a partir con rumbo a Antofagasta, embarcándose en el vaporcito "Tomé", en noviembre de 1871. Los 114 pasajeros fueron desembarcados en Valparaíso y se les decomisó armas y munición.

Con esta experiencia, los revolucionarios bolivianos y sus cómplices chilenos siguieron complotando, pero con mucho mayor sigilo. Los elementos de que se valía don Rafael Bustillo para vigilarlos eran el Secretario de su Legación, señor Gabriel René Moreno, a quien mandó dos veces a Valparaíso con ese objeto; el médico Julio Rodríguez, Cónsul en Caldera, a quien pidió fuese a Valparaíso con igual propósito y el señor Tomás Manuel Alcalde, destacado al mismo puerto por el Prefecto de Cobija.

El 31 de julio (1872), uno de los quevedistas, Juan Antonio Michel, desertó de las filas del complot y dio aviso a Rodríguez y Alcalde de que en pocas horas más iba a zarpar el vapor "Paquete de los Vilos" transportando a los revolucionarios con rumbo a Antofagasta. Alcalde y Rodríguez, acompañados de Michel, buscaron de inmediato al Intendente del Puerto, señor Francisco Echaurren Huidobro, y le pidieron que impidiese la salida del buque. Al mismo tiempo, dieron aviso telegráfico a la Legación boliviana en Santiago. Don Rafael Bustillo buscó al canciller Adolfo Ibáñez y le pidió que impartiese órdenes urgentes para detener a los expedicionarios.

Pese a estas gestiones, debido a la mal disimulada complicidad del Intendente Echaurren (cuñado del Presidente Federico Errázuriz), el "Paquete de los Vilos" partió la madrugada del 1° de agosto con el General Quintín Quevedo y su gente. Tres días antes había salido el buque de vela "María Luisa" transportando armas y munición. El 6 de agosto, los revolucionarios desembarcaron en Antofagasta sin encontrar ninguna resistencia. Quevedo lanzó un manifiesto llamando a todo el país, y particularmente al ejército, a plegarse a su acción para derrocar al régimen del Presidente Morales.

Juan L. Muñoz, uno de los principales colaboradores de Quevedo, relató años más tarde en una carta: "Reunido en Chile el número competente, llegó la oportunidad de embarcarnos. En esta circunstancia, el General Quevedo fue llamado a Santiago con mucha urgencia por don Nicomedes Ossa, amigo suyo, que le servía de intermediario con el Presidente de Chile, señor Errázuriz. Regresó al día siguiente, desesperado, resuelto e suspender la expedición. Vivíamos en el mismo hotel. Mereciendo su confianza y consideraciones supe que el Presidente Errázuriz le había propuesto, como condición de su apoyo, la cesión del litoral boliviano a Chile, a cambio de ayuda chilena para adquirir para Bolivia el litoral peruano de Arica e Iquique, lo que el General Quevedo había rechazado... Horas después, llegó a Valparaíso el señor Ossa. Tuvieron una larga conferencia. Supe por el general que el señor Errázuriz había retirado su proposición, pero envió con el señor Ossa una comunicación al Intendente de Valparaíso, en la que le ordenaba que prestase al General Quevedo el apoyo más decidido".

Don Rafael Bustillo, que viajó a Valparaíso y permaneció en el puerto varios días tomando datos sobre la complicidad chilena en la expedición filibustera, volvió a Santiago y considerando que a esa fecha se había desencadenado en su patria una cruenta guerra civil, dirigió una nota al canciller Ibáñez dando rienda suelta a la justificada cólera que embargaba su espíritu. Le dijo en ella: "Las consecuencias desastrosas (de la expedición) se desencadenan a esta hora en Bolivia, cuando después de seis años de luto y supremas angustias, se apresuraba el actual gobierno a estampar en el país el sello de su regeneración y engrandecimiento. Los que en el festín de su prosperidad no han temido insultar a la. Providencia, empujando sin misericordia el mal hacia la hermana convaleciente y desheredada, conseguirán, sin duda alguna, remover en mala hora antiguos y ya amortiguados remordimientos. Pero no lo dude el Excelentísimo Gobierno de Chile, el pueblo boliviano conflagrado sabrá allí atajar la obra de ruina y escarmentar a los instrumentos de esa obra".

El señor Ibáñez le contestó pidiendo que le diese "pronta y categórica explicación sobre sus vagas y genéricas insinuaciones".

Don Rafael, como primera intención, decidió no satisfacer la exigencia del canciller, pero luego comenzó a preparar una extensa y documentada comunicación sobre la complicidad chilena en la aventura revolucionaria. Al octavo día, cuando todavía no había terminado su trabajo, le llegó otra misiva de Ibáñez dándole un plazco perentorio de 24 horas para dar las explicaciones solicitadas. La de volvió de inmediato, declarando en una nota de acompañamiento que "su dignidad personal y la del gobierno y nación que representaba, no le permitían tener en sus manos por un solo instante un documento que a todas luces tenía el propósito de ultrajarlo".

Contrarreplicó el señor Ibáñez cortando toda relación con don Rafael Bustillo al hacerle saber, en nombre del Presidente de k República, que desde esa fecha no serían admitidas en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile ninguna clase de comunicaciones que llevasen su firma y que estaba pidiendo al gobierno de LE Paz su retiro de Santiago, como "justo y merecido desagravio por las ofensas que había hecho al gobierno y al país que le brindaron cordial hospitalidad".

XV

MUTIS DE BUSTILLO, DE CHILE Y DE LA VIDA

Dolió profundamente a don Rafael Bustillo el hecho de que el Presidente Agustín Morales y su Ministro Casimiro Corral le ordenasen suspender las gestiones que con tanto empeño venía realizando en Santiago para llegar a un entendimiento definitivo con Chile sobre el conflicto de intereses en la frontera de Atacama, por creer ellos que llegarían a un mejor resultado en sus tratos con el nuevo ministro chileno acreditado en La Paz, señor Santiago Lindsay.

Como se ha dicho en un artículo anterior, el señor Lindsay fue enviado a Bolivia, en reemplazo del incompetente señor Floridor Rojas, cuando el gobierno de La Moneda propuso la compra del litoral boliviano, el señor Bustillo se mostró absolutamente opuesto a tal idea y llegaron a Santiago noticias de que el General Morales y su factótum Corral alimentaban intenciones favorables a tal clase de negociación.

Lindsay fue recibido en La Paz con un protocolo excepcional. Bustillo recibió instrucciones de Morales de hacer conocer esto por la prensa santiaguina. Le escribió al presidente: "He obedecido la orden, debo decir lealmente a Vuestra Excelencia que ha sido con sentimiento y pena, pues los honores que se le han tributado al señor Lindsay fueron exagerados y salieron enteramente de todo ceremonial conocido. La gran regla, la verdadera regla, en estos casos, es la de la reciprocidad, es decir, tratar a los otros como los otros nos tratan a nosotros... El señor Lindsay no pasa de ser un hombre muy común".

Don Rafael Bustillo, al sentirse descartado como negociador, también le dijo al Presidente Morales en otra carta: "Parece, señor, que atenta la situación de mi Legación y en vista de hallarse y abiertas las conversaciones con el señor Lindsay, que pueden arribar a un término satisfactorio, o que por lo menos no encontrarán de seguro el obstáculo que yo he encontrado en la altanería grosera del canciller Ibáñez, ya será tiempo de que Vuestra Excelencia s sirva permitirme mi regreso a la familia y al país. He trabajado con empeño y afán en el cumplimiento de mis deberes, pero no he sido afortunado en los resultados, no habiendo alcanzado a cosecha hasta hoy nada más que disgustos y amarguras. Además, este horrible clima me mortifica y anhelo recobrar ya el sosiego y solaz d que disfrutaba en mi modesta chacra, de donde pudo sacarme sólo por algún tiempo la voz de Vuestra Excelencia". En otra misiva añadió: "No me quejo de Vuestra Excelencia ni del señor Corral y como boliviano y patriota jamás denegaré mis servicios a Vuestra Excelencia cuando en algo pudiera ser útil a mi país sin menoscabo de mi honra".

Al producirse su segundo entredicho con el señor Adolfo Ibáñez, a raíz de la colaboración chilena a la expedición filibustera de General Quintín Quevedo sobre el litoral boliviano, con vistas a in ciar un levantamiento general contra el régimen del Presidente Morales, don Rafael reiteró su deseo de dejar su puesto en Santiago Rebasó el cáliz de amargura que bebía desde su llegada a Chile la intriga de un tal Wenceslao Allende, que escribió a La Paz, acusándolo de ser cómplice de dicha intentona revolucionaria. "¡Ah, seña presidente! —le dijo a Morales en una nueva comunicación— si yo me hubiera limitado a pasar a la cancillería chilena notas de quedo bien, como paños de agua tibia, habría estado en Santiago honrad y preconizado como un excelente ministro, garantía de la paz entre Bolivia y Chile. Pero seguí otros consejos, los del honor, la probidad y el patriotismo y me tiene Vuestra Excelencia de objeto de todos los odios, de piedra de todos los escándalos y hasta acusado d una negra y estúpida traición, asociado con el farsante baladrón Que vedo a quien no conozco, y con el miserable Muñoz, a quien toda la vida he despreciado. ¡Oh, esto es inaudito y hasta mi flema habitual se subleva y maldigo la vida pública! ¡Ante la calumnia, r los años, ni los servicios, ni puros y nobles antecedentes pueden cosa alguna!".

Don Rafael Bustillo deseó que el gobierno de La Paz rompiese relaciones con el de Santiago, tomando como un ultraje a toda la nación, la actitud asumida por el canciller Ibáñez en contra suya. Pero Morales y Corral prefirieron que todo quedase como un simple incidente personal entre ambos, a fin de que no se perjudicasen las tratativas con el señor Lindsay que se iba desarrollando tan expeditamente.

El señor Bustillo volvió a Bolivia en octubre de 1872, después de haber trabajado un año en Santiago. A su paso por La Paz el gobierno le demostró "gélida indiferencia".

Buscó refugio en Nucchu, su "modesta chacra", próxima a Sucre. Allí lo sorprendió la noticia del fallecimiento del Presidente Agustín Morales, ocurrido el 27 de noviembre, e n un drama que añadía una página más de sangre al historial del Palacio de Gobierno de La Paz... Habiendo perdido el control de sus nervios al ser abandonado por su Ministro Corral y temiendo que estaba por estallar un golpe de Estado en su contra, Morales injurió de palabra y obra a algunos de los áulicos que le eran más íntimos y uno de ellos, que a la vez era su sobrino, el Coronel Federico Lafaye, descargó sobre él, a quemarropa, todos los proyectiles de su pequeño revólver.

El señor Bustillo, como toda la ciudadanía, temió que siguiese un período de caos, y que la primera magistratura de la nación fuese sangrientamente disputada por caudillos militares. Fue grata sorpresa para todos que precisamente uno de ellos, el Coronel Hilarión Daza, que la víspera había servido de instrumento de Morales para una alcaldada contra el Congreso, se pusiese al servicio de la legalidad y el civilismo y que con el Batallón Colorados garantizase la paz pública, convirtiéndose en el factor principal para que la silla presidencial fuese ocupada provisionalmente por el respetado patricio potosino don Tomás Frías.

El señor Frías invitó a su amigo y coterráneo Bustillo a ocupar el puesto de Presidente del Tribunal Nacional de Cuentas con asiento en Sucre.

Don Adolfo Ballivián, elegido Presidente Constitucional de la República en los comicios generales convocados por Frías, llamó al señor Bustillo a integrar su gabinete haciéndose cargo de la cartera de Hacienda. Don Rafael, siempre dispuesto al servicio público e íntimamente satisfecho de ser llamado a trabajar con un grupo tan selecto como el formado por el noble Ballivián y sus ilustres ministros Mariano Baptista y Daniel Calvo, se apresuró a viajar a La Paz.

El 6 de agosto de 1873 fue un día de frío glacial en la sede de gobierno. Don Rafael Bustillo sintió que el frac que por obligación protocolar estaba usando en el Te Deum con que celebraba la efeméride cívica de la nación, no le servía de suficiente protección. A atardecer asistió al banquete oficial ofrecido por el Presidente Ballivián aquejado de un fuerte resfrío, que se complicó con fiebre gástrica cuando no le fue posible digerir los alimentos servidos en el ágape. Tuvo que guardar cama los días siguientes, con su salud deteriorándose con otras complicaciones.

El 21 de agosto, pocas horas después de haber hecho un testamento a favor de su hija natural reconocida, Celsa Bustillo Assín, de su hija legítima, Amelia Bustillo Erné (que más tarde fue madre de José e Ignacio Prudencio Bustillo), el ínclito varón expiró, a los 59 años de edad.

Su hermano Domingo Bustillo, Deán del Coro Metropolitano de la Catedral de Sucre, en un discurso fúnebre, al usar expresiones tales como "el miasma destructor de la enfermedad" y de "victima do lejos de sus lares y las simpatías de su pueblo", dejó la impresión de que lanzaba la acusación de que había sido envenenado. E Ministro de Justicia, don Daniel Calvo, ordenó una inmediata investigación judicial en la que se comprobó que en su muerte no intervino ninguna mano criminal.

Enorme desgracia fue para Bolivia que don Rafael Bustillo desapareciese tan temprano. Su gran talento, consejos e influencia hubieran podido ser de incalculable valor para la patria que él tanto amó y sirvió en las horas aciagas que se le aproximaban y en la que su destino iba a estar a merced de la improvisación y la ineptitud.

XVI

NUEVA BÚSQUEDA DE UNA ALIANZA CON EL PERÚ

La iniciativa para soslayar la actuación de don Rafael Bustillo en Chile partió del gobierno de La Moneda, cuando el representante de Bolivia se mostró tan firme opositor a la proposición chilena de compra del litoral boliviano y se mandó a La Paz al señor Santiago Lindsay.

El Presidente Agustín Morales y su ministro Casimiro Corral secundaron tal iniciativa al aceptar el traslado de las negociaciones de Santiago a La Paz y descartaron a don Rafael sin ningún escrúpulo.

El señor Lindsay, cuando fue elegido Ministro de Chile en Bolivia después de que cuatro personajes habían rechazado el puesto, no era más que Jefe del Departamento de Estadística del gobierno. Como su viaje se consideró de mucha urgencia y no existían fondos disponibles en el presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores, se recurrió a los de la partida de Gastos Extraordinarios. A su arribo a La Paz fue recibido con honores excepcionales. Seguramente que Morales y Corral creyeron que con ellos se ganaban las simpatías del diplomático y conseguirían de él lo que don Rafael Bustillo no estaba pudiendo obtener del altanero canciller Ibáñez. ¿Lo consiguieron?

El señor Lindsay inició su gestión proponiendo que la mensura del paralelo del grado 23 hecha por los comisionados Pissis y Mujía se prolongase hasta las cumbres más altas de la cordillera de los Andes. Pidió luego que Bolivia arrendase a Chile su litoral entre los grados 23 y 24, donde se encontraba la riqueza guanera de Mejillones y la argentífera de Caracoles. Como esto no fuese aceptado por Corral, planteó, finalmente, la compra por Chile de ese territorio. Corral le contestó: "El gobierno no se halla autorizado por el Congreso para una operación de esa naturaleza. Además, para vender hay que saber lo que se vende y vendríamos a parar a la cuestión inicial, a la fijación de cuál es el límite oriental de Chile".

En poco tiempo, Lindsay, demostrando habilidad para aprovecharse de la impericia diplomática de Corral, consiguió que el gobierno de Bolivia aceptase que el límite oriental de Chile en el litoral atacameño que obtuvo en el tratado de límites de 1866 fuese I línea de las cumbres más altas de la cordillera de los Andes. En E protocolo que firmó con el señor Corral en fecha 5 de diciembre d 1872 se reconoció así y también que Chile tenía derecho a una mitad en los derechos de exportación "tanto de los metales propiamente dichos, como del salitre, bórax, los sulfatos y demás substancias inorgánicas que forman el reino mineral".

El salitre aparecía así, por primera vez, en un documento público firmado entre Bolivia y Chile. El gobierno de Santiago mostró con el Protocolo Corral-Lindsay que, además de la mitad del guano de Mejillones y una mitad en los derechos de exportación de lo minerales, quería también participación fiscal en el producto que sus súbditos y trabajadores de otras nacionalidades estaban comenzando a explotar en el litoral boliviano. Su codicia, que comenzó con el estiércol de las aves marinas y se extendió luego a la plata, que ría ahora abarcar al nitrato de sodio y demás substancias inorgánicas. Y el salitre iba a ser el factor determinante de una guerra fratricida.

El Protocolo Corral - Lindsay fue aprobado sobre tablas por Congreso chileno. En Bolivia, se levantó en su contra una inmediata oposición. La legislatura de 1873 relegó su consideración a la d 1874 y ésta acabó rechazándola.

Aunque el General Quintín Quevedo al desembarcar en Antofagasta fracasó en su intento de levantar a las poblaciones del litoral y del interior de Bolivia contra el régimen de Presidente Morales aproximarse desde Cobija fuerzas comandadas por el Prefecto Hilarión Fernández y buscó refugio con su gente en la corbeta Esmeralda, anclada en la bahía de ese puerto, el hecho de que para su expedición filibustera hubiese contado con la ayuda de capitalistas chilenos y una tácita complicidad del gobierno de La Moneda, alarmó justamente a las autoridades de La Paz y Lima. Aumentó la alarma cuando Chile rehusó devolver las armas que Quevedo y sus hombres habían rendido en la nave chilena. Esto hizo suponer que intención era armar con ellas una nueva expedición.

El General Agustín Morales y su canciller Casimiro Corral eran muy amigos del Perú. Fue gracias a la ayuda del gobierno de ese país para su acción revolucionaria contra Melgarejo que les fue posible obtener el triunfo de enero de 1871 y encaramarse en el poder. Pensaron que la mejor garantía contra los evidentes propósitos expansionistas de Chile era una alianza con el vecino del oeste. Recabaron la necesaria autorización del Congreso, pero aún antes de que este cuerpo se pronunciase, el señor Corral, en fecha 31 de octubre de 1873, envió ya al ministro boliviano en Lima, señor Juan de la Cruz Benavente, instrucciones para iniciar la respectiva negociación.

El Congreso boliviano, una semana después, el 8 de noviembre, dictó una ley que decía: "El Poder Ejecutivo celebrará un tratado de alianza defensiva con el Gobierno del Perú contra toda agresión extraña y se le autoriza a poner en ejecución, en caso necesario, los pactos que se justifiquen y a declarar la guerra si el peligro fuese inminente".

Se repetía, pues, una situación similar a la de diez años antes, cuando don Rafael Bustillo, como Ministro de Relaciones Exteriores del Presidente Achá obtuvo del congreso reunido en Oruro una ley secreta que autorizaba a buscar la alianza con el Perú, y otra pública que autorizaba a declarar la guerra a Chile si no se conseguía la desocupación de Mejillones por medios diplomáticos.

Don Juan de la Cruz Benavente, que en 1863 iniciaba una larga misión diplomática en la capital del Rímac, no tuvo ninguna suerte en sus gestiones. Se ha explicado en el Capítulo II que el Gobierno del Perú, en ese entonces, no consideró conveniente complicar su posición internacional aliándose con una nación que tenía tan delicada situación fronteriza con Chile. ¿Lo haría en 1873 cuando las relaciones boliviano - chilenas no eran tan graves, pero mostraban una creciente amenaza tanto para Bolivia como para el Perú?

En 1863 el Perú podía considerarse suficientemente fuerte para defenderse de cualquier peligro sin necesidad de la ayuda de Bolivia. En 1873 su condición era diferente. Chile tenía en construcción, en Inglaterra, dos blindados modernos y poderosos con los cuales iba a adquirir superioridad naval en el Pacífico Sur.

Y ése no era el único peligro. Se conocían en Lima las proposiciones que Chile venía haciendo a Bolivia desde la época de Melgarejo, repetidas recientemente al General Quintín Quevedo, para una alianza chileno - boliviana que tendría por objetivo arrebatar al Perú la parte sur de su territorio y hacer una rectificación de fronteras por medio de la cual Chile se quedaría con Atacama y Tarapacá y Bolivia con Arica, Tacna y Moquegua.

XVII

LA ALIANZA SECRETA DE BOLIVIA Y EL PERÚ

En 1873, don Juan de la Cruz Benavente tenía 10 años de antigüedad en el puesto de Ministro Plenipotenciario de Bolivia en Lima. Era decano del Cuerpo Diplomático y ocupaba una destacada posición en los círculos gubernamentales y sociales. Contrariamente a lo que le sucedió una década antes, le fue fácil cumplir el mandato recibido de La Paz de convencer al Gobierno del Perú sobre la conveniencia de una alianza defensiva boliviano - peruana contra los propósitos expansionistas de Chile. Concretó el pacto a los tres meses de recibidas las primeras instrucciones del canciller boliviano Casimiro Corral, el 6 de febrero de dicho año.

El documento que firmó con el Ministro de Relaciones Exteriores, señor José de la Riva Agüero, dispuso que Bolivia y el Perú se unieran y ligaban garantizándose mutuamente su integridad territorial, obligándose a combatir juntos toda agresión exterior. Como producto de la desconfianza que siempre ha existido en las relaciones entre las dos repúblicas, se estableció que cada una de ellas retenía el derecho de calificar si la ofensa recibida por la otra, de un tercero, la obligaba o no a cumplir con el tratado.

El Congreso peruano aprobó la alianza el 22 de abril y la Asamblea Boliviana el 2 de junio de ese mismo año de 1873.

Los móviles que indujeron al pacto a uno y otro contratante fueron muy diferentes. Bolivia buscó con él la ayuda de una nación vecina con la que tenía afinidades históricas, raciales, geográficas y geopolíticas, contra un peligro que se hacía cada vez más amenazante y tuvo su más reciente expresión en la expedición filibustera del General Quintín Quevedo.

Las razones del Perú las confesó el señor Riva Agüero en su correspondencia con sus agentes diplomáticos en La Paz, Santiago y Buenos Aires. La cancillería de Torre Tagle sabía de las proposiciones que Chile venía haciendo a Bolivia desde la época de Melgarejo, de unirse para una guerra al Perú, a fin de arrebatarle la parte sur de su territorio y hacer una rectificación de fronteras por medio de la cual Chile se quedase con Atacama y Bolivia con Arica, Tacna y Moquegua. Sabía también que la complicidad del gobierno de La Moneda en la reciente aventura revolucionaria de Quevedo tuvo la misma intención. Riva Agüero, en las notas a sus compatriotas mencionó el temor de que "el victimario (Chile), se uniese con la víctima (Bolivia)". A su ministro en Buenos Aires le dijo concretamente: "Los únicos temores que por muchos años podemos tener son los que inspira el manifiesto deseo de Chile de ensancharse a expensas de Bolivia, absorbiendo el territorio de Atacama. Nuestros intereses no nos permitirían consentir en ello, no sólo por tener a Chile tan cerca de Tarapacá, sino porque privada Bolivia de su litoral, en un porvenir no muy lejano vendría a aliarse con Chile para tomar del Perú el puerto de Arica. De consiguiente, el motivo de guerra que puede haber con Chile no es otro que el de oponerse a la ocupación del territorio boliviano". A su ministro en La Paz, le expresó: "Ese temor me ha preocupado hace tiempo y es el que me ha guiado en las negociaciones hasta llegar al tratado de febrero".

El tratado se convirtió en un instrumento muy importante de la política internacional del Perú. Su gobierno, de acuerdo con el de Bolivia, decidió buscar la adhesión de la República Argentina, nación a la que también se le habían presentado problemas (en la Patagonia y el estrecho de Magallanes), debido a las tendencias expansionistas de Chile.

El señor de la Riva Agüero encomendó las negociaciones del caso al Señor Manuel Irigoyen, quien viajó a Buenos Aires como Ministro Plenipotenciario de su país. En vista de que Bolivia no tenía representación diplomática en la capital argentina en ese tiempo, se resolvió que Irigoyen actuaría también por cuenta del gobierno de La Paz.

Planteó el objetivo principal de su misión al canciller Carlos Tejedor en la primera entrevista que tuvo con él, al día siguiente de presentar sus credenciales al Presidente Domingo F. Sarmiento. La reacción que recibió fue favorable, aunque el jefe de la diplomacia argentina opinó que el tratado le parecía más ofensivo que defensivo, y que el artículo tercero, al disponer que la ejecución de la alianza sería opcional y no obligatoria, le quitaba mucho de su eficacia.

Después de que en el gabinete se levantaron algunas objeciones, como la posibilidad de que la alianza argentino-boliviano-peruana fuese contrarrestada por una brasileño-chilena y de que mejor sería descartar a Bolivia porque la Argentina tenía aún problemas limítrofes pendientes con esa república, el gobierno del señor Sarmiento decidió aceptar la invitación de los dos pactantes iniciales. Pasado el asunto a la Cámara de Diputados, obtuvo 48 votos a favor y 18 en contra. Estaba terminando sus labores de 1873. El Senado consideró que necesitaba más tiempo para decidirse en un asunto tan grave.

El derrocamiento de don Domingo F. Sarmiento, en octubre de 1874, y la elevación al mando supremo de la república del señor Nicolás Avellaneda, interrumpió la continuación de las negociaciones. Por su parte, los nuevos gobiernos del Perú y Bolivia perdieron su interés en la alianza y el documento que la estableció fue encarpetado en los archivos de las respectivas cancillerías. El Tratado de Límites firmado entre Bolivia y Chile el 6 de agosto de 1874, por don Mariano Baptista y don Carlos Walker Martínez, respectivamente, hizo creer a todos que se había establecido una paz definitiva en las costas de Atacama.

La Argentina expresó su deseo de reanudar los trámites de su adhesión a la alianza en 1875 y también en 1877, al empeorar sus relaciones con Chile en uno y otro año. Empero, la cancillería de Torre Tagle se hizo de los oídos sordos. En las instrucciones a su ministro Irigoyen le dijo en 1875: "La Argentina cree que adhiriéndose a nuestro tratado arribará a una solución favorable en sus cuestiones con Chile... Es indispensable que proceda usted con la mayor cautela y tino... En caso de que encuentre un pretexto natural para suspender este asunto, hágalo... pero es preciso que sea un pretexto muy bueno, que no choque ni parezca violento".

Es lógico suponer que si la Argentina hubiese llegado a concretar su adhesión a la alianza boliviano - peruana, no habría tenido lugar la Guerra del Pacífico o que si Chile se atrevía a desafiar a las tres naciones su expansión habría quedado frenada en los límites que tenía su soberanía antes de ese conflicto.

La alianza limitada a Bolivia y Perú, destinada a salvaguardar la integridad territorial de los dos contratantes, tuvo el efecto contrario. Sirvió para que Chile, además de su codicia por los ricos territorios de Atacama y Tarapacá, se sintiese impulsado a hacer la guerra a ambas naciones para destrozar el pacto de febrero de 1873, como destrozó la Confederación Perú - Boliviana, 40 años antes, ambos actos en cumplimiento de la imperativa política internacional establecida por Diego Portales y de paso apropiarse del extremo sur de uno de los aliados y de todo el litoral del otro.

XVIII

LA MISIÓN WALKER MARTÍNEZ EN BOLIVIA

Tres sucesivos gobiernos bolivianos participaron en la gestación y perfeccionamiento del Tratado de Alianza Defensiva suscrita con el Perú. Lo inició el gobierno del Presidente Agustín Morales, que tenía por Canciller a Casimiro Corral. Se firmó y aprobó durante el gobierno provisional de don Tomás Frías, en el que continuó como Ministro de Relaciones Exteriores el señor Corral. Se ratificó y se canjearon las ratificaciones en el gobierno constitucional de don Adolfo Ballivián, cuyo secretario de Estado en el despacho de negocios internacionales era don Mariano Baptista Caserta.

Una alianza que tenía un claro y definitivo carácter defensivo debió hacerse público para que sirviese de prevención al presunto enemigo de las dos partes contratantes. Empero, se le dio carácter secreto seguramente hasta que se consiguiese la adhesión de la República Argentina. Sin embargo, no se le quitó esa condición cuando la incorporación del gobierno de Buenos Aires no llegó a concretarse.

Pese al secreto, el gobierno chileno supo de su existencia, a poco de su firma, por una infidencia del Brasil. El Perú por consideración a un país poderoso y vecino con el 'que quería mantener relaciones libres de toda susceptibilidad, le dio aviso confidencial del pacto suscrito con Bolivia. La cancillería de ltamaraty transmitió el dato a la de La Moneda. También el Ministro del Brasil en Buenos Aires, Barón de Cotepige, comunicó a su colega chileno, Guillermo Blest Gana, que se había pedido la adhesión argentina y que el asunto se estaba discutiendo en el Senado. Blest Gana comprobó la veracidad de tal información pagando una deuda de 20.000 pesos de uno de los senadores a un banco e incitándolo, por ese medio, a la venalidad.

Las autoridades chilenas quedaron muy nerviosas con las noticias de la alianza. Portales había dejado establecido como uno de los fundamentos de la estrategia internacional de Chile el de evitar la existencia de cualquier vinculación político - militar entre Bolivia y el Perú.

Los intereses chilenos en las riquezas del litoral boliviano, nacidos con el guano de Mejillones (del que consiguieron una mitad gracias al tratado de 1866), incrementados con la plata de Caracoles (explotada en su mayor parte por mineros de su nación), habían aumentado en los últimos años con un tercer producto, el salitre, en cuya explotación sus industriales se llevaban la parte del león.

El señor Adolfo Ibáñez, que seguía como Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, para contrarrestar la alianza con el Perú, evitar que este país influyese sobre el de Bolivia con su política de estatización de la riqueza salitrera de Tarapacá y conseguir que sus compatriotas siguiesen extrayendo la plata y el nitrato de sodio de Atacama sin mayores impuestos, destacó a La Paz a don Carlos Walker Martínez, como Ministro Plenipotenciario, en sucesión del señor Santiago Lindsay.

Walker Martínez conocía bien Bolivia y sus hombres. Había sido secretario de la Legación Vergara Albano años antes, cuando resultó más hábil que su jefe en conquistar las simpatías del General Mariano Melgarejo y hasta obtuvo de él el título de edecán, con el grado de mayor de ejército, para la campaña bélica contra el Perú a la que se quería empujar al tirano beodo. Encontró que el gobierno de don Adolfo Ballivián era el reverso de la medalla de lo que fue el de Melgarejo. Lo que fuera ignorancia, concupiscencia, improvisación y rudeza era ahora cultura, austeridad, sentido de responsabilidad y buenas maneras.

Congenió con el canciller don Mariano Baptista y entabló con él una cordial amistad. Dijo de él más tarde en un libro: "Es un orador notabilísimo. Su honradez es inmaculada. Su cultura profunda".

Las conferencias Baptista-Walker Martínez se iniciaron en La Paz el 6 de junio de 1873. El diplomático chileno planteó el estricto cumplimiento del tratado de 1866. Se venía ejecutando en cuanto a la partición de los guanos de Mejillones, pero no respecto a la división de los derechos fiscales cobrados por la exportación de minerales. Baptista sugirió la conveniencia de anular ese pacto y llegar a la concertación de uno nuevo en el que se suprimiesen las "medias" y la intervención fiscal chilena en territorio boliviano. Declaró que el gobierno de Bolivia respetaba las obligaciones que había contraído pero pensaba que sería mejor llegar a un acuerdo que "consultase más avisadamente los mutuos y verdaderos intereses de ambas repúblicas y eliminase todo motivo de desacuerdo, de roce, de excitación popular y de inmixtión de gestiones fiscales".

Después de varias entrevistas, los dos negociadores llegaron a ciertos acuerdos básicos. Walker Martínez, con el visto bueno de su jefe Adolfo Ibáñez, declaró estar dispuesto a la concertación de un tratado nuevo, siempre que su país conservase en él los derechos adquiridos en el anterior y, si cedía en algunos, tendría que ser a cambio de adecuadas compensaciones.

Se interrumpieron las conversaciones a raíz de la decisión del Presidente Ballivián de viajar a Sucre para que el Congreso de ese año se instalase en su sede constitucional, la Capital de la República. Walker Martínez prefirió no seguir al gobierno recorriendo "300 leguas a lomo de mula por caminos endiablados". Se quedó en La Paz confiado en que el Jefe del Estado y sus ministros retornarían a la conclusión de las labores legislativas. Mas, como las instrucciones que tenía eran las de apresurar todo lo posible un arreglo con Bolivia, continuó negociando con el canciller Baptista por medio de correspondencia.

El 5 de septiembre (1873), le escribió: "Mi señor y amigo: Tenga la bondad de pensar sobre esta nueva combinación que voy a proponerle... El objeto que usted y yo perseguimos es cortar de una vez y para siempre la odiosa cadena de dificultades que existe entre Bolivia y Chile. Nuestro proyecto de arreglo, en su base sexta, dispone que Bolivia, previa liquidación, pagará a Chile la cantidad que adeuda por derechos correspondientes a antes de que firmemos el nuevo tratado".

"Esto dejaría siempre pendiente algo... Creo que mi gobierno aceptaría mejor un partido que diera completamente fin a todo, sin dejar causa de reclamos y disgustos mutuos. Me parece, además que sería un paso de excelente política para el gobierno de Bolivia resolver definitivamente esta cuestión... Si usted y yo tuviéramos la felicidad de llegar a ese término, habríamos hecho un verdadero bien a nuestros países y cumplido con un deber de buenos ciudadanos. La propuesta que le hago es la siguiente: Yo dejo de lado el artículo sexto aludido a trueque de que usted acepte la liberación de derechos de exportación de minerales que los chilenos explotan en el litoral boliviano. De esta suerte habría una compensación mutua. Si usted cree que le conviene esta propuesta hemos concluido y lo único que restaría es poner nuestras firmas al pie del tratado. Para mí este arreglo que le propongo tiene la inmensa ventaja de dar un corte definitivo a todo. Ya no habrá para qué ocuparse más de la cuestión de límites, ni de la intervención de un país en el territorio del otro. No habrá más que paz, buena armonía y fraternidad entre dos repúblicas amigas y hermanas".

XIX

EL TRATADO DE LÍMITES DE 1874

Don Mariano Baptista Caserta, como ministro de Relaciones Exteriores del Presidente Adolfo Ballivián, no tuvo fe en que el tratado de alianza suscrito con el Perú representase una garantía para la integridad territorial de Bolivia. Era un convencido de la necesidad de llegar a un acuerdo claro y definitivo con Chile que sustituyese al de 1866 y delimitase claramente la soberanía de una y otra república en el desierto de Atacama.

Cuando recibió en Sucre la proposición que el ministro chileno Carlos Walker Martínez le envió desde La Paz, relativa a que Chile renunciaría a la mitad de los réditos sobre minerales a cambio de que Bolivia se comprometiese a no cobrar más impuestos a los chilenos que explotaban riquezas en el litoral boliviano, pidió a su amigo que viajase a la Capital de la República en vista de que el gobierno se veía obligado a permanecer indefinidamente en ella, debido al precario estado de salud del primer mandatario, y porque sería mucho más fácil que se entendiesen reanudando sus entrevistas personales.

Sin conocer las ideas que venían cambiando el canciller y el representante del gobierno de La Moneda, el Congreso inició el estudio de tres proyectos de ley destinados a aumentar los impuestos: uno de 25 por ciento a las mercaderías importadas por Mejillones y Antofagasta, otro de 6 por ciento sobre la extracción de minerales y un tercero de 2 por ciento a toda empresa que operase en Bolivia.

Walker Martínez protestó ante Baptista por correspondencia "Para nada se toma en cuenta en dichos proyectos a la parte que Chile le corresponde tomar... ¿No se han fijado los proyectista que el litoral comprendido entre los grados 23 y 25 se halla bajo un situación especialísima nacida del tratado del 66?". En otra misiva añadió: "¿Qué ventaja saca Bolivia en hacer más embarazosa la situación en que se encuentran sus relaciones con Chile? ¿Qué sacaría Chile en romper sus relaciones con Bolivia?... A mi juicio solo ruina y desprestigio. Es la peor política que podemos aceptar y de aislar a un país del otro. La unión es lo que más nos conviene. Bolivia necesita paz y riqueza para llenar sus compromisos y cura sus hondas heridas. Chile necesita también paz para seguir adelante en la senda del progreso que con tan buen éxito ha comenzado recorrer. Hagamos, pues, usted y yo, lo que nos ordenan el patriotismo y los mutuos intereses de nuestros países".

Refiriéndose a la decisión de la asamblea boliviana de aprobar el impuesto del 6 por ciento sobre extracción de minerales, Walker Martínez también expresó: "Todo el mundo se ha alarmado en Chile. Se han elevado representaciones al gobierno firmadas por lo más importante del comercio de Santiago. La prensa ha puesto el grito al cielo. Se ha hablado de manifestaciones populares para exigir que el gobierno tome una actitud enérgica a fin de proteger los intereses chilenos en Caracoles. En fin, se ha interpelado al Ministro de Relaciones Exteriores en la Cámara de Diputados. Yo siento en el alma esto, ahora que estamos en medio camino de nuestros definitivos arreglos. Espero que usted tome el peso a la situación y que la contestación oficial que me dé convierta en humo ese castillo de miedos que se han levantado a nuestro alrededor... ¡cuánto siento la ausencia del gobierno de La Paz! ...Todas estas cuestiones las hubiéramos salvado entre nosotros con franqueza y lealtad en un momento".

Don Adolfo Ballivián falleció en Sucre, víctima de un cáncer al estómago. Don Tomás Frías fue encargado otra vez del mando provisional. Conservó como canciller al señor Baptista, convocó a elecciones y decidió que el gobierno continuase en la Capital de la República.

El señor Walker Martínez, obedeciendo órdenes que le llegaren de Santiago, hizo el largo viaje a mula de La Paz a Sucre y reanudó sus conferencias con el señor Baptista. Hubo rápidos entendimientos. El 6 de agosto (1874) los dos personajes suscribieron un nuevo tratado de límites que dejaba sin efecto el de 1866 y establecía lo siguiente: Primero, que el paralelo del grado 24, desde el océano hasta el divortium aquarum de los Andes, tal como fue fijado por los Comisionados Pissis y Mujía, quedaba como línea de separación del territorio y la soberanía de Bolivia y Chile. Segundo, que si surgían dudas sobre la exacta ubicación de Caracoles se la determinaría por medio de una comisión mixta de peritos. Tercero, que los guanos existentes entre los grados 23 y 24 seguirían partiéndoselos por mitad las dos repúblicas. Cuarto, que los impuestos sobre exportación de minerales no serían aumentados por Bolivia durante un período de 25 años. Quinto, que las personas, industrias y capitales chilenos que operaban en el litoral boliviano no pagarían mayores impuestos que los que se encontraban vigentes a la fecha, durante el mismo lapso de 25 años.

El documento suscitó una inmediata reacción en contra por los políticos enemigos del gobierno, tales como Casimiro Corral, Quintín Quevedo, Nataniel Aguirre, Juan Francisco Velarde y Enrique Borda. El canciller Baptista concurrió repetidas veces a las sesiones de las cámaras legislativas para defender su obra. A partir del 20 de octubre el asunto se trató en debates públicos. El pueblo se banderizó a favor y en contra del tratado, lo mismo que los órganos de prensa.

El señor Baptista dijo en sus discursos: "A los negociadores alguien nos ha pedido que manifestemos los largos protocolos que contienen los sudores del pugilato diplomático. Los agentes no hemos querido ser hábiles. Queriéndolo, no habríamos podido serlo.

La frase velada., la astuta petición del máximo para felicitarse con el mínimo, la zancadilla, no eran armas que manejábamos: ni servirnos de ellas lo hemos considerado digno de nuestros países y de nuestros gobiernos. Sólo hemos pensado que éramos dos americanos, hilos de dos patrias hermanas en el pensamiento de Dios, a pesar de todos los logogrifos de las cancillerías. Nuestra América es fecunda. Hay vida en su seno para mil generaciones. Hay campo en sus desiertos para mil nacionalidades... Tócame honrar el espíritu y procedimiento del señor Walker Martínez. Ha hecho acto de patriotismo chileno. Yo he creído hacer acto de patriotismo boliviano. Ambos pensamos que hemos concluido una obra de justicia".

Los opositores continuaron valiéndose de todos los medios a su alcance para destruir al gobierno y al tratado. Se llegó a decir que Baptista había recibido "cuantiosas sumas de dinero de Chile a cambio de su firma". "De todas partes llegaban a Sucre papeluchos insultantes contra Chile y los gobernantes de Bolivia. Se mencionaban territorios cedidos, concesiones exorbitantes. Se hacía manifestaciones públicas. La prensa adicta al Ejecutivo publicó artículos mesurados, tratando de calmar los ánimos, arguyendo que los verdaderos intereses de Bolivia estaban en una sólida amista con Chile".

Los esfuerzos del Presidente Frías, su canciller, los otros ministros y miembros del Parlamento que les eran adictos fueron ganando terreno y acallando las críticas y protestas. El señor Walker Martínez, como un recurso más para ganar la aprobación legislativa declaró que Chile condonaba lo que Bolivia le adeudaba por incumplimiento del tratado de 1866, relativo a la entrega de una mitad de los derechos percibidos por exportación de minerales. Ese gesto acabó venciendo las últimas resistencias. El tratado de 6 d agosto de 1874, fue aprobado por el Congreso.

Todos creyeron que sellaba una sólida amistad entre Bolivia Chile, que ponía un sello de paz definitivo en el desierto de Atacama.

TERCERA PARTE

XX

EL SALITRE EN ESCENA

¿Hubo una fatalidad en la concatenación de los hechos que condujeron a la Guerra del Pacífico? Estudiando su historia se tiene la impresión de que el destino colocó en medio de dos naciones hermanas riquezas que su legítima dueña no sabía explotar y despertaban la codicia de la vecina. Riquezas que fueron apareciendo una después de la otra como destinadas a provocar el enfrentamiento bélico.

Cuando el guano, luego de iniciar la malquerencia, no logró su siniestro objetivo al ser dividido por mitades, fraternalmente; y cuando la plata, que también suscitó agrias discusiones, acabó siendo objeto de un amistoso arreglo, apareció el salitre. ¿Iba a ser el provocador del fratricidio?

Es creencia generalizada que los incas utilizaron el nitrato de sodio de Tarapacá como fertilizante de sus cultivos, junto con el guano, aunque en menor proporción. En el período colonial, los españoles sólo le dieron importancia convertido en nitrato de potasa, con destino a la fabricación de pólvora. Científicos europeos, como hicieron con el guano, descubrieron su gran' poder fertilizante a partir de 1830 y su uso se generalizó en Inglaterra, Alemania, Francia, Holanda y los Estados Unidos en cantidades cada vez mayores. En 1830, su exportación de Tarapacá fue de 18.000 quintales. En 1854, pasó de 700.000.

El enriquecimiento de los dueños de "paradas" y "oficinas" en la pampa de Tamarugal del Perú impulsó a muchos cateadores a buscarlo en el desierto aledaño de Atacama, perteneciente a Bolivia.

Los franceses Domingo y Máximo Latrille lo encontraron, pero no pudieron obtener una concesión del gobierno. Lo mismo les ocurrió a los argentinos Pavez y Bello. La suerte les tocó a los chilenos José Santos Ossa y Francisco Puelma. Aprovechando de la presencia en Santiago, en agosto de 1866, del Secretario General del gobierno de Melgarejo, Mariano Donato Muñoz, obtuvieron de él la "posesión y goce de los terrenos en que descubriesen depósitos de salitre y bórax, en una extensión continua de no más de cinco legue cuadradas", más cuatro leguas en la quebrada de San Mateo para cultivo de legumbres.

Una primera expedición encabezada por el propio José Santos Ossa en busca del lugar más apropiado para asentar la concesión no encontró salitre. Al año siguiente, otro grupo dirigido por el hijo de aquel, Alfredo Santos Ossa, descubrió el Salar del Carmen. Ossa y Puelma, asociados a Manuel Antonio de Lama, fundaron la "Sociedad Exploradora del Desierto de Atacama" con miras a e traer nitrato de sodio del mencionado lugar y seguir buscando otras riquezas en el litoral boliviano. Por medio del abogado Manuel José Tovar, cuyo hermano era Oficial Mayor del Ministerio de Gobierno y con una entrega de 10.000 pesos a la paupérrima administración de Melgarejo, la sociedad consiguió la ampliación de lo obtenido antes con un permiso para "explotación, elaboración y libre exportación" de todo el salitre existente en el Departamento de Cobija durante un lapso de 15 años.

La enormidad de esa concesión atrajo a otros interesados Chile, como a los ingleses de la firma "Gibbs y Cía." y al banquero Agustín Edwards Ossandón. Desapareció la "Sociedad Explorado del Desierto" al ser reemplazada por la firma "Melbourne Clark Cía.". Melbourne Clark era uno de los ejecutivos de la casa Gibbs y su nombre sirvió para encubrir a la nueva empresa en la que k socios eran los originales Ossa y Puelma acompañados de Edward Guillermo Gibbs, el propio Clark y algunos más.

La flamante compañía sentó sus reales en la caleta de la Chimba, el punto con facilidades de embarque y desembarque más próximo al "Salar del Carmen". Desde el año anterior (1868), la caleta tenía el nombre de Antofagasta y la categoría de puerto, en virtud de disposiciones dictadas por Melgarejo.

"Melbourne Clark y Cía.", como dueña de la concesión que autorizaba explotar todo el salitre que existiese en el litoral boliviano, destacó cateadores por todas partes y llegó al descubrimiento de los ricos terrenos salitrosos de "Las Salinas", ubicados a unas decenas de kilómetros más adentro del "Salar del Carmen", en dirección a Caracoles.

La caída de Melgarejo, en enero de 1871, y la incierta situación en que quedaban los actos de su administración, obligaron a "Melbourne Clark y Compañía" a enviar a La Paz al abogado chileno Domingo Arteaga Alemparte, con la misión de obtener que el nuevo gobierno revalidase su concesión. La administración del Presidente Agustín Morales, en fecha 13 de abril de 1872, dictó una resolución suprema que dijo: "Habiendo Melbourne Clark y Compañía implantado en el desierto de Atacama una nueva industria que ha dado importancia a las riquezas ocultas, se le concede una superficie que teniendo por base el paralelo 24, que es la línea divisoria entre Bolivia y Chile, forme un paralelogramo con una altura de 15 leguas, a 5 kilómetros al norte y 25 de latitud sur, partiendo desde la orilla del mar. Se les concede privilegio exclusivo para explotar, elaborar y exportar salitre de esa superficie por 15 años. Pueden construir todos los ferrocarriles que quieran en ese terreno".

Explotar los dos campos salitrosos del "Salar del Carmen" y "Las Salinas" requería más capital del que disponía "Melbourne Clark y Cía.". Esta entidad, que tenía carácter limitado, desapareció y mediante la emisión de acciones, por un valor de 2.500.000 pesos, se organizó en su reemplazo una sociedad anónima con el nombre de "Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta". Los subscriptores principales de los títulos fueron Guillermo Gibbs, Agustín Edwards y Francisco Puelma, José Santos Ossa sólo pudo adquirir un número más limitado, al igual que otros capitalistas chilenos y algunos ingleses.

Al medirse en el terreno el paralelogramo conseguido por Arteaga se constató que una parte de "Las Salinas" quedaba fuera. Para subsanar esta situación, el directorio de la compañía destacó a La Paz al señor Belisario Peró con el mandato de ofrecer al Gobierno de Bolivia una participación de un diez por ciento de sus utilidades.

El nuevo Presidente de la República, señor Adolfo Ballivián, consideró que no era digno para un gobierno hacerse socio de una empresa extranjera y prefirió que se atendiese el pedido de ampliación de los terrenos concedidos a la compañía contra pago de nada más que el impuesto legal establecido para esta clase de concesiones: 40 bolivianos anuales por estaca, o sea, por cada milla cuadrada.

El diario "El Comercio" de La Paz, comentó al respecto: "Ha sido deplorable que no se hubiera apercibido bastante el gobierno de que el ofrecimiento de la compañía era del todo espontáneo. Se llevó una exageración extremada el sentimiento del decoro nacional, privando al país de un ingreso saneado que hoy sería de unos 100.000 bolivianos al año... En las deliberaciones pudo caber algo de des confianza, de reserva mental, frente a una proposición que parecí tan halagadora. Sea lo que fuese, la oferta de participación fue desechada y se dio preferencia a cobrar a la compañía la insignificante patente de 40 bolivianos por estaca, que en el mejor de los caso: no puede producir más de 2.000 bolivianos anuales".

Don Belisario Peró, en su informe al señor Agustín Edwards presidente del directorio de la compañía, le expresó: "Rechazada mi oferta al gobierno de participación del 10 por ciento y también rechazada la otra combinación de conformarme al decreto de 13 de abril con tal que se concedieran algunas estacas adicionales fuera de dicha zona, me fue preciso presentar el negocio bajo otra faz. El resultado obtenido me dejó completamente satisfecho y no dude que igual sucederá con usted y los otros miembros del directorio Efectivamente, lo único que tiene interés para la compañía de esa inmensa zona de 1.125 millas cuadradas, que a todos espanta por su magnitud, son las salitreras del Salar del Carmen y de Las Palmas... Pues bien, en el arreglo efectuado, no sólo conserva la compañía la posesión de esas salitreras... sino que se adjudican a continuación de Las Salinas, sin más gravamen que una patente módica, 50 estacas de salitre de 1.600 metros de longitud por otros tan tos de latitud, o lo que es lo mismo, una superficie explotable de 50 millas cuadradas. Total: muchas leguas, cuadradas capaces de da alimento a una activa explotación por algunas decenas de años... "

XXI

LA DUEÑA PUTATIVA DE ANTOFAGASTA

Lo que pidió concretamente el abogado argentino (muy vinculado en las altas esferas de la sociedad y el gobierno bolivianos), Belisario Peró, como representante de la "Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta", fue lo siguiente: "Derecho de explotar libremente los depósitos de salitre del Salar del Carmen y de 50 estacas de Las Salinas, por el término de 15 años, computables desde el 1° de enero de 1874, y exportar el producto por el puerto de Antofagasta, libre de todo impuesto por exportación y de cualquier otro gravamen municipal y fiscal y, además, derecho de construir un ferrocarril desde Antofagasta hasta Las Salinas".

El Presidente de la República, señor Adolfo Ballivián, y sus ministros Mariano Baptista, Daniel Calvo, Mariano Ballivián y Pantaleón Dalence, en respuesta a tal petitorio, firmaron una resolución suprema en fecha 27 de noviembre de 1873, que decía: "Artículo único. — Se aceptan, por vía de transacción y en uso de la autorización que la ley de 22 de noviembre de 1872 confiere al Poder Ejecutivo, las bases contenidas en la anterior proposición".

La ley de 22 de noviembre de 1872 fue dictada para salvar los derechos de quienes habían obtenido concesiones durante el gobierno de Mariano Melgarejo y quedaron en situación indefinida cuando a la caída del tirano el Poder Legislativo anuló todos los actos de su administración. Rezaba así: "Se autoriza al Ejecutivo para transar sobre indemnización y otros reclamos pendientes en la actualidad y para acordar con las partes interesadas la forma más conveniente en que habrán de llenarse sus obligaciones respectivas; defiriéndose estos asuntos, sólo en caso de no avenimiento, a la decisión de la Corte Suprema, con cargo de dar cuenta a la próxima legislatura".

Asegurada la posesión de los campos salitrosos, la empresa, que ya cuando era "Melbourne Clark y Compañía" llegó a Antofagasta con técnicos ingleses proporcionados por la casa Gibbs y con empleados, mecánicos, carpinteros, albañiles y peones chilenos, asentó sus reales y amplió sus actividades como si fuera la legítima dueña del puerto.

Una máquina purificadora de agua que convertía el agua de mar en agua potable solucionó el problema de la carencia de este indispensable elemento. Se habilitó un muelle privado. A su lado se levantaron depósitos para el nitrato de sodio listo para la exportación. Se construyeron nueve casas para oficinas y domicilio de los empleados principales. Se pidió a Inglaterra maquinarias, locomotoras de ferrocarril y carros de carga y pasajeros. La línea férrea llegó al Salar del Carmen en 1873 y a Las Salinas en 1876.

En el Salar del Carmen se instaló una planta beneficiadora de caliche para una producción de 600 quintales de nitrato por día. En Las Salinas se organizó un campamento para 700 empleados y obreros encargados de extraer el caliche de la zona y despacharlo por tren a la principal planta beneficiadora montada en la propia Antofagasta. El ferrocarril disminuyó los costos de producción de un peso y setenta centavos a 1.10. Esto permitió que la compañía tuviese una utilidad líquida de 90 centavos por unidad en una producción total de 3.000 quintales diarios.

De las actividades de la compañía dependían, casi totalmente, la vida del puerto, la de sus dos mil trabajadores y la de los familiares y dependientes de éstos. El total, de alrededor de 6.000 personas, constituía el 90 por ciento de la población. En el distrito minero de Caracoles, situado un poco más adentro de punta de rieles del ferrocarril a Las Salinas, la proporción de la población chilena era igualmente abrumadora.

La soberanía boliviana estaba muy débilmente representada en uno y otro lugar. Los pocos bolivianos destacados por el gobierno (prefecto, subprefecto, jefe de puerto, jueces, fiscales y no más de 60 gendarmes para los dos puntos), y los aún más pocos que fueron a ganarse la vida en esa frontera de su patria por su propia iniciativa, vivían en un ambiente que les era hostil. En un principio los chilenos y los otros extranjeros aceptaron a los bolivianos como amables dueños del territorio que en nada impedían sus actividades. Pero cuando los gobiernos que sucedieron al de Melgarejo trataron de tomar medidas para dejar constancia de que aquel suelo era boliviano, surgieron dificultades. Los inmigrantes tomaron esas medidas como interferencia a su amplia libertad de acción.

Los chilenos fueron convenciéndose a sí mismos de que si aquel desierto producía algo, si daba oportunidades de trabajo y generaba riquezas, era gracias a su esfuerzo, que todo aquello les pertenecía moral y materialmente y debía pertenecerles política y administrativamente. Lo pensaban así no sólo los chilenos que trabajaban en Atacama, sino también los influyentes capitalistas que desde Santiago y Valparaíso usufructuaban del guano, la plata y el salitre. El representante diplomático inglés, en la capital del Mapocho, en nota a su gobierno, comentó en enero de 1877: "Se están haciendo esfuerzos para inducir a Chile a adueñarse de Antofagasta y la costa adyacente. Hace tiempo que se sospecha que Chile está dirigiendo ojos codiciosos a ese puerto de Bolivia y los residentes chilenos allí son de opinión que la impopularidad del Presidente Hilarión Daza y de su gobierno, la penuria económica del Tesoro y el deplorable estado general de todo el país, ofrecen la oportunidad de proceder a la anexión".

Los roces de nacionales y extranjeros se producían principalmente entre las autoridades subalternas bolivianas y la población chilena de Caracoles. Era muy difícil para aquellas mantener el orden en un campamento minero donde se producían frecuentes riñas, robos y crímenes. Los jueces no siempre poseían la ecuanimidad requerida para su delicada investidura y dictaban sentencias que los reos consideraban excesivas, haciendo intervenir al cónsul de su país en su defensa.

Algunos chilenos pensaron que en vez de estar sometidos a la justicia boliviana, sería mejor que los conflictos de toda clase entre gentes de su nacionalidad se resolviesen con intervención de amigos y por acuerdo de partes, agrupándose todos en una asociación dentro de la cual adquirirían tal compromiso. La entidad serviría además a sus miembros en cuestiones de beneficencia, ayudando a los menesterosos y a las viudas y huérfanos. Se formó así la sociedad "Patria", en 1876.

La revista "La Verdad", publicación mensual de la masonería de Chile, en su número 4, de 15 de agosto de 1918, relató de este modo su fundación: "Una obra masónica y patriótica. La suerte de los trabajadores chilenos en el litoral boliviano era por demás ingrata. En 1876 reunió Juan Agustín Palazuelos, en su casa, a muchos prestigiosos vecinos de Caracoles, con los que trató de la situación lamentable creada a los peones, operarios y empresarios chilenos por la hostilidad de las autoridades bolivianas subalternas de aquella localidad... Se acordó la formación de una sociedad de socorros mutuos con el nombre de "Patria". El primer directorio lo integraron Enrique Villegas (Cónsul de Chile), Juan Agustín Palazuelos Benjamín Navarrete, Luis Lichtenstein, José María Walker y Francisco N. de Oliveira. El señor Palazuelos, independientemente de los demás miembros, alimentaba la idea de renovar un movimiento revolucionario que había abortado poco antes y que ahora tenderle a la anexión de Atacama a la soberanía chilena. Reveló su plan e algunos amigos... La sociedad se convirtió en un centro muy poderoso".

XXII

EL IMPUESTO DE LOS TRES CENTAVOS

En agosto de 1872, el señor Manuel Pardo fue elegido Presidente de la República del Perú. Era el primer civil que asumía tal función en la agitada historia republicana del país.

Su más firme propósito fue poner coto a la orgía financiera que venía viviendo su patria durante las últimas décadas, con despilfarro de los ingentes ingresos fiscales que generaban el guano y el salitre, y que la estaba conduciendo a una inminente bancarrota.

Los únicos beneficiarios del desorden eran los especuladores, algunos peruanos y sobre todo dos extranjeros: el judío francés Augusto Dreyfuss y el norteamericano Enrique Meiggs. Los millones que obtenía Dreyfuss en Europa en préstamos con garantía del guano, pasaban a manos de Meiggs, y se convertían en kilómetros y más kilómetros de ferrocarriles, necesarios e innecesarios y en grandes utilidades para el judío, el yanqui y sus compadres.

Entre los males que sufría la nación estaba el del absurdo económico de que el guano, que era negocio estatal, confrontaba en los mercados internacionales la competencia del salitre, que estaba en manos de empresarios privados. Don Manuel Pardo quiso cambiar esta situación por medio de impuestos a la industria del nitrato de sodio. Fracasó por una cerrada resistencia de los dueños de "paradas" y "oficinas" de Tarapacá Se decidió entonces por el sistema del estanco, es decir, convirtiendo al Estado en el rescatador de toda la producción del nitrato y en su único vendedor en el extranjero. Esta medida también se frustró por la misma causa. Como recurso final, determinó la nacionalización de todos los yacimientos y establecimientos productores del fertilizante. A fin de compensar a los dueños con justas indemnizaciones buscó un empréstito en Londres. No lo pudo obtener por el desprestigio que sufría el crédito peruano.

Hizo entregar entonces, a los dueños, certificados de compre que contenían la promesa de que serían redimidos por el gobierno con intereses, conforme se fuesen arbitrando los fondos necesarios Los interesados, al verse obligados a canjear la que era fuente de su enriquecimiento por un simple pedazo de papel que no les merecía ninguna fe, se sintieron estafados. Había entre ellos varios chilenos, siendo los principales los miembros de la familia Edwards.

Es en la progresiva fiscalización de la industria del salitre del Perú a partir de 1872 que se encuentra la explicación de por qué el señor Belisario Perú en La Paz, al gestionar la confirmación del otorgamiento de los campos de caliche del Salar del Carmen y Las Salinas, a favor de la "Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta", obtuvo el compromiso del gobierno de que no se impondrían impuestos a la compañía, aparte del pago de la patente de 40 bolivianos anuales por 50 hectáreas.

Es en el mismo antecedente peruano que se encuentra la explicación de por qué el ministro chileno Carlos Walker Martínez, al discutir con el canciller boliviano Mariano Baptista el Tratado de Límites de 1874, puso su mayor empeño en que se incluyese una cláusula que liberaba a sus compatriotas que trabajaban en Atacama del cobro de mayores tasas impositivas que las muy livianas que se encontraban vigentes en la fecha de suscripción del pacto.

Los Edwards, los otros chilenos y los ingleses que fueron socios de empresas en Tarapacá y ahora eran accionistas de la "Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta", se aseguraron de que no les ocurriese en Bolivia lo que les había sucedido en el Perú.

El 4 de mayo de 1875, la Junta Municipal de Antofagasta, atingida por necesidades locales, pidió al gobierno que se le permitiese cobrar un impuesto mínimo a la compañía de salitres. En el memorial enviado a La Paz se explicó que la declinación de la actividad minera en Caracoles (por agotamiento de las vetas argentíferas) venía repercutiendo de una manera muy desfavorable en los ingresos del municipio antofagastino y que lo que se percibía por censos, licencias para casas de diversión y multas estaban lejos de balancear su presupuesto, impidiéndole atender a requerimientos tan imperiosos como los de arreglo de las escuelas, las calles y el alumbrado público. Añadía el documento que la empresa salitrera, que poseía una mitad de los terrenos de los que el municipio podría obtener alguna renta, tenía el privilegio de no abonar tributo alguno, pero que su situación financiera no sería afectada mayormente si se le cobraba una contribución de tres centavos por cada quintal de nitrato que exportase. Ese impuesto sería suficiente para equilibrar el presupuesto municipal y no sería sino una justa compensación a los daños que la citada empresa causaba en Antofagasta con el tráfico de sus trenes por las principales calles.

El asunto pasó a conocimiento del Consejo Municipal de Cobija, al cual estaba subordinada la Junta Municipal de Antofagasta. En defensa del privilegio de la empresa actuó el abogado boliviano Hilarión Fernández, ex-prefecto del Departamento. Invocó la vigencia de la transacción obtenida por Perú en 1873 y la del Tratado de Límites de 1874.

El Consejo, en un informe elevado a La Paz, expresó que a su juicio existía contradicción entre la solicitud de la Junta Municipal por un lado, y la transacción y el acuerdo de límites, por el otro.

El Consejo de Estado, presidido por don Serapio Reyes Ortiz, consideró correcto el criterio expuesto por la autoridad municipal de Cobija y por Decreto de 27 de agosto (1875), determinó que el impuesto de los tres centavos sería "ilegal e improcedente".

La Junta Municipal de Antofagasta tuvo que resignarse a su pobreza y a dejar sin reparación escuelas, calles y alumbrado.

Diez y nueve meses más tarde, el 8 de mayo de 1877, Antofagasta, como los otros tres puertos bolivianos y los del norte de Chile y el sur del Perú, sufrieron la devastadora tragedia de un terremoto y entrada de mar. Respecto a Antofagasta, cuenta el señor Isaac Arce en un libro: "A las 8 y 30 de la noche todos los edificios de madera comenzaron a crujir. Las gentes se lanzaron a las calles. Hubo toque de campanas. Comenzaron algunos incendios. Se oyeron gritos: "¡El mar se sale, el mar se sale!". La multitud escapó a los cerros. Surgió un ruido formidable. El mar volvía con una enorme ola del lado norte. El cerro Moreno le sirvió de valla parcial. Los temblores siguieron toda la noche. La gente pernoctó al aire libre. Retornó a sus hogares al día siguiente. (Más de 1.000 quedaron sin techo, agua, ni víveres). El vapor chileno, Blanco Encalada, que se encontraba en el puerto no sufrió daños. Ofreció auxilios. El Prefecto, don Narciso de la Riva, aceptó que 30 marinos chilenos armados desembarcaran para guardar el orden. El mar llegó hasta el centro de la Plaza Colón, donde quedaron varadas algunas embarcaciones. En las calles se veían bultos de mercaderías fardos de pasto, sacos de cebada. El edificio de la aduana fue arrancado de cuajo y quedó atravesado en la calle Bolívar También otros edificios fueron movidos de su sitio por la presión del mar. La oficina de correos fue completamente destrozada... Llegó en la mañana un "propio" con la noticia de que el pueblo de Mejillones había desaparecido. Cuando arribó el vapor del norte se supo de los desastres en ese puerto y en Cobija, Pabellón de Pica, Iquique y Arica. En Cobija la mayor parte de los edificios se derrumbaron.

El mar lo arrasó todo. La familia Arricruz, de 14 personas, desapareció íntegra".

XXIII

EL IMPUESTO PARA EL ALUMBRADO

En 1878, la Junta Municipal de Antofagasta, presidida por el súbdito chileno Hernán Puelma (desde 1871 los extranjeros con residencia de un año en el litoral y con una situación económica desahogada podían integrar los municipios), determinó que todos los propietarios de inmuebles en el puerto contribuyesen al mejoramiento del alumbrado público. Para tal efecto se dividieron los edificios en cuatro categorías. Los dueños de los de primera categoría debían abonar dos bolivianos mensuales, los de la segunda categoría un boliviano, los de la tercera, ochenta centavos y los de la cuarta, veinte centavos.

La "Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta", propietaria de varios inmuebles, adoptó la misma posición de tres años antes, cuando se negó a pagar un impuesto de tres centavos por cada quintal de salitre exportado. La transacción de 1873 y el tratado de 1874 la eximían de toda clase de contribuciones. Ayudaba voluntariamente al municipio con 1.600 bolivianos anuales, pero no quiso prestarse a pagos obligatorios pensando que, si cedía una vez, sentaría un precedente funesto que podría acabar por dejar sin efecto la gran conquista de Peró y Walker Martínez.

Varias cobranzas para el alumbrado fueron contestadas con la misma rotunda negativa. El 22 de octubre la Junta "ordenó" y "mandó" que el Comisario Municipal trabase embargo en los bienes de la empresa que fuesen suficientes para cubrir los 150 bolivianos acumulados por el impuesto del alumbrado "más costos e intereses legales". Si el gerente persistía en su oposición, debía ser apresado y conducido a la cárcel.

Pedro Astorga, el comisario municipal, se constituyó en casa del señor Jorge Hicks, y le exigió una vez más la cancelación de lo adeudado. El aludido expresó que no abonaría ni un solo centavo Astorga lo hizo conducir preso con los celadores que lo acompañaban y trabó embargo de su vivienda, nombrando como depositario de la misma al Vicecónsul británico, señor Hugo Ross Steavenson.

Hicks, al enterarse que tendría que permanecer encerrado mientras se vendiese su casa y se cobrase el impuesto, "no le vio ninguna gracia a su situación". Aceptó dar una suma como depósito provisional hasta que el asunto se definiese por la vía legal. Lo hizo sentando formal protesta ante un notario con ayuda de sus abogados. Fue puesto en libertad.

Al día siguiente, Steavenson se negó a entregar la cantidad que había recibido en depósito, alegando que sólo podía hacerlo si mediaba una sentencia judicial. Astorga y sus guardias recibieron una orden de buscar nuevamente a Hicks, y ponerlo otra vez entre rejas Prevenido por sus amigos, buscó asilo en el Consulado de Chile Empleados y obreros de la compañía de salitres se congregaron desafiantes en la Plaza Colón, donde estaba el consulado, dispuestos a proteger a su gerente si acaso las autoridades bolivianas se atrevían a sacarlo de allí.

El Cónsul, señor Simón Reyes, pasó una nota al Prefecto, Coronel Severino Zapata, informándole que el señor Hicks se hallaba alojado en su casa, bajo su protección. El prefecto, primero, se limitó a acusar recibo, pero luego, mejor aconsejado, contestó e forma extensa declarando que no podía reconocer al consulado e derecho de extraterritorialidad que pretendía asumir en amparo d Hicks, puesto que, según el Derecho Internacional, sólo gozaban d ese privilegio las misiones diplomáticas. Replicó Reyes manifestando que "nunca había pasado por su mente substraer al señor Hicks de la acción de los tribunales bolivianos", como que estaba permitiendo que se cumplan con él diligencias judiciales. Terminaba la .comunicación llamando la atención del prefecto hacia el origen de la cuestión suscitada entre la Municipalidad y el señor Hicks, que entrañaba, nada menos, que el desconocimiento del artículo 49 del Tratado de Límites de 1874.

Se encontraba casualmente en esos días en Antofagasta el Ministro de Hacienda de Bolivia, señor Eulogio Doria Medina. Había viajado al litoral con intención de tomar algunas medidas que mejorasen la situación económica. A un reclamo del Cónsul chileno sobre el cobro del impuesto del alumbrado a la compañía de salitres, el secretario de Estado respondió que la Municipalidad estaba en su derecho al establecer las contribuciones que creyese convenientes, sin que ello significase violación del pacto que regulaba las relaciones chileno-bolivianas.

Jorge Hicks, se vio obligado a pagar los 200 bolivianos que se le demandaban (150 por impuesto del alumbrado e intereses y costos de la cobranza). Entregó la suma delante del Cónsul Reyes y formulando por escrito otra formal protesta.

Volvió a su puesto de gerente y reanudó sus actividades normales, odiando de muerte, a todos los bolivianos, y sobre todo a sus autoridades. Consiguió que el Vicecónsul Steavenson hiciera saber de los abusos de que había sido víctima al comandante del vapor inglés "Pelican", que tenía su estación de vigilancia en las aguas del Pacífico Sur. El Capitán Hays ancló su buque frente al puerto, descendió a tierra y, acompañado del señor Steavenson, visitó al prefecto. Le pidió explicaciones y disculpas por los atropellos inferidos a un súbdito de su Majestad la Reina Victoria. El Coronel Zapata contestó que ningún atropello se había cometido con el señor Hicks y que, por lo tanto, no cabía ninguna clase de satisfacciones. El marino levantó la voz y el militar levantó la suya aún más. Cambiadas duras expresiones en ese tono, el Capitán Hays abandonó la prefectura, volvió a su barco y se perdió con él en el horizonte.

El señor Hicks, quedó muy orgulloso de haber sido objeto de una intervención de la armada de su país. En carta al señor Santiago C. Hayne, gerente de la firma "Anthony Gibbs" de Londres, le dijo:

"Con esto los bolivianos verán que no pueden aprisionar a un británico. También los chilenos comprenderán que tener un gerente inglés aquí les representa una garantía adicional para sus intereses. Claro que el viejo salvaje del Prefecto no le importó nada la llegada del "Pelican", de la que ni siquiera dio parte a su gobierno, como no le importaba nada la ley, la diplomacia o la etiqueta. Pero el buque hizo acto de presencia cuando los bolivianos se estaban sintiendo un poco "gallitos" con los chilenos y ahora creen que hay una alianza formal entre Inglaterra y Chile a raíz de las dificultades de la compañía".

XXIV

EL IMPUESTO DE LOS DIEZ CENTAVOS

A los siete meses de la caída del gobierno de Mariano Melga-rejo, la Asamblea Nacional, por leyes de 9 y 14 de agosto de 1871, anuló todos los actos de su administración. Al año siguiente, por un principio de equidad, los legisladores, por ley de 22 de noviembre de 1872, facultaron al Poder Ejecutivo a transar con aquellas personas o entidades que hubieran sido perjudicadas y tenían reclamaciones pendientes "difiriéndose estos asuntos, sólo en caso de no avenimiento" a la decisión de la Corte Suprema "con cargo de dar cuenta a la próxima legislatura".

Fue apoyándose en esta disposición que don Belisario Peró consiguió para la "Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta" la transacción de 27 de noviembre de 1873, que le reconoció el derecho de explotar y exportar el salitre del Salar del Carmen y el de Las Salinas libre de toda contribución municipal o fiscal, salvo patente anual de 40 bolivianos por 50 hectáreas extras que recibió en el segundo de esos yacimientos.

Ahora bien, mientras la empresa consideraba que esa transacción, por haber sido refrendada por el Poder Ejecutivo en pleno, es decir, por el Presidente de la República y sus cuatro Secretarios de Estado, era de carácter definitivo, varios juristas en Bolivia sostenían que no tenía validez hasta que no fuese ratificada por el Poder Legislativo, en vista de que involucraba bienes de la nación.

La Asamblea Nacional del año 1784 tomó conocimiento del asunto. La Comisión de Hacienda redactó un proyecto de ley aprobando la transacción, pero estableciendo que la liberación de impuestos no incluía los de carácter municipal. Debido a las recargadas labores de esa asamblea, particularmente por las muchas sesiones que tuvo que dedicar al estudio del Tratado de Límites preparado por el canciller boliviano Mariano Baptista y el ministro chileno Carlos Walker Martínez, se postergó la consideración del proyecto hasta la legislatura siguiente. Esta no pudo tener lugar sino a fines de 1877, debido a que el golpe de Estado del General Hilarión Daza contra el Presidente Tomás Frías alteró la vida institucional de la república impidiendo que los representantes del pueblo se reuniesen los años 1875 y 1876.

En la sesión de la Asamblea de 19 de diciembre de 1877, el joven Franklin Alvarado, diputado por Antofagasta y Mejillones, propuso la contratación de un empréstito para atender a la reparación de los grandes daños sufridos por esos dos puertos en el maremoto de mayo de ese mismo año. El Ministro de Hacienda, señor Manuel Ignacio Salvatierra, se opuso terminantemente a tal idea, recordando el desprestigio y daño financiero que había sufrido el país con los préstamos obtenidos durante los períodos de los presidentes Melgarejo y Morales (Banco Garantizador de Valores de Chile y La Chambre, respectivamente).

El diputado Francisco Buitrago, ex-prefecto del Departamento del Litoral, propuso entonces que para recaudar fondos para el objetivo perseguido por Alvarado se cobrase a la "Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta", un impuesto de "unos diez centavos" por cada quintal de salitre que exportase y otra contribución por las maquinarias y bienes que importaba para sus propias necesidades y la de sus trabajadores. Calculó que con uno y otro árbitro se podría obtener unos 50.000 a 60.000 bolivianos anuales.

El diputado Abdón Senén Ondarza apoyó la moción de su colega Buitrago y presentó un proyecto de ley creando el impuesto. Surgieron opiniones a favor y en contra. Reza una carta de la época: "El asunto del impuesto a nuestras exportaciones era la ambición del Legislativo y se lo discutía en todas partes. Ondarza y Buitrago eran los espíritus motores. El tratado con Chile de 1874, era el gran obstáculo, pero algunos decían que no sería afectado por romper o alterar por mutuo acuerdo entre el gobierno y una empresa privada... Alvarado propuso que igualmente se alterase el arreglo con Meiggs (sobre salitreras del Toco) e inmediatamente se levantó un grupo contra él. A su debido tiempo llegaron dos agentes de Meiggs, desde Lima, Mariano Donato Muñoz y un alemán...

Se supone que algún dinero se repartió... y se consiguió 29 firmas para retirar la moción de votar esa cuestión... ".

El proyecto de ley sobre el impuesto de 10 centavos pasó a la Comisión de Hacienda. Esta demoró varias semanas en formar juicio. Finalmente, emitió un informe favorable. La Asamblea le dio su visto bueno. El Poder Legislativo promulgó la ley el 10 de febrero de 1878. Su texto fue el siguiente: "Artículo Único.— Se aprueba la transacción celebrada por el Ejecutivo el 27 de noviembre de 1873 con el apoderado de la "Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta", a condición de hacer efectivo, como mínimo, un impuesto de diez centavos por quintal de salitre exportado".

La compañía supo de la ley mediante aviso telegráfico que el Prefecto, señor Narciso de la Riva, envió al gerente señor Jorge Hicks, que se encontraba en Las Salinas. Al día siguiente se publicó por bando, leyéndose su texto en las cuatro esquinas de la plaza. Hicks volvió inmediatamente al puerto y pidió a De la Riva que no lo notificase todavía con ella de manera oficial, a fin de darle tiempo de informar al directorio de Valparaíso. De la Riva consintió en ello. Hicks dijo al prefecto que estaba seguro de que sus mandantes jamás consentirían en pagar ese tributo y que antes que hacerlo, preferirían despedir a todo el personal de empleados y obreros, paralizando operaciones y creando el consiguiente conflicto social.

El directorio de la compañía atribuyó la ley a inspiración peruana. Creyó que se iniciaba en Bolivia lo que había ocurrido en Tarapacá, que el impuesto de los diez centavos, que tenía el calificativo de "mínimo" según el texto de la misma ley, sería seguido por otros mayores y nuevas medidas de fiscalización que acabarían por arrebatar a los chilenos de Atacama su negocio de salitre como les había ocurrido en el Perú. Aunque la suma que representaba el impuesto era pequeña y no podía dañar mayormente los intereses de los accionistas, resolvió oponerse resueltamente al cumplimiento de la ley y obtener su revocación.

Pudo elegir para ello la vía judicial llegando hasta los estrados de la Corte Suprema de Sucre, pero temeroso de que no obtendría de ese modo su objetivo final y de que más bien el mencionado tribunal pudiese confirmar lo resuelto por los otros dos poderes del Estado, prefirió recurrir al gobierno de su propio país. Para tal efecto la empresa se valió de la influencia que miembros de su directorio, como Don Francisco Puelma, tenían sobre algunos ministros y de que la mayoría de éstos: el de Relaciones Exteriores (Alejandro Fierro), el de Guerra (Cornelio Saavedra) y el de Hacienda (Julio Zegers), eran accionistas de la empresa, así como otros importantes personajes del Partido Nacional gobernante, como don Antonio Varas y don Rafael Sotomayor. Don Agustín Edwards Ossandón murió en febrero de ese año de 1878. El manejo de los intereses de la familia y de su gran número de acciones en la compañía salitrera de Antofagasta, pasaron a manos de su hijo Agustín Edwards Ross que por su juventud no tenía aun la influencia personal que tuvo su progenitor.

XXV

RIELES EN VEZ DE IMPUESTOS

El gobierno de Chile, al aceptar los requerimientos de la "Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta" para intervenir en contra del impuesto de los 10 centavos, convirtió un asunto que pertenecía al régimen administrativo interno de Bolivia en una cuestión internacional.

El Ministro de Relaciones Exteriores, señor Alejandro Fierro, antes de enviar las instrucciones pertinentes a su agente diplomático en La Paz, se deshizo de las acciones que poseía en la empresa. De esa manera pretendía evitar que se le acusase de actuar movido por intereses personales. Pero el subterfugio fue de poca validez, pues los otros miembros del gabinete, señores Saavedra y Zegers, y sus coadjutores, señores Varas y Sotomayor, conservaron las suyas.

El ministro chileno en La Paz, señor Pedro Nolasco Videla, visitó al ministro de Hacienda de Bolivia, señor Manuel Ignacio Salvatierra, y le pidió la derogatoria de la ley de 10 de febrero. El mencionado Secretario de Estado, que desde un principio vio los inconvenientes que acarrearía el impuesto y no era partidario de su imposición, prometió que se dejaría en suspenso hasta encontrar una solución a la reclamación planteada. El 2 de julio (1878), el señor Videla oficializó su gestión mediante una nota dirigida al canciller. En ella recordó cómo el Consejo de Estado declaró "ilegal e improcedente" el impuesto de tres centavos que se quiso cobrar a la compañía en 1875 por el mismo concepto de exportación de salitre. Dijo también que la ley de 10 de febrero ponía en tela de juicio el tratado de 1874, y llevaba la cuestión "a un terreno delicado y resbaladizo; que la compañía, al ver vulnerados sus derechos, podría verse obligada a suspender sus trabajos dejando a millares de pobladores y operarios en la ociosidad, lo que posiblemente acarrearía una sublevación que ni el Gobierno de Chile ni el de Bolivia podrían mirar con indiferencia".

Como las autoridades bolivianas no exigieron el pago del impuesto, el Gobierno de Chile creyó que quedaba tácitamente derogado y no insistió en sus planteamientos. Por su parte, el Gobierno de Bolivia dejó sin respuesta la nota del señor Videla.

Surgió, además, otra circunstancia (ignorada por la historia), que hizo pensar que las relaciones boliviano-chilenas iban a entrar en una era de estrecha colaboración. El señor Aniceto Arce, vinculado con capitalistas chilenos en su empresa minera de Huanchaca y convencido de que el atraso de la república tenía por principal causa la falta de vías de comunicación, propuso al Presidente Hilarión Daza unir la costa con el altiplano por medio de una línea férrea, re-actualizando, con mejor criterio y método, los proyectos que se iniciaron durante el gobierno del General Agustín Morales y terminaron en un fracaso. Ofreció que su empresa minera pondría los fondos necesarios para el estudio inicial del trazo más conveniente, adelantando el pago de sus impuestos fiscales.

El General Daza vio en este plan la solución ideal a las dificultades que el gobierno del Perú estaba poniendo al comercio de importación boliviano por Arica y Moliendo. Con un ferrocarril desde un puerto propio, Bolivia no tendría que depender de la buena voluntad peruana para los abastecimientos de ultramar. Aceptó que el señor Arce viajase a Chile en busca de capitales y declaró que el impuesto de los 10 centavos no sería cobrado, para evitar contratiempos a la importante misión. Invitó a un banquete en honor del señor Arce y del señor Belisario Peró (Gerente de Huanchaca, que iba a acompañar a aquél en su viaje). En los brindis deseó a ambos el mejor de los éxitos en el patriótico empeño que iban a iniciar. Era agosto de 1878.

El impuesto quedó olvidado. En octubre, mientras los señores Arce y Peró seguían en Santiago buscando dinero para el ferrocarril y eran agasajados por el Presidente Aníbal Pinto y personalidades de la banca y la industria, el ministro de Chile en La Paz, ofreció un banquete al General Daza. En los discursos, todos los oradores bolivianos, entre ellos los ministros Lanza, Reyes Ortiz y Jofré, el Arzobispo y los políticos Antonio Quijarro y José Rosendo Gutiérrez, abundaron en expresiones de amistad para con Chile. Los principales chilenos, el anfitrión, el Secretario de la Legación señor Valdez Vergara y el senador Lorenzo Claro, respondieron con elogios a Bolivia y votos por su creciente prosperidad.

La luna de miel se interrumpió súbitamente. En esos días ocurrían en Antofagasta los incidentes provocados por la cobranza del impuesto para el alumbrado (Capítulo XXII de esta serie). El nuevo Ministro de Hacienda, señor Eulogio Doria Medina, que se encontraba en el litoral estudiando sus necesidades económicas, constató los enormes daños sufridos por los puertos bolivianos en el sismo de mayo del año anterior. Con la "quiebra en la contribución indígena (principal soporte del presupuesto nacional), de los diezmos y otros ramos" no se contaba con recursos para reparaciones y otras necesidades del Estado. El gobierno decidió hacer efectivo el impuesto de los 10 centavos a las exportaciones de salitre y cobrarlo con carácter retroactivo, es decir, desde la promulgación de la respectiva ley, nueve meses antes. El triunfo obtenido por el municipio de Antofagasta al conseguir el pago del impuesto para el alumbrado mostraba que si se actuaba con firmeza se obtenía lo perseguido.

El Ministro de Guerra, General Manuel Othón Jofré, cuyo hijo trabajaba como abogado de la empresa salitrera, escribió a éste avisándole de las intenciones del Ejecutivo. El joven retransmitió la información a sus empleadores. La noticia voló a Valparaíso y Santiago.

El Gobierno de Chile resolvió oponerse terminantemente al cobro de la contribución enfrentando la firmeza boliviana con mayor firmeza chilena. El canciller Fierro, en fecha 8 de noviembre (1878), escribió a su agente en La Paz: "Este ministerio ha recibido informes confidenciales de que el Gobierno de Bolivia persiste en establecer definitivamente el impuesto sancionado por ley de febrero del corriente año... Ello importaría un ataque directo al tratado que existe entre las dos repúblicas... Se hace necesario para evitar graves conflictos, que usted se dirija al Ministro de Relaciones Exteriores dándole lectura de la presente nota y dejándole copia de ella si fuera conveniente... Pida al (Gobierno) de Bolivia la suspensión definitiva de toda contribución posterior a la vigencia del tratado (de 1874)... La negativa del Gobierno de Bolivia a una exigencia tan justa como demostrada colocaría al de Chile en el caso de declarar nulo el tratado de límites que nos liga con ese país y las consecuencias de esta declaración dolorosa, pero absolutamente justificada y necesaria, serían de la exclusiva responsabilidad de la parte que hubiese dejado de dar cumplimiento a lo pactado".

El señor Pedro Nolasco Videla leyó y dejó copia de dicha comunicación al canciller Martín Lanza. El duelo quedaba planteado. El conflicto sobre el impuesto de los 10 centavos renacía con características de mayor gravedad.

El sueño de don Aniceto Arce sobre la confraternidad boliviano-chilena y un ferrocarril que uniese la costa con el altiplano iba      a convertirse a corto plazo en la pesadilla de una guerra.

XXVI

PUGNA DIPLOMÁTICA CON UN BUQUE DE GUERRA DE POR MEDIO

Antes de recibir la nota de su Cancillería, de 8 de noviembre (1878), el representante chileno en La Paz tuvo ya una conferencia con los ministros de Relaciones Exteriores y de Hacienda para pedirles la suspensión de las gabelas que se estaban cobrando a la "Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta". Cuando le llegó la citada comunicación volvió a entrevistarlos para reiterar sus planteamientos, dejándoles copia de la terminante nota de su gobierno. El efecto fue contraproducente. La amenaza de que el cobro del impuesto a las exportaciones de salitre obligaría al gobierno de Santiago a declarar nulo el Tratado de Límites de 1874, en vez de amedrentar, exacerbó al Presidente Daza y sus colaboradores.

El 14 de diciembre, el Ministro de Hacienda, señor Serapio Reyes Ortiz, escribió al Prefecto de Antofagasta diciéndole que "el presidente de la República, oyendo al Consejo de Ministros, le ordenaba decirle que haga efectivo el tributo desde la promulgación de la ley". Al siguiente día, el canciller, señor Martín Lanza, informó de tal decisión al representante chileno. Contestó de inmediato Videla expresando que ella "destruía todas las expectativas de una discusión tranquila y conciliatoria y cerraba el paso a toda discusión". Terminaba la comunicación en estos términos: "En presencia del oficio de VE, fechado hoy, cumplo con el solemne y doloroso deber de declarar, en nombre de mi gobierno, que la ejecución de la ley que grava con un impuesto a la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta importa la ruptura del Tratado de Límites de 6 de agosto de 1874 y que las consecuencias de esta declaración serán de la exclusiva responsabilidad del Gobierno de Bolivia

El Gobierno de Chile movilizó al blindado "Blanco Encalada", a la bahía de Antofagasta, y el Canciller Alejandro Fierro ordenó a su agente en La Paz: "Santiago, 3 de enero de 1879... El Gobierno de Bolivia ha podido creer que la contribución no es contraria al tratado de 1874; el de Chile mantiene una opinión contraria. De aquí fluye natural y lógicamente la necesidad de una discusión tranquila y amigable para arribar a un acuerdo común; y si ello no fuera posible, habría llegado la oportunidad de entregar el punto controvertido al fallo de una potencia amiga... Mi gobierno acepta cualquiera de estos arbitrios, pero lo que no puede aceptar de manera alguna es que el Gobierno de Bolivia, haciéndose justicia a sí misma, resuelva el punto discutido por las vías de hecho... En consecuencia, usted hará saber a ese gobierno que el de Chile se encuentra dispuesto a continuar la discusión y a constituir el arbitraje, en la expresa inteligencia de que se impartirán inmediatamente las órdenes necesarias para suspender la ley de febrero de 1878. Pedirá usted una respuesta terminante, dentro de un término breve y perentorio. Si la respuesta del gobierno boliviano fuese favorable, como es de esperarlo, usted continuará en su puesto para reabrir la discusión o iniciar gestiones conducentes a la constitución del arbitraje... Si por el contrario, el Gobierno de Bolivia persistiese en llevar a efecto la ley de 14 de febrero último, usted pedirá sus pasaportes, declarando que la conducta de ese gobierno hace del todo inútil e infructuosa la presencia de nuestra Legación en esa república; y que mi gobierno hace pesar exclusivamente sobre el gobierno de La Paz las consecuencias de esta medida, que hemos procurado evitar por todos los medios posibles. El Gobierno de Chile considera también conveniente que usted exprese, antes de retirarse, al de Bolivia, que su negativa reiterada a suspender la ejecución de la ley de 14 de febrero de 1878, importaría la anulación del tratado de 1874, y que, en consecuencia, renacerían para Chile todos los derechos que legítimamente hacía valer antes del tratado de 1866. Por la misma razón, Chile, llegada esta desagradable emergencia, que él no ha provocado y que no ha podido evitar, ejercerá todos aquellos actos que estime necesarios para la defensa de sus derechos".

Chile, con tales instrucciones y un blindado frente a un puerto boliviano, estaba imitando la diplomacia apoyada con cañones que habían puesto de moda las grandes potencias de ese siglo. Era la diplomacia del fuerte sobre el débil. Una diplomacia imperialista. Chile se daba el lujo de adoptarla, pese a su pequeñez y pobreza, aprovechando de que Bolivia era más pobre y no tenía un solo barco con que defenderse.

A esta altura de las circunstancias el gobierno de Santiago estaba ya dispuesto a emplear la fuerza si el de La Paz no aceptaba sus requerimientos. Una nota del canciller Fierro, a su agente consular en Antofagasta, del mismo 3 de enero, dijo: "Si contra nuestras fundadas expectativas el Gobierno de Bolivia persistiera en la violación del tratado de 1874, habrá llegado la oportunidad de acudir a nuestras naves para exigir que los derechos de Chile sean debidamente respetados".

El señor Pedro Nolasco Videla no creyó prudente cumplir estrictamente las órdenes de su cancillería. En vez de ello, el 20 de enero, se dirigió al Ministerio de Relaciones Exteriores boliviano en términos muy conciliatorios, manifestando que su gobierno estaba dispuesto a continuar conversaciones para llegar a un entendimiento o a constituir un arbitraje, pero a condición de que Bolivia previamente, restituyese la situación al estado en que estaba antes de impartirse la orden de cobranza del impuesto de los 10 centavos.

El Ministro Martín Lanza contestó pidiendo explicaciones sobre la presencia en aguas de Antofagasta del buque de guerra y declarando que "ante semejante presión no podía el Gobierno de Bolivia seguir tratando el asunto de manera pacífica". Replicó Videla con el sofisma de que la presencia del "Blanco Encalada" en Antofagasta no tenía la significación que le daba el gobierno boliviano ya que las naves de las armada chilena se estacionaban periódicamente en ese puerto y en el de Mejillones y que fue gracias a esa circunstancia que el mismo buque pudo auxiliar a las poblaciones que sufrieron las consecuencias del maremoto del 9 de mayo de 1877.

Al dirigir la comunicación del 20 de enero el señor Videla no estaba actuando de acuerdo con los propósitos que dominaban en el gobierno de su país. Directores de la compañía de salitres al comprobar el empecinamiento boliviano en cobrar el impuesto de los 10 centavos, veían que Bolivia estaba brindando una preciosa oportunidad para que Chile se adueñase del litoral hasta el grado 23, colocando al salitre del Salar de Carmen y Las Salinas, y de paso a la plata de Caracoles, bajo su bandera y jurisdicción. Varios de los colaboradores del Presidente Aníbal Pinto estaban ya inclinados hacia una política de esa naturaleza.

El vicepresidente de la compañía, señor Miguel Saldías, desde Santiago, en carta al señor Agustín Edwards Ross, que se encontraba en Valparaíso, le dijo: "En las instrucciones a Videla (de 3 de enero), se le indica que para arribar al embargo es necesario antes agotar las negociaciones, ganando tiempo de esta manera para que en el curso de ella podamos asegurarnos si nos conviene celebrar algún arreglo o se nos ocurre algún medio de afianzar de una manera sólida para el futuro nuestra tranquilidad y nuestros derechos. Esto es lo principal a que hemos arribado ahora. Pormenores los conversaremos".

El gerente de la empresa, Jorge Hicks, escribió desde Antofagasta a uno de los miembros del directorio: "Aquí hay un deseo muy grande de tomar el lugar... ". En otra carta había dicho días antes a otro directivo: "La situación no puede ser más seria y nosotros nadamos o nos hundimos con Chile. Toda la cuestión será sometida pronto al arbitraje u ocurrirá un conflicto. En el momento presente podríamos tomar el lugar fácilmente. Más tarde los bolivianos podrán mandar tropas y hacer el asunto más costoso".

XXVII

LA MANIOBRA LEGULEYESCA

Cuando la Asamblea Nacional boliviana estableció la ley que imponía un impuesto de 10 centavos por quintal a las exportaciones de salitre, el Prefecto de Antofagasta era el señor Narciso de la Riva. Renunció a su puesto en junio de 1878 y el Presidente Hilarión Daza lo substituyó por el Coronel Severino Zapata.

La nueva autoridad, tan pronto recibió las instrucciones del Ministerio de Hacienda de cobrar el tributo y en vista de las negativas del gerente de la empresa salitrera chilena para pagarlo, inició un juicio coactivo disponiendo el 11 de enero de 1879: "En nombre de la ley, el ciudadano Severino Zapata, Prefecto y Superintendente de Hacienda y Minas del Departamento, ordena y manda que el diligenciero de hacienda, José Félix Valda, apremie y conduzca a la cárcel pública a Jorge Hicks, Gerente y Representante de la "Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta", deudor al fisco de la cantidad de 90.848 bolivianos y 13 centavos. Así mismo, trabará embargo de los bienes de dicha compañía, suficientes a cubrir la cantidad adeudada, depositándolos en poder de persona abonada y fiable por derecho. Requiere a todos los depositarios de la fuerza pública presten los auxilios necesarios para la ejecución de este mandamiento". El monto de noventa mil y pico representaba la cantidad acumulada desde que se dictó la ley, casi un año antes.

Valda trabó embargo de un terreno, nueve casas y dos depósitos de salitre. Contrariamente a lo que afirman varias publicaciones recientes, confundiendo con lo que ocurrió en la cobranza del impuesto para el alumbrado, no pudo aprehender a Hicks, porque se encontraba en el Salar del Carmen.

Desde allí se dio modos de llegar a bordo del blindado "Blanco Encalada" y pidió libertad provisional con garantía del señor Napoleón Peró. El Prefecto, previo dictamen favorable del Fiscal de Distrito, se la concedió. Volvió a sus actividades y formuló la siguiente protesta ante el Notario Calixto Paz: "Antofagasta, 14 de enero de 1879. No pudiendo consentir ni por un solo momento el atentado legal que trata de vulnerar los intereses de mis representados, protesto en nombre y en representación de la compañía, enérgicamente, y como en derecho me sea permitido, contra el embargo, y forma legal en que se ha efectuado y contra todas las órdenes y procedimientos de las autoridades que han intervenido en él"

El Prefecto escribió al Ministro de Relaciones Exteriores: "Ayer se ha trabado embargo de los bienes de la compañía capaces de cubrir la cantidad de 90.848.13, que es la que se debe, pero creo fundamentalmente que no podrá pasarse adelante, porque intereses tan crecidos no pueden rematarse como exige la ley...".» El remate de los bienes embargados era el siguiente paso según las reglas de los juicios coactivos.

Contestó el Ministro Lanza: "El Jefe del Estado, después de madura deliberación, me encarga decirle que sin ceder un ápice en la perentoria obligación que tiene usted de cumplir las leyes... lleve a efecto todos los trámites del juicio coactivo... En cuanto a que sea difícil el remate de los bienes embargados por falta de postores a su valor ingente, nada más racional y justo que en cumplimiento de las disposiciones del caso se prosiga el juicio hasta obtener la adjudicación de dichos bienes en favor del fisco, previas las respectivas rebajas y formalidades".

Mientras el Prefecto cumplía lo que se le ordenaba y fijaba el 14 de febrero de 1879 (aniversario de la promulgación de la ley del impuesto) como fecha para el remate de los bienes embargados, en La Paz, surgió una idea que pareció salvadora para soslayar la intervención del gobierno de Santiago y reducir el problema a lo que debió ser desde un principio: un conflicto privativo entre el Ejecutivo y la compañía de Salitres.

Tuvo su origen en un artículo de un periódico de Antofagasta en el que un autor anónimo expresó la opinión de que la protesta notarial del gerente Hicks contra la aplicación de la ley del impuesto invalidaba la transacción de 1873 al hacerle faltar el consentimiento de una de las partes. El opúsculo fue como una revelación para los cuatro ministros del Presidente Daza, que eran abogados, incluyendo el General Manuel Othón Jofré. Consultaron a otros juristas y la opinión dominante fue favorable. Se raciocinó de esta manera: La Asamblea Nacional en uso de un legítimo derecho estableció que para ser válida la concesión de yacimientos salitrosos a la compañía chilena, ésta debía pagar un impuesto de 10 centavos por cada quintal de nitrato de sodio que exportase. Al protestar el gerente Hicks contra el cobro de esa gabela tácitamente ha anulado la concesión otorgada. No siendo válida la concesión la compañía no tiene nada que hacer en Bolivia y debe abandonar el país. No habiendo compañía no hay a quien cobrar el impuesto y éste queda anulado. No habiendo impuesto, el Gobierno de Chile no tiene por qué acusar al de Bolivia de violación del tratado de 1874 y tendrá que retirar su intervención. Si la compañía se siente perjudicada en sus intereses podrá recurrir a la Corte Suprema de Justicia de Sucre en un juicio contencioso administrativo.

Para asegurar que el Gobierno de Chile no asumiría otra actitud que la que se esperaba, es decir, apartarse de una cuestión que se iba a volver típica y claramente del régimen legal interno de Bolivia, en la que estaría completamente fuera de lugar una intervención extranjera, se consultó al senador chileno Lorenzo Claro, residente en Bolivia con intereses bancarios y mineros desde años antes y muy vinculado en la cúpula gubernamental y la sociedad paceña. El senador afirmó que el presidente Aníbal Pinto y sus colaboradores, por ser hombres de paz y de derecho no podrían sino sentirse muy felices de que se les brindase una oportunidad para zafarse de una posición que no les agradaba en lo más mínimo, en la que estaban comprometiendo a su patria, por ayudar a una empresa privada, en una cuestión que podía degenerar en confrontación internacional bélica.

Para el caso de que las seguridades que daba don Lorenzo no llegaran a cumplirse, el Ejecutivo boliviano encontró otro factor que le dio plena seguridad de que el Gobierno de Chile, si no se retiraba del problema y llegaba a hacer alguna demostración de fuerza en Antofagasta a favor de la compañía, llevaría todas las de perder. Un funcionario de la cancillería sacó a luz el Tratado de Alianza Defensiva suscrito con el Perú seis años antes y que todos habían olvidado. Hizo notar que seguía vigente pues no tenía término de duración y ninguna de las dos partes contratantes había declarado su caducidad. Con él todo estaba garantizado. Si Chile tocaba suelo boliviano con un solo soldado se produciría el casus foederis previsto en el pacto y el Perú tendría que ponerse codo a codo con Bolivia. Entonces, la marina peruana por el mar y el ejército boliviano por tierra expulsarían ignominiosamente al araucano invasor hasta detrás del Paposo. Bolivia recuperaría el pleno dominio de todo su litoral. El pingüe negocio del salitre se haría por administración directa del gobierno o se lo arrendaría como el del Toco al buen amigo de allende el Titicaca.

El Ministro de Hacienda, señor Eulogio Doria Medina, redactó el decreto. Se promulgó el 1° de febrero (1879), con la firma del Presidente y los cuatro integrantes de su gabinete. Su parte resolutiva, a continuación de varios considerandos, decía así: "Queda rescindida y sin efecto la convención de 27 de noviembre de 1873. En su mérito, suspéndense los efectos de la ley de 14 de febrero de 1874. El ministro del ramo dictará las órdenes convenientes para la reivindicación de las salitreras detentadas por la compañía".

XXVIII

RUPTURA DE LAS RELACIONES DIPLOMÁTICAS

El Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, señor Martín Lanza Saravia (hijo del famoso guerrillero de la independencia: José Miguel García de Lanza), no compartía totalmente el optimismo del presidente Hilarión Daza y de sus colegas del gabinete, señores Eulogio Doria Medina, Serapio Reyes Ortiz y Manuel Othón Jofré, respecto a que con el decreto de rescisión del contrato de la "Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta" se había dado un jaque mate a la empresa como al gobierno de Chile.

Para el caso de que la reacción chilena fuera la contraria de la que daba por segura el senador Lorenzo Claro, creyó prudente dejar entreabierta la puerta del arbitraje, del arbitraje inicialmente propuesto por Bolivia meses atrás y luego planteado reiteradamente por Chile.

Don Martín, al cumplir con el deber protocolar de hacer conocer al representante diplomático de Chile el texto del Decreto Supremo de 1? de febrero que suspendía los derechos de la entidad salitrera en el país, le dijo en el acápite final de su nota: "Esperando por lo tanto que, con la expresada resolución, se restablecerán por completo la armonía y buena inteligencia entre el Gobierno de Chile y el de Bolivia y expresando, además, a Vuestra Señoría, que en caso de suscitarse un nuevo incidente, que no lo espero, mi gobierno estará siempre dispuesto a apoyarse, en caso necesario, en el recurso arbitral consignado en el artículo segundo del tratado de 1875".

El tratado de 25 de julio de 1875, complementario del de límites Baptista-Walker Martínez, rezaba en su artículo segundo: "Todas las cuestiones a que diere lugar la inteligencia y aplicación del tratado de 6 de agosto de 1874, deberán someterse al arbitraje".

Tan pronto como el Presidente Daza se enteró del texto de la comunicación dirigida por el canciller Lanza, lo llamó a su despacho, y con la torpeza que le era habitual en sus frecuentes accesos de cólera, lo increpó por su debilidad y cobardía. No cabían ya arbitrajes y otras lindezas por el estilo cuando se había resuelto obrar con energía contra los chilenos y se contaba con la alianza, de los peruanos. El señor Lanza, por toda respuesta, formuló renuncia a su cargo ese mismo momento. El mandatario se la aceptó ipso facto.

El doctor Serapio Reyes Ortiz fue movido del ministerio de Justicia al de Relaciones Exteriores y se llamó al erudito cochabambino, señor Julio Méndez, a tomar la cartera vacante. Tenía fama de ser amigo del Perú.

El agente chileno, sin saber aun la renuncia del señor Lanza y sus motivos, manifestó en comunicación a Santiago: "Por los cinco anexos a la presente se enterará usted del imprevisto desenlace que se pretende dar al conflicto. Conforme a sus instrucciones podría yo pedir mis pasaportes en vista del decreto de rescisión del contrato de la compañía salitrera, pero como en la nota con la que se me ha remitido copia del mismo se pone en mi conocimiento que este gobierno está dispuesto a someter al fallo de un árbitro toda nueva dificultad que surja, creo más prudente poner los hechos en conocimiento de usted y esperar sus nuevas instrucciones. Creo preferible evitar un rompimiento e intentar todos los recursos honorables que a este fin pueden llevarnos. Acabo de conferenciar privadamente con el Ministro de Hacienda, que es la persona más caracterizada del gabinete, y espero poder llegar a una solución satisfactoria".

A los dos días, el señor Videla tuvo que cambiar de actitud. Escribió nuevamente a su cancillería: "Los acontecimientos que en este país se desarrollan con motivo del conflicto originado por la cuestión del salitre, son cada día más graves y manifiestan que este gobierno busca y provoca un rompimiento con Chile. La última nota del Ministro de Relaciones Exteriores, que en copia he remitido a usted hace dos días, ha producido la salida del señor Lanza del ministerio, el reemplazo de éste por el señor Reyes Ortiz y el nombramiento del señor Julio Méndez, declarado enemigo de Chile, para la cartera de Justicia, Culto e Instrucción Pública. El gobierno tomó a mal la oferta de arbitraje hecha por el señor Lanza en la parte final de su nota y esto es lo que ha ocasionado la crisis ministerial. Sabedor de estas cosas, he dirigido al Ministro de Relaciones Exteriores la nota cuya copia remito a usted. Espero casi con certidumbre una respuesta negativa. De consiguiente, es muy probable que el lunes 10 del presente haya pedido mis pasaportes. A última hora se anuncia que mañana parte en dirección a Chile el señor Reyes Ortiz. Como nada tendría que hacer en nuestro país este caballero, me inclino a creer que se marcha a Lima y que sólo para ocultar el verdadero objeto de su viaje hace propalar rumores falsos sobre él. A fin de ganar tiempo mando la presente por un extraordinario".

El señor Videla estaba en lo cierto. El señor Reyes Ortiz se trasladaba al Perú. Iba a pedir al gobierno del señor Mariano Ignacio Prado el cumplimiento del tratado de alianza si Chile hacía una demostración de fuerza en el litoral boliviano. Una vez conseguido esto, debía pasar a Antofagasta a fin de organizar un contingente que impidiese levantamientos de la población chilena por la expulsión de la compañía de salitres. Salió de La Paz el 9 de febrero. El 10, en Chichilaya, a orillas del lago Titicaca, recibió copia legalizada de la nota-ultimátum del señor Videla. Apresuró su marcha. En Puno tomó un tren extraordinario rumbo a Moliendo.

El Encargado de Negocios de Chile tenía ya en su poder instrucciones de su gobierno, fechadas el 3 de enero, para exigir del de Bolivia una respuesta "terminante y categórica dentro de un plazo perentorio" sobre si aceptaba continuar conversaciones o un arbitraje, pero suspendiendo, previamente, el cobro del impuesto de los 10 centavos. Si la respuesta era negativa, debía pedir sus pasaportes, cerrar la Legación y abandonar Bolivia declarando roto el tratado de 1874.

Cumpliendo tales órdenes, el señor Pedro Nolasco Videla se dirigió al Ministro de Relaciones Exteriores, el 8 de febrero, diciendo en su nota que el decreto de 1° de ese mes significaba que el gobierno boliviano "abandonaba la gestión diplomática y por un camino inusitado llegaba a decidir por sí solo la cuestión a su favor". La compañía no podía ser despojada de las salitreras de las que estaba en quieta y tranquila posesión desde hacía cinco años. Uno de los párrafos finales decía así: "Me apresuro a rogar a Vuestra Excelencia que se sirva declararme definitivamente en una contestación franca y categórica, si el gobierno de Vuestra Excelencia acepta o no el arbitraje establecido en el pacto de 1875, suspendiendo previamente toda innovación hecha en el litoral con respecto a la cuestión en que nos ocupamos. En atención a los inmensos perjuicios que diariamente reciben las industrias y el comercio en aquel departamento y en obsequio a la tranquilidad pública seriamente amenazada, me permito también pedir a Vuestra Excelencia que se digne darme dicha contestación en el perentorio término de 48 horas".

El reemplazante de don Serapio Reyes Ortiz en la cancillería, don Eulogio Doria Medina, de acuerdo con el Presidente Daza, dejó pasar las 48 horas y 24 horas más. El 12 de febrero contestó al señor Videla, diciéndole que la presencia de un barco de guerra frente a Antofagasta, era mirado por las "personas de mayor calma y animados de espíritu de conciliación"... "como un acto hostil y manifiestamente depresivo", y que tenía órdenes de su gobierno para decirle que "cumplía al decoro nacional no continuar la negociación pendiente mientras el mencionado buque no se alejase del litoral de la republica".

El pedido del retiro del "Blanco Encalada" lo hacía el canciller boliviano en la misma fecha en que otros dos barcos zarpaban de un puerto chileno conduciendo un contingente que tenía la misión de tomar posesión de Antofagasta, Mejillones y Caracoles.

Decía también la nota del señor Doria Medina: "Tócame asimismo manifestar a Vuestra Señoría la impresión desagradable que ha causado a mi gobierno el oficio de esa Legación del 8 del actual, en la que cumpliendo sin duda instrucciones superiores, pero saliendo de los usos y prácticas diplomáticas y más que todo de la moderación y carácter benévolo y cortés que le son propios, se sirve Vuestra Señoría exigir contestación categórica en el perentorio término de 48 horas. Tal exigencia, que me abstengo de calificar, podría inducir a mi gobierno a juzgar que el de Vuestra Señoría no está dispuesto a seguir la política de paz, de conciliación, de fraternidad que debe reinar entre los Estados de este continente. El oficio del Excelentísimo señor Fierro, de noviembre, por el que ex-abrupto notifica a Bolivia la ruptura del tratado del 74 y sobra cuya inconveniencia ha fallado ya la opinión pública de América, es altamente depresivo al decoro y dignidad de Bolivia, como lo es la irregular intimación de Vuestra Señoría hecha con conocimiento pleno del cambio del personal en el Ministerio de Relaciones Exteriores y cuando no podía ocultarse a Vuestra Señoría que el gobierno se encontraba en situación de prestar atención inmediata al referido oficio".

Lástima que el señor Doria Medina creyese conveniente incluir la referencia ridícula de cambio de personal en la cancillería como una razón para que no se diese "atención inmediata" al ultimátum de Videla. Las circunstancias eran demasiado trascendentales. Por otra parte, el Gobierno de Bolivia tenía perfecto derecho para responder al Encargado de Negocios de Chile cuando mejor le viniese en gana. No tenía necesidad de buscar justificativo alguno para su atraso.

El señor Videla devolvió la nota del señor Doria Medina diciendo que lo hacía "porque contenía cargos demasiado graves y absolutamente infundados contra la conducta del Gobierno de Chile y el proceder de la Legación a su cargo".

Pidió sus pasaportes. Los recibió al día siguiente, pero se quedó tranquilamente en La Paz. Apadrinó el matrimonio del secretario de su misión, Francisco Valdez Vergara, con la señorita Ángela Bustamante, hija del poeta Ricardo Bustamante. Por cables de su gobierno sabía que parte del litoral boliviano estaba ya ocupado por tropas de su país. Recién el 23 de febrero, Domingo de Carnaval, se embarcó en Chichilaya. La diplomacia cedía el campo a la fuerza.

XXIX

LA "REIVINDICACIÓN" DE ANTOFAGASTA

Hacerse dueño del litoral boliviano en la parte que contenía las riquezas del guano de Mejillones, la plata de Caracoles y el salitre del Salar del Carmen y Las Salinas, es decir, desde el paralelo del grado 24 (establecido como límite boliviano-chileno en los tratados de 1866 y 1874), hasta el paralelo del grado 23, fue tentación que maduró en Chile con influencias cada vez más poderosas. No sólo eran los residentes chilenos en ese territorio agrupados en sociedades como "Patria" (opúsculo XXI de esta serie) quienes la fomentaban, sino personajes de la "Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta" como el gerente Jorge Hicks y los directores Francisco Puelma y Miguel Saldías, empresarios mineros con intereses en Caracoles, miembros del gabinete, que tenían acciones en la empresa como los señores Belisario Pratts y Julio Zegers (ministros de Gobierno y de Justicia, respectivamente), y otros políticos de influencia.

Era una gran tentación para el natural temperamento codicioso de los chilenos que los bolivianos demostrasen muy poco o ningún interés por esas riquezas y que la casi totalidad de sus explotadores fuesen extranjeros (chilenos en su mayoría). El Ministro de Chile en La Paz, durante la etapa final del gobierno de Melgarejo, Ramón Sotomayor Valdez, dijo en un informe a Santiago que el descubrimiento de la ingente riqueza argentífera de Caracoles, que causaba verdadera fiebre en Chile, se veía en Bolivia sin interés, hablándose de él como si hubiera ocurrido en la Siberia rusa.

Las presiones acabaron por vencer los escrúpulos que podía tener el gobierno de La Moneda. En reunión del Presidente de la Republica con sus ministros y los miembros del Consejo de Estado, realizada el 16 de enero de 1879, el señor Domingo Santa María, cuya opinión tenía el peso de su prestigio político e intelectual y de ser el presunto candidato del partido Nacional para suceder a don Aníbal Pinto como Jefe de Estado, opinó que después de insistirse una vez más ante el Gobierno de Bolivia para que se suspendiese el impuesto de los 10 centavos a las exportaciones de salitre y se constituyese un arbitraje, debían declararse rotos todos los pactos ajustados y considerarse la situación como estaba antes de la suscripción del tratado de 1874, de manera que se volviese a ejercer soberanía en el territorio que antes se disputaba a Bolivia y que fue cedido por ese pacto. Personajes como Rafael Sotomayor, Francisco de Paula Taforó, Santos Lira y José Victorino Lastarria apoyaron tal planteamiento. Lo hicieron también, aunque de manera menos decidida, el General Pedro Godoy, y el señor José Salamanca.

Cuando llegó el aviso del representante chileno en La Paz de que se había dictado un decreto que cancelaba los derechos de la compañía de salitres en Bolivia, el Presidente Aníbal Pinto, que se encontraba en Valparaíso por ser la estación del verano, llamó a reunión a sus ministros de Relaciones Exteriores (Alejandro Fierro), Guerra (Cornelio Saavedra) y Gobierno (Belisario Pratts). Días antes el señor Pratts había escrito a su colega Saavedra: "Hoy me dirijo a Pinto diciéndole que debemos impedir el debate y ocupar si es necesario Antofagasta. No ceda usted por nada. Sería una vergüenza". El mandatario preguntó a sus colaboradores si aun cabía un último intento de conciliación. Los tres respondieron con una andanada de razonamientos en contra. La dignidad nacional estaba comprometida. La inercia en que parecía sumido el gobierno estaba provocando críticas en la opinión pública. Los chilenos radicados en Caracoles y Antofagasta podían sublevarse creando situaciones muy delicadas. Era probable que ocurriesen manifestaciones populares en Santiago, similares a las que tuvieron lugar pocos meses antes a raíz del conflicto con la Argentina, causando mala impresión y perjudicando el Partido Nacional en las próximas elecciones parlamentarias. La población chilena en Antofagasta, al ser despojada de sus medios de vida, se levantaría en masa contra las autoridades bolivianas creando un problema muy complicado. La ocupación de Antofagasta no sería sino la consecuencia lógica de la anulación del tratado de 1874 provocada por Bolivia.

El señor Pinto cedió. El Ministro de Guerra impartió órdenes de que los barcos "Cochrane" y "O'Higgins" condujesen un contingente encargado de tomar posesión de Antofagasta, Mejillones y Caracoles. El Ministro de Relaciones Exteriores telegrafió a su agente en La Paz: "La rescisión que es un nuevo agravio, decídese la ocupación de Antofagasta. Retírese inmediatamente".

El 14 de febrero (1879) Antofagasta amaneció con un gran nerviosismo en la población. Era el día fijado para el remate de los bienes de la Compañía de Salitres. Se había comentado antes que el Cónsul del Perú iba a ser el principal postor. No se conocía aún el decreto de rescisión del contrato. No lo conocía ni el Prefecto, Coronel Severino Zapata, debido a las dificultades y demoras con que viajaba el correo desde La Paz al puerto. Dicha autoridad seguía actuando con las instrucciones anteriores, de implementar el cobro del impuesto de los 10 centavos mediante el remate de los bienes embargados.

A las 7 de la mañana hicieron aparición en lontananza las siluetas del "Cochrane" y el "O'Higgins". El "Blanco Encalada" saludó a sus compañeros con salvas de artillería. La población chilena se agitó en el muelle, la plaza y las calles con gran algarabía. La enseña de los rectángulos azul, blanco y rojo se enarboló en numerosas viviendas.

A las 8 se desprendió del "Cochrane" un bote que condujo a tierra al capitán José M. Borgoto y a una escolta. El oficial buscó al cónsul de su país y en su compañía se dirigió a la Prefectura donde entregó un mensaje de su comandante: "Considerando el gobierno de Chile roto por parte de Bolivia el tratado de 1874, me ordena tomar posesión con las fuerzas a mi mando del territorio comprendido hasta el grado 23". Contestó el Coronel Zapata por el mismo conducto: "No tengo fuerzas con que contrarrestar a tres vapores blindados de Chile, pero no abandonaré este puerto sino cuando se consuma la invasión".

A las 8 y 30 desembarcaron 200 soldados armados, con sus oficiales. La población chilena los recibió con aplausos y otras manifestaciones de júbilo. Grupos de exaltados recorrieron las calles. Uno de ellos penetró en la Prefectura e injurió de palabra al Coronel Zapata y a quienes lo acompañaban. Extrajo la bandera boliviana izada en el local y la hizo pedazos. Arrancó el escudo de armas y lo arrojó a media calle. Una mujer zapateó sobre él una cueca que ella misma coreó, acompañada con el palmoteo de sus compatriotas. En el local de la policía, cuyos 34 gendarmes tomaron el camino de Cobija, la hija de uno de ellos. Genoveva Ríos, ocultó la bandera de esta repartición envolviéndola alrededor de su cuerpo, debajo de su ropa, salvándola de que fuera ultrajada. La conservó entre sus bienes, como una reliquia, durante 25 años. En 1904, siendo ya mujer madura, la entregó al Cónsul de Bolivia en Iquique recibiendo como compensación 25 bolivianos. Se conserva hoy en la Capital de la Republica a cargo de la "Sociedad Geográfica e Histórica de Sucre".

El Prefecto, otras autoridades y algunas familias estuvieron refugiadas en el Consulado del Perú hasta el día 16, en que se embarcaron en el vapor "Amazona" de la compañía comercial inglesa, rumbo a Cobija, algunos, y a Arica otros. El 14, los comisarios de policía Valverde, Polo y Valdivia fueron agredidos por el populacho. En el Salar del Carmen fueron muertas dos personas.

Las fuerzas chilenas tomaron también posesión de Caracoles y Mejillones.

En un vano esfuerzo de justificar su apropiación de territorio ajeno, el Gobierno de Santiago circuló a los agentes diplomáticos extranjeros acreditados ante él, un documento que comenzaba así:

"El 12 del presente mes, Su Excelencia el Presidente de la Republica ordenó que fuerzas nacionales se trasladaran al desierto de Atacama para reivindicar y ocupar en nombre de Chile los territorios que poseía antes de ajustar con Bolivia los tratados de 1866 y 1874". Terminaba de esta manera: "Cincuenta horas más tarde la ley chilena imperaba en aquella región, colocando bajo su amparo los intereses chilenos y extranjeros, sin derramar una gota de sangre y en medio del entusiasmo patriótico de las poblaciones redimidas... La nación chilena, amiga de la conciliación, anhelosa por mantener la paz y la unión en América, hizo en su obsequio cuanto fue posible y digno. Violado un pacto solemne, desoídas sus reclamaciones amistosas de una manera inusitada en las relaciones internacionales, convencida de que Bolivia no había dado ni podía ofrecer en el porvenir garantías eficaces a la colonia chilena que había creado pueblos en el desierto, se ha visto en el deber de reivindicar todos los derechos que poseía tranquilamente antes del pacto de 1866, y sabrá mantenerlos con la entereza que es propia de sus hijos, cualesquiera que sean las emergencias que sobrevengan".

Chile, al dar el carácter de reivindicación a su flagrante acto de expoliación de territorio boliviano, dio una nueva prueba de ser una nación de muchas habilidades, pero de muy pocos escrúpulos.

CUARTA PARTE

XXX

PRIMERO EL CARNAVAL, DESPUÉS LA PATRIA

El general Hilarión Daza, calificado por muchos como un "caudillo bárbaro" más en nuestra historia, tiene la suerte de que un grupo de ciudadanos haya salido en su defensa en los últimos años. Como consecuencia, las acusaciones que se le hicieron en vida de haber sido el imprudente provocador de la guerra del Pacífico, de haber ocultado a la nación la noticia del desembarco de fuerzas chilenas en Antofagasta hasta la última noche del Carnaval y de ser el único responsable de la retirada de Camarones, siguen en tela de juicio, pendientes de un veredicto final.

El debate que apasionó a nuestros abuelos ha sido reanudado, pero con una gran diferencia. Para ellos no había transcurrido suficiente tiempo a fin de que pudiesen observar los sucesos con perspectiva e imparcialidad. No tuvieron acceso a los documentos que hoy están a disposición de los investigadores.

Los defensores actuales del General Daza no apoyan sus afirmaciones en prueba fehaciente alguna. Salen a la palestra con el sano deseo de convencerse a sí mismos y de convencer al mundo entero de que en la pérdida de nuestro litoral en el océano Pacífico toda la culpa fue de Chile y de que Bolivia fue una víctima inocente, sin mácula en la actuación de sus conductores.

La historia, la que realmente merece el título de tal, tiene que ser esclava de la verdad. Tiene la obligación de exponerla a la luz pública francamente, en sus grandezas y miserias, en sus glorias y vergüenzas. Sólo la verdad es constructiva. Una nación que tiene el valor de reconocer sus propios errores y de medir a sus figuras públicas con la vara de la justicia, recibirá el beneficio de la experiencia y sabrá caminar hacia un futuro con más seguridad e inteligencia.

El General Daza llegó a la primera magistratura de la república con tres pésimos antecedentes: Según Alcides Arguedas, traicionó a Melgarejo, que tenía depositada toda su confianza en él, por 10.000 pesos; fue protagonista de los ultrajes ordenados por Morales contra el Congreso; después de ser un tiempo el sostenedor de la legalidad y el civilismo, derrocó a Frías con un golpe de Estado, interrumpiendo el proceso democrático, sin esperar el veredicto popular en las elecciones en las que él era uno de los candidatos.

No se lo puede disculpar de que en enero de 1879, en su condición de Presidente de la Republica, permitiera y fomentara que su cumpleaños fuese festejado en La Paz con 8 días de regocijo público, con despliegues militares, cabalgatas, corridas de toros y un baile en el Teatro Municipal mientras miles de sus compatriotas indígenas eran víctimas del paludismo, el hambre y la muerte en los valles de Cochabamba, Tarija y Chuquisaca.

Que supo que Antofagasta había sido ocupado por tropas chilenas antes del Carnaval, consta en documentos irrefutables existentes en los archivos de los Ministerios de Relaciones Exteriores de Bolivia y el Perú. Ha presentado una relación de los primeros el distinguido investigador don Juan Siles Guevara, hace algunas semanas, en su discurso de ingreso a la Academia Boliviana de Historia, publicado en el diario "Presencia".

He aquí una breve exposición cronológica de las pruebas citadas por el señor Siles Guevara y otras:

"Desde luego, el viaje del señor Serapio Reyes Ortiz, a Lima, a pedir al gobierno peruano el cumplimiento del tratado de alianza, es indicación muy clara de que el General Daza y sus colaboradores suponían muy posible una acción de fuerza de parte de Chile. El señor Reyes Ortiz, salió de La Paz el 9 de febrero.

El 13, el Ministro de Relaciones Exteriores, señor Eulogio Doria Medina, expresó al representante diplomático del Perú, señor José Luis Quiñones (según éste informó a su cancillería), que el gobierno boliviano tenía datos para creer que a esa fecha Chile había entrado al terreno de los hechos apoderándose de Antofagasta".

El 15, el Presidente Daza y el señor Doria Medina leyeron un aviso del Cónsul de Bolivia en Valparaíso (Coronel Juan Granier), retransmitido por el Cónsul de Bolivia en Tacna (señor Manuel Granier) que decía: "Gobierno (chileno) ha ordenado a fuerzas reunidas en Caldera ir a Antofagasta y ocupar litoral".

El 17, los mismos personajes conocieron otro mensaje del cónsul en Valparaíso que daba cuenta de que el gobierno de La Moneda "había resuelto la ocupación definitiva de Antofagasta".

El 19, numerosos bolivianos que tuvieron que abandonar Antofagasta tres días antes debido a la ocupación chilena, llegaron a Arica en el vapor "Amazonas" y relataron al Cónsul Manuel Granier los detalles del suceso. El informe que el cónsul envió a La Paz llegó a manos del Presidente Daza y de su canciller Doria Medina el sábado 22 y no el martes 25 como sostienen los defensores del mandatario. El señor Doria Medina acusó recibo de esa comunicación el domingo 23.

Por eso es que, el mismo sábado 22 (vísperas de Carnaval), el señor Doria Medina, en entrevista con el señor José Luis Quiñones, refiriéndose a la precipitación con que el representante de Chile quería abandonar la sede del gobierno, le dijo que "provenía de que Antofagasta había sido tomada por fuerzas chilenas, hecho que él (Pedro Nolasco Videla) no podía ignorar".

No hay duda, pues, de que el Presidente Daza y sus ministros no reaccionaron como les correspondía ante la gravísima situación que Chile planteaba en el litoral y de que cometieron tres actos de lesa patria: Primero, ocultar la noticia a la población; segundo, dejar que la republica, con una lanza clavada en uno de sus costados, se entregase al frenesí del Carnaval; tercero, dedicarse ellos mismos, por lo menos el Jefe de la Nación, a la farra.

Los defensores del General Daza, con lulo de detalles, pero sin apoyo de un solo documento, afirman que el Cónsul en Tacna, al saber de la llegada de compatriotas a Arica el 19, en el "Amazonas", fue a entrevistarlos y que con las noticias que recibió de ellos despachó un informe al gobierno al día siguiente, mediante el "chasqui" Gregorio Coligue, que arribó al Palacio de Gobierno a las 11 de la noche del Martes de Carnaval, 25 de febrero. El cochero Anselmo Salamanca le expresó que el General Daza había ido a una fiesta en casa de don Carlos Frías, a donde lo acompañó. En el lugar indicado se les comunicó que el presidente había pasado a otra fiesta, en la residencia del Intendente de Policía. Coronel José María Baldivia, donde lo encontraron, haciéndole entrena del pliego del cónsul Granier. El General Daza abandonó el festín, se restituyó a su despacho y comenzó a adoptar las medidas de emergencia que exigía el desafío chileno.

Los defensores del General Daza únicamente toman en cuenta esa versión e ignoran los documentos de los archivos de las cancillerías boliviana y peruana.

Pero aun en el caso de que el General Daza hubiera sabido por primera vez la última noche del Carnaval que Antofagasta estaba ocupada su conducta no sería disculpable. El peligro chileno se cernía sobre el litoral desde el 6 de enero en que el blindado "Blanco Encalada", se instaló ignominiosamente frente a ese puerto. Los despliegues militares que se realizaron en La Paz en celebración de su cumpleaños, habrían estado mucho mejor en el punto donde existía amenaza de una invasión. Una vez que el Encargado de Negocios de Chile declaró rotas las relaciones diplomáticas (12 de febrero), cerró su Legación, pidió sus pasaportes y se dispuso a abandonar Bolivia, el más ignorante de los gobernantes tenía que haber supuesto que algo grave iba a ocurrir contra Bolivia.

Por lo demás, la culpabilidad del General Daza no sólo está en lo que dejó de hacer desde que supo de la ocupación chilena de Antofagasta en la semana anterior al Carnaval, sino en lo que dejó de hacer desde que las relaciones con Chile entraron en conflicto, seis meses antes, con la reclamación del gobierno de La Moneda a raíz del impuesto de los 10 centavos, con la declaración de que era violatorio del tratado de 1874.

Nadie puede negar, ni los defensores del General Daza, que la situación de Bolivia era muy delicada desde la ruptura de relaciones del 12 de febrero y que a partir de esa fecha era inminente una incursión chilena en el litoral. Si el General Daza no hubiera sabido sino el martes 25 que Antofagasta fue ocupada sin derramamiento de sangre, contrariamente a lo que creen sus defensores, su indiferencia de los días precedentes resultaría más criminal. Querría decir que se entregó a la farándula carnavalera cuando le era lógico temer que sus compatriotas de la costa podían estar sufriendo los horrores frecuentes en una invasión extranjera: violación de sus hogares, esposas e hijas y la muerte.

XXXI

¡QUE SE RINDA SU ABUELA, CARAJO!

Una vez reintegrado a su despacho en el palacio presidencial a la media noche del Martes de Carnaval, 25 de febrero, despojado de la careta y el disfraz, el General Hilarión Daza, dándose recién por enterado del desembarco de tropas chilenas en Antofagasta, con ayuda de algunos áulicos redactó un manifiesto dirigido a la nación.

En él cometió la imprudencia de hacer públicas sus intenciones estratégicas. Dijo: "Bolivia acepta la guerra sin provocarla. La ofensiva pertenece al desgarrador de tratados y al detentador del territorio. Nuestra fuerza es eminentemente defensiva e inexpugnable. No renunciaremos a ella. Tócales a los chilenos salvar el desierto, vencer el espacio y retarnos en el asiento de nuestro poderío. Conciudadanos: Ved ahí trazada nuestra tarea con el agresor...".

Esto significaba avisar al enemigo que podía quedar en tranquila posesión de la costa boliviana sin temor a ninguna acción de rechazo del ejército boliviano, que es lo que correspondía. Era avisarle que si patriotas como Ladislao Cabrera y Eduardo Avaroa trataban de detener al enemigo, su coraje no tendría ningún apoyo desde el interior y podían ser fácilmente atropellados.

Al día siguiente, el mandatario y sus ministros Eulogio Doria Medina, Manuel Othón Jofré y Julio Méndez firmaron dos decretos. Por el primero, declararon "la patria en peligro y en estado de sitio". Por el segundo, concedieron "amnistía amplia y sin restricciones a todos los bolivianos que por motivos políticos estuviesen confinados o fuera del país".

La primera población en enterarse de lo ocurrido en Antofagasta fue la de Tupiza. Era la única que entonces tenía servicio telegráfico. El 11 de febrero estrenó la línea que la conectaba con la red del norte argentino. El 23 le llegó la noticia desde Buenos Aires. Los vecinos se reunieron de inmediato en la casa de gobierno y como primera medida resolvieron enviar víveres a San Cristóbal con un pelotón de rifleros comandados por el Coronel Segundo Games, a fin de auxiliar a sus compatriotas que suponían en retirada del litoral, por el camino de Calama. Los principales promotores fueron el General Narciso Campero y don Félix Avelino Aramayo.

En La Paz, el 24 de febrero, Miércoles de Ceniza, una concentración popular recorrió varias calles del centro portando las banderas boliviana, peruana y argentina que depositó en el Loreto. El Presidente del Consejo Municipal, señor Daniel Núñez del Prado, pronunció un discurso e invitó a un comicio. Este tuvo lugar al día siguiente actuando como primer orador el señor Antonio Quijarro. Hablaron también los señores Víctor Pérez (Fiscal del Distrito), Isaac Tamayo (diputado) y Rudecindo Carvajal. El General Daza pronunció una breve alocución ante el público congregado en la plaza 16 de julio. Aquí también, a pedido de la poblada, volvió a usar de la palabra el señor Isaac Tamayo. La multitud, calculada en unas 2.000 personas, recorrió nuevamente las calles principales. Al final de la jornada se firmó una protesta contra Chile declarándose que todos se ponían "alrededor del gobierno" y solicitaban "una guerra pronta" para la que ofrecían sus bienes y su vida.

El 28, Daza y sus colaboradores expidieron otro decreto que ordenó la organización de la Guardia Nacional activa y pasiva. "La primera con todos los bolivianos solteros y viudos de 16 a 40 años. La segunda con los casados y los mayores de 40".

El 1° de marzo siguieron tres decretos más. Uno cortando toda comunicación y comercio con Chile, ordenando la salida de Bolivia de los ciudadanos de ese país en el término de 10 días desde su notificación personal y el embargo de sus bienes muebles e inmuebles, excepto su equipaje y menaje particular. Otro, declarando al ejército en campaña. El tercero, disponiendo un descuento en los sueldos y pensiones de todos los empleados públicos, civiles y eclesiásticos, en un 10, 20, 25 y 30 por ciento, según su monto.

En Oruro, el 27 de febrero, lo más selecto de la ciudadanía se concentró en el templo de La Merced y aprobó un acta redactada por los señores Donato Vásquez, José Mier y León y Octavio Dalence. En ella se ofreció al gobierno, "sin reserva alguna", el concurso de los esfuerzos personales, los recursos y la sangre de los orureños para reivindicar el territorio usurpado y la honra nacional.

En la misma fecha, en Tarija, en vista de las noticias llegadas de Tupiza, el pueblo marchó por las calles eufórico de patriotismo y suscribió un documento de adhesión al gobierno y de ofrecimiento de servicios y personas hasta el sacrificio final.

El 28 le tocó el turno a la ciudad de Cochabamba. Un comicio reunido en el Colegio Sucre, bajo la presidencia del Obispo Javier del Granado, encomendó a los señores Mariano Baptista, Melchor Terrazas y Jorge Oblitas la inmediata redacción de un manifiesto que fue aprobado por unanimidad en medio de grandes aclamaciones. Hubo discursos del señor Baptista y don Nataniel Aguirre. Se realizó un desfile patriótico en cuya cabeza se portaba el busto del Libertador y los pabellones boliviano y peruano que fueron depositados en un altar patrio improvisado en la galería norte de la Plaza 14 de Septiembre.

En Potosí se manifestó un gran fervor cívico. También se realizó una concentración de la ciudadanía que dio a luz una protesta anti chilena firmada por los señores Demetrio Calvimontes, Pedro H. Vargas, Modesto Omiste, Daniel Campos y cientos de otros patriotas.

Al conocerse el suceso de Antofagasta en Sucre, se produjo aglomeración de público en la Plaza 25 de Mayo al que arengaron el Prefecto Ipiña y los señores José Manuel Gutiérrez, Manuel Aguirre y Samuel Velasco Flor. Un comicio realizado en la Casa de la Libertad, dirigido por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Basilio Cuéllar, emitió un documento en el que los firmantes se comprometieron a "no escatimar sacrificio alguno hasta reconquistar la soberanía hollada por el invasor".

En Santa Cruz y Trinidad hubo manifestaciones similares con profunda fe bolivianista. Desgraciadamente la prensa no registró detalles para la historia.

En las capitales de provincias los pueblos a su vez expresaron sus sentimientos patrióticos: Es digno de mencionarse el caso de Colquechaca, población que atravesaba por un período de prosperidad debido al auge de sus minas de plata. Las actuaciones anti chilenas las encabezó el señor Aniceto Arce.

Haciendo eco a la inquietud nacionalista de todo el interior, las diminutas guarniciones militares desplazadas de los puertos de Antofagasta, Mejillones, Cobija y Tocopilla, con sus jefes y oficiales, algunos empleados públicos y personas particulares se concentraron en Calama obedeciendo al llamado del abogado, periodista y político don Ladislao Cabrera, que consideraba que el honor nacional exigía que alguien se interpusiese en la marcha triunfal del invasor por el litoral boliviano, por mucho que el resultado del choque pudiese determinarse de antemano dado el potencial bélico de los chilenos y el aislamiento y debilidad de los defensores, por mucho que el reto no pasase de ser un gesto quijotesco de un puñado de valientes que querían dejar constancia de que ese era suelo de su patria marcándolo con su sangre.

El encuentro ocurrió el 23 de marzo. Los detalles son muy conocidos. El contingente chileno estaba constituido por 544 combatientes de infantería y caballería, con dos cañones de campaña y una ametralladora. Cabrera tenía a sus órdenes 135 bravos armados con 43 rifles modernos y 30 a fulminante, 12 escopetas de caza, 14 revólveres y 32 lanzas. No obstante la gran diferencia de fuerzas, el combate duró tres horas. Al final, don Ladislao Cabrera, constatando que su gente tenía varias bajas, que la munición estaba agotada y que el enemigo surgía en su retaguardia, dio la orden de retirada, en dirección a Chiuchiu, Canchas Blancas y Potosí.

Todos obedecieron el toque de corneta menos uno. Eduardo Avaroa Hidalgo, que entró a la refriega con 300 proyectiles, siguió combatiendo desde una zanja. Al principio de la acción había cruzado el río Loa pasando al campo enemigo con 10 compañeros que murieron o cayeron prisioneros. Siguió allí, solo, frente a toda una división, del ejército enemigo, como un león enfurecido que defiende su querencia.

Fue ubicado. El Teniente Carlos Souper, y los soldados de su compañía lo encontraron mal herido, pero todavía empuñando el Winchester con actitud desafiante, sucio de tierra, pólvora, sudor y sangre.

Le intimaron rendición. El contestó con una exclamación que retumbó como un rugido:

—" ¡Que se rinda su abuela, carajo!".

Porque no tenía ya más proyectiles, blandió la frase como una espada, con la palabrota final como el filo que hendía en la conciencia de Chile.

XXXII

"VUELE EL EJERCITO" A DEFENDER AL PERÚ

Según afirma el historiador don Julio Díaz Arguedas, el ejército de Bolivia en febrero de 1879 contaba con 2.175 elementos de tropa distribuidos en tres batallones de infantería: "Daza", "Sucre" e "Illimani", llamados también "Colorados", "Amarillos" y "Verdes" por el color de la chaqueta de su uniforme; dos secciones de artillería y como caballería un grupo de húsares y otro de coraceros. En absoluta desproporción con tan escasos soldados existían 16 generales, 219 coroneles y tenientes coroneles, 215 mayores, 100 capitanes y 256 tenientes y subtenientes, o sea, 800 militares.

El exceso de jefes y oficiales resultó providencial para dar comandantes a los numerosos contingentes de voluntarios que se presentaron en respuesta al llamado del gobierno, a fin de constituir la Guardia Nacional Activa, y el cuerpo de caballería denominado "La Legión Boliviana".

De acuerdo con la separación de clases sociales que existía en la época, los llamados "jóvenes decentes" o juventud de la clase blanca se alistó en la "Legión Boliviana" con sus propios caballos y aun con armas de su propiedad quienes poseían rifles. Los de La Paz y Oruro integraron el batallón "Murillo"; los de Cochabamba, el "Vanguardia"; los de Sucre, Potosí y Camargo, el de los "Libres del Sur"; los de Santa Cruz y Trinidad, el escuadrón "Velasco" y los de Tarija el escuadrón "Méndez".

La juventud mestiza de las ciudades y capitales de provincias (en su mayoría artesanos, maestros, oficiales y aprendices), integraron los batallones de infantería. En el departamento de La Paz el "Victoria", "Illimani 2", "Paucarpata" e "Independencia". En el departamento de Cochabamba, el "Aroma", "Viedma" y "Padilla". En Chuquisaca, el "Olañeta". En Oruro el "Dalence". En los departamentos de Tarija y Potosí, el "Bustillo", "Ayacucho", "Tarija" y "Chorolque". En Colquechaca, el "Vengadores".

La clase mestiza de Santa Cruz y el Beni no fue llamada bajo banderas. Tampoco la clase indígena de toda la republica que vivía marginada de toda actividad nacional aparte de la de proporcionar siervos para el trabajo de las propiedades rusticas de los terratenientes. Además, desde cuatro meses antes venía siendo diezmada por el hambre y la peste que asolaban los valles centrales.

Las principales ciudades se convirtieron en campamentos militares. Por las calles circulaban a pie o a caballo gente en uniforme. Los toques de corneta y músicas marciales se escuchaban por doquier y a diferentes horas de cada jornada. Los batallones hacían ejercicios de marchas y despliegues a la vista del público en el centro urbano y en las afueras. Las señoras y señoritas confeccionaban estandartes y los bordaban con hilos de oro. Se oficiaban misas de campaña. Se escuchaban arengas patrióticas. Todo era entusiasmo y animación.

De acuerdo con el mensaje que dirigió a la nación la noche del 25 de febrero (1879), el Presidente Hilarión Daza tenía la intención de adoptar una estrategia defensiva, manteniendo todas las fuerzas en el altiplano, esperando que el ejército chileno subiese a las alturas e ingresase más al interior de la republica. Empero, los urgentes llamados del gobierno del Perú, por medio de don Serapio Reyes Ortiz, lo hicieron cambiar de criterio. En toda su actuación en la guerra iba a subordinarse a los propósitos del aliado. Los telegramas dirigidos por el señor Reyes Ortiz desde Lima le dijeron: "Salga división vía Tacna" (3 de abril); "Chile declaró guerra al Perú. Salga ejército inmediatamente a Tacna" (5 de abril)”; Vuele ejército" (7 de abril).

Obedeció. "Voló" hacia la costa peruana con las tropas que estaban listas en La Paz y Oruro, sin esperar que se le reuniesen las reclutadas en los otros departamentos. Salió de la sede del gobierno el 16 de abril y el 30 del mismo mes arribó a Tacna. Relata el diarista José Vicente Ochoa: "A la una de la tarde, entre una lluvia de mixtura, entre vítores y otras manifestaciones de entusiasmo, se presentó el General Hilarión Daza que con su militar apostura atrajo las simpatías del pueblo que lo espectada. Iba acompañado de las autoridades tacneñas, de los consejos departamental y municipal, los jefes de su Estado Mayor, edecanes y cuatro coraceros de gran talla. Lo seguía el ejército encabezado por el batallón "Colorados", al que seguían el "Paucarpata" y "Bolívar" (Primera División); "Sucre", "Dalence" y la artillería (Segunda División); "Illimani", "Independencia", "Vengadores" y la escolta (Tercera División). Entre la primera y la segunda división desfilaron los 300 jinetes del "Murillo". Todos hacían un total de 7 generales, 124 jefes, 383 oficiales, 15 médicos, 2 capellanes y 5.421 soldados. El bello sexo desde los balcones arrojaba ramilletes de flores. A las pocas cuadras de la entrada estaba un elegante arco erigido por la colonia boliviana. La entrada fue muy lucida. Se notaba en todos los semblantes la admiración y el respeto que inspiraba nuestro ejército. Antes de retirarse a sus cuarteles hizo columna de honor ante un retrato del Presidente del Perú".

Los cochabambinos del "Vanguardia" llegaron a Tacna el 2 de mayo. Los chuquisaqueños el 9 y 19 del mismo mes. Los demás cochabambinos el 30 de junio. Los cruceños y benianos el 13 de octubre. Potosinos y tarijeños quedaron vagando durante meses en la altipampa a las órdenes del General Narciso Campero y sólo llegaron a la zona de operaciones a principios del año siguiente (1880).

En descargo de las responsabilidades del General Daza es justo anotar que se movilizó con las tropas que tenía listas hacia Tacna creyendo que el gobierno de Lima pondría a su disposición parte de su escuadra y que se embarcaría en Moliendo o Arica con destino al extremo sur del Perú, para de allí avanzar sobre el litoral boliviano en busca de los chilenos.

Nunca hubo intención del gobierno peruano hacer ese traslado. Las fuerzas bolivianas tuvieron que permanecer en Tacna, en un destierro indefinido, que terminó un año más tarde, como corolario de la derrota del Alto de la Alianza. Sólo una parte de ellas fue movida al departamento de Tarapacá, pero para luchar, al lado d3 las peruanas destacadas anteriormente allí: por la integridad territorial del país vecino.

Desde Tacna, el General Daza envió el siguiente mensaje al Presidente del Perú: "Es en el seno de la verdadera confraternidad que vengo a unirme a usted, para que con esfuerzos comunes mostremos al mal aconsejado Gobierno de Chile que en América no es la fuerza el derecho". Contestó el General Mariano Ignacio Prado: "Precisamente llega vuestra carta en el momento en que voy a emprender la marcha en busca de nuestro común enemigo y tócame la dicha de llevaros personalmente el abrazo cordial que el gobierno y el pueblo peruano envían a sus hermanos de Bolivia. Estoy seguro como vos que la santa causa de la justicia es propicia al Dios que rige el destino de las naciones y que el valor de los ejércitos aliados reintegrará a Bolivia su territorio usurpado...".

La interminable y aburrida permanencia en Tacna enfrió los ánimos de los jóvenes guerreros que abandonaron sus hogares pletóricos de entusiasmo bélico, ansiosos de enfrentar de inmediato al invasor de su patria, dispuestos a llegar hasta el sacrificio de sus vidas, si era necesario, siguiendo el heroico ejemplo de Eduardo Avaroa.

Del diario de Ochoa: "Es posible que tengamos que retornar todos a Bolivia para hacer la guerra por Calama, es decir, una campaña propia en territorio propio, pues la estancia en Tacna, que parece indefinida, no hace sino aniquilar a nuestras tropas y también los fondos de nuestra caja de guerra. La vida es carísima en esta ciudad. Se ha triplicado el valor de todo desde nuestro arribo. Siguen las hablillas de que el único objeto de habernos hecho venir hasta aquí ha sido para proteger Tacna y Arica. Es curiosa esta paz en plena guerra. La única señal de que estamos en campaña son los constantes ejercicios de instrucción militar que se hacen a todas horas en las calles, plazas y goteras de la ciudad. Anoche se efectuó un concierto en beneficio de las ambulancias (Servicio Médico de Cruz Roja). Tomaron parte caballeros y señoritas de Arica y Tacna. En el primer acto colaboraron algunos jóvenes del escuadrón "Murillo". En compañía de algunas señoritas entonaron con toda maestría los himnos peruano y boliviano".

XXXIII

EL PERÚ ENFRENTADO CON LA GUERRA

Don Serapio Reyes Ortiz llegó a Lima en la madrugada del 16 de febrero (1879) con la muy importante misión de obtener del Perú la ejecución del tratado de alianza suscrito en 1873. Dijo en un informe: "Después de la ceremonia de presentación de mis credenciales, en acto privado por la naturaleza secreta de mi misión, el señor Presidente del Perú expresó, aunque no de manera oficial, ideas que no eran favorables a la causa de Bolivia... No nos reconocía el derecho de cobrar el impuesto de los 10 centavos...".

El Ministro de Relaciones Exteriores fue más explícito. Le declaró que dicho pacto había caducado debido a que Bolivia celebró su tratado de límites con Chile en 1874 (Baptista-Walker Martínez) sin dar aviso al Perú, como era su obligación por una de las cláusulas de la alianza. "Se negó en absoluto a entrar en discusiones sobre ella.”

Para los ocupantes del Palacio de los Virreyes la aparición del señor Reyes Ortiz en Lima, reclamando la ayuda peruana a favor de su patria en la guerra que estaba iniciando Chile con su apoderamiento del Litoral de Atacama, fue una sorpresa muy desagradable. El documento que trajo en su maleta y exhibía a unos y otros tenía para ellos la significación de un cadáver que debió enterrarse años atrás.

En palabras del Presidente Mariano Ignacio Prado, "el Perú no tenía armada, no tenia ejército, no tenía dinero, no tenía nada para una guerra" Era urgente detener el aluvión bélico. Los representantes peruanos en La Paz y Santiago fueron instruidos para que buscasen algún arreglo. Se destacó a la capital chilena, con el mismo objeto, a uno de los hombres más eminentes, don José Antonio Lavalle, que tenía vinculaciones de amistad con personajes del gobierno y la sociedad de Chile. Bolivia debía suprimir sus medidas contra la empresa salitrera y Chile retirar sus tropas del litoral boliviano.

Al tener noticias de que Chile concentraba toda su escuadra en Antofagasta y acumulaba allí abundante contingentes armados y pertrechos bélicos, el gobierno peruano abrió los ojos. Tales preparativos no podían ser contra Bolivia, país que no tenía un solo barco y al que se le había arrebatado ya el territorio que interesaba a su agresor. La escuadra chilena no podía estar aprestándose sino contra el Perú. La misión del señor Lavalle adquirió una nueva urgencia: ¡ganar tiempo! Tiempo para que los buques peruanos, que estaban viejos y en pésimas condiciones, se reparasen en el astillero del Callao. Tiempo para enviar tropas al departamento de Tarapacá. Tiempo para conseguir recursos económicos. ¡Tiempo para que el Perú pudiese salir de su delicada situación de inferioridad, de su indefensión!

Chile supo por varios conductos la existencia del tratado de alianza perú-boliviano el mismo año de su suscripción, 1873. Perú también lo olvidó, o lo supuso caduco, como ocurrió en Bolivia y el Perú. Se enteró de que el gobierno de La Paz lo resucitaba por las cartas que el Presidente Hilarión Daza dirigió al Prefecto de Antofagasta los primeros días de febrero y que, en vez de llegar a manos de su destinatario, cayeron en poder de las fuerzas chilenas que ocupaban ese puerto desde el 14 de ese mes. Dicha correspondencia contenía frases como éstas: "Tengo una buena noticia que darte. He fregado a los gringos decretando la reivindicación de las salitreras y no podrán quitárnoslas aunque se esfuerce el mundo entero... Espero que Chile no intervenga en ese asunto empleando la fuerza. Su conducta con la Argentina revela de manera inequívoca su debilidad y su impotencia; pero si nos declara la guerra, podemos contar con el apoyo del Perú, al que exigiremos el cumplimiento del tratado secreto... El Ministro Reyes Ortiz, marcha a Lima dentro de dos días a ponerse de acuerdo con el gobierno de ese país..."

En Chile, los enemigos del Perú, que eran muchos, propalaron a todos los vientos la noticia de la alianza y atizaron los sentimientos anti peruanos. Cuando el señor José Antonio Lavalle llegó a Valparaíso (4 de marzo), una concentración popular lo esperaba en el muelle, aleccionada en su contra por un volante que circuló los días anteriores diciendo: "El pueblo de Chile desea hacer comprender al plenipotenciario peruano que, ya como mediador oficioso, ya como juez inquisidor, su misión es ineficaz y odiosa. Con este objeto se convoca al pueblo de Valparaíso a un meeting para el martes 4, a las 8 de la noche, en la Plaza de la Independencia, a fin de hacer prácticas estas consideraciones y adoptar en presencia del enviado peruano una actitud digna de los hijos de Caupolicán y Lautaro".

El señor Lavalle se dirigió a su hotel por en medio de una multitud hostil. Esa noche el consulado peruano en el puerto fue apedreado. En Santiago, el Presidente de la Republica, señor Aníbal Pinto, y su Ministro de Relaciones Exteriores, señor Alejandro Fierro lo recibieron con las obligadas cortesías del protocolo diplomático, pero resolvieron desenmascararlo. El ministro le dijo: "Me permito consultarle qué hay de un tratado de alianza secreto que se dice existe entre el Perú y Bolivia. Godoy (representante chileno en Lima) me escribe ahora que fue suscrito en 1873, no obstante de que en los seis años anteriores no dijo nada al respecto. Videla (representante chileno en La Paz) también se refiere a él últimamente, diciendo que ha sido encontrado en un armario y que se habla mucho de él en esa ciudad".

Se ha descrito a los diplomáticos expresando que son "personas honradas que una nación destaca al exterior para que mientan a favor de su patria". Nunca esa descripción fue más cabal que en el caso de don José Antonio. Conocía muy bien el pacto boliviano-peruano de 1873, pues recibió una copia a su salida de Lima y asistió a una reunión con el señor Reyes Ortiz, en la que no se habló de otra cosa. Sin embargo, en su respuesta al señor Fierro le manifestó que nada sabía de él, que no podía existir puesto que fue Presidente de la Comisión de Negocios Exteriores del Senado de su país en las legislaturas de 1873 y siguientes y nunca lo oyó mencionar.

El gobierno chileno sabía muy bien que el señor Lavalle estaba mintiendo. No podía delatarlo por las reglas de la cortesía, más exigió que el Perú se declarase neutral en el conflicto chileno-boliviano, como condición previa para que se pudiese aceptar su intervención pacificadora.

Las autoridades de Lima se vieron en mayores apuros. El señor Lavalle, en su primera comunicación, les había dicho: "El verdadero objetivo de los preparativos bélicos de Chile es el Perú y no Bolivia". En la siguiente añadió: "La perspectiva de una complicación con el Perú aterra a unos, por las terribles consecuencias que pudiera traerle a Chile. Alienta a otros que, con la exagerada idea que abrigan de las fuerzas de la nación, estiman más fecunda en glorias y en provechos una guerra con el Perú, que una guerra con Bolivia". Por su parte el cónsul peruano en Valparaíso, señor Luis E. Marques, escribió: "El anhelo de la guerra con el Perú es vehemente en todos los círculos sociales de Chile... Cinco años de permanencia en Chile me han enseñado a conocer el espíritu del país y su política externa".

El ministerio chileno en Lima, Joaquín Godoy, avisó el 12 de marzo: "Al Perú le conviene aplazar el momento de tomar una decisión, porque ella tendrá que ser de intervención armada". Avisó también que, para seguir ganando tiempo, los gobernantes peruanos habían convocado al Congreso a reunirse a partir del 24 de abril, más de un mes más tarde, con el pretexto de que era el Poder Legislativo al que correspondía estudiar la declaratoria de neutralidad.

Cumpliendo instrucciones de la cancillería de La Moneda, el señor Godoy, tuvo una entrevista con el Presidente Prado y le reclamó una definición más pronta. "Diga usted dos palabras, seré neutral, y todo se arreglará entre Chile y el Perú" —dijo el diplomático Contestó el mandatario: ¡No puedo, no puedo!, porque Pardo (su antecesor en la presidencia) me ha dejado amarrado a Bolivia por un tratado de alianza".

Esta confesión es lo que estaba esperando Chile. El señor La-valle tuvo que ratificarla. Leyó el texto del tratado de 1873 al canciller Fierro, pero explicándole que no había sido convenido en contra de nadie, sino con carácter netamente defensivo.

Con el reconocimiento oficial peruano de la existencia de la alianza, el gobierno de Santiago obtuvo autorización del Congreso para declarar la guerra al Perú. La ley en tal sentido se aprobó el 1° de abril. Causó enorme júbilo en todo Chile. Un editorial del principal diario, "El Mercurio", comentó: "El General Prado al enviarnos al señor Lavalle con propuestas de mediación, mientras que por otro lado maniobraba para hacernos caer en una alevosa emboscada, ha procedido como digno jefe de un gobierno que por sus infidencias características, su proverbial falta de honradez y carencia absoluta de todo decoro, es la piedra de escándalo de todos los países de Europa y de América... Es preciso que la venganza sea tan terrible como el insulto y que los degenerados descendientes de los incas reciban el castigo que merecen por su traición cobarde, por su envidia ruin, por sus odios inveterados y gratuitos contra Chile, que generoso y magnánimo, corrió dos veces a libertarlos del ignominioso yugo que los oprimía".

XXXIV

TODOS LOS GASTOS DE LA ALIANZA SOBRE BOLIVIA

Desde la llegada del señor Serapio Reyes Ortiz a Lima (16 de febrero) y hasta finalizar marzo, es decir, durante mes y medio, el gobierno del General Mariano Ignacio Prado trató de soslayar su obligación de entrar a la guerra al lado de Bolivia, pese al flagrante casus foederis existente de acuerdo a los términos del tratado de alianza de 1873, como era la invasión chilena a territorio boliviano.

En cambio, las poblaciones del país, particularmente la de la capital, con ese instinto que muchas veces hace ver a los pueblos lo que sus gobernantes no atinan a percibir, presentían que Chile se preparaba a atacar al Perú para completar con el muy rico fruto de Tarapacá la aventura expansionista que había iniciado con su apoderamiento de la costa boliviana de Atacama. Trataron de salir a las calles para expresar su apoyo al vecino del otro lado del Titicaca y su repudio a los agresores, pero las autoridades se lo prohibieron. Solamente unos 500 alumnos del Convictorio Caro-lino de San Carlos, después de concentrarse en los salones de su plantel y escuchar varios discursos, lograron marchar hasta donde se encontraba la Legación de Bolivia. Los señores Serapio Reyes Ortiz y Zoilo Flores (ministro boliviano residente) salieron a los balcones y los arengaron brevemente.

A decir de don José Antonio Lavalle, casi todos en el Perú querían la guerra. Los partidarios del General Prado por la esperanza de que gracias a ella su líder ganase en popularidad y se consolidase en el poder. Los seguidores del caudillo Nicolás de Piérola porque le permitiría volver del exilio. Los militares y marinos por el deseo de tener oportunidades de mostrar su valor y ganar ascensos. Los negociantes, empresarios e industriales por las ocasiones que les podría brindar para aumentar sus fortunas. El resto de los habitantes "por faroleros y por impulso ajeno".

Con la declaratoria de guerra de Chile del 3 de abril (1879), el gobierno peruano recién reconoció oficialmente que el pacto con Bolivia de 1873 seguía vigente y convenía ponerlo en práctica.

El canciller Facundo Infante invitó al señor Reyes Ortiz a discutir cuales serían las condiciones de participación de uno y otro aliado. El 15 de ese mes, ambos negociadores suscribieron el llamado Protocolo de Subsidios".

Contenía las siguientes estipulaciones principales: "Bolivia contribuirá a la guerra con un ejército de 12.000 hombres y el Perú con 8.000 y toda su escuadra... La expresada fuerza de tierra podrá aumentarse posteriormente... Bolivia se obliga a indemnizar al Perú los gastos que le ocasione la guerra que le ha declarado el Gobierno de Chile a causa de la alianza con ella: entendiéndose por tales gastos los de movilización de su ejército y armada, los de organización, sostenimiento y movilización de la fuerza extraordinaria de mar y tierra, los de compra de armamentos y buques para el ejército y la escuadra, así como el valor de los buques y armamentos que se pierdan".

En otras palabras, Bolivia tenía que correr con sus propios gastos bélicos y, además, costear absolutamente todos los del Perú. En otras palabras, el Perú iba a defenderse de Chile cargando a Bolivia el monto total de los desembolsos que hiciese para tal fin.

Con la acumulación de fuerzas de mar y tierra en Antofagasta después de haberse apropiado del litoral boliviano y luego con su declaratoria de guerra al Perú, Chile se quitó la máscara y mostró al mundo que el enemigo al que realmente quería enfrentar en una contienda armada era el Perú. Desde el 3 de abril cambió fundamentalmente la orientación del conflicto. Lo que inicialmente fuera un abuso de fuerza de Chile sobre el Litoral boliviano, equivalente al asalto a mano armada de una porción de territorio que su legítimo dueño tenía desguarnecida, se convirtió en una conflagración bélica entre dos países que desde su fundación como republicas tenían rivalidades de tipo comercial y naval.

La discordia boliviano-chilena terminó prácticamente con la ocupación de todo el litoral boliviano, puesto que Bolivia, por si sola, sin poseer barco alguno y con un desierto de por medio, estaba imposibilitada de expulsar a un enemigo que podía servirse de sus barcos para maniobrar a su antojo en esa costa.

Para el Perú el desafío de Chile representaba una cuestión de vida o muerte. No le cabía otra actitud que defenderse por todos los medios posibles y, entre ellos, recurrió a la colaboración de Bolivia. El canciller señor Facundo Infante, al discutir con don Serapio Reyes Ortiz las cláusulas del Protocolo de Subsidios, no dijo que su país iba a la guerra en defensa propia. Sostuvo que lo hacía exclusivamente para ayudar a Bolivia. Lo evidente era lo contrario. La causa boliviana —reivindicación de su litoral oceánico—, quedaba postergada al lado de la prioridad de la causa peruana —salvaguarda de su integridad territorial—. Primero el Perú tenía qua batir a Chile en el mar a fin de garantizar su integridad geográfica Sólo después de una victoria de esa naturaleza podían los aliados pensar en expulsar al invasor de Atacama.

Don Facundo, para convencer a don Serapio, citó a tratadistas del Derecho Internacional como Heffner según los cuales "los gastos de una alianza corresponden a la nación en cuyo provecho se hace la guerra y son comunes únicamente cuando el provecho es común". En abril de 1879, Bolivia estaba vencida y la alianza iba a actuar primordialmente al servicio del Perú. Lo justo habría sido estipular que cada país corriese con sus propios pastos.

El señor Reyes Ortiz era considerado uno de los abogados más hábiles de Bolivia, sino el más hábil. Su colaborador, el señor Zoilo Flores, era hombre inteligente y de carácter. No obstante ambos se dejaron convencer por las ladinas argumentaciones del canciller Infante. ¿Por ingenuidad? Tal vez, más bien, porque negociaban en una situación de inferioridad de la que ahusó la diplomacia peruana en la situación de inferioridad de representantes de una nación que nada podía hacer contra Chile por sí sola.

En sus informes al Congreso y al gobierno se mostraron muy satisfechos de su actuación. El señor Reyes Ortiz manifestó al Congreso de 1880: "Las proposiciones introducidas por la cancillería peruana eran gravosas para los intereses de Bolivia, pero cuando se trata de vencer grandes dificultades hay que optar por grandes sacrificios". El señor Zoilo Flores, en nota al Ministerio de Relaciones Exteriores de La Paz, expresó: "Por una parte hemos obtenido la realización de la alianza por parte del Perú, a pesar de sus desfavorabilísimas condiciones políticas y económicas. Considerando la obligación que pesaba sobre Bolivia, como nación agredida, de proporcionar a su aliada los recursos necesarios para hacerla efectiva, bien se comprende que no han podido dársenos mayores pruebas de simpatía, de generosidad y de nobleza por parte de nuestro aliado, puesto que ha respondido a nuestro llamado para la salvación de nuestra integridad nacional ayudándonos con su escuadra y su ejército".

La primera noticia de que don Serapio había cumplido su misión en Lima, según sus propias palabras, hizo que en Bolivia "se batieran palmas, que el patriotismo enloqueciera de regocijo y que el nombre del negociador fuese elevado a las nubes". Empero, cuando se conoció el texto del Protocolo de Subsidios, la reacción fue completamente desfavorable. Don Pedro José de Guerra, en su condición de jefe del Consejo de Ministros dejados por el Presidente Hilarión Daza a cargo del mando de la republica mientras él se encontraba ausente haciendo la campaña bélica, manifestó en correspondencia a don Zoilo Flores: "La Paz, 8 de mayo de 1879. No debe cargarse a. Bolivia, como ha convenido Reyes, el valor de los buques que se compren, de los buques que fracasen, el monto de las donaciones... Todo sobre el pobre. Desde que el Perú ha llamado a nuestro ejército a defender costas peruanas, todos los gastos deberían estar a su cargo. Generoso, noble, ha sido Daza en abandonar Calama o la vía de Oruro por Tarapacá, obedeciendo al llamado del aliado... Existe aquí en La Paz una gran alarma. Se cree vendida Bolivia. Así el pequeño entusiasmo que existía para la guerra contra Chile se apaga aceleradamente... Sólo el obedecimiento a las órdenes del Presidente del Perú, expresadas por telegramas multiplicados del señor Reyes Ortiz, han puesto a nuestro ejército en Tacna en dificilísima situación... Se puede decir que la imposibilidad de recuperar nuestro litoral por Calama se debe al obedecimiento deferente del General Daza al General Prado... Sería bien hacer comprender al gobierno y al congreso del Perú que no pueden imponer la ley en Bolivia y que se encuentran muy comprometidos con Chile".

El señor Flores respondió defendiendo el protocolo: "Supongamos que no hubiera existido el tratado de alianza y supongamos que el Perú nos hubiera dejado solos en la contienda, abandonados a nuestras propias fuerzas... ¿No es cierto que Bolivia hubiera tenido que proporcionarse, a su sola cuenta, elementos marítimos y armamentos para la guerra? ¿No es cierto también que la pérdida de esos elementos durante la contienda o después de ella, habrían pesado exclusivamente sobre Bolivia? Esta es la doctrina que el señor Reyes Ortiz ha profesado acerca de la alianza. Esta es la interpretación que ha dado a su espíritu. Sin el auxilio del Perú, que pone al servicio de nuestros intereses elementos de que carecemos en absoluto, no habríamos tenido, ni tendríamos en el futuro, en mi concepto, la posibilidad de recobrar nuestro litoral. Así lo comprendió sin duda el gobierno cuando no cesó en su insistencia sobre el señor Reyes Ortiz para que haga práctica la alianza, sean cuales fueren las condiciones que le sirvieran de base".

XXXV

LA CONTIENDA EN EL MAR

Una vez planteada la guerra al Perú el Presidente de Chile, señor Aníbal Pinto, describió las intenciones de su gobierno en estos términos: "La primera campaña será marítima. Una vez que hayamos vencido en el océano el campo de batalla será el mismo territorio de esa republica".

El comandante de la escuadra, Almirante Juan Williams Rebolledo, recibió órdenes de atacar sorpresivamente a la escuadra peruana que se estaba alistando en el Callao, al mismo tiempo que se hacía pública la declaratoria de guerra. El marino representó tal mandato. Temía a los poderosos cañones de la fortaleza de ese puerto. Prefirió bloquear Iquique impidiendo los embarques de salitre a manera de provocación a las naves enemigas, a fin de que saliesen de su guarida y pudiese enfrentarlas en alta mar. Como esto no diese resultado y se criticase en Santiago su inactividad, decidió actuar de acuerdo con las directivas emanadas del Palacio de La Moneda.

La casualidad hizo que al mismo tiempo que la escuadra chilena salía de las proximidades de Iquique rumbo al Callao, la escuadra peruana zarpaba de ese puerto transportando al Presidente de la República, General Mariano Ignacio Prado, jefes de alta graduación, tropas, pertrechos bélicos y víveres con destino a Arica. Los dos convoyes se cruzaron sin avistarse. De ocurrir lo contrario, habría podido producirse un enfrentamiento naval decisivo.

El Presidente Prado llegó a Arica el 20 de mayo (1879). El General Hilarión Daza se trasladó desde Tacna y subió a bordo del vapor "Oroya" para saludarle. Los dos mandatarios, que se veían por primera vez, se estrecharon en un abrazo y cambiaron brindis con copas de champagne. Prado hizo votos porque "la confraternidad perú-boliviana fuese tan sincera como eterna". Daza expresó el deseo de que las fuerzas aliadas "alcanzasen el triunfo y castigasen al invasor".

Al enterarse el General Prado de que el Almirante Williams Rebolledo se había alejado de Iquique dejando frente a ese punto solamente dos buques, menores, ordenó que los dos blindados peruanos: "Independencia" y "Huáscar" fuesen a hundirlos.

El combate se produjo el 21 de mayo. El "Huáscar" enfrentó a la corbeta "Esmeralda". El "Independencia" persiguió a la "Covadonga" que escapaba hacia el sur. En vista de que la mala puntería de sus noveles artilleros no lograba su objetivo en dos horas de bombardeo, el comandante del "Huáscar", Contralmirante Miguel Grau, hizo embestir a su navío contra la corbeta chilena. En el primer encontronazo, el capitán de la "Esmeralda", Arturo Prat, saltó a la cubierta del buque peruano espada en mano, seguido por dos de sus subalternos. Su gallardo gesto terminó en los pocos segundos cuando un disparo de fusil de un marino peruano le perforó el cráneo.

El "Huáscar" atropelló dos veces más con su espolón a la "Esmeralda" logrando echarla a pique. Entretanto, el blindado "Independencia" seguía persiguiendo a la vieja "Covadonga" (tomada a los españoles en la guerra de 1865-1866). Opúsculo VI de esta serie). Una imprudente maniobra del "Independencia" al querer aproximarse a su presa que iba bordeando la costa, le fue fatal. Chocó contra un arrecife oculto, rompió su quilla y quedó varado. Llegó el "Huáscar" en su socorro. Recogió a la tripulación que incendió su buque para que nada de él sirviese al enemigo.

Los presidentes Prado y Daza se encontraban juntos en Arica cuando llegó una lancha con la noticia del triunfo del "Huáscar" sobre la "Esmeralda" en el combate de Iquique. Hubo regocijo general. Se retransmitió la noticia a Lima y La Paz. Esa noche, en circunstancias en que los dos mandatarios discutían la manera de iniciar la campaña terrestre, arribó otro bote del sur. Dio cuenta de la tragedia del "Independencia". El alborozo se trocó en aflicción.

Al comenzar la contienda, Chile contaba con dos blindados modernos: el "Blanco Encalada" y el "Cochrane", fabricados en Inglaterra en 1874, con un blindaje de 9 pulgadas. El Perú tenía dos blindados anticuados: el "Independencia" y el "Huáscar", también de fabricación inglesa, pero de 10 años antes, en 1864, con una armadura de hierro de sólo cuatro pulgadas y media. En otro tipo de naves Chile poseía cuatro corbetas, el Perú dos. Chile era dueño de dos cañoneras. El Perú de dos monitores. En barcos de transporte Chile disponía de uno, el Perú de tres.

La definición de la guerra marítima dependía de la actuación de los blindados. Las otras embarcaciones no podían jugar sino un rol de auxiliares. Por eso, la pérdida del "Independencia" representó una catástrofe para el Perú y la alianza. Quedaban en delicada situación de inferioridad naval frente a Chile. Al Perú únicamente e quedaba el "Huáscar" como un navío mayor capaz de nacer algún daño a las unidades de la escuadra rival. Y el "Huáscar" asumió esa responsabilidad con un coraje extraordinario. Recorrió las costas dominadas por Chile, infligiendo cuanto daño le era posible, esquivando la vigilancia de sus enemigos. Su campaña cautivó la admiración del mundo entero.

En el Perú y Bolivia se hizo depender la suerte de la guerra del valor y pericia del Contralmirante Grau y sus hombres. En uno y otro país se rodeó su persona de una aureola de héroe de leyenda. Se lo consideró invencible. Todas las esperanzas de victoria se cifraron en él.

El "Huáscar" hundió a la goleta "Clorinda" y a dos lanchas delante de Mejillones. En aguas de Antofagasta persiguió a los barcos "Rímac" e "Itata" y cambió disparos con la "Covadonga". Bombardeó Antofagasta. Escapó de la persecución del "Blanco Encalada" y la "Magallanes". Estuvo a punto de echar a pique al "Matías". En compañía de la "Unión" amagó los puertos chilenos de Chañaral, Carrizal, Pan de Azúcar, Huasco y Caldera, destruyendo las pequeñas embarcaciones que encontró en ellos. Su mayor hazaña fue capturar al "Rímac" y llevarlo a Arica con toda su tripulación y los 250 oficiales y soldados con sus caballos del escuadrón de caballería "Cazadores de Yungay".

Un consejo de guerra reunido en Mejillones decidió poner fin a sus correrías mediante una acción combinada de las principales unidades de la escuadra chilena. Al saberse que había pasado otra vez hacia la costa del sur con la "Unión" se le preparó una emboscada para su regreso. El "Blanco Encalada", la "Covadonga" y el Matías" ocuparon posiciones en alta mar a la altura de Antofagasta. El "Cochrane", la "O'Higgins" y el "Loa" se pusieron al acecho un poco más arriba, delante de Punta Angamos (península de Mejillones).

El 9 de octubre (1879), el "Huáscar" y la "Unión", en su recorrido de retorno a Arica, encontraron su paso interceptado por el "Blanco Encalada" y la "Covadonga". Trataron de zafarse por un costado, pero surgieron en su ruta el "Cochrane", la "O'Higgins" y el "Loa". Como la atención de las naves chilenas se concentrase sobre el "Huáscar", la "Unión" logró escapar. Aquél quedó solo, rodeado de sus enemigos.

Al comenzar el combate uno de los cañonazos del "Cochrane", desde 200 metros de distancia, hizo impacto en el puente de mando del "Huáscar" haciendo volar en pedazos al Almirante Miguel Grau. Tomó el mando el Capitán Elías Aguirre, que también cayó muerto. Le sucedió lo mismo a su substituto, el Teniente Melitón Rodríguez. Versión del Teniente Pedro Garezón: "Muerto el Almirante Grau, después el Capitán Aguirre y finalmente el Teniente Rodríguez, que se sucedieron en el mando, el "Huáscar" quedó sin gobierno por tercera vez. Las bombas enemigas penetrando por la bobadilla rompieron los aparejos y cáncamos de caña, lo mismo que los guardianes de combate y varones de la cadena del timón. Esas bombas produjeron tres incendios en la cámara del comandante y de los oficiales destruyéndolas completamente. Otra bomba penetró en la sección de la máquina, provocando otro incendio. Los oficiales que quedamos en pie resolvimos sumergir el buque para evitar que cayese en manos del enemigo. Se ordenó al maquinista jefe que abriese las válvulas, lo que se ejecutó al acto. Eran las 10 de la mañana cuando se suspendieron los fuegos del enemigo. El "Huáscar" principiaba a hundirse en circunstancias en que llegaron a un costado embarcaciones chilenas cuya tripulación nos fue imposible rechazar por haber sido inutilizadas nuestras armas. Los chilenos, revólver en mano, obligaron a los maquinistas a cerrar las válvulas cuando se tenía ya cuatro pies de agua en la sentina. Otros marinos chilenos procedieron a apagar activamente los incendios"

El "Huáscar" fue llevado a Valparaíso para ser reparado e incorporado a la escuadra chilena. El entusiasmo que despertó a su paso por Chañaral, Caldera, Huasco, Coquimbo y, finalmente, a su llegada a Valparaíso, fue inmenso. Se hizo necesario organizar trenes especiales para los miles y miles de habitantes de Santiago que querían conocer el famoso blindado que burló durante meses a la marina chilena y ahora era su trofeo.

De Grau sólo se encontró un pedazo de uno de sus pies y algunos de sus dientes incrustados en la pared de madera de lo que fue su puesto de mando.

La impresión que la pérdida del "Huáscar" causó en el Perú y Bolivia fue la de una tragedia de la mayor magnitud. Chile era dueño del mar y podía desembarcar su ejército en los puntos de la costa peruana que mejor le convinieran. En palabras de don Mariano Baptista Caserta: "Un soplo de muerte heló los corazones".

XXXVI

PISAGUA Y GERMANIA

La pérdida de sus dos buques blindados, "Independencia" y "Huáscar", colocó al Perú en situación muy vulnerable frente a Chile, con sus costas sin protección naval de importancia. La defensa de su integridad territorial pasó a depender de sus propias fuerzas de tierra y de las bolivianas desplazadas en Iquique, Pisagua y Tacna.

Chile decidió rápidamente su campaña terrestre. El departamento peruano de Tarapacá, con su gran riqueza salitrera y acumulaciones de guano, se convirtió en el objetivo inmediato de sus planes militares y de sus ambiciones económicas. Su ejército, que al comienzo del conflicto armado con Bolivia tenía 2.000 hombres, una vez resuelta la guerra contra el Perú se fue incrementando rápidamente y en pocos meses llegó a contar con 10.000 soldados en Antofagasta y una reserva de 8.000 en Santiago y la frontera araucana.

La invasión de Tarapacá se acordó en una reunión celebrada en Antofagasta el 28 de junio de 1879. Participaron en ella el señor Domingo Santa María (Ministro de Relaciones Exteriores), el señor Rafael Sotomayor (representante del Presidente de la República en el comando militar y virtual director de la guerra), el señor José Alonso (Auditor del Ejército), el señor José Francisco Vergara (Secretario General del Comando militar) y el anciano General Justo Arteaga (Comandante en Jefe). El señor Santa María fue quien definió las intenciones del gobierno: "La posesión del departamento de Tarapacá nos haría dueños de propiedades fiscales, permitiéndonos aprovechar de los guanos y salitres, aliviando en forma considerable nuestros gastos y abriendo campo para el espíritu laborioso de nuestros trabajadores que fueron expulsados de allí... La destrucción del ejército peruano de Tarapacá influenciaría sobre la moral del boliviano acantonado en Tacna y podría dar oportunidad a que su gobierno se acerque al chileno por medio de un arreglo, puesto que perdida esta oportunidad más tendría que renunciar para siempre a tener Arica como puerto propio". El señor Vergara secundó esas opiniones con estas palabras: "Vencido el ejército que defiende Tarapacá, el Perú recibirá un golpe capital del que no podrá reponerse, porque habrá perdido el nervio de sus fuerzas, que son sus veteranos y su tesoro. Las consecuencias políticas serían también trascendentales. Bolivia no tendría ya esperanzas de recuperar su litoral, provocándose en su ánimo el temor de quedarse encerrada para siempre en las alturas".

A poco, el General Arteaga, resentido por la intromisión civil en las responsabilidades castrenses, renunció a su cargo. Fue reemplazado por el General Erasmo Escala.

A los 20 días de la captura del "Huáscar" en el combate de Punta Angamos, una flotilla compuesta de 14 barcos a vapor y un buque de vela zarpó de Antofagasta con 10.850 combatientes de infantería, caballería y artillería, además de zapadores y pontoneros, con dirección a Pisagua, elegido como primer punto de desembarco en el departamento de Tarapacá.

Guarnecían dicho puerto 200 peruanos de la gendarmería y la Guardia Nacional y 799 bolivianos de los batallones "Victoria" e "Independencia".

El combate comenzó al amanecer del 2 de noviembre (1879) con un bombardeo a cargo del blindado "Cochrane" y los buques "O'Higgins", "Magallanes" y "Covadonga", sobre las instalaciones del puerto. A continuación, más de 40 lanchas se desprendieron de las unidades navales con las tropas de desembarco. Versión del Coronel Ezequiel de la Peña, Jefe del Estado Mayor de la división boliviana: "Los buques chilenos rompieron fuego sobre los únicos dos cañones de la defensa, silenciándolos. A las 8 y media, unidades de la escuadra enemiga, aprovechando de la profundidad de la bahía, se aproximaron más disparando sus cañones, ametralladoras y fusiles sobre la población y los puestos ocupados por los defensores. Los valientes del "Victoria" e "Independencia" y los peruanos cumplieron la consigna que se les había impartido. Se mantuvieron heroicamente en sus trincheras improvisadas sin contestar los disparos enemigos hasta las 10, en que comenzó la operación de desembarco en 44 lanchas repletas de tropas. Fue en ese momento que los nuestros, que se habían mantenido impertérritos ante el cañoneo de la escuadra y la fusilería de los marinos, dieron comienzo a una tenaz resistencia. Se rechazaron varias lanchas de desembarco, que tuvieron que volver a los buques cargando muertos y heridos. Los disparos de la escuadra incendiaron las casas de la población y los depósitos de salitre, provocando grandes conflagraciones. El intenso humo facilitó las operaciones de desembarco. Después de 7 horas de lucha, al renovarse el ataque con fuerzas de reserva, se dio la orden de retirada a las unidades aliadas, la misma que se efectuó con serenidad y disciplina, escalándose el acantilado por la línea férrea".

El General Juan Buendía, comandante de las tropas aliadas de Tarapacá, expresó en un informe al Director Supremo de la Guerra: "Había llegado a Pisagua la víspera de los sucesos, a efecto de inspeccionar las fuerzas a las que estaba confiada su defensa. Al amanecer del día siguiente, cuando aún no había dado principio a mi tarea, fui avisado de la presencia de la escuadra enemiga, compuesta de 20 buques. Ordené inmediatamente las operaciones. Nuestros soldados soportaron los cañonazos de la escuadra sin hacer un disparo, como se les había ordenado, hasta el momento en que comenzó el desembarco. Nuestra defensa constaba de los batallones "Victoria" e "Independencia" y de algunos guardias nacionales del Perú. Después de 7 horas de resistencia heroica y de combate del ejército boliviano y de los nacionales del Perú, acordamos con el General Villamil retirarnos con nuestras fuerzas, convencidos de que era inútil continuar la lucha de 900 contra 4.000 que habían desembarcado, sin contar con las poderosas reservas que esperaban en los buques. Hízose la retirada con toda disciplina. La conducta bizarra de los jefes, oficiales y soldados del ejército boliviano y de los nacionales del Perú ha sido altamente abnegada y las recomendaciones especiales tendrían que comprender a todos los que se han batido en mi presencia".

Los atacantes tuvieron 58 muertos y 178 heridos. Las bajas de los defensores alcanzaron a 200 entre muertos y heridos.

Puesto el pie en Pisagua, el ejército chileno necesitaba hacer una inmediata penetración al interior a fin de consolidar su situación y poder continuar la conquista del departamento. Las cosas se le facilitaron enormemente. El comando del General Buendía cometió el error de no utilizar la línea férrea que unía Pisagua con la Estación Dolores, 73 kilómetros adentro, que tenía abundante agua, ni las instalaciones de explotación de salitre del lugar. El señor José Francisco Vergara, que hizo la primera exploración hacia el interior con un contingente de caballería, encontró que los aliados "por descuido o negligencia", habían dejado todo intacto: "Una serie de estanques de hierro llenos de agua; hermosos como baños de natación; una cantidad de carros de ferrocarril; una considerable maquinaria para extraer más aguas de extensas galerías subterráneas, donde se conservaba agua fresca y clara; y el carbón necesario para hacer funcionar las bombas un buen tiempo".

Vergara no se contentó con averiguar que la ruta de Pisagua a Dolores estaba libre de enemigos, que la línea férrea conservaba en perfectas condiciones su equipo fijo y rodante y que existía abundante agua para todos sus camaradas de armas. Se internó más en el desierto con su destacamento en el que figuraban oficiales como Gonzalo Lara, Juan de Dios Quesada y Carlos Souper que tomaron parte en el combate de Calama. Al atardecer del 5 de noviembre avistó jinetes enemigos. Se trataba de un pelotón de húsares peruanos liderados por el Comandante José Buenaventura Sepúlveda y el otro de húsares bolivianos a las órdenes del Capitán Manuel María Soto, que estaban en la zona en misión de vigilancia.

Vergara y sus escuadrones se lanzaron furiosamente sobre ellos, disparando sus carabinas al aproximarse y luego sableando a diestra y siniestra. Peruanos y bolivianos, muy inferiores en número, se defendieron desesperadamente. Todos, incluyendo los dos jefes, menos el Teniente boliviano Emilio L. Gómez, que fue tomado prisionero, perdieron la vida. Sus cuerpos quedaron sembrados en un amplio sector de la pampa donde se encontraba el asiento salitrero llamado Germania.

XXXVII

SAN FRANCISCO O DOLORES

El desembarco chileno en Pisagua y su penetración hasta la estación Dolores, 73 kilómetros adentro del departamento de Tarapacá, significaba su incrustación en medio de las fuerzas aliadas. Al norte, en Tacna, estaban las divisiones bolivianas que comandaba el General Hilarión Daza. Al sur, en Iquique, y sus alrededores, las divisiones peruanas y bolivianas que obedecían al General Juan Buendía.

El alto mando aliado (Presidentes Prado y Daza) en vez de ver en ello un peligro, consideraron que se les presentaba una situación que podía aprovecharse con ventaja. El General Manuel Othón Jofré escribió al General Narciso Campero expresando que la campaña se presentaba ahora muy fácil, que no se prolongaría ya mucho, pues los chilenos al desembarcar en Tarapacá habían acortado distancias y ofrecían la oportunidad de que se los batiera allí mismo. Las fuerzas de Tacna, las de Iquique y las que el General Campero tenía organizadas en el departamento de Potosí marcharían en un movimiento concéntrico sobre el enemigo para expulsarlo de territorio del Perú.

Cumpliendo instrucciones del Supremo Director de la Guerra, el General Buendía sacó sus fuerzas de sus acantonamientos e inició una marcha rumbo al norte, con la intención de reunirlas con las del General Daza que iban a iniciar su progresión hacia el sur. El General Campero hizo saber que también "acudiría a la cita".

El avance de las tropas de Buendía se inició el 16 de noviembre (1879). Sumaba un total de 9.060 hombres (4.850 peruanos y 4.213 bolivianos). Según comentario del Coronel Belisario Suárez, Jefe del Estado Mayor, "la marcha se emprendió sin recurso alguno, con los soldados desabrigados y hambrientos y muy próximos a quedar descalzos". El 19, después de tres días de penosísimo andar (que se hacía en las noches para evitar la canícula), sobre un terreno con agujeros hechos en la explotación del salitre y cubierto de afilados trozos de caliche, cuando se creía que se iba a llegar al encuentro con el General Daza y su gente, se tropezó más bien con el ejército chileno parapetado en la cumbre del cerro San Francisco a un costado de la estación Dolores.

El desconcierto del General Buendía y sus inmediatos colaboradores aumentó al saberse (por oficiales que fueron al encuentro del General Daza y su contingente) que ya no llegarían para intervenir en la batalla, pues se habían dado la vuelta de medio camino, de Camarones, regresando a Tacna.

Se ordenó acampar frente al cerro de San Francisco, a la vista de los chilenos. Hubo opiniones contrapuestas entre los jefes. Se impartieron órdenes y contraórdenes. Primero se dijo que se descansaría hasta el día siguiente. En seguida, que se preparasen todos para un ataque. Nuevamente que se armasen pabellones y se entrase en descanso.

Un disparo fortuito de uno de los soldados aliados causó alarma entre los chilenos que respondieron con un cañonazo de una de las baterías emplazadas al borde de la cumbre. Los cuatro regimientos aliados que habían sido colocados como vanguardia, a los pies del cerro (Zepita y Ayacucho del Perú e Illimani y Olañeta de Bolivia), tomaron el disparo del cañón como señal que comenzaba la batalla. Corrieron cerro arriba con ímpetu incontenible. Lograron llegar a la cima donde hicieron retroceder a los artilleros enemigos, tomando algunos de sus cañones Krupp. La infantería chilena fue lanzada en su contra. Los regimientos Buin, 3° de Línea, Atacama y Valparaíso causaron y sufrieron muchas bajas. En algunos lugares se luchó cuerpo a cuerpo.

Los cuatro batallones aliados, al darse cuenta de que eran los únicos en batalla, que el resto de sus camaradas seguía en la pampa y que estaban siendo diezmados en medio campo enemigo, retrocedieron, bajando precipitadamente del San Francisco acosados por los disparos de sus contrarios. En el llano, donde desde un principio reinaba una gran confusión, algunos soldados atrincherados en los huecos de la explotación del salitre disparaban contra el cerro, sin darse cuenta que sus tiros, por la curva de la distancia, en vez de llegar a la cumbre, herían a sus compañeros de bajada. La caballería peruana abandonó el campo en precipitada fuga. Su ejemplo fue seguido por el resto de las tropas. Los peruanos se dirigieron hacia el pueblo de Tarapacá. Los bolivianos por grupos separados e incluyendo jefes y oficiales, tomaron el camino de su patria. Cada uno se encaminaba a su ciudad o pueblo de origen.

Para los chilenos todo fue sorpresa en esa jornada. La aparición del ejército de Buendía, su acampamento a su vista, el súbito ataque de algunas de sus unidades y la rápida desaparición de todos. La lógica les indicó que no podía haber sido otra cosa que un tanteo preliminar seguido de un repliegue táctico para dar la verdadera batalla al día siguiente. Esperaron en vano con fuerzas de refuerzo traídas apresuradamente por ferrocarril desde El Hospicio.

Les demoró caer en cuenta de que los aliados, luego de tan extrañas demostraciones, les habían dejado el campo libre, que abandonaban lo que ellos, los chilenos, habían venido a conquistar como objetivo principal de su esfuerzo bélico, el departamento de Tarapacá. Inclusive el General Daza y su fuerza estaban ya de vuelta en Tacna.

Resolvieron atacar a los peruanos en su pasajero campamento del pueblo de Tarapacá, capital del departamento del mismo nombre, antes de que continuasen su retirada hasta Arica. Consideraron que sería suficiente un destacamento de 2.300 hombres dividido en tres columnas. Una de éstas atacaría de frente (penetrando por la quebrada a cuyo fondo estaba el villorrio), y las otras dos descolgándose por las colinas de derecha a izquierda, atrapando y aniquilando a sus adversarios en una madriguera sin salida.

El combate tuvo lugar el 27 de noviembre. Su resultado fue el opuesto al que buscaron sus promotores. Al descubrir casualmente movimiento de tropas enemigas a su izquierda, los peruanos reaccionaron con admirable rapidez y coraje. En vez de ser atacados, salieron al encuentro de los chilenos, sorprendiéndolos en pleno movimiento y derrotándolos decisivamente en los tres frentes. La sangría fue abundosa. Entre las balas chilenas figuró el Coronel Eleuterio Ramírez, vencedor del combate de Calama.

No obstante su victoria, el General Juan Buendía y los restos de sus tropas (con el batallón Loa boliviano como único remanente de la fuerza del aliado que estuvo a sus órdenes), tomó el largo camino hacia Arica por los faldíos de los contrafuertes andinos, arrastrando consigo a los pobladores del tránsito. El 17 de diciembre la caravana llegó a su destino. Dijo un testigo presencial: "Entraron en Arica 3.700 personas, en un estado miserable, desnudas y descalzas... Parecían cadáveres. De los soldados la décima parte no tenía fusiles. Jefes y oficiales montaban mulas y burros, sin monturas, ni riendas. Traían 70 prisioneros chilenos".

Por orden del Presidente Mariano Ignacio Prado el General Buendía y su Jefe de Estado Mayor, Coronel Belisario Suárez, fueron despojados de sus espadas y sometidos a prisión, hasta que un tribunal militar estableciese su inocencia o culpabilidad en el desastre de San Francisco y el abandono del departamento de Tarapacá. Acabaron siendo absueltos. Se prefirió que la opinión pública echase toda la culpa al ejército boliviano.

Un editorial del periódico "El Nacional" de Lima, resumió de esta manera todo lo que hasta entonces había traído la guerra para el Perú: "En el corto espacio de 40 días ha ido muy lejos el triste itinerario de nuestros desastres. Angamos, Pisagua, San Francisco e Iquique... Pérdida de nuestro poder marítimo, pérdida de nuestros blindados, pérdida del Contralmirante Grau y muchos otros dignos marinos, pérdida de la campaña naval, pérdida de Pisagua, pérdida de su fortificación y artillería, pérdida de una vía férrea militar de 50 millas; pérdida de nuestros parques de cañones y otros armamentos; pérdida de nuestros depósitos de víveres; pérdida de la primera campaña terrestre; pérdida de Iquique y sus fortificaciones, artillería, ferrocarril de 56 millas y telégrafos, pérdida de nuestro territorio hasta el grado 19; pérdida íntegra del departamento de Tarapacá, pérdida de casi 200.000 habitantes; pérdida de 20 millones de pesos en oficinas salitrales; pérdida de 2.800 millas cuadradas de terrenos con salitre que daban 28 millones de libras esterlinas al año. Por todos los poros de nuestro organismo mana la vergüenza...".

XXXVIII

LA CONTRAMARCHA DE CAMARONES

La mal llamada "retirada" de Camarones ("retirada" en términos castrenses se efectúa de un campo de batalla) que más propiamente debe calificarse como "contramarcha" (que según el diccionario de nuestra lengua es "el retroceso que se hace en el camino que se lleva"), ha sido uno de los episodios más extraños de la historia militar del mundo entero.

El General Hilarión Daza, que desde 7 meses antes tenía a parte de su ejército en una frustrante espera en Tacna (la otra parte había sido movilizada a reforzar los efectivos peruanos con la responsabilidad de defender el departamento de Tarapacá), sacó sus tropas de esa ciudad el 8 de noviembre (1879) por tren a Arica con el propósito de seguir de allí a pie a reunirse con el General Juan Buendía que, como se ha narrado en el capítulo anterior, tenía órdenes de salir de Iquique y sus alrededores con todas sus divisiones y venir a su encuentro. Reunidos los dos contingentes, a los que si posible iba a sumarse el que el General Narciso Campero organizaba en el departamento de Potosí, el General Daza debía asumir el comando supremo y dar la batalla que expulsase de territorio peruano a los chilenos que habían desembarcado en Pisagua y efectuado una penetración hasta la estación Dolores.

De acuerdo con lo planeado por los presidentes del Perú y Bolivia, el General Daza debió sacar de Tacna sólo 1.000 combatientes. El hecho de que se presentase en Arica con 2.350 dejando en Tacna nada más que 100 reclutas de la Legión Boliviana, contrarió vivamente al mandatario peruano, que no deseaba que Arica y Tacna quedasen desguarnecidas. Los chilenos, dueños del mar, podían tomar esos puntos fácilmente si todo el ejército aliado se concentraba en el desierto de Tarapacá. Pero Daza, según lo expresó a su Secretario General, no se separaba de ninguno de sus soldados de línea. Iba con todos o se quedaba.

La salida de Arica se efectuó el 11 de noviembre. De acuerdo con los principios más elementales de la logística, la marcha debía hacerse en las noches o en los amaneceres y atardeceres, es decir, evitándose el azote del sol y el calor del día. Sin embargo, el General Daza inició su ingreso al desierto a las 9 de la mañana, no obstante su gran experiencia como conductor de tropas y los consejos de que no cometiera semejante imprudencia que le manifestaron el General Mariano Ignacio Prado y otros jefes peruanos. Como agravante de tan craso error dejó que los soldados, que durante los tres días de permanencia en Arica habían bebido vino en exceso, llevasen sus cantimploras llenas de esa bebida, en vez de agua.

Como consecuencia de la canícula y el alcohol el avance del primer día no pudo llegar hasta Chaca, lugar programado como primera etapa. Se tuvo que acampar en medio camino, "donde no existía recurso alguno". Según José Vicente Ochoa, miembro de la secretaría del General Daza, "se pasó una noche angustiosa, porque la falta de agua y víveres hizo estragos".

En la mañana del siguiente día, volvió a caminarse en las horas soleadas. Se encontró charcos de agua cenagosa. "Muchos soldados se abalanzaron a beberla succionándola a través de un pañuelo o el extremo de una toalla. Al poco rato vomitaban estrepitosamente". A las 12 se llegó al pequeño valle de Chaca en el que existían algunos recursos. Se repartió agua, carne fresca, arroz y galletas. También vino que se producía allí mismo. Comentó Ochoa: "Volvióse a cometer la falla de dejar que la tropa lo consumiera sin tasa y llenara con él sus cantimploras. No lo pudieron evitar ni jefes ni oficiales".

La caminata del 13 fue tan desorganizada como las dos anteriores. "Se sufrió otra vez por el calor y la falta de agua. “ Se produjeron numerosas bajas por efectos del cansancio, la sed y el hambre". El Coronel Narciso Tablares, encargado del Cuartel Maestre, denunció más tarde que aunque el Proveedor General por parte del Perú, señor Pedro Melgar, acumuló 200 odres de agua para la escala entre Chaca y Camarones, el General Daza los hizo devolver a Arica con excepción de once, que fue todo lo que quedó. "Como es natural, fue imposible abastecer con tan pequeña cantidad a todo el ejército. Muchos soldados murieron de sed. Esa noche logré conseguir ocho odres más, pero en nada aliviaron la situación porque los edecanes de Daza, seguramente con consentimiento de él, repartieron el contenido a sus caballos".

El 14, al medio día, se llegó a Camarones donde existía un río con abundante caudal, fruta y otros elementos de boca. Camarones se suponía la mitad del trayecto hasta el punto en el que se pensaba encontrar al General Buendía y sus divisiones.

En esa misma fecha, el General Daza telegrafió a Arica, al Presidente Mariano Ignacio Prado, un mensaje que según el Coronel Eliodoro Camacho decía más o menos: "Desierto abruma. Ejército se resiste a continuar. No hay víveres". El desierto abrumaba porque se marchaba en las horas de sol. El ejército no había hecho ninguna manifestación para no seguir avanzando. Víveres existían en cantidad suficiente.

Daza convocó a reunión de los jefes de su ejército para adoptar las medidas que exigía la situación. Los participantes en el cónclave han dado versiones dispares sobre la forma como se desarrolló. Daza, en un manifiesto que escribió años más tarde en París, aseguró que todos los jefes, sin excepción, fueron partidarios de volver a Tacna en vista del lastimoso estado de la tropa. El General Carlos Arguedas, Jefe del Estado Mayor, dijo que "el General Daza adoptó la decisión en ese sentido el mismo día de la llegada a Camarones, que él no se opuso por temor a sus acostumbradas reacciones arbitrarias; que en el Consejo de Guerra del día siguiente, no dio ninguna opinión porque antes lo hizo llamar Daza y le previno que si no estaba de acuerdo con el retorno a Tacna "era mejor que guardara silencio". El Coronel Eliodoro Camacho declaró que él nunca fue partidario del regreso, pero sí de que la tropa descansara en Camarones mientras el General Daza, a quien él se ofrecía a acompañar, más una escolta, seguía hacia el sur para dar encuentro al General Buendía, tomar el comando de sus batallones, establecer la ubicación del enemigo, llamar a los de Camarones y dar finalmente la batalla con todo el ejército aliado. Camacho afirmó también que en el Consejo de Guerra el General Daza no emitió opinión alguna, pero que, con palabras entrecortadas y movimientos de cabeza, "mostraba su decidido propósito por la retirada".

El 15, el General Daza recibió la siguiente respuesta del mandatario peruano: "Habiendo recibido su mensaje de ayer en el que manifiesta la resistencia del ejército a continuar la marcha, convoqué anoche a una Junta de Guerra que ha resuelto se ordene al General Buendía que ataque inmediatamente. Por consiguiente no sólo es peligrosa sino inútil la marcha personal de usted al sur".

Continúa la versión de Camacho: "Los más de los jefes rogamos al General Daza proseguir la marcha. Unos pocos opinaron por la retirada. El General Daza se limitó a escucharnos. No dio ningún dictamen ofreciendo únicamente, de un modo impreciso, decirle al General Prado que telegrafíe a Pozo Almonte para que se suspenda el ataque ordenado (a Buendía). A poco de retirarme del alojamiento del General Daza escuché dianas en el campamento ejecutadas por las bandas de música. Cuando pregunté el motivo se me avisó que se había dado la orden de la contramarcha".

La orden se cumplió. El 16, después de 48 horas de descanso en Camarones, jefes, oficiales y soldados emprendieron el camino de vuelta a Tacna. Lo hicieron en mejores condiciones físicas que en sentido contrario, más moralmente desalentados, confundidos, sin poder comprender las razones que determinaron que su Capitán General, que días antes les manifestó que iban en pos de gloria, los hacía retroceder arrastrando una gran vergüenza. Cuando pasaron por el puerto de Arica fueron insultados por la población peruana. En la ciudad de Tacna, asimismo, encontraron que las demostraciones de aprecio y admiración con las que se los despidió la semana anterior, eran ahora gestos y palabras de hostilidad y desprecio.

El General Daza no estuvo con sus subordinados para compartir esas duras pruebas. Permaneció en Camarones con el Coronel Camacho, el Auditor de Guerra, señor Belisario Salinas, 100 jóvenes de la Legión Boliviana y una escolta de coraceros. Con todos ellos continuó hacia el sur. ¿Con qué intenciones? No podía ser a tomar la jefatura de las fuerzas de Buendía, pues a esta altura de las circunstancias tenían que estar cumpliendo la orden del General Prado de buscar el encuentro con los chilenos. Lo que aparentemente buscaba Daza, con gran astucia y cálculo, era diferenciarse de los jefes que llevaron las unidades de vuelta a Tacna y hacer creer que él, estuvo en desacuerdo con la contramarcha.

En el lugar denominado Tana se encontró con el coronel peruano Claure y un reportero de un diario de Lima que le dieron la noticia de que el día anterior, 19 de noviembre, las divisiones de Buendía sufrieron un gran desastre en el cerro Franciscano. Daza y sus acompañantes volvieron a Camarones. Permanecieron allí dos días más. El 23 estuvieron de vuelta en Tacna.

¿A qué se puede atribuir todas las extrañas actitudes del General Hilarión Daza en esos días? ¿Por qué trató de anular físicamente a su tropa haciéndola caminar, deliberadamente, a las horas de sol, con las caramañolas llenas de vino en vez de agua, haciendo devolver la mayor parte del agua acumulada en la etapa entre Chaca y Camarones, informando falsamente al Presidente Prado de que no quería seguir adelante y dando la orden de la contramarcha como si cediese a un "pedido unánime" de sus inmediatos colaboradores?

Uno no quisiera ser injusto con él. Sin embargo, razones con fuerza inclinan el criterio del investigador a la creencia de que acabó sucumbiendo a las constantes tentaciones que desde el comienzo de la guerra le venía haciendo llegar el Gobierno de Chile para que abandonase su alianza con el Perú, tentaciones que en último término, se expresaron en una oferta de dinero. En mayo de 1879, el Cónsul de Bolivia en Valparaíso escribió al señor Domingo Santa María, el más influyente miembro del gobierno chileno y el más activo en buscar la forma de separar a los aliados, sobre la posibilidad de "entenderse con el General Daza y conseguir que por dinero y algunas concesiones volviese la espalda a los peruanos". El mes siguiente, el señor Santa María recibió una carta de Arica, firmada con el seudónimo de Eustaquio Sierra, que expresaba que tenía un medio seguro de reducir al General Daza a los deseos del Gobierno de Chile con tal que se le dé medio millón de pesos. En diciembre de 1880, cuando el Coronel Eliodoro Camacho estaba prisionero en Chile, el señor Santa María le dijo que él arregló con el General Daza el retiro del ejército boliviano de la alianza "dándole las garantías necesarias respecto a la firma comercial de donde podía recoger los fondos con que Chile remuneraba su conducta".

La traición de Daza a la alianza no llegó a consumarse por la acción de los jefes bolivianos, que a las pocas semanas de la contramarcha de Camarones y cuando hacía preparativos secretos para volver a Bolivia con los cuerpos de línea lo despojaron de sus responsabilidades de Capitán General del Ejército y de Presidente de la República.

XXXIX

DEFECCIÓN DEL PRESIDENTE PRADO Y DERROCAMIENTO DEL PRESIDENTE DAZA

La pérdida del departamento peruano de Tarapacá, atribuido al desastre de San Francisco y a la contramarcha de Camarones, tuvo consecuencias trascendentales.

La tensión política que provocó en Lima y otras ciudades del Perú y el temor de una insurrección popular contra su gobierno indujeron al Presidente Mariano Ignacio Prado a dejar Arica y volver a la capital, a fin de controlar la situación. La decisión que tomó dejó muy sorprendidos a todos. Decidió abandonar el Perú con el pretexto de ir a Europa a obtener créditos y hacer importantes adquisiciones de pertrechos bélicos. ¿Era una huida?... ¿Por qué no delegaba plenos poderes a uno de sus colaboradores (entre los cuales los había muy capaces) y él permanecía en el puesto del deber?

Escribió al General Hilarión Daza: "Querido compañero y amigo: Hay absoluta necesidad de procurarnos a todo trance elementos de mar, por lo menos un poderoso buque que sea capaz de hacer frente a la escuadra enemiga... Después de pensar con madurez y obedeciendo a un sentimiento altamente patriótico, he tomado la resolución de marchar hoy a Europa en demanda de los mencionados elementos... Mi presencia aquí no es indispensable, al paso que mi viaje a Europa será, tengo fe, de provechosos resultados... Las fuerzas del ejército aliado del sur están encomendadas a usted y a nuestros distinguidos jefes, quienes sabrán responder a su honra... Sólo pido que se tenga fe en mi patriotismo y contestaré con hechos. Calculo que el viaje demorará cuatro meses a lo sumo. Con el tiempo muy estrecho, sólo me resta saludarle y despedirme".

El gobierno quedó en manos del vicepresidente, el octogenario General Luis de la Puerta.

Según informó el ministro boliviano en Lima, señor Zoilo Flores, la opinión pública calificó el viaje del General Prado "como una fuga o deserción" que provocaba "profundo despecho y cólera hasta en sus más íntimos amigos personales y políticos".

El señor Nicolás de Piérola, que incansablemente venía buscando el mando supremo de la república de tiempo atrás, aprovechó de las circunstancias. El 23 de diciembre (1879), sacó a las calles de Lima la "Guardia Peruana" que él tenía organizada como su contribución al esfuerzo bélico. En combinación con el batallón "Ica" en la misma capital y el batallón "Catamarca" en el Callao, se hizo dueño de la situación y se declaró dictador.

El cambio político en el Perú puso en inminente peligro la estabilidad del General Hilarión Daza en su puesto de Presidente de Bolivia. Desde luego, su popularidad había venido disminuyendo por la clase de vida que llevaba en Tacna, las arbitrariedades que cometía en el ejército, favoreciendo a los batallones de línea, particularmente al "Colorados", su desprecio por los "jóvenes decentes" de la "Legión Boliviana" y el despotismo con el que trataba a muchos jefes y oficiales.

La contramarcha de Camarones, de la que fue señalado como el único culpable, acabó con el poco prestigio que aún le quedaba tanto en Tacna como en el interior de Bolivia y el resto del Perú. El señor Zoilo Flores le escribió desde Lima: "La contramarcha de Camarones ha ocasionado una transformación completa en el concepto que se tenía de usted en este país. Esa contramarcha ha convertido a usted de una esperanza en una decepción, de una entidad colosal en un ser vulgar, de un valiente en un cobarde, de un objeto de envidia en un objeto de desprecio, de una garantía en la victoria en causa del desastre, y lo que es más, de un leal en un traidor, de un elemento de gloria nacional en un instrumento de vilipendio, de humillación, de vergüenza para la patria".

Daza comprendió que si permanecía en Tacna su caída era indefectible. El golpe de Estado de Nicolás de Piérola en el Perú era un antecedente funesto. Comenzó a adoptar medidas urgentes y secretas para retornar a La Paz con los batallones de línea, abandonando el resto del disminuido ejército. Disminuido por la defección de todas las unidades que estuvieron en el departamento de Tarapacá, después del combate de San Francisco y por las constantes deserciones en Tacna que él nunca trató de evitar.

Una vez listo su regreso y aprovechando de su condición de Supremo Director de la Guerra (que asumió en ausencia del Presidente Prado y sin que mediara la previa e indispensable anuencia del nuevo gobierno peruano) trató de hacer creer al Contralmirante Lizardo Montero, jefe de las fuerzas del Perú en el sur, que volvía a Bolivia para imponer una nueva estrategia aliada: los bolivianos atacarían a los chilenos bajando desde el departamento de Potosí, mientras los peruanos avanzaban desde Arica hacia Tarapacá.

El Coronel Eliodoro Camacho enterado de los preparativos de Daza declaró más tarde: "Vi un lúgubre cuadro de catástrofes en el porvenir. El ejército boliviano desertando del teatro de la guerra sin haber enfrentado al enemigo. Bolivia engañando a su hermana y aliada la república peruana, después de haberla comprometido en la guerra y después de haberla visto perder en poder del enemigo su más valioso departamento".

Luego de consultar con otros jefes y algunos civiles, como Belisario Salinas, Abdón Senén Ondarza y José Rosendo Gutiérrez, Camacho decidió derrocar al Presidente Daza. Se aprovechó de que el 27 de diciembre (1879) viajó a Arica para una de sus últimas entrevistas con el Contralmirante Montero. Se dio orden a los batallones que fuesen a lavar su ropa en el río Chaplina, distante unos pocos kilómetros de Tacna. Mientras la ausencia de esas tropas y con el soporte de los integrantes de la "Legión Boliviana", el batallón "Loa" y el regimiento de artillería, se tomaron presos a los adictos a Daza, generales Arguedas y Alcoreza, se ocupó el local del Estado Mayor, se retiraron las armas y la munición del cuartel del batallón "Colorados" y de las demás unidades no comprometidas en el golpe.

A su retorno del Chaplina, a las dos de la tarde, los batallones "Colorados", "Sucre", "Aroma", "Viedma" y "Padilla" fueron recibidos en la Alameda por el Coronel Camacho y los demás jefes complotados y fueron informados de que el General Daza no era más General en Jefe del ejército ni Presidente de la República por su despotismo, su cobardía al ordenar la contramarcha de Camarones y sus intenciones de volver a la patria a enfrentar bolivianos contra bolivianos.

Los batallones reingresaron a sus cuarteles en silencio, sin hacer demostración alguna a favor o en contra del movimiento operado, con excepción del "Colorados" cuyos integrantes no disimularon su despecho y cólera por el derrocamiento de su ídolo.

El General Daza se encontraba ya en su asiento del tren en el que iba a volver a Tacna, cuando se le aproximó el coronel peruano Maclean con un mensaje del Contralmirante Montero que le daba cuenta de lo sucedido en esa ciudad. Daza buscó asilo en la residencia del Cónsul de los Estados Unidos por temor a que los revolucionarios quisiesen atentar contra su vida, a fin de consolidar su acción revolucionaria. Por medio del contralmirante pidió que el gobierno del Perú lo ayudase a recuperar su mandato constitucional. No lo consiguió. Esperó que los "Colorados" se levantaran a su favor arrastrando a las otras unidades de línea, pero luego comprendió que les era imposible por estar desarmados y con sus líderes dados de baja. Acabó resignándose a su derrota. Llamó a su esposa e hija de La Paz y con ellas tomó un barco con destino a Francia.

Al comunicar oficialmente al Contralmirante Lizardo Montero el cambio político encabezado por él, el Coronel Eliodoro Camacho le expresó lo siguiente: "El ejército boliviano ha desconocido la autoridad del General Daza y se pone a mis órdenes y yo a las de Vuestra Señoría, para cumplir nuestro deber en defensa de la alianza. El ejército boliviano saluda a Vuestra Señoría y en su persona al heroico y valeroso ejército de su hermana aliada. Sírvase Vuestra Señoría transmitir este suceso a su Excelencia el doctor Piérola, ofreciéndole el homenaje de nuestro respeto".

QUINTA PARTE

XL

LA DIVISIÓN ERRANTE

La acción del Coronel Eliodoro Camacho con la colaboración de otros jefes y algunos civiles en Tacna, el 27 de diciembre de 1879, de despojar al General Hilarión Daza de la jefatura del ejército boliviano y de la Presidencia de la República, se sincronizó con un pronunciamiento similar en la ciudad de La Paz.

Siendo evidentes el descontento general contra el gobierno, debido al desastroso curso de la guerra para los aliados, y síntomas de un inminente golpe revolucionario, los propios miembros del Consejo de Ministros, que tenían a su cargo el Poder Ejecutivo de la nación, convocaron a una reunión de notables el 27 de noviembre. En ella se planteó la urgencia de pedir al General Daza que renunciase a sus responsabilidades de gobernante y de comandante de las fuerzas armadas. El hombre fuerte de la junta señor Serapio Reyes Ortiz, llegó a decir en esa ocasión: "Veo que se viene la revolución sin que se la pueda evitar...". El cónclave se disolvió sin llegar a ningún acuerdo.

Un mes más tarde, la noche del 27 de diciembre, sin conocer todavía que en esa misma fecha, unas horas antes, Daza había sido depuesto en Tacna, el Coronel José Manuel Guachalla, jefe de la guarnición de La Paz, en connivencia con Severo Matos, Claudio Velasco, Juan M. López, Luis Sainz, Manuel Vea Murguía y Fermín Prudencio, hizo ofrecer al Prefecto del Departamento, Coronel Uladislao Silva, la jefatura de un movimiento que desconociese la autoridad del General Daza. Silva aceptó.

Los complotados convocaron a un comicio al día siguiente. En la tumultuosa reunión celebrada en el Loreto, surgieron opiniones encontradas. Unos se declararon partidarios de la formación de una junta de gobierno provisional, otros declararon que en La Paz no se podía tomar decisiones de carácter nacional y sí sólo de carácter departamental, terceros lanzaron vivas a favor del Coronel Silva y cuartos hicieron lo propio con el nombre del político Rudecindo Carvajal. El comicio se disolvió sin haber arribado a conclusión alguna.

En la noche, Silva y Carvajal, aconsejados por sus coadjutores, llegaron a una transacción: formar juntos una junta de gobierno a la que también se invitaría al abogado y periodista orureño Donato Vásquez. Silva y Carvajal, asesorados por Severo Matos en la condición de secretario de la junta, hicieron conocer su decisión al público mediante una proclama. En ella declararon que el General Hilarión Daza quedaba destituido como Presidente de la República y jefe del ejército, que se sostenía y ratificaba la alianza con el Perú y que se nombraba al General Narciso Campero nuevo comandante de las fuerzas bolivianas.

El desarrollo de los acontecimientos fue muy diferente del programado por los dos autoproclamados líderes de la nación.

Desde el comienzo de la guerra, el General Campero, cumpliendo órdenes del Presidente Daza, tenía a sus órdenes en el departamento de Potosí la Quinta División del ejército, integrado por los batallones "Ayacucho", "Bustillo", "Chorolque" y "Tarija" y el escuadrón "Méndez" que se formaron con voluntarios potosinos y tarijeños.

Desde Cotagaita, donde tenía su cuartel general, la división en obedecimiento a instrucciones de Daza, marchó hasta San Cristóbal, en 19 penosísimas jornadas. El propósito era que fuese aproximándose a la cordillera para transmontarla y descender al litoral donde operaría en combinación con las tropas aliadas que estaban en Tarapacá al mando del General Juan Buendía. San Cristóbal era un asiento minero desprovisto de recursos. En 15 días de permanencia allí la Quinta División agotó lo que había llevado consigo. Nuevas directivas del Capitán General la hicieron abandonar ese lugar y caminar rumbo a Salinas de García Mendoza con vistas a un nuevo plan bélico. Buendía, el propio Daza y Campero debían juntar a sus tropas en un punto del departamento de Tarapacá para expulsar a los chilenos que habían desembarcado en Pisagua.

El avance hasta Salinas de García Mendoza fue tan penoso como el que se había hecho hasta San Cristóbal. El intenso frío, la carencia de ropa adecuada y el hambre provocaron varias muertes. Hubo hasta suicidios por la intensidad del sufrimiento. Habiéndose salido de San Cristóbal el 6 de noviembre, se llegó a Salinas de García Mendoza el 29 del mismo mes. Aquí, el General Campero se enteró del desastre de San Francisco y de que era ya inútil su ingreso al departamento de Tarapacá, por jefes, oficiales y tropa que habían tomado parte en aquella acción y volvían a Bolivia.

Después de 11 días de permanencia en Salinas de García Mendoza, Campero hizo levantar campo a sus batallones y los condujo rumbo a Oruro, con intenciones de controlar la tranquilidad pública que suponía en peligro por los tropas que defeccionaron de Tarapacá y estaban ingresando a la república por diferentes puntos.

Habiendo llegado a orillas del lago Poopó, cerca de Huari (diciembre 16), recibió orden del General Daza de volver al sur con la misión de ingresar al litoral y "mantener en continuo jaque a los chilenos".

¿Estaba enterado Campero de los trajines que se sucedían esos días en Tacna y La Paz para derrocar a Daza? Probablemente que sí, pues desde que tomó el comando de la Quinta División venía siguiendo con vivo interés el creciente descontento contra el Capitán General y fomentándolo en conversaciones de carácter político con sus subordinados que le eran más adictos.

Obedeció a regañadientes el mandato de volver al sur con su fuerza y en nuevas jornadas de penurias la hizo llegar hasta Tomave. En Tomave le llegó otra orden de Daza. Debía retroceder hacia Oruro, cruzar el Desaguadero y la cordillera e ir a reunirse con él en Tacna. Casi simultáneamente con esa orden recibió dos noticias sensacionales: la autoridad política y militar del General Daza había sido desconocida una semana antes por pronunciamientos efectuados el 27 de diciembre en Tacna y La Paz; en una reunión de notables en Oruro se lo había proclamado a él Presidente Provisorio de la República y esa proclamación venía siendo apoyada en otras ciudades. Esta vez con el corazón anhelante dispuso marchas forzadas de su división sobre Oruro.

La entrada de la división Campero en la ciudad de Pagador no fue marcial. No podía serlo, por mucho que lo intentaron sus componentes. Estaban en el último extremo de agotamiento. Desde el 11 de octubre en que salieron de Cotagaita hasta el 19 de enero en que ingresaban en Oruro, habían cruzado y recruzado sectores del altiplano en el más estéril de los esfuerzos, castigados por el sol, el frío, heladas, lluvias y granizadas, mal alimentados y pésimamente vestidos. Habían llegado a ser hasta el hazmerreír de sus compatriotas y ser apodados de "División Israelita" por aquello de que vagaban en un desierto.

Solamente dos fracciones de la Quinta División llegaron a cumplir misiones bélicas. Lo hicieron mientras el grueso de sus camaradas deambulaba sin sentido en su retaguardia.

El Coronel Rufino Carrasco, con un contingente de 70 jinetes, en su mayor parte chicheños, se internó en el litoral boliviano por el paso de Ascotán. Desalojó a tiros a los pocos chilenos que guarnecían la población de Chiuchiu y avanzó sobre Calama, pero se vio obligado a replegarse al tener conocimiento de que el enemigo se preparaba a coparlo. En el lugar llamado Tambillo, cayó en una emboscada de la que logró zafarse después de 20 minutos de reñido combate en el que salió vencedor tomando diez prisioneros y recogiendo un botín de 18 rifles, 17 espadas, 26 animales, monturas, vestuario y alimentos. Finalmente regresó a Cotagaita por San Pedro de Atacama y Toconao.

El Coronel Lino Morales, con la colaboración de los jefes del mismo grado Juan Bautista Ayoroa, Salvador Villarpando, Ezequiel Apodaca y Miguel Estenssoro, condujo a un destacamento hasta el lugar denominado Canchas Blancas por donde se temía incursiones chilenas hasta el mineral argentífero de Huanchaca. La emboscada fue esta vez de bolivianos a chilenos con un resultado completamente desfavorable a los segundos que perdieron caballada, armamento, munición y alimentos y dejaron el campo sembrado con sus muertos.

El Coronel Ezequiel Apodaca comentó la acción de esta manera en su diario: "Eran las ocho de la noche más o menos. Los jinetes chilenos que llegaron a la aguada, la única en toda la región, estaban desmontados. En ese momento se dio la orden de ataque. Se deslizaron silenciosamente los bolivianos, mientras los indios ganaban la retaguardia del enemigo para caer sobre sus provisiones. Los chilenos se dispersaron. Los nuestros siguieron acometiendo. Las contraseñas expresadas en quechua y términos chapacos hacían que en la oscuridad no haya confusión entre los nuestros. Los sanlorenzeños del escuadrón "Méndez" atacaron a machete y cuchillo limpios. Se escucharon ayes de dolor cuando las armas blancas se hundían en vientres y gargantas".

XLI

NARCISO CAMPERO, PRESIDENTE PROVISIONAL

La iniciativa de proclamar Presidente Provisional de la República al General Narciso Campero Leyes en reemplazo del derrocado General Hilarión Daza, la tomaron en la ciudad de Oruro, el 1° de enero de 1880, los señores José Ignacio León, Severo Fernández Alonso, Rodolfo Soria Galvarro y Emeterio Cano, secundados por el General Manuel Othón Jofré, que hasta días antes había sido Ministro de Guerra del Presidente Daza y estaba organizando nuevos batallones con los jefes, oficiales y soldados que abandonaron el departamento peruano de Tarapacá, después del desastre de San Francisco, y con reclutas nuevos.

El General Narciso Campero resultaba en esos momentos una elección lógica. Tenía el prestigio de su capacidad castrense (ganada en estudios en Europa) y experiencia en la vida pública desde los tiempos del dictador José María Linares, sumados al hecho de ser el comandante de la Quinta División, la única fuerza organizada que existía en el interior del país en las angustiosas circunstancias de esos días. Sus antiguas ambiciones personales de alcanzar el mando supremo había renacido desde que se diera cuenta que la estrella del General Hilarión Daza empalidecía rápidamente debido a su comportamiento en Tacna y la contramarcha de Camarones.

Los elementos jóvenes hubieran preferido al Coronel Eliodoro Camacho, principal autor del golpe de Estado de Tacna, pero la natural modestia de su carácter, su grado militar inferior y su inclinación a las ideas liberales, que veían con temor los políticos conservadores, perjudicaron su caso.

La proclamación de Oruro a favor de Campero se consolidó al ser seguida por pronunciamientos similares en Cochabamba, encabezada por los señores Mariano Baptista, José María Santivañez, Jorge Oblitas, Federico y Cleómedes Blanco, Juan Prudencio Velar-de y otros, y en Sucre, Tarija, Potosí, y algunas capitales de provincia.

El Coronel Uladislao Silva y el señor Rudecindo Carvajal, que se habían autoproclamado integrantes de una Junta de Gobierno en la ciudad de La Paz (como se ha relatado en el capítulo anterior) quedaron huérfanos de apoyo y se vieron obligados a abandonar el precario poder que habían asumido cuando un comicio popular en el que hablaron los señores Agustín Aspiazu, Félix Reyes Ortiz, Manuel Granier y otros, expresó su apoyo a lo resuelto en las demás ciudades.

El General Campero, el mismo día de su ingreso en Oruro (19 de enero de 1880), hizo pública por bando la siguiente declaración: "Aceptó la comisión provisional que me confiere la patria y asumo la Presidencia de Bolivia mientras se reúna la Convención Nacional cuya convocatoria se expedirá en el plazo de 20 días". En una proclama añadió: "Mi actual cometido habrá terminado el día en que la soberana asamblea empiece a ejercer sus augustas funciones y desde ahora, para entonces, retiro mi nombre, sea de la elección parlamentaria, sea de las ánforas electorales".

El Coronel Uladislao Silva, a quien el General Campero designó Inspector General del Ejército para consolarlo de haber sido frustrado como jefe de la nación, aprovechó de su nueva posición para soliviantar en Viacha a los batallones "Oruro", "Murillo 2v" y "Bolívar", apresar al General Casto Arguedas y marchar sobre La Paz para arrebatar a Campero el puesto al que creía tener mejor derecho. Lo acompañaron en su rebelión los coroneles José Manuel Guachalla y Federico Matos, y el hermano de éste, Severo Matos.

La única guarnición de La Paz la constituía el batallón "Victoria", comandada por el Coronel Juan Granier. Se apostó en las cuatro esquinas de la Plaza 16 de julio para defender al régimen de Campero. La superioridad numérica de las tres unidades de Silva la puso en fuga y dispersión después de un cambio de disparos que duró 20 minutos y causó 11 muertos y 20 heridos en ambos bandos.

El General Campero, se retiró a Obrajes y de allí subió al Altiplano. De Sicasica llamó a las tropas acantonadas en Oruro (batallones "Tarija", "Grau" y "Chorolque").

Silva, dueño de La Paz, emitió un decreto que dijo: "La Paz, 12 de marzo de 1880. Considerando que el ejército, de acuerdo al sentimiento popular manifestado en el sentimiento de una dirección más conveniente y activa de la guerra, me ha investido espontáneamente de la suprema autoridad, asumo el mando supremo provisorio mientras representantes de los distintos departamentos de la república concurran a esta ciudad a formar el gobierno nacional".

El agente diplomático del Perú en La Paz, señor José Luis Quiñones, informó a su gobierno: "El Coronel Silva me ha mandado a las 9 p.m. de hoy (marzo 12) una persona de su confianza para manifestarme los deseos que le animan por conservar buenas relaciones y la alianza entre el Perú y Bolivia. El mismo Silva me ha dirigido una carta a las 10 p.m. ratificándome y diciéndome que el día de mañana tendremos una conferencia para acordar lo más conveniente al envío de fuerzas a Puno". "La Paz, 13 de marzo de 1880. La conferencia ha tenido lugar a las 1 p.m. de hoy y en ella el Coronel Silva me ha dicho con entera franqueza y mucha cordialidad que ha aceptado el movimiento operado a su favor porque había llegado a convencerse de que el General Campero, pudiendo hacer mucho, no había hecho absolutamente nada en favor de la guerra contra Chile; que, en consecuencia, su único objeto era probar con hechos positivos sus vehementes deseos de estrechar la alianza hasta llegar en el menor tiempo posible a la unificación de ambas repúblicas y hacer a Chile una guerra pronta y eficaz, hasta conseguir el triunfo; que sin embargo de que las fuerzas que le obedecen lo habían proclamado Jefe Supremo, aún no había asumido definitivamente ese cargo, esperando que la voluntad popular dé a su gobierno la forma que quiera, porque desea gobernar con el Pueblo y para el pueblo; que estaba dispuesto a mandar el 19 de los corrientes las únicas tres unidades que tiene a sus órdenes, para que vayan a defender el territorio del Perú... Terminó diciendo que conservaría al Coronel Camacho al mando del ejército de Bolivia, que está en Tacna... No pude menos que agradecer al coronel Silva, a nombre de la alianza y del Perú, sus generosos propósitos. Me he dirigido al Prefecto de Puno, a fin de que dé órdenes a los vapores "Yapura" y "Yavari" y a algunas otras embarcaciones, estén listas en Chichilaya el día 19, para trasladar a Puno a los 1.200 hombres".

El 18 de marzo salieron de La Paz los batallones "Bustillo" y "Morillo 2". Al día siguiente debía seguirlos el "Bolívar". En el camino a El Alto, aleccionados por elementos leales a Campero, se dispersaron en su totalidad. Silva, Guachalla y los Matos, por segunda vez, se vieron sin apoyo alguno. Huyeron hacia el puerto de Chichilaya. El ministro peruano que se encontraba allí para recibir y hacer embarcar a las tropas ofrecidas por Silva, les ofreció asilo diplomático en el "Yapura", impidiendo que fueran apresados y devueltos a La Paz. Con ellos lograron también salir hasta el Perú los otros jefes de su movimiento: el General Luciano Alcoreza, el Teniente Coronel Escolástico Pimentel y los mayores Federico Gambarte, Luis Gutiérrez, Juan Castillo y Enrique Larrea.

Los jefes acantonados en Tacna condenaron públicamente al Coronel Uladislao Silva y sus cómplices al enterarse del golpe contra el General Campero. El Coronel Eliodoro Camacho, en carta al Coronel Silva, le dijo: "Tacna, 16 de marzo de 1880. No me atrevo a calificar su acción, porque para ello tendría que emplear una palabra muy dura, cuyo significado infamante no quiero aplicar a ningún boliviano, pues jamás he creído que Bolivia contase entre sus hijos ninguno que atentase contra su sagrada existencia. Mientras tanto, señor Coronel, permítame preguntarle, ¿ha pensado usted la enorme responsabilidad que ha echado sobre sus hombros?... Ha detenido usted el envío de cuatro batallones a este cuartel general en el momento en que sabía, por mis reiterados oficios, lo urgente lo preciso, que era su venida para hacer frente al enemigo ocupando Moquegua nos ha cortado recursos del norte, sin los que no puede existir el ejército peruano que acompaña en este departamento al boliviano. ¿Cómo se llama, señor coronel, el que promueve la anarquía interna en los momentos supremos en que su patria se halla comprometida en una guerra nacional?... ¡Ah!, he roto mi pluma antes que escribir esa palabra que suele manchar la frente del hombre con el hierro del eterno oprobio; que no puedo usarla como calificativo del militar a quien alguna vez llamé compañero".

XLII

PREPARATIVOS PARA LA GRAN BATALLA

Una vez en posesión del departamento peruano de Tarapacá y en vista de que los aliados no se consideraban todavía derrotados, Chile decidió quedarse como dueño perpetuo de ese territorio como compensación mínima por sus gastos de guerra y proseguir la campaña llegando, si fuese necesario, hasta la misma capital del Perú, a fin de imponer una paz de vencedor absoluto.

Empero, para operar sobre Lima resultaba indispensable liquidar previamente a las fuerzas aliadas que estaban en Arica y Tacna. En Arica, los contingentes peruanos que abandonaron Tarapacá. En Tacna los batallones bolivianos que, desde el derrocamiento del General Hilarión Daza, obedecían al Coronel Eliodoro Camacho.

El ejército chileno tenía dos posibilidades para ir al encuentro de los aliados. La primera, por tierra, avanzando desde Tarapacá y pasando por Camarones. La segunda, por mar, desembarcando al norte de Tacna, en el departamento de Moquegua.

Se eligió la segunda alternativa. El 29 de diciembre (1879), se embarcaron en Pisagua los destacamentos y a los pocos días desembarcaron en Ilo, sin encontrar resistencia alguna. La caballería penetró hasta la misma capital del departamento, el pueblo de Moquegua, donde se cometieron muchos abusos con la población civil al calor del vino y otras bebidas alcohólicas producidas en la región que se libaron sin tasa.

El único intento del Perú para oponerse a la ocupación de una nueva parte de su territorio estuvo a cargo del Coronel Andrés Gamarra (hijo del Presidente Agustín Gamarra, que invadió Bolivia dos veces y murió en la batalla de Ingavi). Con tropas bajo su mando sostuvo un combate con los chilenos el 22 de marzo (1880) en la cuesta de Los Ángeles. Se vio obligado a replegarse rápidamente hasta Tolata ante la superioridad numérica de sus enemigos (4.000 combatientes) que lo semi rodearon con infantería, caballería y artillería.

Hubo un cambio en la jefatura del ejército chileno. El viejo General Erasmo Escala fue substituido por el General Manuel Baquedano, de 60 años, con fama de tonto, pero enérgico, organizador y una larga hoja de servicio que se iniciaron en la batalla de Yungay, cuando tenía 17 años y actuó como alférez a las órdenes de su padre. Acababa de obtener el triunfo de Los Ángeles.

Los chilenos creían que los aliados irían a buscarlos al departamento de Moquegua. Su inacción hizo exclamar a. uno de los ministros del gobierno de Santiago, el señor José Antonio Gandarillas: "Va a cumplirse un mes de estada en Ilo y todavía no se hila nada".

En el comando aliado disputaban la estrategia a seguirse dos opiniones contrapuestas. La del Contralmirante Lizardo Montero, jefe de los peruanos del sur, que por órdenes terminantes del dictador Nicolás de Piérola, se negaba a que se abandonasen las plazas de Tacna y Arica, y la del Coronel Eliodoro Camacho, que abogaba porque se avanzase hasta el valle de Sama, rico en recursos, para atraer allí al enemigo y darle la batalla a orillas del río del mismo nombre.

Los chilenos para llegar hasta Tacna o los aliados para alcanzar Sama debían cruzar un desierto. Sólo podía hacerlo el ejército que dispusiese de los elementos necesarios de transporte, más o menos 1.600 mulas que cargasen con los pertrechos bélicos, los víveres y el forraje.

Montero contaba con el apoyo de todos los jefes de su misma nacionalidad. Por su parte, los jefes bolivianos (con excepción del Coronel Miguel Castro Pinto), secundaban a Camacho. La división de criterios, expresada en discusiones que por momentos adquirían un tono agrio y acalorado, ponía en peligro la solidez de la alianza.

Al enterarse de ello, el Presidente Provisional de Bolivia, General Narciso Campero, acogiendo una sugerencia del representante diplomático del Perú en La Paz, señor José Enrique Bustamante y Salazar, y obedeciendo a uno de los súbitos impulsos que eran característica de su temperamento, viajó sorpresivamente hasta Tacna y tomó el comando de todas las fuerzas aliadas. Montero informó a Piérola: "Di parte a usted de la inesperada llegada del General Campero. Lo hice reconocer como Supremo Director de la Guerra y nuestras relaciones oficiales y particulares se cultivan ' desde ese día de la manera más estrecha y sincera. Sobre él pesa, pues, toda la responsabilidad respecto a las operaciones militares, y como la moral es la base fundamental para el buen éxito de éstas, me concretaré a obedecer ciegamente las órdenes que me sean comunicadas".

Por la comunicación transcrita se puede colegir el gran alivio que sintió el Contralmirante Montero al librarse de las responsabilidades de ser comandante del ejército aliado en la batalla que, según todas las perspectivas, iba a ser la más importante de la guerra. Para ello debió influir su carácter y el hecho de que el dictador Piérola, de quien había sido rival político años antes, le venía regateando el envío de refuerzos humanos y materiales que tanto se necesitaban en el sur.

El General Narciso Campero hubiera querido imponer la táctica aconsejada por el Coronel Camacho, de ir al encuentro de los chilenos en Sama, pero luego de un intento de marcha con ese rumbo, se comprobó que no se contaba con medios de transporte suficientes. Resolvió que el ejército aliado esperase al enemigo en la meseta de Intiorco, a 8 kilómetros al norte de la ciudad de Tacna, 'que se bautizó con el nombre de "Alto de la Alianza".

El ejército boliviano de Tacna aumentó sus efectivos con la Quinta División o lo que quedaba de ella después de las inútiles marchas en el altiplano y la dispersión provocada por la subversión del Coronel Uladislao Silva (Capítulos XL y XLI). Se trataba de los batallones "Tarija" y "Chorolque" y de los jinetes del escuadrón "Méndez". No existían ya los batallones "Bustillo" y "Ayacucho". Los reemplazaba el batallón "Grau", recientemente formado en Cochabamba.

La espera en el "Alto de la Alianza" se aprovechó con ejercicios de ataque y defensa. El batallón "Colorados" llamó la atención por la rapidez y precisión de sus despliegues. Hizo gala de su habilidad en la formación de "cuadros". Los jefes peruanos se burlaron de una táctica tan antigua, que hicieran famosa los infantes ingleses para defenderse de la caballería francesa en la batalla de Waterloo, 65 años antes.

Mientras tanto, el ejército chileno había recibido todas las mulas y recursos que necesitaba. La artillería se desembarcó más cerca de Tacna, en el puerto de Ilo. El 20 de mayo (1880), todas las unidades se concentraron en Yaras, a orillas del río Sama. El General Baquedano dispuso una excursión de reconocimiento de las posiciones aliadas y de lo que sería el campo de batalla. El 22, salió de Yaras con todos los jefes y oficiales de su fuerza, además de algunos clases y soldados seleccionados, un total de mil personas montadas. Los soldados de infantería iban en la grupa de los de caballería. Se llevó también dos piezas de artillería de campaña. Llegados todos a distancia prudencial del "Alto de la Alianza", se pusieron a observar las posiciones aliadas en la meseta de Intiorco y la gran planicie que tenían delante. Las dos piezas de artillería dispararon a fin de provocar un cambio de fuegos y medir el alcance de los proyectiles propios y los del adversario.

En el campamento peruano-boliviano se produjo gran excitación ante la desafiante presencia chilena. Por un momento se creyó que ese día iba a comenzar la batalla y se tomaron apresuradamente medidas de apronte. Mas luego se vio que los jinetes enemigos, después de acercarse un poco más por los costados de la derecha y la izquierda, desaparecían por donde habían venido. De todos modos, desde ese momento se permaneció en anhelante expectativa. Las manecillas del reloj del destino estaban próximas a marcar la hora decisiva de la guerra.

XLIII

LA BATALLA DE TACNA O DEL ALTO DE LA ALIANZA

El "Alto de la Alianza", originalmente meseta de Intiorco, donde acampó el ejército boliviano-peruano desde el 11 de mayo hasta el 26 del mismo mes (188), ha dado su nombre, indebidamente, a la batalla más cruenta de la Guerra del Pacífico. La acción no se realizó en la meseta misma, sino en el llano o arenal extendido delante de ella. Por eso, es más propio denominarla "Batalla de Tacna", pues fue en defensa de la ciudad peruana de Tacna, ubicada 8 kilómetros detrás, que se produjo la gran sangría de los dos ejércitos combatientes.

Desde el reconocimiento del campo de batalla efectuado por el General Manuel Baquedano y toda su oficialidad el 22 de mayo, el comando del General Narciso Campero esperaba momento a momento la aparición del ejército enemigo.

El día 25, un grupo de la caballería peruana en misión de vigilancia, sorprendió a cinco arrieros que en 50 mulas transportaban odres con agua. Tres de los hombres lograron escapar, pero los otros dos fueron hechos prisioneros. Llevados al campamento del Alto de la Alianza, confesaron que el líquido era para el ejército chileno que estaba saliendo de Yaras y debía pasar esa noche por Quebrada Honda, a 11 kilómetros de la meseta de Intiorco, con intenciones de dar la batalla al día siguiente. Declararon también que la fuerza chilena se componía de unos 22.000 combatientes.

Esta cifra representaba el doble del efectivo aliado. En la reunión convocada por el General Campero, uno de los jefes opinó que la mejor forma de contrarrestar la superioridad numérica del adversario era sorprenderlo mientras descansaba en Quebrada Honda. El General Campero y todos los demás acogieron la idea con el mayor entusiasmo. Se impartieron de inmediato las órdenes consiguientes. Seis horas más tarde, a las 12 de la noche, los batallones de la alianza salieron de sus posiciones y divididos en tres columnas paralelas avanzaron por el arenal.

La oscuridad, agravada por la "camanchaca" o niebla del desierto, desorientó a los guías. Las unidades de la columna de la derecha se entremezclaron con las del centro, produciéndose gran confusión. Campero dispuso el retorno al Alto de la Alianza. Fogatas encendidas en la meseta sirvieron de faros para guiar el movimiento retrógrado. La columna de la izquierda, que no pudo ser encontrada por el oficial que llevaba la orden de contramarcha, siguió su avance y fue recibida con disparos de los centinelas chilenos apostados al borde de Quebrada Honda. Ignorante de la suerte de las otras dos, tuvo que permanecer quieta y en silencio en el lugar alcanzado. Al amanecer del 26, dándose cuenta de su soledad en las proximidades del enemigo, volvió precipitadamente hacia Intiorco, hostigada con disparos de la artillería chilena.

Los integrantes del ejército chileno recibieron la bendición de su capellán general con una rodilla en tierra y salieron de su campamento a los acordes del himno nacional de su patria y la canción de Yungay. Sumaban un total de 19.000 combatientes. El dato de los arrieros había sido un tanto exagerado. De todos modos, eran muy superiores numéricamente al ejército aliado que sólo tenía 12.000 (6.500 peruanos y 5.500 bolivianos).

Peruanos y bolivianos tuvieron que aprestarse a la lucha sin haber dormido nada. Solamente algunos jefes, entre ellos el General Campero, pudieron tomar un brevísimo descanso, después de la falsa maniobra de la noche. Los peruanos recibieron un poco de desayuno en sus cocinas. Los bolivianos ocuparon sus posiciones de combate sin refrigerio alguno, salvo uno que otro a cuyo lado pudo llegar su esposa o amante con algo de alimento.

El Subteniente Daniel Ballivián, del batallón "Colorados", recordó en su diario: "Las bombas de la artillería chilena pasaban zumbando por encima de nuestras cabezas para sepultarse en la arena muchos metros detrás. La tropa se lanzaba al suelo al sentir la llegada de los proyectiles y volvía a levantarse lanzando vivas burlándose de la mala puntería del enemigo. Las bandas de música contribuían a mantener el buen humor llenando el aire con sus dianas y bailecitos".

La artillería aliada estaba ubicada delante de los infantes, al borde de la meseta que enfrentaba el enemigo. Su misión era diezmar a los chilenos mientras se aproximaban, para que, en seguida los batallones de infantería saliesen a su encuentro a definir la contienda con sus fusiles y bayonetas.

Muy escasas tenían que ser las posibilidades de victoria de quienes, obedeciendo a órdenes de una estrategia errónea, abandonaban la ventajosa posesión de la meseta de Intiorco y salían a pelear en la pampa contra un adversario superior en número y en potencial de fuego; de quienes habían pasado la noche en vela, en una marcha y contramarcha absurdas y cuya mitad tenía el estómago vacío desde el día anterior.

El diálogo de los cañones duró desde las 9 hasta las 11 de la mañana, con muy pocos efectos en uno y otro campo. La mayoría de los proyectiles se enterraban en la blanda arena sin estallar. A las 11, la vanguardia de la Primera División chilena cambió disparos iniciales con la vanguardia aliada que estaba delante de la meseta, en el costado izquierdo. Conforme la Segunda y Tercera divisiones chilenas se fueron aproximando a sus objetivos, el centro y la derecha de los aliados, el combate se generalizó con creciente intensidad.

El batallón "Sucre" se cubrió de gloria en el ala izquierda cargando sobre el enemigo con singular denuedo y haciéndolo retroceder profundamente. Pero su heroísmo le costó caro. De los 503 combatientes de la chaqueta amarilla, 205 cayeron muertos y 178 heridos, ¡el 80 por ciento de su efectivo!

Mediante un contraataque, los chilenos recuperaron el terreno perdido y semi rodearon al batallón boliviano "Viedma", que retrocedió desordenadamente, arrastrando consigo al batallón "Victoria", del Perú. El ala izquierda se sostuvo precariamente por la reciedumbre con que entraron a la refriega el batallón peruano "Huáscar" y el boliviano "Tarija".

En el centro los batallones peruanos "Zepita", "Cazadores del Misti" y "Arica" rivalizaron en bizarría con los bolivianos "Padilla" y "Chorolque". En ciertos momentos, callaron los fusiles y actuaron las bayonetas.

La aproximación chilena al ala derecha fue más cautelosa. Los aliados tenían allí un reducto formado con sacos de arena como protección para piezas de artillería. La lucha en este sector también adquirió gran ferocidad. El desangre de ambos contendientes fue tan abundoso como en el centro y el ala izquierda.

A la una de la tarde, el Coronel Eliodoro Camacho, que comandaba el costado izquierdo, hizo pedir al General Campero que le mandase a los batallones "Colorados" y "Aroma", que constituían la única reserva, en vista de que los chilenos se habían aproximado a la meseta y trataban de rebasarla poniendo en peligro todo el dispositivo aliado.

Los dos batallones de la chaqueta roja, que estaban detrás del reducto de la artillería en el ala derecha y que durante tres horas habían esperado ansiosamente que se les diera la orden de participar en la batalla, cruzaron al trote el campamento del "Alto de la Alianza" e ingresaron a la planicie por el extremo izquierdo con ímpetu incontenible.

Los chilenos tuvieron que ceder el campo que habían ganado en las dos horas precedentes. "Colorados" y "Aromas" llegaron hasta varias piezas de artillería aproximadas por el enemigo en ese costado y tomaron posesión de 6 cañones Krupp. El Coronel Ildefonso Murguía, que comandaba a las dos unidades, ordenó que se dejasen de lado los trofeos y se prosiguiese la maniobra.

El General Baquedano, a fin de detener la profunda incrustación enemiga en sus filas, dispuso que fuera contrarrestada por una carga de los 500 jinetes del Comandante Tomás Yávar. El batallón "Colorados" al ver aproximarse la furiosa cabalgata contraria, con pasmosa rapidez y disciplina, obedeciendo a órdenes de Murguía, formó "cuadros" con frente de lucha a los cuatro puntos cardinales, para evitar ser copado. Los seis "cuadros", con una primera línea de tiradores con una rodilla en tierra y una segunda, inmediatamente detrás, de pie, detuvieron a los granaderos de Yávar con una infranqueable barrera de proyectiles. Los jinetes tuvieron que voltear cara y huir. "Colorados" y "Aromas" volvieron a desplegarse en líneas de combate y siguieron su avance a paso de vencedores.

Baquedano les opuso las tropas frescas de su Cuarta División. Los infantes de la chaqueta roja, con sus efectivos diezmados, su munición a punto de agotarse y sus energías físicas exhaustas, retrocedieron combatiendo para no caer en poder del enemigo. Su retroceso coincidió con igual situación en el centro y costado derecho de los aliados. No se tenía un solo soldado más de reserva. En el campo chileno el General Baquedano contaba todavía con 4.000 soldados que no habían participado en la acción.

A partir de las dos y media de la tarde, los tres sectores del ejército peruano-boliviano fueron claudicando sucesivamente. Sus bajas pasaban de 2.000 incluyendo una gran proporción de jefes y oficiales. No hubo pánico ni desorden. Quienes quedaban en pie abandonaron el Campo de Marte y el Alto de la Alianza, junto con su comandante, el General Narciso Campero y su Estado Mayor, calmosamente, con sus cuerpos desfallecidos y sus corazones ahítos de amargura y dolor.

XLIV

LA CAÍDA DE TACNA Y ARICA EN PODER DE CHILE

El cuadro que presentaba Tacna con los combatientes peruanos y bolivianos que acababan de ser derrotados en la batalla del 26 de mayo de 1880 y buscaban en la ciudad un pasajero alivio a su cansancio y sus heridas, antes de proseguir su retirada para no caer en manos chilenas, era patético en extremo.

Según testimonio de uno de los participantes, el capitán argentino Florencio del Mármol (adscrito al ejército boliviano): "La plaza de armas y la calle Comercio estaban repletas de soldados, ofíciales y jefes de todos los cuerpos bolivianos y peruanos, en la mayor confusión, cubiertos de polvo, bañados en sudor, muchos ensangrentados. Jinetes, infantes y artilleros, fusiles, espadas y lanzas, todo mezclado. En las aceras se vendaban heridas, mientras que en las puertas de las casas se ofrecía agua, refrescos, cerveza. Por todas partes se oía el llanto de las mujeres tacneñas y sus voces de recriminación a los bolivianos, a quienes acusaban de ser los únicos culpables del desastre".

Con esta última actitud, los bolivianos sufrían la más tremenda de las injusticias. Habían peleado, en defensa de territorio peruano, como bravos, con tanto coraje con sus aliados, sufriendo más de dos mil bajas, casi la mitad de todo su efectivo. Las penetraciones más profundas contra las líneas enemigas las habían hecho tres de sus batallones: "Sucre", "Aroma" y "Colorados". Entre sus pérdidas figuraban sus jefes más queridos: el General Juan José Pérez, el Coronel Eliodoro Camacho y el Teniente Coronel Felipe Ravelo.

El soldado del batallón "Murillo", Flavio Machicado, relató en otro testimonio: "A las cuatro de la tarde, Tacna había sufrido una transformación completa. Las calles estaban vacías. Herméticamente cerradas todas las puertas y ventanas. Apenas se veía cruzar uno que otro militar agitado por su retraso y a alguna que otra infeliz familia que iba en busca de asilo en uno de los consulados o que huía a los campos inmediatos llevando niños de corta edad, utensilios de cocina y prendas de ropa".

Tacna esperaba el ingreso del chileno vencedor sobrecogida de terror.

El General Manuel Baquedano prohibió la entrada a la ciudad del grueso de su ejército. Lo hizo acampar en las proximidades. Únicamente autorizó el ingreso de un destacamento escogido de caballería, pero en el curso de la noche unos 200 infantes lograron infiltrarse y cometieron toda clase de atropellos. Amagos de incendio, fractura de puertas y ventanas, violación de mujeres, victimazación de hombres indefensos y robo de toda clase de objetos se sucedieron en diferentes sectores.

"El 27 —dice también Machicado—, la ciudad parecía un panteón por su tristeza. La calle del Prado, la 2 de Mayo, la Caramolle y las contiguas a ellas, habían sido teatro de los principales abusos. Se veía soldados chilenos, luciendo el botín conseguido, con desafiante desparpajo: productos vegetales, enaguas de mujer, alhajas, utensilios de cocina, etc. Las cantineras lujosamente ataviadas con los vestidos asaltados, los ostentaban con singular cinismo...".

El señor Manuel V. Alba, describió en su diario lo que fueron las primeras etapas del retorno de los combatientes bolivianos a su patria. "Todos comenzamos a huir del Alto de la Alianza por distintas rutas. En el trayecto se veía la mayor confusión. Familias peruanas que abandonaban sus casas llorando, conduciendo lo que podían en animales y en hombros. Padres de familia con sus hijas por delante. En la parte de arriba se observaba multitud de grupos por todos los caminos... Llegamos a San Francisco de noche. No encontramos sino cuartos vacíos. Todos los habitantes del lugar habían escapado. Seguimos avanzando en el mayor silencio. Nadie conversaba. Después de un largo descanso, seguimos. A las 2 ó 3 de la madrugada, atormentados por el frío, alcanzamos la altiplanicie de Paica. Toda la plazuela estaba llena de soldados que sin más abrigo que sus capotes y otros sin él, dormían profundamente, apretados los unos contra los otros. Caballos y mulas ambulaban por doquier. Continuamos adelante. Divisamos una habitación con luz a la derecha del camino. Nos aproximamos con el Coronel Lazarte. Bajé del animal y entré. La habitación estaba llena de humo. Distinguí al Coronel Balza que soplaba tratando de encender una fogata. A su derecha otros jefes. En un rincón distinguí una figura con los pies tapados con una manta, sentada sobre un montón de piedras, con el kepis inclinado sobre los ojos. Era el General Campero... Hicimos abrir una habitación contigua y le rogamos que se trasladara allí a descansar... A las 8 de la mañana todos seguimos hacia Yarapalca, donde Campero quiso reorganizar las fuerzas. Se destacaron comisiones para ir a reunir a los dispersos. Se pasó nota a las autoridades fronterizas de Bolivia para que atajaran a los soldados y recogieran su armamento y municiones. Se repartió maíz, charque y harina a la tropa... El sábado 29, la gente se inquietó. Todos querían volver a Bolivia. Se dio la orden de marcha. Un grupo del batallón "Colorados" iba a la cabeza. El "Grau" cerraba la retaguardia. El camino estaba sembrado de dispersos. Llegamos al paso del Tacora. Entramos al suelo patrio muy tristes".

Para concluir su campaña en el sur del Perú, el ejército chileno necesitaba conquistar Arica. El Coronel Francisco Bolognesi, por orden del dictador Nicolás de Piérola, en vez de ir con su fuerza a juntarse al ejército del General Campero, para la batalla de Tacna, se mantenía en el puerto en actitud defensiva. Piérola había dispuesto que Tacna y Arica se defendiesen por separado, no obstante que esto hacía más segura su caída. Quería ganar tiempo para los preparativos en defensa de la capital de la república, suprema preocupación de su gobierno.

El General Baquedano hizo bombardear Arica, por mar y tierra el 5 de junio (1880). Creyendo que con ello había demostrado a los 2.000 defensores la fatalidad de su suerte, les mandó un parlamentario para instarlos a la rendición. La respuesta fue una rotunda negativa. El 6, repitió el bombardeo y el envío de otro mensajero. Bolognesi le hizo contestar esta vez: "Tengo deberes sagrados. Los cumpliré hasta quemar el último cartucho".

Baquedano ordenó al Coronel Pedro Lagos tomar Arica por asalto con una división.

El puerto estaba artillado y sembrado de minas en varios puntos. El Morro, un alto promontorio natural, ubicado al borde del radio urbano, con tres costados casi verticales y uno solo accesible, tenía cañones de largo alcance, y obras defensivas en la meseta de su cumbre. En colinas aledañas se tenían las fortificaciones denominadas "Ciudadela" y "Este". Existían otras tres fortificaciones en el otro extremo de la ciudad.

Al amanecer del 7 de junio, las tropas de Lagos se lanzaron violentamente sobre los puestos defensivos, a los que se habían aproximado sigilosamente durante toda la noche. La rapidez y audacia de su acción obtuvo como primer éxito la ocupación de la "Ciudadela". Cuando los chilenos tomaban posesión del lugar, explotó la mina subterránea, haciendo volar a muchos en pedazos. Por efecto de este incidente, la belicosidad de los atacantes se transformó en ferocidad, en un ciego apetito de venganza. Hasta un historiador chileno, Benjamín Vicuña Mackenna, reconoce que desde ese momento sus compatriotas se comportaron "como lobos enfurecidos sobre un arremolinado rebaño, sin que hubiera fuerza humana que pudiera contenerlos".

La fortaleza "Este" también cayó en poder de los chilenos, así como las fortificaciones del otro extremo de la ciudad. Se sacó a decenas de refugiados en la iglesia y se los fusiló en la plaza. Los últimos defensores se replegaron sobre el Morro, junto a sus jefes Francisco Bolognesi, Alfonso Ugarte, Armando Blondel, Guillermo Moore y el voluntario argentino Roque Saenz Peña (que más tarde fue presidente de su país).

Los soldados chilenos llegaron hasta la meseta sembrando su camino de subida de cadáveres enemigos. Sus oficiales, al darse cuenta de que los pocos sobrevivientes ya no combatían y que la victoria estaba consolidada, ordenaron suspender los fuegos y cuchilladas. No fueron obedecidos. Siguió la matanza y cayeron víctima de ella Bolognesi y sus acompañantes. Saenz Peña salvó su vida por no ser peruano, más fue brutalmente golpeado y tomado prisionero.

Alfonso Ugarte, el acaudalado joven tarapaqueño, prefirió encontrar la muerte por sí mismo. Montado en su caballo, clavó las espuelas en los flancos del noble bruto y se lanzo con él desde el Morro al océano, en un gran salto a la inmortalidad, para ponerse al lado del epónimo Miguel Grau.

XLV

EL VÍA CRUCIS DE LOS VENCIDOS

De los bolivianos vencidos en la batalla de Tacna, 800 de los que estaban en mejores condiciones físicas, llegaron a La Paz, y 600 a Oruro, en los primeros días de junio (1880).

Los agotados y heridos y la mayoría de las rabonas (mujeres que en esos tiempos acompañaban a los soldados en todos los azares de sus marchas y campañas), volvieron también al solar patrio, pero de manera más penosa y sumamente lenta. Al conocerse esto en La Paz se destacó una comisión de médicos, enfermeros y sacerdotes a prestarles socorro. Dijo el informe del jefe de la misión, doctor Manuel B. Mariaca: "Salimos de La Paz el 4 de junio. Los primeros heridos se encontraron en Coniri. En Zacara hallamos a 100 soldados de distintos cuerpos y a algunos oficiales. Había varios enfermos y heridos, siendo los más graves el sargento Juan Camacho de los "Colorados" y otros dos del "Loa". Entre Zacara y San Andrés estaban muchos dispersos que venían en grupos. Su número no bajaba de otros 100. En San Andrés, igualmente, existía otro campamento de rezagados, con mayor número de heridos. Desde San Andrés aumentaban los dispersos y la mayor parte avanzaban enfermos. En Santiago encontramos' dispersos peruanos en el peor estado de miseria y desnudez. En Chulluncayani todos enfermos y en lamentable condición. Muchos no habían comido hacía días. Unos en estado de inanición, otros de disentería. Estaban desnudos y sin cama. Parecían pordioseros. Los reunimos en dos habitaciones junto con las mujeres que los acompañaban. Entre ellos uno tenía la pierna fracturada y era ayudado por su mujer con la mayor dificultad. Todo el trayecto de Chulluncayani adelante estaba cubierto por grupos de soldados bolivianos y peruanos que ya no podían caminar. Antes de llegar al Mauri salieron a nuestro encuentro una multitud de hombres y mujeres implorando caridad. Estaban tan desesperados por el hambre que se arrebataban entre ellos el pan que recibían. Sus fisonomías enjutas expresaban los tormentos que habían pasado en el desierto, sin alimento ni abrigo. El camino seguía lleno de desgraciados. En Tacora varios dispersos en muy mal estado. Un soldado del "Aroma" apenas pudo recibir la absolución de uno de nuestros sacerdotes. Murieron también un soldado llamado José Zeballos y una mujer".

Llegada la comisión a Tacna, obtuvo autorización de las autoridades chilenas de ocupación para llevar a Bolivia a los muchos heridos que se encontraban en la ciudad. El periódico "El Eco" describió: "El lunes, a la caída del sol, han partido para su patria. Son 600 almas. Allí van confundidos y entremezclados con los borricos de la carga hombres, mujeres y niños, sanitarios con sus blancas casacas de jerga, mutilados y heridos con casacas rojas, amarillas y verdes y rabonas. Es toda una procesión de vendas, muletas, báculos y polleras. La caravana hizo un descanso en Pachia. Más allá estaba la cordillera, la soledad, el frío, el soroche, las intemperies... ".

En su camino de retorno a Bolivia, el General Narciso Campero, el 27 de mayo, desde Yarapalca, escribió al Presidente de la Convención Nacional que se reunía en La Paz: "Señor: El día de ayer en una meseta situada a dos leguas de Tacna, camino de Sama, después de reñido y sangriento combate de cuatro horas, fue deshecho el ejército aliado de mi mando. Hubo momentos en los que la victoria parecía balancearse, mas, la gran superioridad del enemigo, en número, calidad de armamentos y demás elementos bélicos, hizo inútiles todas mis disposiciones y los esfuerzos de los bravos defensores de la alianza...".

Campero volvía a Bolivia seguro de convertirse en la víctima propiciatoria de la vindicta pública. Dijo a un amigo: "Ahora las dos naciones, Bolivia y Perú, se abrumarán mutuamente con recriminaciones. Se levantarán pasiones mezquinas en contra mía y no se me hará justicia".

Estaba completamente equivocado. Bolivia y Perú, en vez de recriminarse, iban a firmar un tratado uniéndose como una sola nación. La Convención Nacional, en vez de someterlo a un juicio de responsabilidades, le otorgó el más alto honor al que puede aspirar un ciudadano. Lo eligió Presidente Constitucional de la República, confirmándolo por cuatro años en el puesto que había desempeñado provisionalmente hasta unos días antes. Cuatro miembros del Poder Legislativo, los señores Fernando Eloy Guachalla, Pastor Sainz, Emilio Fernández Costas y Melchor Chavarría, salieron a su encuentro hasta Corocoro y le entregaron un mensaje del Presidente de la Convención que decía así: "Señor: La Convención ha oído la lectura de su oficio de Yarapalca... En un momento de prueba tan supremo, el pueblo boliviano se muestra digno y resignado ante la desgracia, sin perder la esperanza de recobrar el territorio perdido con nuevos y más grandes esfuerzos de patriotismo. Justo para los defensores de la patria, les conserva su confianza. En cuanto a la persona de usted, la elección de Presidente de la República, que ha recaído en ella, después de conocida la noticia del desastre, y el voto de confianza que acaba de reiterar la Convención Nacional, son los testimonios más solemnes de que Bolivia reconoce que ha cumplido con su deber".

No todos encontraron igual generosidad a su vuelta. Los "Colorados", considerados hoy los héroes máximos de la guerra, junto con Eduardo Avaroa, fueron víctimas de los temores del gobierno y el desprecio de sus compatriotas. Se tuvo miedo de su carácter altanero, de su engreimiento, de su fama de valientes. Se los disolvió como unidad militar para que se perdieran en el anonimato de la ciudadanía mediocre y fueran olvidados. El periódico "La Tribuna" de La Paz dijo día antes de que se cumpliese el primer mes de la batalla de Tacna en la que se comportaron como leones: "Viernes, 25 de junio de 1880. Ayer han sido disueltos los pequeños fragmentos del antiguo e histórico Batallón Primero que según las palabras notables de un escritor compatriota, puso, sostuvo y quitó siete gobiernos. Nos placemos de la oportunidad con que se ha verificado la dispersión. Cansados estamos de valerosos vencidos en Tacna y era inconveniente conservar rezagos que han pertenecido a una escuela tan militarizada, que eran una amenaza o más bien un peligro público constante, al lado de fuerzas armadas más nuevas, más pacientes, menos altivas, y que prometen corresponder con honor al orden y la ley". Y añadió en su siguiente número: "Una vez que se ha disuelto y desarmado el grupo del antiguo e histórico batallón "Colorados", esperamos fundamentalmente que no serán enrolados en los otros cuerpos, como lo han hecho en otras ocasiones algunos jefes improvisados...".

Meses después, a reiteradas instancias de su antiguo jefe, el Coronel Ildefonso Murguía, se reorganizó el batallón de los famosos veteranos y se los destinó a Sucre. En la capital de la república, al cumplirse el primer aniversario de la batalla de Tacna, el 26 de mayo de 1881, quisieron festejar su hazañosa actuación y para tal efecto reclamaron el pago de los siete días de socorro que se les debía. Se les negó el dinero. Se sublevaron y durante cuatro días tuvieron a la ciudad a merced de su borrachera, hasta que llegó el batallón "Ayacucho" de Potosí y tomó presos a 46. Los demás escaparon. De los 46, se eligió a 8, considerados los cabecillas. Se los sometió a juicio, se los condenó a muerte y se los fusiló en la plaza de armas de Potosí. Sus cadáveres fueron arrojados a una fosa común. Así fueron los primeros tratos que la patria dio a sus mejores soldados. Sólo años después, la historia los consagró como héroes y los pocos que en su vejez volvieron a vestir la casaca roja y el pantalón blanco merecieron el respeto de sus conciudadanos.

Ponemos punto final a los tres capítulos de esta serie relacionados con la batalla de Tacna con la descripción que hizo de su escenario un periodista chileno que lo visitó a los dos años de ocurrido el suceso: "Tacna, 20 de mayo de 1882. El campo es inmenso. En vano querría encontrarse el más pequeño arbusto en ese desierto majestuoso. El calor que experimentaron los soldados debió ser terrible. Recorriendo el lugar el aire quema y el pie se entierra en la arena pesada y caliente. Yacen en él centenares de soldados. Principiando por el ala derecha del ejército aliado, se ve todavía el fuerte en el que apoyaba el extremo de su línea. A su alrededor hay vestigios de una lucha encarnizada. Dentro del recinto quedan aún soldados bolivianos que hace mucho tiempo fueron quemados por una avanzada de carabineros chilenos, pero a pesar de este intento de incineración, los restos han resistido la acción de las llamas y se ven miembros ennegrecidos y calcinados a medias. En el centro hay señales de una hecatombe. Pueden verse mezclados a chilenos, peruanos y bolivianos, esparcidos por todas partes. Hay esqueletos con blancura de mármol, al lado de cadáveres que conservan la piel y otros aún la carne. Algunos casi intactos en virtud del clima seco y la arena. En el ala izquierda se presenta un horrible osario de cráneos enteros unos, partidos otros, confundidos con infinidad de huesos y con cadáveres todavía vestidos. Las botas del soldado chileno se mezclan con la ojota del boliviano y el zapato del peruano. Yataganes, caramañolas, fundas y tahalíes, hacinados en desorden. El olor es infecto, el cuadro tétrico. La lucha debió ser acá terrible. Aquí y allá montones de arena como ataúdes desteñidos, encerrando una compañía o un batallón. Nada interrumpe el silencio, ni la soledad. Ni un pájaro, ni un perro, ni una hierba, ni un arbusto. Sólo alguna culebra y la veloz salamanquesa que ha hecho su nido en algún bolsillo o en los pliegues de un uniforme. Todo el largo de la línea de batalla de varios kilómetros, está cubierto de restos de soldados. Encima un cielo siempre azul y un sol candente".

XLVI

LOS ESTADOS UNIDOS PERÚ-BOLIVIANOS

La Convención Nacional reunida en el edificio Loreto de la ciudad de La Paz, a partir del 25 de mayo (1880), después de resolver el problema político eligiendo Presidente de la República al General Narciso Campero, se vio dividida en su seno por dos corrientes encontradas relativas a lo que convenía a Bolivia en sus relaciones con Chile.

La una encabezada por don Nataniel Aguirre, era partidaria de la continuación de la guerra. La otra, liderada por don Mariano Baptista, sostenía que la continuación de la contienda bélica no acarrearía sino mayores calamidades a la nación y que las circunstancias hacían irremediable dar paso a la acción diplomática para llegar a una paz digna con la participación del Perú.

El propósito de continuar la guerra dominó tanto dentro como fuera del legislativo. Atraía más partidarios porque se presentaba a la conciencia pública como lo más honroso, lo más heroico, lo que daba más satisfacción al patriotismo herido por la ocupación chilena del litoral de Atacama,

Los partidarios de llegar a un acuerdo con Chile, se basaban en reflexiones de carácter pragmático. Consideraban indispensable que previamente se convenciera al Perú a actuar de consuno con Bolivia en el mismo sentido. La deslealtad con el aliado repugnaba a todos.

El señor Baptista resumió de este modo el desarrollo del debate parlamentario: "Una fracción dejó oír su voz de simple brote de ardimiento patriótico: ¡La guerra a todo trance! Otro sector, calificado de pacifista, previó, en términos decisivos, desastres posteriores, ya sobreviniesen del enemigo, ya como guerra civil de la república hermana. Aconsejó, en consecuencia, el predominio de la acción diplomática sobre la bélica, sin que se descuidara la segunda a los efectos de la defensa y como garantía de la eficacia de las mismas negociaciones. Sugirió que se pidiese al aliado el mismo procedimiento. La opinión de la mayoría se decidió por la acción bélica".

Desde el comienzo de la guerra, el gobierno de Santiago venía haciendo llegar al de La Paz proposiciones que tenían por objetivo una rectificación de fronteras en las costas del Pacífico por medio de la cual Bolivia quedase como dueña de los territorios de Arica, Tacna y aún Moquegua y Chile de los de Atacama y Tarapacá. La proposición inicial en tal sentido la había hecho ya Chile en tiempo de Melgarejo. Se la reiteró a los dos meses de comenzado el conflicto bélico (abril de 1879), por medio de dos cartas privadas, redactadas por el señor Domingo Santa María, principal colaborador del presidente chileno Aníbal Pinto y aprobadas en Consejo de Gabinete, que se las hizo firmar al ciudadano Justiniano Sotomayor, amigo del presidente boliviano Hilarión Daza desde que fuera gerente de la empresa minera de Corocoro. Se la repitió con el envío de bases formales para una alianza chileno-boliviana, de la que, se hizo portador el intelectual boliviano Gabriel René-Moreno que residía en la capital chilena, y se la reforzó con un mensaje verbal para el que se hizo servir de alcahuete al Ministro de los Estados Unidos en La Paz, señor Newton Pettis, aprovechándose de que había hecho un viaje a Santiago en un intento ingenuo y personal de detener la guerra.

La reacción del Presidente Hilarión Daza, tanto respecto a las cartas firmadas por Sotomayor, como a las bases que le entregó René-Moreno y el mensaje que le transmitió Pettis, fue dar cuenta de todo al Presidente del Perú, General Mariano Ignacio Prado, como prueba de la inconmovible lealtad boliviana a la alianza y de los insidiosos medios que estaba poniendo en práctica Chile para destruirla.

Las bases de las que fue portador Gabriel René-Moreno contenían estipulaciones como éstas: "Se reanudan las amistosas relaciones que siempre han existido entre Chile y Bolivia... En consecuencia, cesa la guerra entre las dos repúblicas y los ejércitos de ambas se considerarán en adelante aliados contra el Perú. Como la República de Bolivia ha menester de una parte del territorio pe-ruano para regularizar el suyo y proporcionarse una comunicación fácil con el Pacífico... Chile no embarazará la adquisición de esa parte de territorio, ni se opondrá a su ocupación definitiva por parte de Bolivia, sino que, por el contrario, le prestará la más eficaz ayuda". Valga la aclaración de que el señor René-Moreno no quiso ser portador de tales proposiciones y actuó como tal sólo cuando recibió orden perentoria que el Presidente Daza le hizo llegar por medio del señor Luis Salinas Vega.

La victoria chilena en la batalla de Tacna sobre las mejores tropas del Perú y Bolivia pudo ser un golpe de gracia a la alianza. Si ésta sobrevivió fue debido a la actitud boliviana. El Perú no tenía otra alternativa que seguir la lucha, puesto que las fuerzas chilenas ocupaban toda la parte sur de su territorio y se alistaban a penetrar hasta la misma capital de la república. Bolivia, sin recursos económicos, con su ejército diezmado y con su armamento reducido a su mínima expresión, también decidió mantenerse en actitud beligerante y tuvo para con el Perú un gesto de singular nobleza, de verdadera fraternidad.

No quiso dejarlo solo en su angustiosa situación. Le envió un plenipotenciario, el señor Melchor Terrazas, para proponer que ambos países se uniesen en una organización aún más sólida que la confederación que 40 años antes no pudo formar con buen éxito el Mariscal Andrés de Santa Cruz.

El dictador del Perú, señor Nicolás de Piérola, no tenía simpatías por Bolivia desde que el Presidente Daza, algunos años antes le negó asilo político, obligándolo a buscarlo en Chile. Ahora, como jefe de su nación, demostraba por ella el más solemne desprecio. Omitía hasta mencionar su nombre en sus actuaciones públicas. Su posición se endureció aún más a raíz del desastre de la batalla de Tacna que abrió a los chilenos las puertas del camino a Lima, amenazando la estabilidad de su gobierno. No hizo nada para contrarrestar la muy injusta opinión de la mayoría de sus compatriotas de que la derrota del 26 de mayo era culpa exclusiva de los bolivianos.

Su actitud cambió radicalmente cuando don Melchor Terrazas le presentó sus credenciales y le propuso el pacto de unión federal. Acogió la idea con mucho entusiasmo. Bolivia en lugar de pasarse al campo contrario y aceptar el cambio de Atacama por una costa que le sería más conveniente, quería unir su suerte a la del Perú, constituyendo con él una sola república. ¡No se podía pedir más de un aliado!

El 11 de junio de 1880, a las dos semanas de la batalla de Tacna, don Melchor Terrazas y el canciller peruano, señor Pedro José Calderón firmaron un protocolo sentando las bases preliminares de lo que sería la Unión Federal del Perú y Bolivia. Sus principales cláusulas establecieron lo siguiente: "El Perú y Bolivia forman una sola nación denominada Estados Unidos Perú-Bolivianos. El presidente será elegido por votación directa. Una asamblea constituyente elegirá el lugar que ha de ser la capital de la Unión".

Mediante un protocolo adicional, don Melchor aceptó que hasta que se produjese el comicio popular, el Presidente del Perú sería el Presidente de la Unión y el Presidente de Bolivia el Vicepresidente. Explicó en una nota que consintió en ello "porque la modestia y la nobleza correspondían a Bolivia, que subordinaba toda pretensión al objetivo de conseguir en forma real y estable los fecundos beneficios de la unión de las dos naciones.

Tan contento quedó Piérola con los dos protocolos que hizo un rápido viaje a La Paz y obtuvo mayores seguridades de ayuda del gobierno del General Narciso Campero para la prosecución de la acción bélica aliada contra la invasión chilena.

Las ilusiones que se tenían en Bolivia sobre las ventajas de la federación con el Perú las sintetizó el periódico "El Comercio" de La Paz con estas palabras: "Una sola nación en las que flamee la bandera federal desde Tumbes hasta la Quiaca. Una América del Norte reproducida en la América septentrional. Los Estados Unidos del Sur ocupando un platillo de la balanza para hacer equilibrio a los Estados Unidos del Norte".

Pero la romántica concepción no pudo concretarse. Su proyecto duró el breve tiempo que el señor Piérola pudo mantenerse en el poder, o sea, hasta la entrada de las tropas chilenas en Lima, que motivó un cambio radical de las circunstancias políticas y militares.

Por otra parte, ¿qué viabilidad podía tener? Pese a todas las buenas intenciones y a los entusiasmos de uno y otro lado, la unión federal era una concepción sin esperanzas de vida. ¿Cómo podía Chile, que hizo una guerra cuatro décadas antes para destruir la confederación de Santa Cruz, permitir la existencia de una unión federal, cuando estaba victorioso en una segunda guerra cuyo objetivo político era de romper una simple alianza defensiva de los mismos estados?

XLVII

CONFERENCIA DE PAZ ANTE ANFITRIONES DE PIEDRA

La ocupación chilena, del litoral boliviano y luego de los departamentos peruanos de Tarapacá, Tacna y Moquegua, no despertó más reacción de la conciencia internacional que tibios y protocolares ofrecimientos de mediación de la Gran Bretaña, Brasil, Colombia, Ecuador y algunos otros países. No cuajaron porque los gobiernos comprometidos en la contienda bélica los aceptaron o rechazaron según sus conveniencias del momento, sin coincidir en su actitud.

Después de la batalla de Tacna, las intenciones chilenas de llevar su ejército hasta Lima, alarmaron a la Gran Bretaña de manera más seria. El comercio inglés, que desde que se fundaron las re= públicas sudamericanas, tenía la parte del león en sus mercados, venía sufriendo muchos perjuicios por los bloqueos y bombardeos chilenos a puertos del Perú. Por otra parte, el Perú, tenía que responder, temprano o tarde, por los bonos de su deuda externa comprados en gran cantidad por súbditos británicos. Cuanto mayor fuese su derrota, y sería completa si las tropas chilenas llegaban hasta su capital, menores serían sus posibilidades de solvencia. El Primer Ministro, William E. Gladstone, propuso a sus colegas de otros países europeos, cuyos intereses también estaban siendo perjudicados por la guerra (Alemania, Francia e Italia), buscar un medio de imponer la paz, inclusive acercando algunas de sus naves a las costas del Pacífico. Las comunicaciones cambiadas entre Londres, Berlín, París y Roma no arribaron a nada concreto, debido a que Alemania se opuso a todo tipo de intervención, con el pretexto de que su alto costo no justificaría el resultado que pudiera conseguirse. En el fondo era simpatía del Canciller Otto Bismark por Chile, que al apropiarse de Atacama y Tarapacá no había hecho sino imitar lo que Alemania hizo pocos años antes con Alsacia y Lorena, es decir, tomar posesión de territorios ajenos en los que sus nacionales eran elemento preponderante de la población y factor decisivo en la actividad económica.

Hasta ese momento, de parte de los Estados Unidos, se tuvo una actitud expectante, con relación al grave conflicto chileno-peruano-boliviano. En Washington no se veía con desagrado que el comercio europeo fuese ahuyentado de esa parte de la América del Sur. El grande vecino del norte podría llenar el vacío dejado por los europeos tan pronto como se callasen los cañones. La actividad diplomática de las cortes del Viejo Mundo sacó de su pasividad al Departamento de Estado. Su jefe, el señor William M. Evarts, instruyó a sus agentes en La Paz, Lima y Santiago invitasen a los estados contendientes a enviar plenipotenciarios a una conferencia de paz a realizarse a bordo de la corbeta norteamericana "Lackawana" que echaría anclas delante de Arica.

El Gobierno de Chile aceptó la invitación con la esperanza de consolidar, bajo el patrocinio de la diplomacia de los Estados Unidos, los objetivos por los que hacía la guerra: adueñarse de Atacama de Bolivia y Tarapacá del Perú, ahorrándose la costosísima campaña militar sobre Lima. El Perú y Bolivia la aceptaron confiando en que el Gobierno de los Estados Unidos influenciaría sobre Chile para que haga la paz sin imponer desmembraciones territoriales como fruto de sus victorias.

Los señores Crisóstomo Carrillo y Mariano Baptista por parte de Bolivia, Antonio Arenas y Aurelio García por el Perú y Eulogio Altamirano, José Francisco Vergara y Eusebio Lillo por Chile, se reunieron a bordo de la corbeta ante los anfitriones Thomas A. Osborn, Isaac B. Christiancy y Charles Adams, ministros de los Estados Unidos en Santiago, Lima y La Paz, respectivamente, los días 22, 25 y 27 de octubre de 1880.

En la sesión inaugural, el chileno Altamirano presentó un memorando con las condiciones mínimas que su país exigía para la suscripción de un tratado de paz: "Cesión a Chile de los territorios del Perú y Bolivia extendidos al sur de la quebrada de Camarones. Pago a Chile por el Perú y Bolivia, solidariamente, de la cantidad de 20 millones de pesos. Abrogación del tratado de alianza peruano-boliviano y dejación sin efecto ni valor alguno de las gestiones encaminadas a una unión federal de las dos naciones".

Los delegados peruanos y bolivianos arguyeron apasionadamente contra toda idea de cambio de fronteras. El señor Arenas dijo: "Una paz que tuviera por base desmembraciones territoriales y el renacimiento del caduco derecho de conquista, sería una paz imposible".

El señor Carrillo sugirió que la dilucidación del problema se confiase a un arbitrio de los Estados Unidos. El señor Vergara repuso: "La paz la negociará Chile directamente con sus adversarios, cuando éstos acepten las condiciones que estimen necesarias a su seguridad, y no habrá motivo alguno que lo obligue a entregar a otras manos, por muy honorables y seguras que sean, la decisión de sus destinos".

Los diplomáticos norteamericanos asumieron una actitud de silenciosas estatuas de piedra durante el debate de los tres días. El ejercicio dialéctico de los plenipotenciarios de los países contendientes no tuvo ningún resultado, aparte del de llevar a todos al convencimiento de que la guerra debía continuar hasta sus últimas consecuencias. Cada uno de los participantes volvió a su sede habitual de trabajo. La "Lackawana", después de su inútil y breve servicio como escenario de una conferencia internacional pacificadora que despertó la atención del mundo entero, se alejó de las aguas de Arica como si estuviera vacía. Desapareció en el horizonte como un buque fantasma.

El señor José Francisco Vergara, en carta al Presidente de su país, comentó el ambiente de la conferencia en estos términos: "Se habló mucho de la civilización y de fraternidad de estas repúblicas, comunidad de origen, instituciones, costumbres, religión, etc. Se trajeron a cuenta principios modernos del derecho público americano, la equidad y cuantos argumentos se les ocurre a los vencidos para defender una causa que se ve desesperada. Nosotros nos mantuvimos firmes en nuestras posiciones, sosteniendo su justicia y necesidad a fin de consolidar la paz. La situación era un poco penosa para los que no estamos acostumbrados a ver estas ejecuciones morales, que tienen sus agonías como las otras, pero apretando un poco el corazón, recordando las causas de esta guerra y pensando en los deberes que imponen los intereses del país, toda debilidad desaparecía y el ánimo se mantenía inflexible. Las discusiones no han ofrecido ningún incidente notable, a no ser el espíritu de cultura y moderación que ha reinado en ellas. Nadie habría sospechado al oír hablar y al ver la cortesía y atención con que nos hemos tratado que nos reuníamos allí los enviados de tres pueblos que se hacen guerra mortal”.

En los días de permanencia en Arica, al margen de la conferencia, los delegados chilenos reiteraron a los bolivianos las proposiciones de su gobierno de las que se hizo portador, unos meses antes, al señor Gabriel René Moreno ante el Presidente Hilarión Daza. Argumentaron insistentemente sobre las ventajas que tendría para Bolivia y Chile el unirse contra el Perú para arrebatar a este país los territorios que quedaban al sur del río Sama: Tarapacá para Chile y Tacna y Arica para Bolivia".

Los señores Baptista y Carrillo no se dejaron vencer por la tentación del canto de sirenas de los chilenos. Don Mariano Baptista declaró que Bolivia no podía prestarse a una maniobra que significaría una alevosa traición a su aliado en la guerra. Se declaró partidario de una rectificación de fronteras en las costas del Pacífico pero siempre que pudiera hacerse "mediante un arreglo tripartito que fuese reconocido como una necesidad por los tres países interesados para conservar su equilibrio de fuerzas y evitar en el futuro complicaciones, antagonismos y conflictos".

El jefe de la delegación chilena, señor Altamirano, comentando el resultado de la conferencia y de sus conversaciones privadas con los bolivianos, dijo: "Dejemos este negocio de la paz, que es una broma y concentrémonos en la guerra".

Y la guerra la continuó Chile contra el Perú hasta llegar a la capital de la república, con mayor animosidad que en las campañas del mar, Tarapacá, Tacna y Arica.

XLVIII

CAÍDA DE LIMA EN PODER DE CHILE

La batalla de Tacna fue una desilusión para los vencedores. Se formularon acerbas críticas en Santiago por la táctica del ataque frontal usada por el General Manuel Baquedano. Se dijo que convirtió a su ejército en "un toro bravo que se lanza ciego, envuelto en una nube de polvo caliente, contra la punta del estoque que le presenta el matador".

El diputado José Manuel Balmaceda (más tarde Presidente de Chile) expresó: "Las jornadas de Tacna y Arica no nos han conducido al término de la contienda, como algunos lo esperaban. La paz posible está en Lima. No podemos permanecer con el arma al brazo, sufriendo todos los gravámenes de la guerra. Sin recoger ninguna de sus ventajas". Declaró también que la ocupación de la capital peruana sería la mejor manera de obligar a Bolivia a suscribir un tratado de paz: "Sólo cuando vea a su aliado aniquilado, no le quedará otro recurso que pensar en su propia autonomía y existencia. Entonces y sólo entonces será el momento decisivo con esa nación. Cuando vea que es inútil toda resistencia del Perú creerá, sin rubor, que es absurdo toda postergación de la paz e irá con ella pensando en su propia situación".

Mientras se hacían los preparativos, el Contralmirante Patricio Lynch, en septiembre de 1880, llevó un destacamento al norte de Lima y durante dos meses sembró el terror en Payta, Eten, Chiclayo y otros pueblos de los departamentos de Libertad y Lambayeque, cobrando crecidas contribuciones a los propietarios de las haciendas azucareras, incendiando edificios públicos y particulares, destruyendo ingenios y líneas férreas y telegráficas.

Para la etapa final de la guerra, el gobierno de Santiago puso 42.000 hombres sobre las armas: 27.000 para la conquista de Lima, 10.000 en Antofagasta, Tarapacá y la región de Tacna y Arica, como guarnición contra posibles ataques de Bolivia; y el resto dentro de la república, manteniendo el orden en las provincias centrales y la frontera araucana.

El General Baquedano sacó sus tropas de Arica en tres partidas y las desembarcó, sin encontrar resistencia alguna, en Pisco y Curayacu, concentrándolas, junto con la artillería, 1.600 mulas, munición, víveres, forraje y demás pertrechos en el valle de Lurín, 17 kilómetros al norte de Lima.

El dictador Nicolás de Piérola venía alistando la defensa de la ciudad meses antes. Llamó bajo banderas a todos los hombres de 18 a 60 años. Los de 18 a 30 formaban el elemento combatiente. Los de 31 a 50 la reserva inmediata. Los mayores de 50 la reserva secundaria y de servicios auxiliares. Los veteranos de las batallas de San Francisco, Tarapacá y Tacna seguían dentro de sus mismos batallones, constituyendo el núcleo más aguerrido. Los reclutas provenían de todas las clases sociales y los había profesionales, empleados públicos y de la empresa privada, obreros de fábricas y artesanos de todos los oficios. Tres mil indios traídos del valle de Jauja aumentaban el efectivo combatiente a 28.000. Lima era un vasto campamento militar en el que los enrolados mezclaban sus ocupaciones habituales con ejercicios castrenses, acudiendo a éstos al llamado de las campanas de la catedral. Se vivían días de expectativa, angustia y exaltación patriótica.

Las trincheras se las construyó a 11 kilómetros de la capital, delante del balneario de Chorrillos las de primera línea, y delante de Miraflores, las de la segunda.

El 12 de enero de 1881, los chilenos cubrieron la distancia de Lurín al campo de batalla, sin ser observados. Al amanecer del 13, se lanzaron resuelta y frontalmente contra los defensores de Chorrillos. Los peruanos no tenían puestos adelantados de vigilancia y su sorpresa fue completa. Hubo heroica resistencia en el cerro San Juan bajo el mando del General Miguel Iglesias, pero hasta las 2 de la tarde toda la línea había claudicado y 2.000 peruanos se rindieron.

Esa noche en Chorrillos, los chilenos asaltaron e incendiaron viviendas particulares y lugares de expendio de bebidas alcohólicas, en medio de una orgía de robos y borrachera. Sus propios jefes y oficiales tuvieron que abandonar sus alojamientos y buscar refugio en los campos para poner sus vidas a salvo de los excesos de la frenética soldadesca. Más de 200 chilenos fueron víctimas de las cuchilladas y disparos de sus camaradas.

La noticia de la caída de Chorrillos y la llegada de trenes llenos de heridos, hizo cundir el pánico en Lima. Cientos de familias buscaron asilo en las misiones diplomáticas. Los ministros de la Gran Bretaña, Francia y El Salvador buscaron contactos con Baquedano y Piérola para concertar un armisticio. Los comandantes de los buques de guerra de Gran Bretaña, Francia. Alemania, Italia y los Estados Unidos, movilizados a aguas del Callao y Ancón, como medida de protección a los súbditos de esos países, a iniciativa del almirante inglés Sterling, hicieron saber al General Baquedano que si se repetían en Lima los crímenes de Chorrillos, los cañones de las 13 naves extranjeras hundirían toda la flota chilena.

El armisticio quedó concertado por 24 horas, desde las 12 de la noche del 14 de enero a medio día del 15. Fusileros peruanos de la línea defensiva de Miraflores, al ver un grupo de jinetes enemigos a su frente (se trataba del General Baquedano y su Estado Mayor, haciendo una visita a los puestos adelantados de su ejército), no pudieron resistir la tentación de hacerles disparos. Tal imprudencia provocó la ruptura de la tregua. El comando chileno ordenó la reanudación de la lucha. Miraflores sucumbió después de furiosa contienda. Piérola huyó a Tarma. El camino a Lima quedó abierto y franco Para el invasor.

Los diplomáticos convencieron al Alcalde que ofreciese la rendición de la ciudad, para evitar que los chilenos ingresasen en ella a sangre y fuego. Baquedano aceptó una rendición incondicional y dispuso que sólo ingresaran 3.000 elementos escogidos. Lo hicieron a las 5 de la tarde del 17 de enero. Baquedano lo efectuó al día siguiente, instalándose en el Palacio de Gobierno.

Lima se recogió sobre sí misma para llorar a ocultas el holocausto de miles de sus hijos y la vergüenza de su claudicación. Según el historiador chileno Gonzalo Bulnes: "La sociedad limeña se encerró en sus casas, viendo pasar por entre los visillos de las ventanas esos uniformes que les recordaba al deudo muerto, esposo, hijo o amigo. Todo era triste y mustio en la ciudad. Las damas no salían sino para asistir a misa los domingos. En los hoteles y restaurantes dominaba la presencia de los jefes y oficiales chilenos".

Una circular de la cancillería de Santiago a sus agentes en el exterior expresó: "En Chorrillos y Miraflores consolidamos nuestra absoluta supremacía marítima y terrestre. La escuadra peruana ha desaparecido por completo. Los centros organizados han caído desangrados y sin vida. En la fortaleza del Callao y en Lima hondea nuestra bandera y el enemigo ha sido reducido a una impotencia radical y absoluta".

Entre quienes figuraban en Lima sufriendo la hostilidad chilena se contaba el señor Melchor Terrazas, Ministro Plenipotenciario de Bolivia. Hubiera querido ponerse a buen recaudo antes de la batalla, viajando a Arequipa, pero se lo impidió "un fuerte ataque reumático". En cuanto pudo moverse un poco, solicitó salvoconducto de las autoridades chilenas. Se lo negaron con la explicación de que era porque el gobierno que representaba persistía en su actitud belicosa. En notas que pudo hacer llegar a La Paz, avisó que estaba obligado a permanecer en su residencia en la singular condición de "un diplomático bélicamente embargado". Rogó que se le siguiera enviando sus emolumentos. Dijo: "Se les acuerda este derecho a todos los que, como yo, caen por causa de la patria en poder del enemigo". El Ministro de la Gran Bretaña intercedió por él y pudo retornar a Bolivia después de cuatro meses de "embargo".

No tuvo la misma suerte su predecesor, el señor Zoilo Flores. Fue llevado preso a Chile por considerarse que su proceder no era tan discreto como el de don Melchor, pues andaba muy mezclado en corrillos anti chilenos.

El General Manuel Baquedano regresó a su patria en marzo de 1881. Se lo recibió como a un héroe, con flores, bandas de música, calles repletas de público, salvas de artillería, banquetes y Tedeum. Las fuerzas de ocupación en el Perú quedaron a las órdenes del General Cornelio Saavedra, que fuera Ministro de Guerra al comienzo del conflicto bélico. Al poco tiempo, fue reemplazado por el General Pedro Lagos, recientemente ascendido. Lagos, a su vez, dejó la responsabilidad después de unos meses. El Palacio de Francisco Pizarro fue ocupado entonces por el Contralmirante Patricio Lynch, con poderes omnímodos sobre la vida y hacienda de los peruanos.

XLIX

LA PAZ SEPARADA DEL PERÚ

La ocupación chilena de Lima y de la costa sur del Perú fue sumamente penosa para los habitantes. Parecía obedecer a la consigna de anularlos física y moralmente. Chile buscaba someter a su tradicional enemigo a la condición de nación subalterna, incapacitándola para seguir siendo rival de sus pretensiones hegemónicas en el Pacífico.

Muchos de los hombres más representativos del Perú fueron llevados presos a Chile por resistir o no poder pagar las crecidas contribuciones que les cobró el Contralmirante Patrio Lynch o simplemente por su altivez a la que se condenó como "un peligro para la tranquilidad pública".

Los abusos tenían también otro carácter. El Ministro de la Gran Bretaña informó a su gobierno: "Los chilenos en los primeros tres meses de su ocupación se han llevado de Lima todo lo que tenía valor y a lo que se podía echar mano. La Biblioteca Pública ha sido embarcada. Las Facultades de Minas, de Artes, de Medicina de la Universidad han sido vaciadas de todo lo que era transportable. Se han llevado las máquinas del Callao y las fortificaciones de este puerto han sido voladas".

La coerción chilena se agravó por la resistencia de algunos caudillos: Nicolás de Piérola en Tarma, el Contralmirante Lizardo Montero desde Cajamarca, el General Andrés Avelino Cáceres con su cuartel general en Junín, el General José de la Torre en Arequipa. Piérola acabó viajando a Europa, pero Montero y Cáceres siguieron hostilizando a los invasores de su patria. Los destacamentos enviados a sojuzgarlos sólo pudieron desfogar su belicosidad contra los indios. Dice el historiador Gonzalo Bulnes: "Aquellas fueron más que combates, carnicerías en las que los indígenas murieron a centenares, casi a millares".

Chile propició la formación de un gobierno peruano a cuya cabeza estuviese un hombre dócil a sus exigencias. Creyó encontrar a éste en el abogado arequipeño Francisco García Calderón, a quien 140 limeños de nota proclamaron Presidente Provisional y una asamblea reunida en Chorrillos ratificó en tal carácter. Con la anuencia del Contralmirante Lynch se instaló en el villorrio de Magdalena, próximo a Lima. Lynch le facilitó armas para una guardia de 400 hombres y algún dinero para sus gastos.

El gobierno de García Calderón fue reconocido por los Estados Unidos. El Departamento de Estado creyó que protegiéndolo ganaría mucha influencia en el Perú, desplazando a la Gran Bretaña con su comercio. Su representante, el señor Herbert Hurbut, se presentó como campeón de la integridad territorial peruana e hizo declaraciones públicas contra las pretensiones chilenas de apoderarse definitivamente de Tarapacá, y a favor de una paz con sólo compensaciones pecuniarias.

El apoyo norteamericano animó al señor García Calderón para actuar con más autoridad e independencia. Se mostró altanero y exigente frente a Lynch. El gobierno de Santiago ordenó su apresamiento y traslado a Chile. Se lo llevó con varios de sus colaboradores. Palabras del chileno Carlos Walker Martínez: "Tan de repente e inesperadamente se cometió el atropello que las víctimas no tuvieron tiempo de portar consigo ni lo más necesario. Ancianos los unos, hombres de negocios los más, para todos la orden fue feroz. Se los llevó a las provincias del sur de Chile, Nuble y Arauco, donde grandes fueron sus privaciones y sufrimientos. Más de uno dejó sus huesos en el destierro".

Antes de perder su autoridad, el señor García Calderón había nombrado Vicepresidente de la República al Contralmirante Lizardo Montero. Este, abandonó la zona de Junín donde mantenía la rebelión anti chilena y se trasladó a Arequipa, dejando las tropas del norte bajo el mando del General Miguel Iglesias. Su plan era provocar al enemigo desde Arequipa con ayuda de las fuerzas bolivianas que le ofreció el General Narciso Campero, para que Iglesias aprovechase del desplazamiento chileno hacia el sur libertando a Lima.

Empero, Iglesias desde Cajamarca, influenciado por personajes de la capital para quienes la ocupación chilena se hacía cada vez menos soportable, cortó toda vinculación con Montero y declaró públicamente que había llegado la hora de hacer la paz, dejando de lado un "falso honor" por cuya culpa el "pabellón enemigo flameaba indefinidamente sobre las más altas torres del país, desde Tumbes al Loa".

Hasta el mismo gobierno de Chile estaba cansado con la ocupación. El Presidente Domingo Santa María expresó en una carta. "La ocupación sin término ha sido siempre para mí algo que me espanta, no tanto por el costo, sino por el temor de que nos peruanicemos... Dados los sucesos tales como se presentan, creo que sería muy bien para todos que Iglesias organice un gobierno... Valdría la pena hacerle insinuaciones en ese sentido y dar pasos que nos lleven a una inteligencia con ese caudillo".

Una asamblea de representantes de los siete departamentos del norte, convocada por el General Iglesias, lo proclamó "Presidente Regenerador". El Contralmirante Lynch le permitió extender su autoridad hasta Trujillo. Le facilitó primero 80 fusiles y luego 1.500 con munición. Le pasó una mensualidad de 30.000 pesos que poco después aumentó a 80.000.

A pedido de Iglesias, el gobierno de Santiago puso en libertad al señor José Antonio Lavalle (que se encontraba preso en Chile) para que actuase como su agente en las conversaciones de paz. Antes de salir de la capital chilena fue llamado a dos entrevistas con el Presidente Santa María, quien "le dijo sin ambages que no podría haber paz sino sobre la base de una cesión incondicional de Tarapacá y venta de Tacna y Arica por 9 millones de pesos". Lavalle preguntó si Bolivia podría acreditar comisionados en las conversaciones. Santa María repuso: "No hay posibilidad para ello, porque los aliados tienen intereses antagónicos en la celebración de la paz. La forma y condiciones en que podríamos celebrarla con uno no podrían ser iguales para el otro. Será mejor que el Perú, se cuide de sí mismo y nada más".

Una vez en su patria, don José Antonio Lavalle entró en contacto con el representante chileno, señor Jovino Novoa. Sostuvieron conferencias en Chorrillos y Ancón el 27 de marzo, 9 y 22 de abril y 9 de mayo de 1883. El diplomático peruano tuvo que aceptar todas las exigencias de su contraparte. Lo único que consiguió fue que la venta de Tacna y Arica se cubriese con las apariencias de un plebiscito a realizarse en esos mismos territorios diez años más tarde. Adujo que su nación se resistiría a aceptar la transferencia en la deshonrosa forma de una operación de compra-venta. Novoa aceptó seguro de que Tacna y Arica, bajo dominio de su país, estarían completamente chilenizados en el lapso de una década y la consulta popular no sería nada más que una mera fórmula para calmar los escrúpulos peruanos. ¡Cuánto se estaba equivocando!

El mismo presidente Santa María dijo en una carta: "Pues bien, si el plebiscito no es más que un rodeo, una invención para disimular la venta, no hay razón para que se excuse el pago de la cantidad ofrecida, desde que es seguro que el plebiscito efectuado dentro de diez años va a dar a Chile los lugares que hoy disputa al Perú”.

Los señores Lavalle y Novoa suscribieron el llamado Tratado de Ancón, en Lima, el 20 de octubre de 1883. El pacto dio a Chile la "propiedad perpetua e incondicional del departamento de Tara-paca" y la posesión de Tacna y Arica hasta que un plebiscito a realizarse en 1893 determinase a qué soberanía debería pertenecer.

A los tres días de la firma del documento, el Contralmirante Patricio Lynch y sus tropas abandonaron Lima después de una ocupación que había durado dos años y nueve meses.

Según versión de un corresponsal del New York Herald, edición del 17 de noviembre de dicho año, "antes de retirarse los chilenos barrieron con el Palacio de Gobierno, la Municipalidad, los cuarteles y oficinas públicas, llevándose espejos, pinturas, alfombras, muebles, libros, papeles y otros objetos".

SEXTA PARTE

L

EL TRISTE FIN DE LA ALIANZA: LEALTAD PAGADA CON INGRATITUD

La política chilena tendiente a separar al Perú y Bolivia se manifestó también en las negociaciones para llegar a la paz.

A principios de diciembre de 1881, los señores Mariano Baptista, en representación del Gobierno de Bolivia y Eusebio Lillo, por Chile, sostuvieron conversaciones en Tacna para explorar las posibilidades de un acuerdo que terminase su conflicto limítrofe. El señor Lillo presentó al señor Baptista un documento escrito de su puño y letra por el que su gobierno ratificaba la proposición de una "rectificación de fronteras" mediante la cual la cesión a Chile de Atacama sería compensada a Bolivia con los territorios de Tacna y Arica, y, si lo deseaba, de otros más, al norte y el oriente, hasta el lago Titicaca, pertenecientes al Perú, obligándose Chile a operar militarmente sobre ellos con ayuda de tropas bolivianas. Chile ofrecía también no cobrar a Bolivia ninguna compensación de guerra, vincular Antofagasta, Mejillones o Iquique con el altiplano por medio de un ferrocarril y dar crédito para otro ferrocarril de Arica a los departamentos bolivianos del norte. El tratado de paz que estableciese tales obligaciones no sólo uniría a ambas repúblicas comercialmente sino, al mismo tiempo, en lo que fuera posible, en sus intereses políticos, para prestarse apoyo en cualquier emergencia internacional".

El señor Lillo propuso que, mientras se pudiese concertar el tratado definitivo de paz, Bolivia y Chile pusiesen fin al estado de guerra que los enfrentaba mediante un pacto de tregua.

La primera reacción del señor Baptista fue declarar que Bolivia no podía suscribir ninguna clase de acuerdo sin la participación del

Perú. Repuso Lillo: "Prescinda Bolivia de una vez por todas, de su aliado. Mire al fin sus propios intereses, sin amarrarse más tiempo a las diversas formas de putrefacción que está viviendo su vecino".

El Gobierno del General Narciso Campero ratificó lo manifestado por su agente. No se podía concertar nada a espaldas del Perú y mucho menos en su contra.

Los interlocutores de Tacna volvieron a sus bases con las manos vacías.

Bolivia y el Perú alimentaban todavía la esperanza de que los Estados Unidos presionarían a Chile para hacer la paz sin imponer desmembración territorial alguna. Se desilusionaron, reconociendo la cruda realidad, cuando el 11 de febrero de 1882 el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, José Manuel Balmaceda, y el representante diplomático de los Estados Unidos, William Henry Trescot, firmaron en Viña del Mar un acta en la que se dejó establecido que el gobierno de la Casa Blanca no intervendría en el conflicto del Pacífico sino con buenos oficios y cuando éstos fuesen solicitados, y que Chile mantenía como condiciones para llegar a la paz el quedarse dueño de todos los territorios ubicados al sur de la quebrada de Camarones, reteniendo además Tacna y Arica en su poder hasta que el Perú le pagase una indemnización de guerra de 20 millones de pesos en el plazo máximo de 10 años, quedando ambos territorios definitivamente bajo su dominio si no se cancelaba el total de la deuda en ese lapso.

La llamada "Acta de Viña del Mar" convenció a los gobernantes del Perú y Bolivia que ninguna ayuda podía esperar de los Estados Unidos y, consecuentemente, de cualquier otra nación, para que Chile no fuese tan abusivo en sus exigencias como vencedor de la contienda bélica.

Bolivia vio un escape a tal situación en la iniciativa chilena propuesta por el señor Lillo al señor Baptista en Tacna, relativa a la celebración de una tregua que crease el clima apropiado para ingresar a las discusiones de un tratado de paz. La tregua, se pensó en Bolivia, podría dar tiempo para el fortalecimiento moral, económico y militar de la república, poniéndola en mejor posición y condiciones que le permitan obtener de Chile un tratamiento justiciero en el pacto definitivo de límites.

Se envió al señor Crisóstomo Carrillo a proponer al gobierno del Contralmirante Lizardo Montero que los dos aliados buscaran la tregua conjuntamente (abril de 1882). Don Crisóstomo encontró un ambiente muy desfavorable en el Perú sobre el particular. El negociador nombrado para tratar con él le expresó: "La tregua se vería como un paso adelantado en la cesión de territorios". El canciller Mariano Álvarez le manifestó por su parte que "una tregua no sería sino un analgésico aplicado por Chile para amputar con menos dolor órganos vitales de Perú y Bolivia".

No obstante este desaire, en Bolivia se siguió creyendo que cualquier camino que se tomase hacia la paz debían tomarlo juntos los dos aliados.

En la sesión inaugural del Congreso de 1882, el señor Belisario Salinas, como jefe del Poder Ejecutivo (el General Narciso Campero había dejado temporalmente esas funciones para concentrar su atención en la reorganización del ejército) leyó un mensaje en el que refiriéndose a la cuestión internacional dijo entre otras cosas: "En la guerra con Chile no ha sido posible llegar a un resultado capaz de conciliar los intereses de los aliados con las exigencias del enemigo, por la dureza de sus condiciones... Bolivia ha respetado la alianza, cumpliendo religiosamente los deberes que ella le impone. No es un misterio que Chile tiende a romperla, pretendiendo imponer a Bolivia, tras la pérdida de su territorio, la de su honra... En hora buena trate Chile con nosotros, pero sea respetando nuestra honra y salvando nuestros deberes de aliados". Al finalizar el período legislativo de ese año el Congreso declaró que "el Ejecutivo debía seguir buscando la paz (o la tregua), en términos compatibles con la honra y los intereses de la nación y cumpliendo sus obligaciones de aliada".

El Ministro de Relaciones Exteriores, señor Antonio Quijarro, (marzo de 1883), escribió al canciller chileno Luis Aldunate, proponiéndole una conferencia en la que representantes de los tres países comprometidos en el conflicto discutiesen las condiciones de una tregua. El ministro chileno aceptó la conferencia, pero sólo con Bolivia, oponiéndose terminantemente a los planteamientos del ministro boliviano a favor de la intervención del Perú. Como el señor Quijarro insistiese sobre el particular, el señor Aldunate le dijo que no comprendía esa su actitud, puesto que el Gobierno del Perú, en octubre del año anterior, cuando discutía con un diplomático norteamericano acerca de las bases para un tratado de paz "jamás hizo la menor alusión ni a los intereses ni a la situación de Bolivia". En otra carta (agosto de 1883), el señor Aldunate le dijo también al señor Quijarro que era "de notoriedad que el General Miguel Iglesias (nuevo gobernante del Perú), había decidido tratar de la paz con Chile sin la concurrencia y aún sin una mera noticia a Bolivia".

A los pocos días se recibió en la sede del gobierno boliviano la noticia de la suscripción del Tratado de Ancón, al que se ha hecho referencia en el capítulo anterior, por el que el Perú, al ceder a Chile la propiedad de su departamento de Tarapacá, incondicionalmente y a perpetuidad, comprometió, tácitamente, también a favor de Chile la propiedad del departamento boliviano de Atacama, es decir, todo su litoral oceánico, ubicado entre la frontera norte chilena y el citado territorio peruano.

Era el triste fin del Tratado de Alianza de 1873, por el que Bolivia y el Perú entraron juntos a la guerra y al que Bolivia en todo momento dio devoto cumplimiento. El Perú faltó a su último deber dentro de él. El artículo 8 establecía que ninguno de los dos aliados podía "concluir tratados de límites u otros arreglos territoriales sin consentimiento de la otra parte contratante".

La situación del Perú era desesperada y es comprensible que se resignase a pagar el muy alto precio de Tarapacá para librarse de la ominosa y pesada carga de la ocupación chilena. Empero, la lealtad que Bolivia le guardó durante toda la contienda, inclusive hasta el extremo de brindarse a correr su misma suerte fundiéndose en un solo estado federal cuando el ejército chileno se aprestaba a su campaña sobre Lima, merecía alguna consideración, por lo menos una explicación de las razones que obligaban a la firma unilateral del Tratado de Ancón, o siquiera, dentro de las más elementales reglas de cortesía entre quienes se llamaban hermanos, que habían sido aliados y eran vecinos y víctimas de la misma tragedia, un simple aviso.

La ingratitud peruana dolió profundamente en Bolivia. Todas las pruebas de lealtad a la alianza, la inconmovible resistencia a las numerosas proposiciones chilenas para arrebatar al Perú los territorios de Moquegua, Tacna y Arica a fin de que Bolivia tuviese con ellos una costa mucho más apropiada que la de Atacama, toda la sangre que el ejército boliviano derramó en defensa del Perú en Pisagua, San Francisco y la batalla de Tacna, recibían muy mal pago.

Pero no hubo recriminaciones. Solamente el periódico "La Patria" de La Paz comentó: "La República del Perú, nuestra hermana, nuestra aliada, ha aceptado el emparedamiento de Bolivia detrás de los Andes".

LI

BOLIVIA FORZADA A ACEPTAR UNA TREGUA ASFIXIANTE

Una vez que el Perú sucumbió ante la victoria de su tradicional enemigo, viéndose obligado a firmar el Tratado de Paz de Ancón, Bolivia quedó sola frente a Chile.

Las tropas que desocuparon Lima no se retiraron del Perú. Con beneplácito del Presidente, General Miguel Iglesias, se pusieron en campaña contra el Contralmirante Lizardo Montero, establecido en Arequipa. A las pocas semanas, Montero perdió su autoridad, tanto por acción chilena como por sublevación de sus propias tropas. Liquidado este problema, el ejército del Contralmirante Patricio Lynch, permaneció todavía en el sur del Perú para servir de doble amenaza: 1) Amenaza al Congreso peruano de que si no ratificaba el Tratado de Ancón volvería a ocupar Lima; 2) Amenaza al gobierno boliviano de que si no aceptaba un pacto de tregua en las condiciones que impusiese Chile, invadiría el altiplano ocupando La Paz y otros centros vitales de la república.

Para hacer más evidente este segundo objetivo, las fuerzas de Lynch ocuparon Moliendo, Arequipa y Puno (a orillas del lago Titicaca), es decir, una línea que constituía una especie de lanza apuntada contra La Paz, sede del gobierno y principal ciudad de Bolivia.

Chile disponía además de otro medio de presión más efectivo. Estaban bajo su control los puertos de Moliendo, Arica y Antofagasta, por donde Bolivia recibía los productos ultramarinos esenciales para su sobre vivencia.

El Presidente Narciso Campero tomó dos medidas ante tan graves circunstancias: Al mismo tiempo que destacaba dos diplomáticos a Santiago, los señores Belisario Salinas y Belisario Boeto, en busca de un tratado de paz que tuviese como condición primordial una salida propia y soberana al océano Pacífico (de preferencia los territorios de Tacna y Arica mediante una modificación del Tratado de Ancón), adoptó medidas de carácter militar defensivas. Estas fueron: exigir el pago a la ciudadanía de un empréstito interno lanzado anteriormente; pedir la donación de caballos y monturas a quienes los tuviesen; llamar nuevamente bajo banderas a los licenciados del ejército, ordenar la organización de una Guardia Activa con los jóvenes, otra Pasiva con los mayores y una tercera, Urbana, en cada ciudad, con los extranjeros; disponer el alistamiento de servicios especiales de transportes, ambulancias y hospitales; pedir a los sacerdotes que despertasen los sentimientos patrióticos de las razas indígenas; finalmente, hacer un reconocimiento del probable campo de batalla a orillas del río Desaguadero.

Al enviar a la capital de Chile una misión diplomática y, al mismo tiempo, alistar a la nación militarmente, el gobierno del General Campero adoptaba una política que incluía las dos tendencias que, desde la instalación del Congreso en mayo de 1880, pugnaban por imponerse en la conciencia nacional; la una guerrista y la otra pacifista.

Aunque el esfuerzo económico y anímico de mantener al país en pie de guerra lo tenía agotado, en el Congreso, en la prensa, en las reuniones públicas y privadas se siguió discutiendo desde el desastre de la batalla de Tacna si debía mantenerse la belicosidad o darse paso a un entendimiento diplomático. La división entre "guerristas" y "pacifistas" se fue ahondando con el transcurso del tiempo. En cada campo se agitaban también otras banderas. Los guerristas eran decididos amigos del Perú. Los pacifistas partidarios de una componenda con Chile. Aquellos no objetaban al militarismo y veían en el General Eliodoro Camacho a su candidato a la presidencia como sucesor del General Campero. Estos eran civilistas y odiaban el caudillismo que abortó los engendros gubernamentales de Belzu, Melgarejo, Morales y Daza. Los guerristas eran liberales y anticlericales. Los pacifistas, conservadores ultramontanos. Los principales guerristas eran Nataniel Aguirre, Belisario Salinas, Fernando E. Guachalla, Nicolás Acosta, Eliodoro Villazón, Pastor Sainz. Demetrio Calvimontes. Los principales pacifistas Mariano Baptista, Belisario Boeto, Aniceto Arce, Gregorio Pacheco, Manuel Argandoña, Jorge Oblitas, José Rosendo Gutiérrez, José María Santivañez, Miguel S. Taborga. Los guerristas tenían a sus adeptos entre la juventud y contaban con una mayoría en la Cámara de Diputados. Los pacifistas estaban representados por las gentes de mayor edad y sus líderes dominaban en el Senado.

La misión diplomática enviada a Santiago la integró el General Campero con un representante de cada bando. El señor Belisario Salinas pertenecía a las filas de los guerristas, el señor Belisario Boeto a la de los pacifistas.

La "Misión de los dos Belisarios" encontró en Santiago un ambiente poco acogedor. Las medidas de carácter militar dispuestas en Bolivia las consideró el gobierno de La Moneda como una flagrante provocación. No le gustó que el segundo vencido en la guerra se presentase en su capital a pedir un tratado de paz con la cabeza enhiesta y los puños cerrados. Había esperado que lo hiciese de rodillas y con la cabeza gacha.

Los señores Salinas y Boeto iniciaron sus tratos con el canciller chileno el 7 de diciembre de 1883. Pidieron un tratado de paz que diese a Bolivia la propiedad de los territorios de Tacna y Arica como imprescindible salida al mar. El señor Luis Aldunate les respondió que su país no podía disponer de lo que todavía no era suyo; que lo único que era posible era suscribir un pacto de tregua que estableciese un modus vivendi hasta que el problema de Tacna y Arica con el Perú quedase resuelto y se creasen las condiciones para el tratado de paz.

Como los negociadores bolivianos no tenían autorización para negociar una tregua, la pidieron a su gobierno. Tardó dos meses en llegar. En el ínterin las conversaciones quedaron suspendidas. Se reanudaron a partir del 13 de febrero (1884), con el nuevo Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, señor Aniceto Vergara Albano (que se hiciera famoso como adulón del tirano Mariano Melgarejo, 17 años atrás).

Las condiciones para la tregua presentadas por los representantes bolivianos fueron rechazadas de plano y substituidas por otras sobre las que el gobierno chileno exigió una respuesta categórica de aceptación o rechazo. Los agentes de Campero acordaron que uno de ellos, el señor Boeto, viajase de inmediato a La Paz para explicar el dilema que se planteaba y recabar nuevas instrucciones.

El Presidente de Chile, señor Domingo Santa María, que dirigía las negociaciones, unas veces personalmente y otras por intermedio de su canciller, se opuso al viaje de Boeto e insistió en que se le dijese rotundamente si se aceptaban o no las bases redactadas por su gobierno.

Los señores Salinas y Boeto escribieron angustiados a La Paz: "Se nos coloca en situación de firmar las condiciones impuestas o declarar rotas las negociaciones y regresar a Bolivia sin éxito alguno y sólo como precursores de una invasión que podría realizarse inmediatamente".

En efecto las tropas chilenas de Arequipa y Puno recibieron órdenes de "estar listas para cualquier emergencia". Su comandante, el Coronel Velásquez informó: "Tengo itinerarios completos sobre caminos, distancias, recursos, puntos estratégicos y otras importantes circunstancias vía La Paz".

El 3 de abril, los señores Salinas y Boeto expresaron en carta al General Narciso Campero: "Fuimos invitados a una nueva conferencia con el Presidente de la República y el Ministro de Relaciones Exteriores, para examinar un proyecto de protocolo final. Se nos ha dado plazo hasta mañana para aceptarlo o rechazarlo. No cabe duda que la invasión a Bolivia se ha hecho inminente. Nuestros medios de defensa serían demasiado deficientes para contrarrestar el ataque de un ejército numeroso, aguerrido, bien armado y mejor preparado. Las calamidades de una guerra, los estragos de una ocupación violenta de nuestras ciudades y aldeas y la vergüenza de una posible derrota se han presentado a nuestras conciencias de una manera abrumadora y en situación de poder alejar estos peligros hemos resuelto suscribir la tregua... ".

Con su conciencia abrumada por los temores expuestos, los dos Belisarios se dirigieron al Palacio de La Moneda al día siguiente y firmaron el documento redactado por el Gobierno de Chile.

El Pacto de Tregua de 4 de abril de 1884 estableció en sus cláusulas principales: "La República de Chile y la República de Bolivia celebran una tregua indefinida, y, en consecuencia, declaran terminado el estado de guerra. La República de Chile, durante la vigencia de la tregua continuará gobernando los territorios comprendidos desde el paralelo 23 hasta la desembocadura del río Loa (es decir, todo el litoral boliviano). En adelante, los productos chilenos se internarán en Bolivia libres de todo derecho aduanero".

El Gobierno del General Narciso Campero, cuyo canciller era el señor Nataniel Aguirre, aprobó el pacto mediante un decreto en el que se dejó constancia de que Bolivia no renunciaba a su derecho de propiedad sobre el litoral que dejaba temporalmente bajo el dominio de Chile.

LII

EL TRATADO DE PAZ DE 1904

El señor Domingo Santa María, eminente político de Chile, primero como el más influyente consejero de su predecesor en la primera magistratura de la nación, señor Aníbal Pinto, luego como su Ministro de Relaciones Exteriores y, finalmente, como Presidente de la República, fue siempre un convencido de que su país debía mantener una estrecha amistad y cooperación internacional con Bolivia; que Bolivia, puesta al lado de Chile debía tener un cómodo acceso al océano Pacífico, interponiendo su soberanía entre las de Chile y el Perú; que la zona costera que convenía a Bolivia era la de Tacna y Arica, como reemplazo de la de Atacama, que debía pertenecer a Chile. Por eso, desde el comienzo de la guerra, pese a los sucesivos rechazos del gobierno boliviano, le hizo llegar proposiciones para llegar a esos resultados. Por eso, por no estar definida aún la situación de Tacna y Arica, a la espera del plebiscito señalado para 1893, prefirió que el estado de guerra con Bolivia quedase suspendido por medio de un Pacto de Tregua que estableciese un modus vivendi amistoso, aunque de subordinación de Bolivia a Chile, hasta que se diesen las condiciones apropiadas para un tratado definitivo de paz.

La política chilena en estos aspectos cambió con los sucesores del señor Santa María en la jefatura de su nación, comenzando por el señor José Manuel Balmaceda. No les interesó la amistad boliviana ni que Tacna y Arica se destinasen a Bolivia. Solamente en 1895, cuando las relaciones de Chile con la Argentina volvieron a ponerse muy tensas por los problemas del estrecho de Magallanes y la Patagonia y uno y otro país buscaron la amistad de Bolivia, Chile ofreció nuevamente a Bolivia que le daría Tacna y Arica si el plebiscito (que no se pudo realizar en 1893 y seguía pendiente) le era favorable y, en caso contrario, la caleta Vitor u otra análoga. El Tratado de Transferencia de Territorios de 20 de mayo de 1895 que estableció ese compromiso no llegó a cumplirse por demoras en su perfeccionamiento debido a desconfianzas del Partido Liberal de Bolivia que militaba en la oposición y porque pasado el peligro de un rompimiento chileno-argentino, el gobierno de Santiago volvió a la posición balmacedista.

En 1901, el gobierno boliviano del Presidente José Manuel Pando fue notificado brutalmente al respecto con una nota del Ministro de Chile acreditado en La Paz, señor Abraham Koning. El documento comenzaba afirmando que el antiguo litoral boliviano era y sería siempre de Chile. Declaraba que no era posible ofrecer costa alguna a Bolivia porque el plebiscito convenido con el Perú para decidir la suerte de Tacna y Arica aún no podía realizarse. Reiteraba el ofrecimiento de dinero para que Bolivia pagase las deudas que había contraído por causa de la guerra y pagar la construcción de un ferrocarril desde un puerto chileno a una ciudad del altiplano.

Terminaba convirtiéndose en un brulote con frases de este jaez: "Es un error muy esparcido y que se repite diariamente en la prensa y en la calle, el opinar que Bolivia tiene derecho de exigir un puerto en compensación de su litoral. No hay tal cosa, Chile ha ocupado el litoral y se ha apoderado de él con el mismo título que Alemania anexó al Imperio la Alsacia y la Lorena, con el mismo título con el que los Estados Unidos de la América del Norte han tomado Puerto Rico. Nuestros derechos nacen de la victoria, la ley suprema de las naciones.- Que el litoral es rico y que vale muchos millones, eso ya lo sabíamos. Lo guardamos porque vale; que si nada valiera, no habría interés en su conservación".

Lo que correspondía a una comunicación de esa naturaleza era devolverla a su autor por abusiva e impropia en las relaciones de dos repúblicas, integrantes de la familia internacional americana. Empero, el gobierno del General Pando no obró así. Tenía para ello dos razones. La primera, la situación subordinada en que Bolivia se encontraba con respecto a Chile en virtud del Pacto de Tregua. Chile tenía asida a Bolivia por la garganta al mantener ocupados los puertos de Antofagasta y Arica, por los que recibía su abastecimiento de productos ultramarinos, con las respectivas aduanas bajo control chileno.

La segunda razón era la nueva mentalidad que dominaba a los conductores del país. Su creencia en la importancia de los ferrocarriles como factores decisivos para el progreso de una nación. Bolivia apenas contaba con el ferrocarril de Antofagasta a Oruro. Si quería unirse a las otras en el avance del progreso debía tener más vías férreas.

Esa mentalidad ferrocarrilera hizo creer a los líderes del dominante Partido Liberal que los ferrocarriles podían ser más importantes que un puerto propio para el desarrollo de la república. Los liberales, que antes de subir al gobierno clamaron apasionadamente durante años que el único camino del honor y la conveniencia para Bolivia era el de luchar a cualquier costo por la reivindicación de su litoral, una vez dueños del poder se mostraron dispuestos a renunciar a todo pedazo de costa a cambio de una red de ferrocarriles que vinculase las principales ciudades y centros de producción. En 1900, iniciaron la construcción del ferrocarril de La Paz a Guaqui. En 1902, contrataron con el gobierno de la Argentina la prolongación de la red ferroviaria de ese país hasta Tupiza. En 1903, por el Tratado de Petrópolis suscrito con el Brasil, renunciaron al territorio del Acre por dos millones y medio de libras esterlinas a ser invertidos en vías férreas y aproximación de una línea brasileña a la frontera boliviana frente a Guayaramerín.

En su respuesta al señor Koning, después de dos meses, el canciller boliviano, señor Eliodoro Villazón, dijo que "hay un derecho natural que, por encima de todas las conveniencias, asegura a toda nación por lo menos una pequeña costa", que "contra ese derecho Chile pretendía adjudicarse la costa perteneciente a Bolivia, excluyéndola del océano, condenándola a un aislamiento excepcional en América"; y que "esa sola consideración ya sería bastante para que las proposiciones de su nota no fueran equitativas". No obstante estas reflexiones, el gobierno del General Pando continuó negociando con el señor Koning y le dio a entender que renunciaría a sus reclamaciones sobre un puerto a cambio de una suma de dinero que le permitiese seguir con su plan de construcción de ferrocarriles.

Consecuente con esta idea, el General Pando pidió a su amigo Félix Avelino Aramayo que a su paso por Santiago, en su viaje a reasumir las funciones de plenipotenciario en Londres, auscultase si los ocupantes del Palacio de La Moneda estarían dispuestos a dar dos millones de libras esterlinas destinados a la construcción de ferrocarriles como compensación por el litoral boliviano. El señor Aramayo encontró ambiente muy favorable al respecto, siempre que el dinero fuese usado bajo control chileno, a fin de que no se desviase para la compra de armamentos con propósitos revanchistas.

La negociación iniciada confidencialmente por el señor Aramayo la prosiguió en forma oficial el señor Alberto Gutiérrez, en el carácter de plenipotenciario del gobierno del señor Ismael Montes, sucesor constitucional del General Pando.

El canciller chileno, señor Emilio Bello Codecido, y el señor Gutiérrez, sin mayores contratiempos que fallidos intentos de oposición peruana, llegaron a la concertación del Tratado de Paz y Amistad de 20 de octubre de 1904, con las siguientes estipulaciones principales: "Restablécense las relaciones de paz y amistad entre la República de Bolivia y la República de Chile, terminando, en consecuencia, el régimen establecido en el Pacto de Tregua. Por el presente tratado quedan reconocidos del dominio absoluto y perpetuo de Chile los territorios ocupados por éste en virtud del Pacto de Tregua. Con el fin de estrechar las relaciones políticas y comerciales de ambas repúblicas, las Altas Partes Contratantes convienen en unir el puerto de Arica con el Alto de La Paz, por un ferrocarril cuya construcción contratará a su costa el Gobierno de Chile. Chile contrae el compromiso de pagar las obligaciones en que pudiera incurrir Bolivia por garantías hasta de cinco por ciento sobre los capitales que se inviertan en los siguientes ferrocarriles, cuya construcción podrá emprenderse dentro del plazo de 30 años: Uyuni a Potosí, Oruro a La Paz, Oruro por Cochabamba a Santa Cruz, de La Paz a la región del Beni, y de Potosí por Sucre y Lagunillas a Santa Cruz. El Gobierno de Chile se obliga a entregar al Gobierno de Bolivia la cantidad de 300.000 libras esterlinas. La República de Chile reconoce a favor de Bolivia y a perpetuidad, el más amplio y libre derecho de tránsito comercial por su territorio y puertos del Pacífico".

El señor Bello Codecido ha reconocido en un libro cual fue una de las ocultas intenciones de su país al suscribir el tratado: ' Bolivia pasaba a ser aliada de Chile en la solución del problema con el Perú (por hacerse de Arica punto de partida del ferrocarril a La Paz) y los grandes intereses que se radicaban para uno y otro país en Tacna y Arica vinculaban ese territorio indiscutiblemente y para siempre al dominio de Chile".

El Presidente Ismael Montes, en su mensaje al Congreso de 1906 declaró: "En 1904 se encontraba la república en condición semejante a la de un país semi soberano, desde que por consecuencia de los desastres de la guerra del Pacífico no podía legislar sobre sus aduanas, ni gozar con amplitud del derecho de libre tránsito, ni proteger ni defender sus industrias. Para romper la tregua, que nos imponía la sofocación... no hemos sufrido la obsesión de una política ridículamente sentimental, ni escuchado los consejos del egoísmo y la cobardía... Por eso no nos han sobrecogido los kilómetros de territorios ya perdidos definitivamente para Bolivia en el dominio de los hechos, desde el momento que fue ratificado el tratado chileno-peruano de Ancón, ya que después de ese fáctum ni la política ni la administración permitían a Chile establecer una solución de continuidad en sus conquistas.

Para aceptar el tratado y suscribirlo hemos deliberado con tranquilidad y hemos visto que la tregua nos sofocaba lentamente; que la guerra por la guerra misma, sin la más remota posibilidad de victoria, es una locura imperdonable, y que si los individuos tienen el derecho de suicidarse, no le es dado a ningún mandatario, por absoluto que se juzgue, el inmolar su patria. Ajustamos el tratado... porque en el hecho no había nada que ceder, desde que nuestros bienes concurrían ya de algún tiempo a formar la fortuna del vencedor, porque languidecíamos penosamente sin rentas, sin industria y sin esperanza... El gobierno cree, pues, haber cumplido su deber, un deber doloroso y sin gloria".

LIII

CULMINACIÓN DEL DRAMA BOLIVIANO: ENCIERRO CON DOBLE CENTINELA

Los líderes del Partido Liberal que concertaron el Tratado de Paz con Chile, a fin de librar a Bolivia de las opresivas condiciones en que vivía bajo el régimen establecido por el Pacto de Tregua, firmado 20 años antes, y que creyeron que los ferrocarriles podían sustituir con ventaja a un puerto propio, no tardaron en darse cuenta de su error.

Desde luego, el Tratado de 20 de octubre de 1904, al ser presentado al Congreso para su ratificación, fue combatido acremente por muchos legisladores. Se lo aprobó gracias a la disciplina del partido gobernante por una mayoría de 12 votos. Mereció 42 votos a favor y 30 en contra. Personajes potosinos, interpretando el sentir de muchos de sus compatriotas lo calificaron como el "Tratado más desastroso para la patria, el más lesivo a su soberanía, el más humillante, porque no era más que una venta simulada a vil precio, que Chile pagaba con una miserable parte de los ingentes ingresos que le producía el mismo territorio que compraba".

El propio Partido Liberal reaccionó contra su política de 1904 a los seis años, en 1910, durante el régimen del Presidente Eliodoro Villazón. El Ministro de Relaciones Exteriores, señor Daniel Sánchez Bustamante, al saber que Perú y Chile volvían a discutir respecto a la realización del plebiscito que debía decidir el futuro de Tacna y Arica, escribió al canciller de uno y otro país: "Chile y el Perú, siguiendo el dictamen de muchos de sus hombres públicos, deberían dejar de ser colindantes, estableciendo la soberanía territorial de Bolivia en una zona intermedia sobre la costa del Pacífico... Bolivia no puede vivir aislada del mar. Ahora y siempre, en la medida de sus fuerzas, hará cuanto le sea posible para llegar a poseer por lo menos un puerto cómodo sobre ese océano". La gestión no dio ningún resultado.

Tres años más tarde, en 1913, cuando el señor Ismael Montes volvía de Europa a asumir por segunda vez la Presidencia Constitucional de la República, a su paso por Santiago reunió en su hotel a varios senadores y diputados chilenos y les explicó la indispensable necesidad que Bolivia tenía de un puerto propio. Su empeño no dio tampoco resultado alguno.

Las románticas prédicas del Presidente de los Estados Unidos, al finalizar la Primera Guerra Mundial, para que se estableciese un nuevo orden internacional en el que reinase la paz y la justicia bajo la égida de una Sociedad de Naciones, despertó nuevas esperanzas en Bolivia. El mandatario norteamericano había dicho en el Senado de su país que "debía garantizarse a todo pueblo una salida directa a las grandes vías marítimas" y que "ninguna nación debía estar privada de los caminos del mar".

Don Ismael Montes, esta vez de vuelta en su puesto de Ministro de Bolivia en París, cumpliendo instrucciones de su sucesor en la Presidencia de la República, señor José Gutiérrez Guerra, y de su Ministro de Relaciones Exteriores, señor Alberto Gutiérrez, en comunicación de 14 de enero de 1919 pidió al gobierno de Francia, país que junto con Inglaterra eran los principales promotores de la Sociedad de las Naciones, que al crearse este organismo dictase una sentencia que incorporase los territorios de Tacna y Arica a Bolivia por no desempeñar "ningún rol esencial en la actividad económica del Perú o Chile" y ser, en cambio, para Bolivia, "llave de su comercio y de su seguridad".

La revolución de 12 de julio del año siguiente, que derrocó al señor Gutiérrez Guerra y puso fin a la hegemonía que durante dos décadas había detentado el Partido Liberal, cambió también la orientación de la política internacional. El nuevo partido gobernante, el Partido Republicano, envió una delegación (integrada por Félix Avelino Aramayo, Franz Tamayo y Florián Zambrana) a Ginebra, a pedir a la recién nacida Sociedad de Naciones dictaminase la revisión del Tratado de Paz de 1904, a fin de que Bolivia reivindicase todo el litoral que poseía antes de la guerra del Pacífico. La entidad ginebrina se excusó de considerar el asunto haciendo notar que había sido presentado cuando estaba vencido el plazo establecido para la inscripción de temas de discusión en la agenda de su Primera Asamblea. Bolivia acreditó otra delegación al año siguiente, ante la Segunda Asamblea (Carlos Víctor Aramayo y Demetrio Canelas) y reiteró su demanda. En esta oportunidad, la Sociedad la desestimó basándose en un informe de una comisión de tres juristas que dijeron que "la Sociedad de las Naciones no podía modificar por sí ningún tratado, ya que esto era competencia exclusiva de los Estados contratantes".

En vista de manifestaciones de la delegación chilena en Ginebra de que el problema podría resolverse mediante conversaciones directas, el gobierno boliviano envió a Santiago, primero al señor Macario Pinilla (1922) y luego al señor Ricardo Jaimes Freyre (1923). Uno y otro fueron notificados, tanto por el Presidente de la República, señor Arturo Alessandri, como su canciller, que el Tratado de Paz de 1904 era no revisable e irreversible.

En tanto Bolivia se afanaba en buscar alguna salida a su desventajosa posición mediterránea, Chile y Perú no llegaban a ponerse de acuerdo sobre la forma de realizar el plebiscito establecido en el Tratado de Ancón, destinado a definir el futuro de Tacna y Arica. Suspendieron sus relaciones diplomáticas en 1910. Cada país quería llegar a la consulta popular seguro de que le sería favorable.

El Gobierno de los Estados Unidos ofreció su mediación a partir de 1922, pero sus esfuerzos resultaron vanos. Los comicios no pudieron realizarse ni bajo la supervigilancia de dos generales de esa nación.

El Secretario de Estado, Frank B. Kellog, quiso cortar el nudo gordiano del problema y sorprendió a todos proponiendo en un documento dirigido a los gobiernos de La Paz, Lima y Santiago (enero 20, 1926) que Tacna y Arica pasasen a ser propiedad de Bolivia a cambio de una "adecuada compensación" en dinero que esta república pagaría a las de Perú y Chile. Naturalmente que Bolivia aceptó la idea de inmediato. Chile declaró que "la proposición iba más allá de las concesiones que estaba dispuesto a hacer". El Perú expresó que "no podía aceptar la cesión propuesta, a nadie, ni por venta ni de otro modo".

La proposición Kellog no tuvo más efecto que el de hacer comprender a los gobiernos de Lima y Santiago que si no llegaban a un acuerdo la opinión internacional favorecería cada vez con más fuerza el interés que Bolivia tenía en esos territorios.

La posibilidad de que Tacna y Arica pudiesen pertenecer un día a Bolivia era particularmente desagradable para el canciller chileno Conrado Ríos Gallardo, que sentía una gratuita antipatía por la nación del altiplano. Con anuencia del Presidente de la República, General Carlos Ibáñez, reanudó relaciones diplomáticas con el gobierno peruano del dictador Augusto B. Leguía. El embajador chileno destacado a Lima, señor Emilio Figueroa Larraín, propuso la división salomónica de los territorios en disputa: Arica para Chile y Tacna para el Perú. Después de algún regateo de parte peruana, se llegó a un acuerdo sobre esa base. Se lo cubrió con la apariencia de un fallo arbitral del Gobierno de los Estados Unidos porque Leguía no quiso aparecer ante su pueblo como autor directo de la entrega definitiva de Arica a Chile.

Fue así como, mediante el Tratado de Amistad y Límites de 3 de junio de 1929, la provincia de Arica (15.341 Km.2) pasó a ser propiedad de Chile y la provincia de Tacna (8.678 Km.2 más 980 de Tarata, entregados antes) fue devuelta a la soberanía del Perú.

A proposición del canciller Conrado Ríos Gallardo, aceptada con entusiasmo por el dictador Augusto B. Leguía, en la misma fecha se firmó un Protocolo Complementario por el que Chile y el Perú se comprometieron a "no ceder a una tercera potencia la totalidad o parte de esos territorios, sin previo acuerdo entre ellos".

El protocolo en cuestión no podía tener otro propósito que consolidar el encierro mediterráneo de Bolivia con doble centinela. Por él, Chile se libraba de que Bolivia le exigiese el cumplimento de la oferta, tantas veces repetida desde el comienzo de la guerra del Pacífico, de que podría ser dueña de Arica.

Los Ibáñez, Leguía y Gallardo, que con los documentos de 3 de junio de 1929 creyeron poner un sello de paz definitiva en las costas del Pacífico, se equivocaron rotundamente.

El puerto de Arica, geográficamente boliviano, históricamente peruano y fruto bélico para Chile, en cuya plaza principal debía levantarse un monumento en el que Eduardo Avaroa, Miguel Grau y Arturo Prat se den un abrazo, simbolizando una auténtica hermandad de sus naciones, es por obra y gracia del maquiavélico protocolo un inquietante foco de convergencia de intereses antagónicos. Por culpa de él, la guerra del Pacífico ha sido una guerra sin paz, aún después de transcurridos cien años de haberse callado los cañones.

(Este artículo pone punto final a la serie con la que al autor quiso contribuir a la recordación y esclarecimiento de los antecedentes, desarrollo y corolario diplomático de la Guerra del Pacífico, al cumplirse 100 años del enclaustramiento geográfico de Bolivia).

APÉNDICE

MILITARES Y "CUCALONES" CHILENOS

Uno de los aspectos que menos se conocen sobre la Guerra del Pacífico, por lo menos en Bolivia, es el referente a las constantes desavenencias que se produjeron entre los gobernantes de Chile y los jefes de la Marina y el Ejército de ese país.

El profesor de Historia de la California State University de los Estados Unidos de Norteamérica, William F. Sater, ha publicado un libro titulado "Chile and the War of the Pacific" en el que presta especial atención a ese problema. El profesor Sater vivió cerca de 20 años en Santiago acumulando información para su obra.

Las dificultades que el presidente chileno, Aníbal Pinto, tuvo con los sucesivos comandantes del Ejército (generales Justo Arteaga, Erasmo Escala y Manuel Baquedano) y con los jefes de la Marina (almirantes Williams Rebolledo y Galvarino Riveros), recuerda lo que sucedió, aunque con muy diferentes resultados, al presidente de Bolivia, Daniel Salamanca, durante la Guerra del Chaco con los conductores del ejército en campaña (generales Carlos Quintanilla, Hans Kundt y Enrique Peñaranda).

El señor Salamanca nunca logró imponer su autoridad sobre dichos jefes, temeroso de que se produjese una reacción que tuviese por consecuencias la caída de su gobierno y la pérdida del Chaco. No pudo dejar en el seno del Comando Superior a su colaborador político, el doctor Joaquín Espada, para que sirviese de coordinador de las relaciones entre los conductores civiles y militares de la campaña. Cuando, después de más de dos años de guerra, se decidió por fin a cambiar al personal superior del alto mando, no obtuvo otro resultado que la verificación de uno de sus temores: fue despojado del mando supremo de la nación por los jefes que no se resignaron a perder sus puestos.

En la Guerra del Pacífico, en el lado chileno, el presidente Aníbal Pinto y sus colaboradores del Partido Liberal pudieron establecer su autoridad sobre el exclusivismo con el que los jefes de las fuerzas armadas querían manejar la contienda bélica, pero no sin que se produjeran tensiones y desavenencias.

El mandatario chileno contó con algo muy importante, que le faltó al doctor Salamanca, la tradición de supremacía civil en la vida política de su país. Contrariamente a lo ocurrido en la historia chilena, lo tradicional en Bolivia ha sido el militarismo, que con el manido pretexto de "salvar a la patria", abusando de la fuerza de las armas, desplaza, arrincona y amedrenta al civilismo toda vez que la ambición personal impulsa a ello al caudillo de mayor popularidad entre sus camaradas.

Al ocurrir la Guerra del Pacífico, los políticos civiles de Chile gozaban de franca hegemonía en la vida pública. Gracias a eso, se atrevieron y pudieron cambiar a los conductores de la Marina y el Ejército las veces que así lo juzgaron conveniente para el mejor resultado de las campañas navales y terrestres. Y aún mas, pese a la oposición de los altos jefes, colocaron al lado de ellos, en el seno de los comandos supremos, a personajes civiles premunidos de amplia autoridad, convirtiéndolos en los virtuales conductores de las operaciones bélicas, los señores Rafael Sotomayor y José Francisco Vergara.

La opinión pública siguió de cerca la rivalidad entre los políticos liberales y los militares. El humor chileno apodó "cucalones" a los civiles metidos a estrategas, ya sea a los que estaban actuando en los comandos en campaña o a los que alardeaban de sus conocimientos castrenses en las calles, plazas o cafés. El apodo de "cucalón" se tomó del apellido del desgraciado periodista peruano, Antonio Cucalón, que viajaba en el acorazado "Huáscar" y se cayó al mar, ahogándose.

Al comienzo de la guerra, el presidente Pinto urgió al almirante Juan Williams Rebolledo, héroe de la guerra contra España en 1865, que atacase y si posible destruyese a la flota peruana en su base del Callao. Williams Rebolledo desobedeció, por temor a los poderosos cañones de la fortaleza de ese puerto. Prefirió bloquear Iquique, por donde se exportaba el salitre de Tarapacá, principal fuente de recursos del gobierno de Lima, confiado en que los barcos enemigos vendrían a buscarlo allí. El señor Rafael Sotomayor, que estaba en el comando de Williams, se dio cuenta de sus muchas fallas. Desde luego, no se entendía con el comandante del Ejército, general Erasmo Escala, que le pedía mayor apoyo logístico para poder hacer la campaña de conquista del departamento peruano de Tarapacá. Sin obtener autorización previa del gobierno, volvió con su flota a Antofagasta. Las correrías del almirante peruano Miguel Grau con su "Huáscar" por toda la costa chilena, sin que Williams pudiera hacer nada en su contra, desacreditaron más al marino chileno. Además, se comentaba que bebía con exceso y que padecía de sífilis y de una aguda hipocondría. Renunció a su puesto en agosto de 1879, en cuanto supo que el gobierno había resuelto retirarlo de su mando.

No fue fácil elegir a su sucesor., Los marinos chilenos de mayor graduación tenían fama de alcohólicos e incompetentes. El gobierno de La Moneda se decidió por el capitán Galvarino Riveros. Sus relaciones con los señores Sotomayor y Vergara nunca pudieron ser francas y cordiales. Tuvo la suerte de que bajo su mando Chile definiese a su favor la guerra naval en la batalla de Angamos, en la que se capturó al temible "Huáscar" y murió su heroico comandante.

Las relaciones del gobierno de Santiago con los comandantes del Ejército no fueron mejores que con los de la Marina. Como uno de los generales de Bolivia al iniciarse la guerra de 1932, que declaró que expulsaría a los paraguayos del Chaco a fuetazos, el general chileno Justo Arteaga Cuevas, de 74 años, anunció que obtendría una "decisiva y fácil" victoria sobre bolivianos y peruanos. Pero antes de iniciar hostilidades, pidió más armas, más municiones y más recursos sanitarios. El gobierno no tardó en darse cuenta de que no estaba a la altura de sus responsabilidades. Mostraba señales de senilidad. Poseía una memoria muy débil. Carecía de inteligencia, audacia y actividad para dirigir una campaña larga. No faltó quien dijese al Presidente de la República que el Comandante en Jefe que había elegido estaba loco. Las primeras semanas de la guerra se instaló en Antofagasta y su oposición a moverse de ese puerto se atribuyó a su excesiva edad y a su ineptitud. El señor José Francisco Vergara, enviado por el gobierno para asesorarlo, escribió describiéndolo como "un hombre viejo, en completa decadencia, con una inteligencia que nunca había tenido buena fama".

El ministro Domingo Santa María se trasladó a Antofagasta con el propósito de convencer al general que era tiempo de que buscase un enfrentamiento con el enemigo en el departamento peruano de Tarapacá. Arteaga ofreció hacerlo, pero no llegó a cumplir su promesa. Más bien, renunció a su cargo en julio de 1879, liberando al gobierno de Santiago de su intención de destituirlo, cosa que le habría traído complicaciones políticas por la influencia que uno de sus hijos, Domingo Arteaga, tenía en el Poder Legislativo como diputado, y en la opinión pública como editor del diario "Los Tiempos".

Como reemplazante de Arteaga, el gobierno designó Comandante en Jefe del Ejército en Campaña al general Erasmo Escala, católico pechoño, que obligaba a los miembros de su Estado Mayor y a las tropas a oír frecuentes misas. Por ejemplo, después de la batalla de San Francisco, en vez de hacer perseguir de inmediato a las fuerzas bolivianas y peruanas derrotadas, ordenó que su tropa asistiese a una misa de acción de gracias, con la que dio tiempo para que los bolivianos huyesen hasta su patria y los peruanos se hiciesen fuertes en la localidad de Tarapacá, donde días después infligieron una terrible sangría a los chilenos. Se lo consideraba demasiado susceptible, irascible y hasta violento, con salud declinante, obsesionado con la atención de detalles sin importancia, que distraían la mayor parte de su tiempo. En los consejos de guerra, seguía la opinión de la última persona que había tomado la palabra. Su confesor tenía dominante influencia sobre él, lo mismo que el coronel colombiano Zubiría, adscrito a su comando. Entró en conflicto con el jefe de su Estado Mayor, el coronel Pedro Lagos, y solamente se comunicaba con él por escrito, aunque ambos estuviesen en el mismo campamento. El señor José Francisco Vergara recibió la misión de asesorarlo, como había tratado de hacer con el general Arteaga. El ministro Santa María le recomendó a su correligionario político: "No te separes de su lado. Tienes que ser el alma de su alma".

El general Escala tenía el apoyo del Partido Conservador, que lo veía como su candidato para las elecciones presidenciales de 1881. Su caída tuvo por origen una de sus frecuentes desinteligencias con sus colaboradores inmediatos. El coronel Francisco Bar-celó ordenó que se diesen cien azotes a un soldado a quien se le escapó un disparo de fusil en circunstancias peligrosas. Escala anuló el castigo y relevó a Barceló de su comando. El coronel Pedro Lagos, jefe de su Estado Mayor, apoyó a Barceló. En represalia, el general Escala prohibió que Lagos pudiese hacer uso del telégrafo sin expresa autorización suya. Lagos renunció, acusando a Escala de haber autorizado el saqueo de Moliendo, que dio mala fama al ejército chileno. Intervino el señor Rafael Sotomayor ordenando que Lagos se trasladase a Santiago para salir de la jurisdicción militar de Escala. Este se enfureció y telegrafió su renuncia al gobierno, confiado en que no sería aceptada por el gran apoyo que tenía del Partido Conservador. En seguida, recapacitó e hizo otro telegrama retirando su renuncia y pidiendo permiso para viajar él también a Santiago, a explicar los antecedentes de su entredicho con el coronel Lagos. Mientras estaba en alta mar, el gobierno aceptó su renuncia y cuando el general llegó a la capital tuvo la gran sorpresa de enterarse que ya no era más comandante en jefe del Ejército. Sus partidarios lo defendieron diciendo que el gobierno destituía a los generales victoriosos "como si fueran inútiles piezas de mobiliario", con la intención de que ningún militar emergiese de la guerra como héroe y pusiese en peligro la hegemonía política de los civiles. Un periodista llegó a comparar al general Escala con Jesucristo.

El gobierno demoró una semana en elegir al sucesor del general Erasmo Escala, decidiéndose finalmente por el general Manuel Baquedano, que comenzó sus funciones ordenando un desembarco en Ilo, la toma de Moquegua y alcanzando su primera victoria al desalojar a los peruanos de la meseta de Los Ángeles. Siguió en busca del ejército peruano-boliviano, parapetado a 11 kilómetros delante de la ciudad de Tacna, en el Alto de la Alianza. El señor José Francisco Vergara, que además de asesor civil del alto mando chileno, había asumido el comando de la caballería, aconsejó que en vez de atacar frontalmente al enemigo, como se proponía el general en jefe, la fuerza bajo su mando diese un rodeo para salir a la retaguardia enemiga y cortar el camino entre Tacna y el Alto de la Alianza, privando así a bolivianos y peruanos de su base de aprovisionamiento de agua, convirtiéndolos en una presa más fácil, sin posibilidades de escape. Baquedano mantuvo su decisión inicial y lanzó a sus fuerzas, incluyendo la caballería de Vergara, a una ofensiva frontal.

Los chilenos ganaron la batalla, pero con un excesivo costo en sangre y vidas. Un treinta por ciento de los participantes cayeron heridos o muertos. Por esta razón, el resultado de la batalla de Tacna o del Alto de la Alianza no satisfizo a la opinión pública chilena. Un diario expresó que en vez de festejarse el supuesto triunfo con "un baile de la victoria", debía recordárselo con "un baile de la muerte".

Errázuriz, editor de "La Patria", comparó a Baquedano con un carnicero que sacrificó inútilmente la vida de miles de sus soldados, terminando su artículo con esta frase: "El General en Jefe ha actuado con los métodos de los médicos del siglo 17: sangrías para toda clase de enfermedades".

Ante ataques frontales tan despiadados, el general Baquedano no encontró otra alternativa que renunciar a su candidatura a la Presidencia de la República. Los liberales y antimilitaristas volvieron a ganar las elecciones de 1881 con su candidato el señor Domingo Santa María y otra vez las de 1886, con don José Manuel Balmaceda.

Los defensores de Baquedano sostuvieron que con los ataques frontales Baquedano no había hecho otra cosa que cumplir órdenes expresas emanadas del Palacio de La Moneda. El gobierno negó tal afirmación y el ministro Santa María se refirió al "brutal ataque frontal" con el cual Chile sacrificó inútilmente a sus soldados, pues no evitó que el enemigo escapase, dispuesto a continuar la guerra. Otros críticos pidieron la renuncia de Baquedano. El militar se defendió burlándose de "la estrategia de la pluma y el tintero", que era "muy fácil, muy barata y sin peligros".

En la campaña contra Lima, el señor José Francisco Vergara, promovido a Ministro de Guerra en Campaña, volvió a opinar a favor de una estrategia de flanqueo, en oposición a las intenciones del general Baquedano, que quería lanzar a sus fuerzas en forma directa contra los peruanos atrincherados delante de Chorrillos y Miraflores. El militar mantuvo su decisión declarando: "Donde hay lucha sólo mando yo". Los chilenos ganaron las batallas de Chorrillos y Miraflores y ocuparon Lima, pero, otra vez, a un excesivo costo en sangre.

El Partido Conservador invitó al general Baquedano a ser su candidato para la elección presidencial de 1881. Comentó el político liberal Eulogio Altamirano: "Pobre general, los conservadores no le están haciendo ningún favor. Hubiera podido volver a la patria a recibir aplauso unánime, pero ahora lo van a convertir en víctima de los insultos de una mitad de la población". Así fue. Baquedano volvió a Santiago y fue piedra de choque de las corrientes civilista y militarista que se enfrentaron en el Chile de la inmediata posguerra. Sus enemigos dijeron que pudo haber sido un buen soldado en la contienda bélica, pero que eso no lo calificaba para conducir al país en tiempo de paz. En la prensa opuesta a su candidatura presidencial se dijo que no merecía ser cabeza de la nación quien había enlutado a más de 5.000 familias chilenas, que convertiría a Chile en un cuartel, substituyendo la ley por sus caprichos, infectando el país con el cáncer del militarismo que hacía tanto daño al Perú y a Bolivia, que sería el caballo de batalla de la claque conservadora-ultramontana, de la milicia negra y del partido de la sotana, el inaugurador de una nueva era de intolerancia, representante de la aristocracia pelucona, candidato de las espadas y las sotanas, un globo inflado por los curas. Refiriéndose a su tartamudeo, el periódico "El Corvo" llegó a decir que la habilidad de hablar era lo único que distinguía al hombre de los animales. Isidoro

CHILENOS CON COMPLEJO DE CULPABILIDAD

Al leer los diarios pasados tratando de ponerme al día en lo ocurrido en la patria durante una larga ausencia, he encontrado el texto de la carta dirigida por el Cónsul de Bolivia en Santiago, señor Jorge Siles Salinas, al director de "El Mercurio" rectificando un artículo publicado en el mismo periódico por el señor Jorge Garfias Villarreal, presidente del Instituto Histórico de Chile, en el que sostiene que la Audiencia de Charcas nunca llegó hasta la costa del océano Pacífico.

Los ciudadanos chilenos con relación al problema de la mediterraneidad de Bolivia pueden clasificarse en cuatro categorías:

1) Los pocos honestos, que reconocen que Bolivia tiene derecho a recuperar una salida territorial soberana hasta el océano Pacífico.

2) Los que nos niegan tal derecho sosteniendo que como colonia española nunca tuvimos acceso al mar.

3) Los partidarios de una geopolítica de injusticia, a quienes no interesan antecedentes históricos y creen que a Chile le conviene tener a Bolivia aprisionada en los Andes.

4) La gran mayoría de los indiferentes a los que importa un bledo la desgraciada suerte de una nación vecina.

Ya no hay chilenos con la franqueza brutal de Abraham Koning, que confesó que Chile se adueñó de territorio boliviano porque valía.

De las cuatro categorías, los de la primera son dignos de nuestra simpatía. Los segundos son mejores que los de la tercera y la cuarta, porque, por lo menos, demuestran tener cierto sentimiento de culpabilidad y buscar la manera de acallar remordimientos de conciencia queriendo engañarse a sí mismos y engañar a otros con un solemne infundio. Porque sólo como intento de librarse de un complejo de culpabilidad puede explicarse la actitud de quienes afirman que la Audiencia de Charcas (cuyo territorio heredó Bolivia) no llegaba hasta el océano.

Tan peregrina afirmación ha sido refutada contundentemente por otros autores bolivianos y ahora me entero que volvió a hacerlo con Jorge Siles Salinas. En mis recientes investigaciones en el archivo general de Indias de Sevilla, encontré varios documentos que abonan abundantemente lo expuesto por aquellos compatriotas y son más pruebas irrefutables de que el partido o provincia de Atacama, con su extensa costa sobre el océano Pacífico, durante todo el período colonial hispano, formó parte del territorio de la Audiencia de Charcas y en ningún momento de la Gobernación de Chile.

En su oportunidad, hice llegar a nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores el texto completo de tales documentos, por intermedio de la Embajada de Bolivia en Madrid. Por razones de espacio, en el presente opúsculo sólo puedo mencionarlos sucintamente:

En el legajo Charcas número 133, figura una carta del cura de Atacama, Álvaro Suárez de Loyola, al Arzobispo de Chuquisaca, de 8 de octubre de 1613, defendiendo al párroco del puerto de Cobija de acusaciones que en su contra ha hecho el corregidor de la provincia.

En el legajo Charcas número 24, hay una carta del oidor de la Audiencia de Charcas, Juan de la Peña Salazar, dirigida al Rey, con fecha 22 de marzo de 1683, informándole de la poca atención que reciben los indios de Cobija en el suministro de los santos sacramentos y avisando que se ha recomendado al Arzobispo de Chuquisaca que corrija ese descuido.

En el legajo Charcas número 417, está la respuesta del Rey al oidor Peña Salazar, aprobando la gestión que hizo ante el Arzobispo de Chuquisaca para que se atienda mejor las necesidades religiosas de los habitantes de Cobija.

En el legajo Charcas número 420, se guarda una comunicación del Rey a los oficiales de la Real Audiencia de la Plata (Chuquisaca), avisándoles haber nombrado a don Isidro Pérez Erasso, Corregidor de la provincia de Atacama, por 5 años.

En el legajo Charcas número 164, se encuentra un documento interno del Consejo Supremo de Indias, que dice textualmente: "El Corregimiento de Atacama, es uno de los que proveía el Virrey en la Jurisdicción de Charcas y Su Majestad nombró a don Isidro Pérez de Erasso. En 29 de octubre de 1705 se nombra a don Juan Fernández Salazar".

En el legajo Charcas número 165, una de las páginas es una carta al Rey de don Rodrigo Ginel y Alcantarilla, de 7 de enero de 1709, pidiendo el puesto de Corregidor de Atacama, "del Reino del Perú, jurisdicción de Charcas".

En el legajo Charcas número 166, se ve un documento interno del Consejo Supremo de Indias que reza textualmente: "Sevilla, a 8 de septiembre de 1731 años. Su Majestad ha hecho merced a Don Pedro de Navarro, en atención a sus servicios y al que ha hecho de 2.000 pesos de a 10 reales de plata cada uno, del corregimiento de Atacama, provincia de Charcas".

En el mismo legajo Charcas número 166, figura este decreto del Consejo Supremo de Indias: "Sevilla, a 9 de agosto de 1732. Su Majestad ha hecho merced a don Silvestre Fernández de Baldivieso y Arbizu del corregimiento de Atacama, provincia de Charcas. Ejecútese como Su Majestad manda".

En el legajo Charcas número 474, está un informe elevado al Rey por los oficiales reales de la Villa Imperial de Potosí, en fecha 7 de noviembre de 1765, dando los nombres de las personas que tienen a su cargo los corregimientos de Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba, Porco, Potosí, Mizque, Yamparaez, Tomina, Pilaya y Paspaya o Cinti, Chichas, Tarija, Lipes y Atacama.

En el legajo Charcas número 482, se halla una Orden General del Rey, fechada en Madrid el 3 de diciembre de 1769, que dice así "Presidente y Oidores de mi Real Audiencia de la ciudad de La Plata, en la provincia de los Charcas. A don Francisco de Argumaniz he hecho merced del corregimiento de Atacama, en jurisdicción de esa audiencia, para que entre a servirlo por 5 años".

En el legajo Charcas número 484, una de las páginas es un informe del arzobispo de Chuquisaca, Pedro Miguel de Argandoña, de 12 de abril de 1769, en el que da cuenta al Rey del número de curatos que tiene cada subdivisión eclesiástica de su diócesis: 16 curatos la provincia de Chayanta, 13 de la de Cochabamba, 17 la de Carangas, 5 de la de Sicasica, 10 la de Paria, 3 la de Pacajes, 7 la de Chichas, 6 la de Pilaya, 9 de Tomina, 3 la de Lipes y 2 la de Atacama. De Atacama dice que tiene una parroquia en San Pedro y otra en Chiuchiu.

En el legajo Charcas número 425, figura un auto administrativo de la audiencia de Charcas, de 2 de septiembre de 1774, recomendando a todos los corregidores que están bajo su jurisdicción que establezcan escuelas "para la educación y crianza de niños y niñas indios".

El Corregidor de Atacama, Francisco de Argumaniz, acusa recibo y dice que ha mandado "se guarde, cumpla y ejecute" dicho auto en los tres pueblos que están dentro de su corregimiento.

Al dividirse los virreinatos de Lima y Buenos Aires en intendencias (1776) y denominarse partidos a las antiguas Provincias, el Partido de Atacama con su costa formó parte de la Intendencia de Potosí.

En el legajo Charcas número 434, está un oficio dirigido por el Gobernador Intendente de Potosí, Francisco de Paula Sanz, al secretario de Estado a cargo de los Asuntos de las Indias, fechado el 16 de octubre de 1789, en el que le avisa que ha recibido noticias del puerto de Cobija sobre movimiento de embarcaciones inglesas en la costa y de la entrada de una embarcación extranjera al puerto de Tocopilla, con bandera blanca, cuyos tripulantes desembarcaron y robaron a los indios los pocos avíos de pescar que guardaban en sus ranchos. Menciona las medidas que está tomando para contrarrestar el peligro de los piratas y recuerda que antes "cuando el reino estaba dividido en provincias que hoy se llaman partidos, a la de Atacama, la única con costa y puertos, los auxilios le prestaban las provincias de Lipes y Chichas, como las más próximas".

En vista del peligro de incursiones de barcos extranjeros en las costas de la Intendencia de Potosí, el asesor letrado del Intendente Paula Sanz, el prolífico abogado Pedro Vicente Cañete, preparó un "Plan de defensa y resguardo del puerto de Magdalena de Cobija del partido de Atacama, provincia de Potosí".

ARICA PROBLEMA Y ARICA SOLUCIÓN

¿Por qué si éramos dueños de una costa de 560 kilómetros de los 8.000 que Sudamérica tiene sobre el Océano Pacífico, ahora vivimos encerrados dentro del continente? ¿Por qué no podemos recuperar ni una mínima parte de esa costa para mejorar nuestra condición mediterránea, a fin de poder luchar por nuestro progreso en condiciones similares a las de otras naciones ribereñas del mismo océano?

¿Ha sido y es por una fatalidad? ¿O más bien por errores de algunos de los personajes que tuvieron a su cargo la conducción de las relaciones internacionales de nuestra patria?

Nuestras relaciones con la República de Chile hacen una historia que hiere los sentimientos patrióticos de todo boliviano. Pero es más doloroso todavía, comprobar que en lo lamentable de esa historia no sólo está la codicia territorial de Chile, motivada por la pobreza de su territorio original, que impulsó a este país a adueñarse por la fuerza de las armas de ricos territorios de sus vecinos norteños, sino, también, en las fallas que en las relaciones con un vecino tan peligroso cometieron algunos de los gobiernos de los países víctimas, facilitando con esos errores tal acción depredadora.

Arica es el puerto que por su ubicación más próxima sirvió de puerta de salida a la Audiencia de Charcas, durante los siglos del coloniaje español, para las exportaciones de plata e importaciones de azogue y otros productos requeridos por las poblaciones del Alto Perú. Fue un equívoco de la organización colonial que Arica, que no servía al Bajo Perú, dependiera de las autoridades de Lima y no de las de Chuquisaca. Este equívoco debió y pudo corregirse al fundarse las repúblicas peruana y boliviana. Así trató de hacerlo el Presidente de Bolivia, Antonio José de Sucre. Simón Bolívar se equivocó al no aceptar las reiteradas gestiones del personaje que él había puesto a la cabeza de la flamante nación boliviana, apoyadas por los mismos pobladores de Tacna y Arica. Sucre le dirigió tres cartas a Bolívar, como a Presidente del Perú, en enero, febrero y marzo de 1826, desde Chuquisaca a Lima, explicándole que Cobija, único puerto que entonces tenía Bolivia, estaba demasiado alejado de los centros urbanos y poco les servía. Le dijo en la primera carta: "Arica es un puerto que sólo da introducciones a Bolivia". Le dijo en la segunda: "Espero que usted tomará en el asunto de la incorporación de Arica a Bolivia todo el interés que nos prometemos, puesto que no perjudicará al Perú". Le dijo en la tercera: "Si el Perú se niega a dar Arica, supongo que usted habrá trabajado en su adquisición. Creo que dando indemnizaciones al Perú, no habrá dificultades puesto que los habitantes de Arica la desean, porque es de su interés y no perjudica al Perú". En efecto, los habitantes de Tacna y Arica, representados por sus elementos más conspicuos, suscribieron un acta en tal sentido y se dirigieron a Bolívar diciéndole que "reclamaban imperiosamente" separarse de la capital del Perú y unirse a la capital de Bolivia.

Pero Bolívar era partidario de que el Perú y Bolivia formasen una sola nación. Por eso, antes, también se opuso a la existencia del Alto Perú como república independiente y solamente aceptó su existencia cuando era un hecho consumado y se halagó su vanidad bautizando a la recién nacida república con su apellido.

El general Andrés Santa Cruz, como sucesor de Simón Bolívar en la jefatura del gobierno del Perú, se opuso a que Arica perteneciese a Bolivia al negar su consentimiento a un tratado negociado por un diplomático peruano, Ignacio Ortiz de Zeballos, en Chuquisaca, mediante el cual el puerto de Arica pasaba a ser propiedad boliviana a cambio de los territorios de Copacabana y Apolobamba, más cinco millones de pesos. Santa Cruz, mostrándose entonces más peruano que boliviano, declaró en una carta, en diciembre de 1826: "Ningún poder ejecutivo puede desmembrar el territorio cuya integridad he jurado sostener y esto sería para mí mucho más comprometido que para otro alguno. No lo haré, pues, porque no debo, porque no puedo y porque no quiero abusar de la confianza que el Perú ha depositado en mi buena fe".

Andrés Santa Cruz, que fue Jefe del Gobierno del Perú por imposición de Bolívar y que creyó que en ese país estaba su porvenir político, fue mañosamente despojado del mando por los peruanos por ser bolivariano y boliviano y alejado del país con un cargo diplomático en Chile. Cuando un año después fue elegido Presidente de Bolivia en una Asamblea Constituyente y por voluntad de sus compatriotas expresada en actas populares, comprendió donde estaban sus verdaderas raíces y a que lado debía inclinarse sus sentimientos de mayor adhesión patriótica. También comprendió cuanta necesidad tenía Bolivia del puerto de Arica. Quiso conseguirlo en negociaciones con el Presidente del Perú, general Agustín Gamarra, en un encuentro que ambos mandatarios tuvieron a orillas del río Desaguadero, en diciembre de 1830. Fue desairado por su homólogo en forma descortés. Un diario peruano de la época comentó que "la entrevista concluyó poco menos que a palos a causa de la insolente pretensión de la provincia de Arica que Santa Cruz quería como base de una alianza".

El general Santa Cruz, al empeñarse en dar vida a la Confederación Perú-Boliviana no sólo buscaba la creación de una entidad política capaz de jugar un rol importante en el equilibrio de fuerzas en América, sino dar al altiplano boliviano y a los valles una salida propia al océano Pacífico. Su Ministro de Relaciones Exteriores, Casimiro Olañeta, hizo conocer la siguiente decisión al general peruano Domingo Nieto, en agosto de 1838: "La provincia de Tacna y el puerto de Arica pertenecerán en adelante a la República Boliviana con consentimiento de los cuerpos nacionales peruanos del Norte y del Sur, como indemnización de los sacrificios de Bolivia por la pacificación del Perú y como garantía de la paz inalterable de ambos pueblos". Con la muerte de la Confederación seis meses más tarde en la batalla de Yungay, murió asimismo esa determinación.

El subsiguiente mandatario boliviano, general José Ballivián, quiso, a su vez, anexar Arica a Bolivia, pero no pudo conseguirlo ni con presión militar, ni por medios diplomáticos.

El guano de aves marinas existente en la costa boliviana del departamento de Atacama, despertó la innata inclinación que ha tenido Chile a lo largo de su historia a apropiarse de riquezas ajenas que compensen la pobreza natural de su suelo propio. Declaró que el desierto de Atacama le pertenecía y ocupó la península de Mejillones, rica en aquel producto. Una asamblea extraordinaria convocada por el gobierno boliviano del general José María Achá autorizó que se declarase la guerra al depredador si no se conseguía por medios diplomáticos que abandonase Mejillones. Don Tomás

Frías, enviado como negociador, declaró en Santiago: "Bolivia no ha renunciado nunca a sus derechos posesorios en el litoral en disputa, ni abandonado ninguno de los medios que la ley internacional le concede para conseguir esos derechos, ya en el estado de paz, ya en el de guerra... ". Le contestó el canciller chileno: "Mientras se halle pendiente la cuestión de límites, nada puede enervar el ejercicio de los actos propios de la soberanía y del imperio de Chile en el territorio que posee".

Cerrado con estas palabras el camino de la diplomacia, no le cabía a Bolivia otra alternativa que la de la guerra en cumplimiento del mandato de la Asamblea Extraordinaria de 1863. Pero se sintió incapacitada para recurrir a ella, según palabras del canciller Rafael Bustillo, "por impotencia marítima".

A continuación, Bolivia tuvo la desgracia de tener como Presidente de la República al general Mariano Melgarejo, un general que nunca debió pasar del grado sargento. De los jefes de Estado que han cometido fallas en las relaciones con Chile, es el que tiene mayor responsabilidad. Estuvo en sus manos arreglar la cuestión de límites con ese país en condiciones favorables y las desperdició estúpidamente por alardear de generoso panamericanismo.

España entró en conflicto con el Perú a raíz de abusos cometidos en esta república contra emigrantes vascos. Como represalia y a título de reivindicación de sus derechos de metrópoli sobre una colonia, España envió una expedición naval que ocupó las islas Chincha, que contenían la mayor riqueza guanera del Perú. Chile y el Ecuador se pusieron del lado del Perú desafiando a España. No obstante que seguía en pie en Bolivia la autorización de hacer la guerra a Chile por la ocupación de Mejillones, Melgarejo, en uno de sus arranques de generosidad, también sumó a Bolivia a la alianza perú-chileno-ecuatoriana. Este gesto conmovió a la opinión pública de Santiago, donde en señal de regocijo se echaron a vuelo las campanas de todas las iglesias. El gobierno de La Moneda envió a La Paz un comisionado especial para que expresara la profunda gratitud chilena. El comisionado, cumpliendo las instrucciones superiores que tenía, declaró que a cambio de la alianza boliviana, Chile ofrecía arreglar la cuestión de límites de Atacama en las condiciones que Bolivia eligiese. Era la gran oportunidad para que Bolivia reivindicase sus derechos territoriales hasta el río Paposo, obteniendo que el país vecino abandonase el territorio que detentaba hasta Mejillones. Nunca antes Bolivia había tenido la oportunidad semejante para solucionar favorablemente su problema fronterizo con Chile, ni la tendría nunca más hasta el día de hoy.

Se llevó la generosidad hasta extremos de estupidez. Se aplazó la consideración del ofrecimiento chileno por decisión del gobierno Melgarejo hasta después de que terminase el conflicto armado con España que se disputaba navalmente en el océano Pacífico Sur. Cuando esto ocurrió, pocos meses después, con el retorno de las naves españolas hasta su patria, el presidente Melgarejo, agradecidísimo por el grado de general que le había concedido el gobierno de Santiago, quiso hacer alarde de todavía más generosidad. El y su Ministro de Relaciones Exteriores, Casimiro Corral, pidieron al comisionado chileno que fuese él y no la cancillería boliviana quien fijase los términos del arreglo fronterizo. Y el comisionado chileno, Vergara Albano, lo hizo proponiendo que la línea fronteriza se estableciese salomónicamente en la mitad de lo que uno y otro país declaraban ser territorio de su propiedad, o sea, que como Chile se declaraba dueño hasta el grado 23 y Bolivia hasta el 25 de la línea ecuatorial, se fijase la frontera en el centro de ambos grados, en el grado 24, pero con la condición de que el rendimiento económico de guano y minerales existentes entre los grados 23 y 25 se dividiese por igual entre ambos países. Bolivia aceptó la medianería, que fue semillero de frecuentes desinteligencias, pero que Melgarejo ponderó diciendo que establecía una relación tan íntima entre las dos naciones como la de dos hermanos que viven compartiendo de un mismo pan. El pan se agrió con el descubrimiento de plata en Caracoles, zona que Bolivia creía que se encontraba al norte del grado 23 y Chile afirmaba que se hallaba en el territorio sujeto a la medianería. En pocos años, se hicieron 15.000 peticiones mineras en Caracoles, con una invasión de más de 6.000 chilenos y unos pocos bolivianos y de otras nacionalidades.

El general Agustín Morales, sucesor de Melgarejo en el mando de la república al triunfar en uno más de los varios intentos de derrocamiento que se hicieron contra el déspota, mediante su Ministro de Relaciones Exteriores obtuvo del Congreso de 1872 la autorización de suscribir con el Perú un "tratado de alianza defensiva contra toda agresión extraña". Este paso estuvo motivado por evidencias de que Chile alimentaba cada vez más intenciones de apropiación de lo ajeno, concretamente de los territorios bolivianos de Atacama y de los peruanos adyacentes de Tarapacá, ambos ricos en guano y sobre todo en salitre, un producto, este segundo, que estaba en gran demanda para la fertilización de las cansadas tierras agrícolas de Europa. En el caso de Bolivia, la apetencia chilena por Atacama se ratificó con el apoyo en dinero, barcos y armas que el gobierno de Santiago prestó a la expedición filibustera del general Quintín Quevedo, quien habría ofrecido a Chile entregarle el departamento de Atacama si llegaba a la presidencia de Bolivia. La expedición Quevedo fracasó, pero el tratado de alianza perú-boliviano suscrito en Lima en 1873, en vez de frenar el expansionismo chileno, le sirvió al gobierno de Santiago de pretexto para lanzarse a la conquista de los dos territorios salitrosos que tanto apetecía con la guerra del Pacífico.

Si en el problema concreto de nuestras relaciones con Chile, fue una gran desgracia para Bolivia la presidencia de Mariano Melgarejo, no lo fue menos la del general Hilarión Daza. Su conducción del país en la trágica emergencia de la guerra con Chile fue lamentable por varios conceptos. No sólo por llevar al ejército boliviano a un veraneo de varios meses en Tacna, sino también por hacerlo retroceder de Camarones cuando marchaba a enfrentar al enemigo en conjunción con un ejército peruano que estaba ya en el departamento de Tarapacá. Debe reconocerse a su favor que supo actuar con lealtad al Perú al rechazar reiteradas proposiciones del gobierno chileno para que Bolivia rompiese su alianza con el Perú a cambio de recibir ayuda de Chile para adueñarse de los territorios de Tacna y Arica.

El siguiente Jefe del Estado boliviano, general Narciso Campero, mantuvo la lealtad con el Perú, que este país correspondió muy mal al hacer la paz con Chile por separado, cediéndole a perpetuidad el departamento de Tarapacá y comprometiendo con ello la soberanía de nuestro país sobre el departamento aledaño de Atacama.

En 1884, Bolivia, por imperio de las circunstancias, se vio en la ineludible necesidad de suscribir con Chile un Pacto de Tregua, por el enorme esfuerzo económico y anímico que le estaba costando el mantenerse en pie de guerra, y porque no le convenía suscribir un tratado de paz hasta que Chile y el Perú definiesen entre si la situación de Tacna y Arica, que Chile ofrecía ceder a Bolivia.

Los dos plenipotenciarios que firmaron en Santiago el Pacto de Tregua, Belisario Salinas y Belisario Boeto, explicaron al presidente Campero, en una carta, por qué se vieron en la forzada posición de estampar sus firmas en el documento, usando estos términos: "Nos asiste la convicción de que nuestro país aislado, solo y sin recursos, como está hoy día, sus medios de defensa serían demasiado deficientes para contrarrestar el ataque de un ejército numeroso, aguerrido, bien armado y mejor preparado. Las calamidades de una guerra, los estragos de una ocupación violenta de nuestras ciudades y aldeas y la vergüenza de una posible derrota, se han presentado a nuestras conciencias de una manera abrumadora". En efecto, la amenaza de una invasión al departamento de La Paz la representaba un ejército chileno desplegado en forma amenazante desde Mollendo y Arequipa hasta Puno.

El gobierno del señor Gregorio Pacheco se valió de la amistad que el industrial minero Aniceto Arce tenía con personalidades chilenas pidiéndole que se trasladase a Santiago a proponer la suscripción de un Tratado de Paz por el cual Bolivia cediese a Chile el departamento de Atacama a cambio de quedar dueña de Tacna y Arica. El presidente de Chile, Domingo Santa María, acepté en principio un arreglo de esa naturaleza y quiso comprar Tacna y Arica al Perú, ofreciendo diez millones de pesos. El gobierno de Lima no aceptó la proposición y prefirió esperar que la propiedad de Tacna y Arica se decidiese en el plebiscito establecido en el Tratado de Paz o Tratado de Ancón, que estaba tropezando con dificultades para su realización.

El señor Domingo Santa María, primero como Ministro de Relaciones Exteriores de Chile en los años de la guerra del Pacífico y ahora como Presidente de la República había sido y era un convencido de que Bolivia no podía ni debía ser privada de una salida al mar, entre otras consideraciones porque Bolivia con un buen puerto se fortalecería y progresaría, resultando un mejor mercado para los productos chilenos y, en segundo lugar, porque la mejor manera de asegurar la posesión chilena de la muy rica provincia de Tarapacá contra una futura acción peruana de reconquista, era colocar de por medio la soberanía boliviana en Tacna y Arica.

La política chilena al respecto cambió radicalmente con el nuevo Presidente de la República. Para el señor José Manuel Balmaceda, Tacna y Arica no debían servir de anzuelo destinado a pescar una dudosa amistad boliviana, sino de puntos avanzados del territorio chileno en el Norte, que sirviesen de baluarte contra propósitos revanchistas del Perú.

Los señores Aniceto Arce y Mariano Baptista, que siguieron al señor Gregorio Pacheco como mandatarios de Bolivia, cada uno durante su gestión y pese al cambio de orientación en la política chilena con respecto a nuestro país, trataron de buscar una salida al mar. Arce consiguió únicamente la construcción de un ferrocarril desde el puerto de Antofagasta hasta Oruro. Durante el período presidencial del señor Baptista, surgieron en Chile temores por la creciente prosperidad económica que estaba alcanzando la República Argentina gracias a sus riquezas agrícola y ganadera. Chile veía otro peligro en la estrecha vinculación comercial que se había establecido entre Bolivia y Argentina durante los años de la Guerra del Pacífico y se mantenía en la posguerra. El escritor chileno borrego Lugo comentó en un artículo de prensa: "Chile quiso en 1895 romper los lazos que pudieran atar a Bolivia con la República Argentina y ligarla estrechamente a los intereses y los sentimientos chilenos". Con esta intención, el gobierno de Santiago ofreció al de Bolivia la suscripción de tres tratados, uno de Paz y Amistad, otro de Comercio y un tercero de Transferencia de Territorios. El más importante era este último. Establecía a la letra: "Si a consecuencia del plebiscito que haya de tener lugar de conformidad al Tratado de Ancón o en virtud de arreglos directos adquiriese la República de Chile dominio y soberanía permanente sobre los territorios de Tacna y Arica, se obliga a transferirlos a la República de Bolivia en la misma forma y en la misma extensión que los adquiera". Otro artículo disponía que si Chile no podía obtener Tacna y Arica., se comprometía "ceder a Bolivia la caleta Vítor hasta la quebrada de Camarones u otra análoga, además de cinco millones de pesos".

En el Congreso boliviano de entonces, existía una marcada división entre los conservadores que estaban en el gobierno y los liberales que les hacían una oposición muy activa. Los liberales formularon objeciones contra los tres tratados suscritos con Chile, aduciendo que este país los había pactado separadamente para quedarse legalmente con el territorio de Atacama en virtud del Tratado de Paz y Amistad, pero sin intención de cumplir el de Transferencia de Territorios. El presidente Baptista hizo todo lo posible para conseguir la aprobación de los tres pactos, que el gobierno chileno, mediante su representante diplomático en Bolivia, declaró por escrito que constituían un todo único e indivisible. Hasta sacó un artículo de prensa, sin su nombre, pero que por su estilo indicaba claramente quien era su autor. En él les dijo a sus enemigos políticos refiriéndose al Tratado de Transferencia de Territorios: "Cuando repetimos que por estipulación principal, subordinadora de todas las demás, puesta como eje, como el alma de las soluciones, que Tacna y Arica serán de Bolivia, con seguridad moral, salvado el derecho peruano; cuando os decimos todo eso, agotáis todos los dicterios para insultarnos y os convulsionáis de furor, de furor fingido porque sois llanamente o farsantes o malignos; no tenéis ni el mérito equívoco de los fanáticos. Desquite, desquite pedís, retóricos sin conciencia, en el año 1895, con vuestra acción revolucionaria, con vuestra morbosa propensión a la sangre vertida en guerra civil, no por vuestra mano, porque sois cobardes, sino por la de algún sargento comprado".

Ninguno de los tres tratados fue aprobado porque subsistían las dificultades para la realización del plebiscito que debía definir la suerte de Tacna y Arica. También por oposición del Perú y porque se consideró que la caleta Vítor era inapropiada para la construcción de un puerto.

Bolivia ingresó al siglo XX con cambios trascendentales. Mediante una guerra civil, los liberales se apoderaron del mando de fa república y trasladaron la sede del gobierno de la Capital de la República a La Paz. En lo económico, la plata, por sus bajas cotizaciones en el mercado mundial, dejó de ser el sostén de la economía nacional, cediendo esta función al estaño que era requerido cada vez más por industrias norteamericanas y europeas con cotizaciones muy ventajosas para los productores.

Al fracasar los tratados de 1895, Chile cambió su política con Bolivia, en virtud de arreglos en sus relaciones con sus otros dos vecinos. Con el Perú firmó un protocolo, en abril de 1898, estableciendo nuevas reglas para la realización del plebiscito sobre Tacna y Arica. En febrero del año siguiente, los presidentes de Chile y la Argentina se abrazaron en el estrecho de Magallanes y comprometieron a sus respectivos países a vivir por siempre en completa paz y armonía.

Era presidente de Bolivia el general José Manuel Pando, vencedor de la guerra civil entre paceños y chuquisaqueños, con quien se inició la hegemonía del Partido Liberal en la nación, hegemonía que iba a durar 20 años.

Chile decidió acabar con las pretensiones bolivianas de convertirse en dueña de Tacna y Arica. Su representante diplomático en La Paz, Abraham Koning, dirigió una larga nota a la cancillería boliviana que contenía frases como estas: "Hace muchos años que mi país desea convertir el Pacto de Tregua en Tratado de Paz, arreglar de una vez por todas sus diferencias con Bolivia... Es un error muy esparcido y que se repite diariamente en la prensa y en la calle, el opinar que Bolivia tiene derecho de exigir un puerto en compensación de su litoral. No hay tal cosa. Chile ha ocupado el litoral y se ha apoderado de él con el mismo título con que Alemania anexó al imperio la Alsacia y la Lorena, con el mismo título con que los Estados Unidos de la América del Norte han tomado Puerto Rico. Nuestros derechos nacen de la victoria, la ley suprema de las naciones".

El canciller boliviano, Eliodoro Villazón, contestó mesuradamente la insolente comunicación chilena refutando todas sus afirmaciones, pero él y el presidente Pando cambiaron la política de los gobiernos precedentes con respecto a Chile. Dieron a entender al ministro Koning que Bolivia renunciaría a su demanda de un puerto en el océano Pacífico si recibiera una compensación económica que fuese suficiente para la construcción de ferrocarriles que uniesen al país con la costa y vinculasen entre sí a sus principales ciudades. Por medio de un agente confidencial, señor Félix Avelino Aramayo, hicieron conocer al presidente de Chile que Bolivia se contentaría con dos millones de libras esterlinas.

El siguiente gobierno boliviano, presidido por el señor Ismael Montes, concretó la idea enviando a Santiago un plenipotenciario, señor Alberto Gutiérrez, quien el 20 de abril de 1904 firmó con el canciller chileno Emilio Bello Codecido el Tratado de Paz y Amistad que rige hasta hoy las relaciones boliviano-chilenas. En él, Bolivia reconoció como de dominio absoluto de Chile los territorios del litoral boliviano que ocupaba desde 20 años antes en virtud del Pacto de Tregua. A cambio de ese reconocimiento, el Gobierno de Chile se comprometió a construir un ferrocarril desde Arica al Alto de La Paz y entregó la suma de 300 mil libras esterlinas. Bolivia renunció a su litoral dominado por una mentalidad ferrocarrilera, creyendo que los ferrocarriles le traerían más seguro progreso y prosperidad que sus puertos en el Pacífico. El señor Joaquín Lemoine expresó el sentir de muchos en un comentario periodístico en el que dijo: "Somos por falta de rieles un Estado neurasténico y tuberculoso en plena primavera de la vida. No veo otra solución para mi país que robustecerlo con la musculatura de hierro".

A los seis años de la suscripción del Tratado de Paz y Amistad, el gobierno de entonces volvió a pensar en Tacna y Arica. En 1910, el canciller boliviano Daniel Sánchez Bustamante del gobierno liberal del señor Eliodoro Villazón, dirigió a los representantes diplomáticos de Chile y el Perú acreditados en La Paz un memorando en el que les manifestó que Tacna y Arica, cuya suerte aún no estaba decidida, deberían pertenecer a Bolivia. Y añadió: "Estos territorios sólo tienen importancia efectiva, por su dependencia geográfica y comercial, para Bolivia... Bolivia no puede vivir aislada del mar. Ahora y siempre, en la medida de sus fuerzas, hará cuanto le sea posible para llegar a poseer por lo menos un puerto cómodo sobre el Pacífico". Según comentario del mismo canciller Bustamante, su memorando "cayó como una bomba" en la cancillería chilena. Se estimó que importaba algo así como una declaratoria de guerra y a través de amargos reproches, se dijo que no era tiempo de ocuparse de su contenido. El Perú, simplemente, no lo tomó en cuenta.

Don Ismael Montes, de regreso de haber sido Ministro de Bolivia en Francia, a su paso por Santiago, se reunió con personalidades chilenas y les pidió ayuda para que Bolivia pudiese adquirir soberanía sobre Arica. No encontró ninguna reacción favorable de parte de sus interlocutores.

Cuando se organizó la Liga de las Naciones inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, como entidad encargada de solucionar todos los problemas internacionales del mundo, el gobierno republicano del señor Baptista Saavedra envió una delegación a la sede de Ginebra, a pedir la revisión del Tratado de Paz con Chile de 1904. La entidad ginebrina rechazó la petición boliviana con el pretexto de que había sido presentada fuera del término reglamentario y volvió a rechazarla el año siguiente porque "la Asamblea no podía modificar por sí misma ningún tratado, por ser esta competencia exclusiva de los Estados contratantes".

El Secretario de Estado del gobierno de los Estados Unidos de Norte América, señor Frank B. Kellog, propuso en enero de 1926, mediante un memorando, que Chile y el Perú, que no podían ponerse aún de acuerdo para la realización del plebiscito sobre Tacna y Arica, cediesen estos territorios a Bolivia a cambio de una compensación económica que podrían dividirse equitativamente. El Perú contestó que no podía aceptar la cesión de Tacna y Arica a nadie, ni por compra, ni de otro modo, porque el Perú, que venía defendiendo sus derechos sobre esos territorios más de 40 años, no quería convertirlos en mercancía sujeta a precio, por grande que este fuera". En Chile tampoco se aceptó la propuesta Kellog y la prensa la desacreditó calificándola como un intento de los Estados Unidos para congraciarse con Bolivia con fines de penetración imperialista en el corazón de la América del Sur.

Los años siguientes, hubo un acercamiento entre los gobiernos de Chile y el Perú, que culminó con la división de los territorios de Tacna y Arica, mediante un simulado arbitraje del gobierno de Washington. Chile se quedó con la provincia de Arica (15.300 Km2) y el Perú con la provincia de Tacna (9.600 Km2). Ese 3 de junio de 1929, en Lima, a continuación de la firma del documento de la repartija de Tacna y Arca, los plenipotenciarios chilenos y peruanos suscribieron un Protocolo Complementario del Tratado de Paz y Límites, por el que quedó establecido que ni Chile ni el Perú podrían ceder a un tercer país la totalidad o parte de la provincia que quedaba bajo su soberanía sin que previamente ambos se pusiesen de acuerdo al respecto. O sea, que se comprometieron a que ninguno de ellos, por separado, podrían abrir la puerta del encierro en que quedaba Bolivia en el centro de Sudamérica. Ese protocolo se concertó a iniciativa del gobierno chileno del general Carlos Ibáñez del Campo, cuyo canciller, Conrado Ríos Gallardo, fue en toda su vida pública un gratuito enemigo de Bolivia. La mañosa intención de Chile con ese protocolo no pudo ser otra que la de poner de por medio la segura oposición peruana, para librarse del compromiso, tantas veces repetido en ocasiones anteriores, de ceder Arica a Bolivia si algún día quedaba bajo su soberanía.

Bolivia obtuvo un triunfo en Chile cuando el embajador de nuestro país, señor Alberto Ostria Gutiérrez, logró obtener del canciller chileno Horacio Walker Larraín, en junio de 1950, un cambio de notas reversales por las cuales el gobierno de Santiago se comprometió "a entrar formalmente en una negociación directa destinada a buscar la fórmula que pueda hacer posible dar a Bolivia una salida propia y soberana al océano Pacífico y a Chile obtener compensaciones que no tengan carácter territorial". Este compromiso chileno se frustró al revelarse por un artículo de la revista Ercilla y por declaraciones del presidente Gabriel González Videla cual era el antojo chileno al aceptar ese compromiso, antojo de las aguas de los lagos bolivianos del altiplano para irrigación y generación de energía eléctrica en beneficio del norte de su país. Voces bolivianas que incluían la de don Franz Tamayo alzaron el grito al cielo en contra de tal antojo. El embajador Ostria Gutiérrez declaró públicamente que absolutamente nada se había convenido acerca de los lagos bolivianos en su negociación con el canciller Walker Larraín.

En febrero de 1955, en Arca, se produjo un encuentro entre el Presidente de Bolivia, señor Víctor Paz Estenssoro y el Presidente de Chile, general Carlos Ibáñez del Campo que ejercía el mando de su país por segunda vez. En ese primer encuentro de presidentes de Bolivia y Chile, el mandatario boliviano faltó al deber patriótico que le imponía el acontecimiento al haber aceptado la imposición chilena de que no haría mención alguna del problema de nuestra prisión geográfica. En concordancia con esa actitud, su Ministro de Relaciones Exteriores, señor Walter Guevara Arce, declaró públicamente en Arica que Bolivia no tenía ningún problema pendiente con Chile.

Cuando el presidente Ibáñez del Campo pagó la visita a Arica llegando hasta La Paz pocos meses después, el gobierno de Víctor Paz Estenssoro aceptó que en esa ocasión tampoco se hablaría de nuestro reclamo marítimo. Y para colmo, cuando los dos jefes de Estado, Víctor Paz Estenssoro y Carlos Ibáñez del Campo, bajaban a la ciudad de La Paz desde El Alto, en el mismo automóvil, al escuchar el chileno que gentes apostadas a los bordes del camino gritaban: "¡Queremos mar para Bolivia! ", tuvo el descaro de decirle su acompañante con torpe ironía: "¡Y para qué quieren mar si no tienen puerto!", sin provocar ni la más mínima reacción del mandatario boliviano. El chileno Enrique Berstein, que formaba parte de la comitiva del general Ibáñez del Campo, en su libro "Recuerdos de un diplomático", editado en Santiago en 1984, se refiere a la hiriente y mordaz frase del militarote diciendo: "Supe de ello por el comandante Soto Aguilar, edecán del presidente, que también iba en el vehículo. El propio general me confirmó su veracidad". La anécdota, que ponía en ridículo a los bolivianos, fue muy festejada en Chile.

El abrazo que se dieron en Charaña los dictadores de Bolivia y Chile, generales Hugo Bánzer y Augusto Pinochet, tuvo por consecuencias la reanudación de las relaciones diplomáticas suspendidas desde 13 años antes, a raíz del abusivo desvío chileno de las aguas del río internacional Lauca; la aceptación chilena de dar a Bolivia una salida al mar por un corredor al norte de Arica, pero a cambio de un trueque de territorios, metro por metro, incluyendo lo que Chile cediese como aguas territoriales; la aceptación del gobierno de Bánzer con el apoyo del Comando de las Fuerzas Armadas, el Colegio de Abogados de La Paz, la Sociedad de Ingenieros de Bolivia y Falange Socialista Boliviana; y otra vez las voces bolivianas de protesta,, en este caso contra la pretensión chilena de querer adueñarse de más territorio boliviano. Esas voces forzaron al presidente Bánzer a retroceder sobre sus pasos, rechazar la proposición del trueque y volver a suspender las relaciones diplomáticas.

La favorable resolución obtenida por Bolivia en la Novena Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, reunida en La Paz en octubre de 1979, en sentido de que "es de interés hemisférico permanente encontrar una solución equitativa por la cual Bolivia obtenga acceso soberano y útil al océano Pacífico" fue perjudicada criminalmente con el golpe de Estado perpetrado por el coronel Alberto Natuch Busch y personajes civiles del Movimiento Nacionalista Revolucionario, la misma madrugada en la que se aprobaba esa importante declaración llamada a despertar la conciencia continental a favor de nuestra reivindicación marítima.

Es historia conocida por lo reciente la de la visita a la capital chilena del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada para asistir a un encuentro internacional de Jefes de Estado. Es mi opinión personal, muy modesta por cierto, que el señor Sánchez de Lozada cometió un grave pecado de omisión al no hacer mención alguna en Santiago, como el de Víctor Paz Estenssoro en Arica, del gran problema que aqueja a nuestro país por el enclaustramiento geográfico que nos ha impuesto Chile. Es cierto que no hacía una visita oficial a Chile y que era simple huésped de su gobierno al igual que otros mandatarios americanos. Creo que la popularidad que ganó en la opinión pública chilena no fue por su cordialidad y sentido del humor, sino, precisamente, porque no dijo nada sobre el derecho boliviano a reivindicar una salida soberana al océano, como seguramente temían los chilenos. Esa popularidad ha podido servirle a él, personalmente, como a político, pero no ayudó en lo más mínimo a nuestra causa marítima. Cuando tuvo la prensa oral y escrita y los canales de televisión atentos a sus gestos y palabras, pudo y debió aprovechar para decir por lo menos algo a la población de Chile sobre cuán justificada, cuan necesaria, cuan angustiosa es nuestra necesidad de una salida al mar. Muy bien pudo en Santiago, con cortesía y diplomacia, con la "prudencia y audacia" que él mismo nos ha recomendado para nuestros tratos con Chile, decir alguna de las frases que leyó en su discurso del 23 de marzo último, en La Paz, cuando se conmemoraba la heroica inmolación de Eduardo Avaroa en Calama, como por ejemplo aquella de que "un país sin mar es un país cercenado en su esencia".

Después de esta triste historia de pérdida de nuestro litoral, de fracasos, errores y frustraciones para obtener Arica como puerto boliviano o por lo menos un corredor en su borde norte, ¿qué otro camino podemos buscar para dar satisfacción a nuestro gran anhelo, a nuestra imperiosa necesidad de tener nuevamente salida al mar?,

Repito lo que expresé hace algún tiempo en un artículo de prensa:

Lo que venimos haciendo ante organismos internacionales, llámense OEA, ONU, Pacto Andino, Países No Alineados, es una especie de masturbación con la que, de tiempo en tiempo, el gobierno de turno descarga las presiones que acumula el ansia popular da retornar al mar y no resulta sino en desperdicio de energías que no da fruto alguno.

Por muy bien intencionadas y redactadas que sean las resoluciones o recomendaciones de los organismos internacionales, jamás doblegarán la intransigencia de Chile si este país no alimenta dentro de su propia conciencia el deseo de un equitativo entendimiento con Bolivia. Las resoluciones que se pueden obtener de organismos internacionales a favor de un retorno de Bolivia a la costa del océano Pacífico, sólo tienen un valor muy relativo como elementos de presión moral, y por eso debería reservarse su obtención como complementarias de lo que se vaya logrando conseguir con gestiones directas de ablandamiento en la misma capital chilena.

Ahora bien, las veces que hemos ido directamente a Santiago a pedirle al gobierno de Chile comprensión para que nos deje volver a orillas del Pacífico mediante un acuerdo de mutuas conveniencias, tampoco hemos alcanzado otra cosa que amargas frustraciones. Debemos recoger las enseñanzas de la historia. Chile ha demostrado indiferencia o desprecio por Bolivia excepto cuando ha sabido que estaba ligada con un pacto de vinculación con el Perú. Una de las constantes de la política internacional chilena, para asegurar su supervivencia dentro de su flaco territorio, ha sido mantener desunidos a sus vecinos que antes integraron el poderoso Virreinato de Lima. Por eso fue hasta una guerra para destruir la Confederación Perú-Boliviana y por eso se lanzó a una segunda guerra para separar a quienes se habían vinculado con el Tratado de Alianza Defensiva de 1873. Por eso con el Protocolo Complementario de 1929 logró convertir al Perú en su cómplice, como segundo carcelero, de nuestro encierro andino.

Aliémonos otra vez con el Perú como la última alternativa que nos deja el propio Chile para buscar nuestro retorno al Pacífico. Pero aliémonos no con un tratado secreto, sino con un pacto abierto, franco, público, que sea conocido en su texto íntegro y sus buenas intenciones por el mismo Chile y todas las demás naciones del orbe.

¿Alianza para qué? Desde luego, no para conseguir un corredor al norte de Arica, pues es sabido que él sería inadecuado para satisfacer nuestras necesidades de comunicación territorial soberana con el mundo exterior. Basta citar lo que dijo el ex-Asesor Hidrográfico de la Organización de las Naciones Unidas, señor José González Arce, en un artículo de prensa en el diario "Presencia", el 2 de marzo de 1976: "Resulta irónico que el Gobierno de Chile se hubiera prestado a proponer a Bolivia (en la negociación Bánzer - Pinochet) la transferencia de un zócalo de mar muy estrecho y deficiente, inadecuado para poderse construir en él un puerto mayor, menos para dragar un cauce fluvial marítimo amplio y profundo con destino a un sistema de muelles, dársena y demás servicios de cabotaje mercante de todo calado y tonelaje".

Aliémonos con el Perú en una alianza diplomática para ejercer una acción conjunta en Santiago, con gestiones complementarias ante organismos internacionales, hasta obtener convencer a Chile que está en su propia conveniencia y en el de la paz y armonía entre los tres países vecinos y hermanos que el puerto de Arica se internacionalice, pero se internacionalice, y esto es lo más importante, con acceso territorial boliviano y peruano hasta el mismo puerto. Lo que hace posible la aceptación del Perú al respecto es precisamente una idea peruana, expresada cuando terció en la negociación de los gobiernos Bánzer y Pinochet, cuando propuso el "establecimiento de una administración portuaria trinacional en el puerto de Arica".

La geografía hace de Arica el puerto natural de Bolivia y lo ha sido desde su establecimiento hace más de 400 años, fue históricamente peruano por una falla administrativa de la burocracia colonial española y desde 1880 es trofeo bélico de Chile. Por eso, es lugar de convergencia de intereses antagónicos y, por lo tanto, potencial foco de turbación de las relaciones entre los tres países. Con su internacionalización se sellaría definitivamente la paz y verdadera hermandad entre ellos. En su plaza principal o en la cumbre de su morro podría levantarse un monumento en el que los héroes máximos de Bolivia, Chile y Perú en la guerra del Pacífico, Eduardo Avaroa, Arturo Prat y Miguel Grau, se den un abrazo, simbolizando igual actitud de sus naciones.

El político de mayor relieve en la historia peruana de este siglo, Víctor Haya de la Torre, se declaró partidario de la internacionalización de Arica. Lo mismo han hecho distinguidos estudiosos bolivianos.

El puerto de Arica internacionalizado podría ser el núcleo inicial del área de paz, integración y desarrollo que propugna el doctor Ricardo Anaya en su libro "Arica Trinacional", para el territorio comprendido entre los grados 17 y 19 de latitud Sur.

Terminaré diciendo mías las palabras de un chileno, Alejandro Echágüez, publicadas en el más importante órgano de prensa de Chile, "El Mercurio", en julio de 1974, que el doctor Ricardo Anaya cita en su mencionado libro: "La solución de una Arica Tripartita pasaría a la historia como el fruto espectacular de una honrosa y visionaria política sin precedentes en la historia universal.